Argentina: Alerta ante la criminalización de la libertad de expresión

Desde CADAL y Fundación LED condenamos la persecución contra artistas por el solo hecho de ser voces disidentes al gobierno, ya sea que lo hagan por medio de expresiones de arte o por emitir sus opiniones, pues éstas expresan las voces de miles de ciudadanos. En particular, llamamos la atención sobre los casos en los que fueron víctimas el actor Juan Acosta y el músico Rodrigo Etchudez.

El pasado 17 de junio, el Fiscal de la Procuración General de la Nación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio J. Azzolin, elevó una denuncia contra el actor Juan Acosta por presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 209, 239 y 205 del Código Penal con motivo de una posible reunión pública el 20 de junio de 2020 en supuesta violación a las disposiciones relativas al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

La presentación de la fiscalía se originó en la denuncia por parte del ciudadano Diego Gabriel Grasso invocando la incitación a una convocatoria pública el 20 de junio de 2020 en redes sociales, a los 90 días de establecido el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por la emergencia sanitaria.

Dicha denuncia fue por la presunta comisión de los delitos de “instigación a cometer un delito contra una persona o institución” (Art. 209 del Código Penal), “violación de medidas para impedir la introducción o propagación de epidemia” (art. 205 del Código Penal) y “resistencia o desobediencia a un funcionario público” (art. 239 del Código Penal).

El músico y actor Juan Acosta es una figura pública con un amplio reconocimiento por su labor artística, y sostiene habitualmente opiniones críticas al gobierno. Haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica reconocidas en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, compartió una convocatoria a la participación de un “banderazo” por el 20 de junio en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país, en favor de la defensa de las Libertades Constitucionales y contra la expropiación de empresas, sin explicitar los mecanismos, estrategias o recursos para realizar dicha manifestación

Las capturas de pantalla de la red social twitter, acompañadas en la denuncia por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, muestran a decenas de ciudadanos haciendo uso del mismo derecho a la libertad de expresión que el actor Juan Acosta. A pesar de ello, la denuncia solo contra el artista, da cuenta del ensañamiento y clara intención de amedrentamiento contra una figura pública.

Durante similar período al que corresponden las capturas de pantallas del actor Juan Acosta y los otros usuarios de la red social, funcionarios nacionales y provinciales compartieron fotos en redes sociales que -contrariamente a la mera convocatoria publicada por él- sí contradicen abiertamente las disposiciones relativas al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (por ejemplo, el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, abrazándose con el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán), sin que mediara denuncia alguna.

Posteriormente la denuncia fue desestimada por inexistencia de delito, lo que corrobora que este tipo de acciones basadas en denunciar infundadamente tienen como objetivo intimidar a quien ejerce su derecho a expresarse y amedrentar de forma generalizada para restringir la libertad de expresión y el debate de ideas a una figura pública. Resulta una clara acción intimidatoria no sólo contra quien ha ejercido su derecho a expresarse, sino también, que tiene un efecto generalizado que busca amedrentar para restringir la libre expresión y debate de ideas.

En este contexto, condenamos particularmente la persecución contra artistas, periodistas, figuras públicas o individuos en general por el solo hecho de ser voces disidentes al gobierno, ya sea que lo hagan por medio de expresiones de arte o por emitir sus opiniones, pues éstas expresan las voces de miles de ciudadanos. Tal es el caso también del músico Rodrigo Etchudez, quien fue detenido por la policía el pasado 31 de mayo en Santiago del Estero, por orden de la Jueza Valeria Diez, bajo pretexto de intimidación pública e infracción al artículo 205 del Código Penal, alegando una publicación en Facebook en la cual convocaba a expresarse contra el gobierno provincial en solidaridad a un reclamo de médicos provinciales que habría sido verificada tal publicación en el marco del nuevo Protocolo de Cyberpatrullaje.

Agravan la situación un clima de alarmantes avances contra el estado de derecho en la Argentina, donde bajo pretexto de hacer cumplir una cuarentena las instituciones del sistema republicano se encuentran funcionando de forma limitada y condicionada, y se emplean diversos mecanismos que intentan amedrentar la labor periodística. Exhortamos a organizaciones de defensa de los derechos humanos, organismos internacionales, instituciones e individuos a condenar los ataques contra los derechos fundamentales y la criminalización de la libertad de expresión que se vienen incrementando durante los últimos meses.