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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
23-07-2026Democracia en desgaste: Turquía ante el espejo del BTI (2006-2026)
El deterioro institucional se refleja en los resultados del BTI: entre las ediciones de 2016 y 2018 se observa una caída particularmente pronunciada en los indicadores de transformación política y gobernanza. A partir del BTI 2020, Turquía dejó ser clasificada como una democracia y pasó a ser considerada una autocracia.
Por Milena Hernández
Turquía ante el espejo del BTI (2006-2026)Durante los primeros años del siglo XXI, las reformas impulsadas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el acercamiento a la Unión Europea situaron a Turquía entre los casos más prometedores de reforma política y crecimiento económico en el mundo musulmán. Sin embargo, los indicadores del Bertelsmann Transformation Index (BTI) reflejan una evolución diferente. Entre 2006 y 2026, el país experimentó un deterioro sostenido en transformación política y gobernanza, proceso que culminó con su clasificación como autocracia en 2020.
La experiencia turca excede el ámbito nacional. En distintos países, el deterioro democrático contemporáneo ya no se manifiesta necesariamente a través de golpes de Estado o crisis institucionales directas, sino a través de cambios progresivos donde los gobiernos mantienen su legitimidad política mientras reducen los espacios para el control, el pluralismo y la rendición de cuentas. Turquía es uno de los ejemplos más evidentes de esta dinámica y, por ello, se transformó en un caso frecuente en investigaciones sobre democracias que no son completamente liberales, regímenes autoritarios competitivos y otros sistemas híbridos.
Los resultados del BTI muestran que, entre 2006 y 2026, Turquía experimentó caídas sostenidas en transformación política, gobernanza y, en menor medida, desempeño económico. Esta evolución refleja un progresivo deterioro institucional, evidenciado en el debilitamiento de mecanismos de control y rendición de cuentas.
El BTI, elaborado por la Fundación Bertelsmann y publicado cada dos años, evalúa el desempeño de los países en transición o en desarrollo a través de tres aspectos principales: la transformación política, que está relacionada con la calidad democrática y el estado de derecho; la transformación económica, que se conecta con el funcionamiento del mercado y la sostenibilidad socioeconómica; y la gobernanza, que se refiere a la habilidad del Estado para llevar a cabo reformas y establecer consensos. En el caso de Turquía, la disminución fue especialmente notable en la transformación política, disminuyendo de 7,05 a 4,18, y en gobernanza, de 6,52 a 3,40 en las últimas dos décadas.
Las evaluaciones iniciales del índice presentaban una perspectiva bastante positiva acerca de Turquía. Durante el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdoğan, se llevaron a cabo reformas relacionadas con el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, que incluyen cambios en la constitución, disminución del poder político de los militares y una ampliación parcial de ciertos derechos civiles.
Durante esos años, Turquía integró desarrollo económico, apertura al exterior y cambios en las instituciones. La reducción del papel protector del ejército derivó en un progreso hacia una democracia más civil, mientras que las negociaciones con la Unión Europea crearon incentivos para ajustar las instituciones a los estándares democráticos de Europa.
En el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea, el gobierno del AKP promovió una agenda de reformas orientada a reducir la influencia de las fuerzas armadas, reformar el sistema judicial, ampliar los derechos y las libertades fundamentales y profundizar la liberalización económica. Estas transformaciones hicieron de la experiencia turca un caso de estudio relevante para analizar la compatibilidad entre islam, democracia y economía de mercado, y una posible referencia para otros países de mayoría musulmana que buscaban combinar crecimiento económico, apertura política e integración internacional. No obstante, la persistencia en las debilidades institucionales y las tensiones políticas ponían en duda y limitaban la capacidad de las reformas para consolidar una democracia duradera.
Este proceso empezó a cambiar durante la década de 2010. Un punto de inflexión se dio en 2013 con las manifestaciones del Parque Gezi. Lo que inició como un movimiento por el medio ambiente en Estambul se transformó en protestas a nivel nacional contra el gobierno, criticando el aumento del autoritarismo y las limitaciones a las libertades públicas. La reacción del Estado con un uso excesivo de la fuerza policial, arrestos y restricciones al espacio cívico, intensificó la polarización política. Desde entonces, varias entidades internacionales comenzaron a notar disminuciones en la libertad de expresión, la independencia de los medios y la protección de los derechos básicos. Al mismo tiempo, aumentaron las tensiones entre el gobierno y antiguos socios institucionales, especialmente entre los grupos vinculados con el movimiento del clérigo Fethullah Gülen.
El acontecimiento más significativo para entender el descenso de los indicadores democráticos fue el intento de golpe de Estado en 2016. Después de que el levantamiento fracasara, el gobierno impuso el estado de emergencia y llevó a cabo purgas masivas en la administración pública, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, las universidades y los medios de comunicación. Miles de empleados fueron despedidos o arrestados bajo sospechas de tener conexiones con supuestos grupos golpistas o terroristas.
La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho expresó dudas sobre el alcance de estas acciones y advirtió sobre los peligros que representan para la independencia del sistema judicial, las garantías legales y las libertades políticas. El deterioro institucional se refleja en los resultados del BTI: entre las ediciones de 2016 y 2018 se observa una caída particularmente pronunciada en los indicadores de transformación política y gobernanza. A partir del BTI 2020, Turquía dejó ser clasificada como una democracia y pasó a ser considerada una autocracia.
La reforma constitucional que se aprobó a través de un referéndum en 2017 transformó el sistema parlamentario de Turquía en presidencial, concentrando las facultades ejecutivas y el poder en la figura del presidente. La posición presidencial ahora ejerce un mayor control sobre las designaciones, la gestión pública y la dirección del gobierno.
En este nuevo contexto político, las evaluaciones más recientes del BTI indican un debilitamiento de los controles institucionales, una reducción de la independencia judicial y mayores limitaciones al pluralismo político. Aunque, las elecciones aún conservan elementos competitivos, el índice también señala crecientes cuestionamientos respecto de igualdad de acceso a los medios, el uso de recursos estatales y condiciones menos favorables para la oposición.
Esta evolución puede comprenderse a partir del análisis desarrollado por Daniel Ziblatt y Steven Levitsky en Cómo mueren las democracias, donde sostienen que, las democracias actuales rara vez colapsan mediante golpes de Estado o rupturas del orden constitucional. En cambio, suelen deteriorarse gradualmente desde el interior de las propias instituciones democráticas, a través de reformas legales, cambios en las reglas del juego y la progresiva concentración de poder en manos del gobierno.
La experiencia turca presenta similitudes con otros procesos de deterioro democrático recientes. Al analizar el caso de Hungría, Levitsky y Ziblatt (2018) explican que el gobierno de Víktor Orbán (1998-2002 / 2010-2026) aprovechó la mayoría parlamentaria obtenida en 2010 para reformar la Constitución y el sistema electoral en beneficio del partido gobernante, rediseñar los distritos electorales y fortalecer el control sobre los medios de comunicación. Estas transformaciones permitieron consolidar el poder político sin interrumpir la celebración de elecciones, mostrando que la erosión democrática puede desarrollarse gradualmente desde el interior de las instituciones. Si bien Turquía presenta una trayectoria propia, ambos casos ilustran cómo gobiernos elegidos democráticamente pueden debilitar los mecanismos de control institucional y reducir el pluralismo político sin abandonar formalmente el régimen electoral.
La trayectoria económica también muestra un cambio notable. Desde 2006, Turquía presentó un desarrollo continuo, un incremento del intercambio comercial mundial y un aumento de inversiones extranjeras. Las modificaciones implementadas durante los primeros gobiernos del AKP, con Erdoğan como primer ministro, ayudaron a promover la estabilidad económica general y la seguridad para invertir. Sin embargo, a mediados de la década de 2010 comenzaron a profundizarse los desequilibrios económicos. De acuerdo con el BTI, la transformación económica descendió de 7,46 en 2014 a 5,64 en 2026. Entre los factores más relevantes se encuentran la depreciación de la lira turca, el incremento de los precios y el debilitamiento de la autonomía del banco central.
Aunque Turquía conservó su capacidad de producción y volumen de exportaciones, tanto su vulnerabilidad ante shocks externos como sus problemas de sostenibilidad macroeconómica se incrementaron. El problema económico impactó principalmente en las clases medias y bajas, ya que llevó a la disminución del poder de compra y el aumento del costo de vida.
Las dificultades económicas también empezaron a cambiar la relación entre la legitimidad política y el rendimiento del gobierno. Tradicionalmente, el crecimiento económico ha sido una de las principales razones de apoyo al régimen gobernante. El deterioro macroeconómico contribuyó a un aumento del descontento social y de las críticas hacia la gestión económica del gobierno.
El deterioro de las instituciones llegó acompañado de un aumento en las restricciones a los derechos humanos y a las libertades civiles. Según la organización Freedom House, Turquía es considerada en la actualidad como ¨no libre¨, destacando la concentración del poder político, las limitaciones al pluralismo y las presiones sobre los medios de comunicación independientes. De acuerdo con datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Turquía ha estado entre los países con mayor cantidad de periodistas encarcelados durante la década de 2010.
Las restricciones también han afectado a organizaciones civiles y a la oposición. Instituciones como Human Rights Watch señalan investigaciones judiciales con fines políticos dirigidas contra líderes opositores, como es el caso del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.
La autonomía del poder judicial también ha sido objeto de debate desde las purgas que ocurrieron después de 2016. Según el BTI, el indicador de independencia judicial descendió de 7 puntos en 2006 a 2 puntos en 2026, mientras que el de separación de poderes cayó de 8 a 2 puntos en el mismo periodo. Esta evolución refleja una creciente subordinación del sistema judicial al poder ejecutivo y un debilitamiento de los mecanismos de control institucional. El informe de 2026 señala que, desde la adopción del sistema presidencial en 2018, el Ejecutivo ha ampliado su influencia sobre los nombramientos judiciales y ha reducido la capacidad de supervisión del Parlamento.
En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional informaron sobre censuras de contenidos, investigaciones por publicaciones en redes sociales y normativas cuestionadas por su posible uso para restringir la libertad de expresión. Las limitaciones también se han extendido al ámbito digital en donde hay una mayor vigilancia sobre la crítica pública y se han reducido las oportunidades para el debate político.
La evolución de la gobernanza representa otro aspecto importante. De acuerdo con el BTI, esta fue una de las áreas que más se deterioró entre 2006 y 2026. Esta tendencia refleja dificultades crecientes para construir consensos políticos que trascienden las mayorías circunstanciales incorporen a la oposición y a otros actores relevantes en los procesos de decisión, así como para diseñar políticas sostenibles a largo plazo. Sin embargo, el deterioro de la gobernanza no significa que el Ejecutivo haya perdido capacidad de acción. Por el contrario, los cambios institucionales registrados durante el periodo favorecieron una creciente concentración de atribuciones en el Ejecutivo. Este proceso estuvo acompañado por una reducción de los mecanismos de control y rendición de cuentas. Así, la concentración del poder en el Ejecutivo avanzó paralelamente al debilitamiento de los contrapesos democráticos y a la restricción del espacio cívico.
En conjunto, estos factores indican una disminución gradual del espacio para la oposición, la participación independiente y el desacuerdo. Más que un derrumbe democrático repentino, la situación en Turquía refleja un proceso acumulativo donde el poder ejecutivo ha concentrado progresivamente mayores facultades para definir e implementar políticas públicas, mientras que los mecanismos de control institucional han ido disminuyendo su autonomía y capacidad de supervisión.
El caso turco demuestra que la erosión democrática en la actualidad no siempre se produce mediante rupturas abruptas, sino también a través de transformaciones graduales que preservan ciertas instituciones, como las elecciones, mientras debilitan los controles al poder. La concentración de atribuciones en el Ejecutivo, la reducción de los mecanismos de rendición de cuentas y las restricción del espacio cívico pueden coexistir con estructuras estatales y procedimientos electorales vigentes. En este sentido, Turquía constituye una referencia relevante para analizar los desafíos que enfrentan distintas democracias en un contexto internacional marcado por el debilitamiento del pluralismo a nivel local, la polarización política doméstica y el ascenso de liderazgos cada vez más centralizados.
Milena HernándezEstudiante en Gerenciamiento económico intercultural franco-argentino - Ciencias Políticas
Universidad del Salvador - Sciences Po Toulouse
Durante los primeros años del siglo XXI, las reformas impulsadas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el acercamiento a la Unión Europea situaron a Turquía entre los casos más prometedores de reforma política y crecimiento económico en el mundo musulmán. Sin embargo, los indicadores del Bertelsmann Transformation Index (BTI) reflejan una evolución diferente. Entre 2006 y 2026, el país experimentó un deterioro sostenido en transformación política y gobernanza, proceso que culminó con su clasificación como autocracia en 2020.
La experiencia turca excede el ámbito nacional. En distintos países, el deterioro democrático contemporáneo ya no se manifiesta necesariamente a través de golpes de Estado o crisis institucionales directas, sino a través de cambios progresivos donde los gobiernos mantienen su legitimidad política mientras reducen los espacios para el control, el pluralismo y la rendición de cuentas. Turquía es uno de los ejemplos más evidentes de esta dinámica y, por ello, se transformó en un caso frecuente en investigaciones sobre democracias que no son completamente liberales, regímenes autoritarios competitivos y otros sistemas híbridos.
Los resultados del BTI muestran que, entre 2006 y 2026, Turquía experimentó caídas sostenidas en transformación política, gobernanza y, en menor medida, desempeño económico. Esta evolución refleja un progresivo deterioro institucional, evidenciado en el debilitamiento de mecanismos de control y rendición de cuentas.
El BTI, elaborado por la Fundación Bertelsmann y publicado cada dos años, evalúa el desempeño de los países en transición o en desarrollo a través de tres aspectos principales: la transformación política, que está relacionada con la calidad democrática y el estado de derecho; la transformación económica, que se conecta con el funcionamiento del mercado y la sostenibilidad socioeconómica; y la gobernanza, que se refiere a la habilidad del Estado para llevar a cabo reformas y establecer consensos. En el caso de Turquía, la disminución fue especialmente notable en la transformación política, disminuyendo de 7,05 a 4,18, y en gobernanza, de 6,52 a 3,40 en las últimas dos décadas.
Las evaluaciones iniciales del índice presentaban una perspectiva bastante positiva acerca de Turquía. Durante el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdoğan, se llevaron a cabo reformas relacionadas con el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, que incluyen cambios en la constitución, disminución del poder político de los militares y una ampliación parcial de ciertos derechos civiles.
Durante esos años, Turquía integró desarrollo económico, apertura al exterior y cambios en las instituciones. La reducción del papel protector del ejército derivó en un progreso hacia una democracia más civil, mientras que las negociaciones con la Unión Europea crearon incentivos para ajustar las instituciones a los estándares democráticos de Europa.
En el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea, el gobierno del AKP promovió una agenda de reformas orientada a reducir la influencia de las fuerzas armadas, reformar el sistema judicial, ampliar los derechos y las libertades fundamentales y profundizar la liberalización económica. Estas transformaciones hicieron de la experiencia turca un caso de estudio relevante para analizar la compatibilidad entre islam, democracia y economía de mercado, y una posible referencia para otros países de mayoría musulmana que buscaban combinar crecimiento económico, apertura política e integración internacional. No obstante, la persistencia en las debilidades institucionales y las tensiones políticas ponían en duda y limitaban la capacidad de las reformas para consolidar una democracia duradera.
Este proceso empezó a cambiar durante la década de 2010. Un punto de inflexión se dio en 2013 con las manifestaciones del Parque Gezi. Lo que inició como un movimiento por el medio ambiente en Estambul se transformó en protestas a nivel nacional contra el gobierno, criticando el aumento del autoritarismo y las limitaciones a las libertades públicas. La reacción del Estado con un uso excesivo de la fuerza policial, arrestos y restricciones al espacio cívico, intensificó la polarización política. Desde entonces, varias entidades internacionales comenzaron a notar disminuciones en la libertad de expresión, la independencia de los medios y la protección de los derechos básicos. Al mismo tiempo, aumentaron las tensiones entre el gobierno y antiguos socios institucionales, especialmente entre los grupos vinculados con el movimiento del clérigo Fethullah Gülen.
El acontecimiento más significativo para entender el descenso de los indicadores democráticos fue el intento de golpe de Estado en 2016. Después de que el levantamiento fracasara, el gobierno impuso el estado de emergencia y llevó a cabo purgas masivas en la administración pública, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, las universidades y los medios de comunicación. Miles de empleados fueron despedidos o arrestados bajo sospechas de tener conexiones con supuestos grupos golpistas o terroristas.
La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho expresó dudas sobre el alcance de estas acciones y advirtió sobre los peligros que representan para la independencia del sistema judicial, las garantías legales y las libertades políticas. El deterioro institucional se refleja en los resultados del BTI: entre las ediciones de 2016 y 2018 se observa una caída particularmente pronunciada en los indicadores de transformación política y gobernanza. A partir del BTI 2020, Turquía dejó ser clasificada como una democracia y pasó a ser considerada una autocracia.
La reforma constitucional que se aprobó a través de un referéndum en 2017 transformó el sistema parlamentario de Turquía en presidencial, concentrando las facultades ejecutivas y el poder en la figura del presidente. La posición presidencial ahora ejerce un mayor control sobre las designaciones, la gestión pública y la dirección del gobierno.
En este nuevo contexto político, las evaluaciones más recientes del BTI indican un debilitamiento de los controles institucionales, una reducción de la independencia judicial y mayores limitaciones al pluralismo político. Aunque, las elecciones aún conservan elementos competitivos, el índice también señala crecientes cuestionamientos respecto de igualdad de acceso a los medios, el uso de recursos estatales y condiciones menos favorables para la oposición.
Esta evolución puede comprenderse a partir del análisis desarrollado por Daniel Ziblatt y Steven Levitsky en Cómo mueren las democracias, donde sostienen que, las democracias actuales rara vez colapsan mediante golpes de Estado o rupturas del orden constitucional. En cambio, suelen deteriorarse gradualmente desde el interior de las propias instituciones democráticas, a través de reformas legales, cambios en las reglas del juego y la progresiva concentración de poder en manos del gobierno.
La experiencia turca presenta similitudes con otros procesos de deterioro democrático recientes. Al analizar el caso de Hungría, Levitsky y Ziblatt (2018) explican que el gobierno de Víktor Orbán (1998-2002 / 2010-2026) aprovechó la mayoría parlamentaria obtenida en 2010 para reformar la Constitución y el sistema electoral en beneficio del partido gobernante, rediseñar los distritos electorales y fortalecer el control sobre los medios de comunicación. Estas transformaciones permitieron consolidar el poder político sin interrumpir la celebración de elecciones, mostrando que la erosión democrática puede desarrollarse gradualmente desde el interior de las instituciones. Si bien Turquía presenta una trayectoria propia, ambos casos ilustran cómo gobiernos elegidos democráticamente pueden debilitar los mecanismos de control institucional y reducir el pluralismo político sin abandonar formalmente el régimen electoral.
La trayectoria económica también muestra un cambio notable. Desde 2006, Turquía presentó un desarrollo continuo, un incremento del intercambio comercial mundial y un aumento de inversiones extranjeras. Las modificaciones implementadas durante los primeros gobiernos del AKP, con Erdoğan como primer ministro, ayudaron a promover la estabilidad económica general y la seguridad para invertir. Sin embargo, a mediados de la década de 2010 comenzaron a profundizarse los desequilibrios económicos. De acuerdo con el BTI, la transformación económica descendió de 7,46 en 2014 a 5,64 en 2026. Entre los factores más relevantes se encuentran la depreciación de la lira turca, el incremento de los precios y el debilitamiento de la autonomía del banco central.
Aunque Turquía conservó su capacidad de producción y volumen de exportaciones, tanto su vulnerabilidad ante shocks externos como sus problemas de sostenibilidad macroeconómica se incrementaron. El problema económico impactó principalmente en las clases medias y bajas, ya que llevó a la disminución del poder de compra y el aumento del costo de vida.
Las dificultades económicas también empezaron a cambiar la relación entre la legitimidad política y el rendimiento del gobierno. Tradicionalmente, el crecimiento económico ha sido una de las principales razones de apoyo al régimen gobernante. El deterioro macroeconómico contribuyó a un aumento del descontento social y de las críticas hacia la gestión económica del gobierno.
El deterioro de las instituciones llegó acompañado de un aumento en las restricciones a los derechos humanos y a las libertades civiles. Según la organización Freedom House, Turquía es considerada en la actualidad como ¨no libre¨, destacando la concentración del poder político, las limitaciones al pluralismo y las presiones sobre los medios de comunicación independientes. De acuerdo con datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Turquía ha estado entre los países con mayor cantidad de periodistas encarcelados durante la década de 2010.
Las restricciones también han afectado a organizaciones civiles y a la oposición. Instituciones como Human Rights Watch señalan investigaciones judiciales con fines políticos dirigidas contra líderes opositores, como es el caso del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.
La autonomía del poder judicial también ha sido objeto de debate desde las purgas que ocurrieron después de 2016. Según el BTI, el indicador de independencia judicial descendió de 7 puntos en 2006 a 2 puntos en 2026, mientras que el de separación de poderes cayó de 8 a 2 puntos en el mismo periodo. Esta evolución refleja una creciente subordinación del sistema judicial al poder ejecutivo y un debilitamiento de los mecanismos de control institucional. El informe de 2026 señala que, desde la adopción del sistema presidencial en 2018, el Ejecutivo ha ampliado su influencia sobre los nombramientos judiciales y ha reducido la capacidad de supervisión del Parlamento.
En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional informaron sobre censuras de contenidos, investigaciones por publicaciones en redes sociales y normativas cuestionadas por su posible uso para restringir la libertad de expresión. Las limitaciones también se han extendido al ámbito digital en donde hay una mayor vigilancia sobre la crítica pública y se han reducido las oportunidades para el debate político.
La evolución de la gobernanza representa otro aspecto importante. De acuerdo con el BTI, esta fue una de las áreas que más se deterioró entre 2006 y 2026. Esta tendencia refleja dificultades crecientes para construir consensos políticos que trascienden las mayorías circunstanciales incorporen a la oposición y a otros actores relevantes en los procesos de decisión, así como para diseñar políticas sostenibles a largo plazo. Sin embargo, el deterioro de la gobernanza no significa que el Ejecutivo haya perdido capacidad de acción. Por el contrario, los cambios institucionales registrados durante el periodo favorecieron una creciente concentración de atribuciones en el Ejecutivo. Este proceso estuvo acompañado por una reducción de los mecanismos de control y rendición de cuentas. Así, la concentración del poder en el Ejecutivo avanzó paralelamente al debilitamiento de los contrapesos democráticos y a la restricción del espacio cívico.
En conjunto, estos factores indican una disminución gradual del espacio para la oposición, la participación independiente y el desacuerdo. Más que un derrumbe democrático repentino, la situación en Turquía refleja un proceso acumulativo donde el poder ejecutivo ha concentrado progresivamente mayores facultades para definir e implementar políticas públicas, mientras que los mecanismos de control institucional han ido disminuyendo su autonomía y capacidad de supervisión.
El caso turco demuestra que la erosión democrática en la actualidad no siempre se produce mediante rupturas abruptas, sino también a través de transformaciones graduales que preservan ciertas instituciones, como las elecciones, mientras debilitan los controles al poder. La concentración de atribuciones en el Ejecutivo, la reducción de los mecanismos de rendición de cuentas y las restricción del espacio cívico pueden coexistir con estructuras estatales y procedimientos electorales vigentes. En este sentido, Turquía constituye una referencia relevante para analizar los desafíos que enfrentan distintas democracias en un contexto internacional marcado por el debilitamiento del pluralismo a nivel local, la polarización política doméstica y el ascenso de liderazgos cada vez más centralizados.
