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Promoción de la Apertura Política en Cuba
14-12-2016La Unión Europea, Cuba y los derechos humanos
(El País/España) Sin un previo gesto concreto de Cuba en materia de apertura política no tenía sentido entonces comenzar a discutir un acuerdo, pues todo lo que se pone en un papel sobre derechos humanos no tendrá ningún efecto práctico. De esta manera, las negociaciones empezaron mal si es que realmente hubo en algún momento un genuino interés de la UE en que Cuba produzca avances en materia de apertura política.Por Gabriel C. Salvia
Un acuerdo de diálogo político con ritmo caribeño
(El País/España) Las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Cuba no contemplaron, en su inicio, el rechazo del Gobierno de Raúl Castro a las recomendaciones de apertura política y cese de la represión. Las mismas habían sido formuladas en 2013 por varios países europeos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En efecto, el actual canciller cubano Bruno Rodríguez fue quien intervino en los primeros días de mayo de 2013 en el último Examen Periódico Universal (EPU) de su país en Ginebra. Afirmó en la ocasión que "Solamente 20 recomendaciones, que son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU, no cuentan con el apoyo de Cuba".
Entre las recomendaciones rechazadas tajantemente por Rodríguez se encontraban las de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumanía. Un total de 14 Estados miembros de la UE.
Teniendo en cuenta este antecedente cercano, sin un previo gesto concreto de Cuba en materia de apertura política no tenía sentido entonces comenzar a discutir un acuerdo, pues todo lo que se pone en un papel sobre derechos humanos no tendrá ningún efecto práctico. Así funciona el régimen de partido único de Raúl Castro.
El Gobierno cubano sostiene que garantiza los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, los condiciona a los fines de la sociedad socialista y de esa manera los anula. En consecuencia, organizaciones independientes de la sociedad civil cubana como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, las Damas de Blanco, Cubalex, el Centro de Estudios Convivencia, la Unión Patriótica de Cuba, por citar algunos ejemplos, son definidas como ilegales. El ejercicio que hacen de sus derechos universales a la libertad de asociación, reunión, expresión y petición es considerado un delito.
Por tal motivo, resulta insólito haber incluido en los considerandos iniciales del acuerdo que las partes, los Estados de la UE y Cuba, reafirman "su respeto por los Derechos Humanos como está estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos"; y recuerdan "su compromiso con los reconocidos principios de la democracia, buen gobierno y el Estado de derecho".
Es que Cuba no produjo ninguna reforma de su sistema jurídico e institucional, el cual explícitamente reprime el ejercicio de los derechos humanos y, al mismo tiempo, la represión ha aumentado en los últimos meses. Esto es algo que las embajadas europeas en La Habana podrían corroborar por sí mismas, ya sea asistiendo un diplomático a las marchas dominicales de Las Damas de Blanco y también tomando contacto con los actores cubanos víctimas de la represión.
De esta manera, las negociaciones empezaron mal si es que realmente hubo en algún momento un genuino interés de la UE en que Cuba produzca avances en materia de apertura política.
Asimismo, teniendo en cuenta el rechazo de Cuba a las recomendaciones de Estados miembros de la UE en Ginebra y los fundamentos esgrimidos por el canciller de Raúl Castro —el mismo que firmó el Acuerdo con la alta representante de la UE, Federica Mogherini— defendiendo su sistema político y sosteniendo propagandísticamente que su Gobierno respeta los derechos humanos, es ilusorio pensar que el diálogo político producirá resultados positivos en favor de los derechos humanos en la Isla.
Más allá de lo establecido en este acuerdo, lo inadmisible es que varios países europeos en definitiva le hacen extensiva a los activistas democráticos cubanos la misma ilegalidad que les impone el régimen de Raúl Castro. Ello, además, los convierte en cómplices de la represión a los derechos humanos.
Gabriel C. SalviaDirector GeneralActivista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.
Un acuerdo de diálogo político con ritmo caribeño
(El País/España) Las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Cuba no contemplaron, en su inicio, el rechazo del Gobierno de Raúl Castro a las recomendaciones de apertura política y cese de la represión. Las mismas habían sido formuladas en 2013 por varios países europeos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En efecto, el actual canciller cubano Bruno Rodríguez fue quien intervino en los primeros días de mayo de 2013 en el último Examen Periódico Universal (EPU) de su país en Ginebra. Afirmó en la ocasión que "Solamente 20 recomendaciones, que son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU, no cuentan con el apoyo de Cuba".
Entre las recomendaciones rechazadas tajantemente por Rodríguez se encontraban las de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumanía. Un total de 14 Estados miembros de la UE.
Teniendo en cuenta este antecedente cercano, sin un previo gesto concreto de Cuba en materia de apertura política no tenía sentido entonces comenzar a discutir un acuerdo, pues todo lo que se pone en un papel sobre derechos humanos no tendrá ningún efecto práctico. Así funciona el régimen de partido único de Raúl Castro.
El Gobierno cubano sostiene que garantiza los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, los condiciona a los fines de la sociedad socialista y de esa manera los anula. En consecuencia, organizaciones independientes de la sociedad civil cubana como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, las Damas de Blanco, Cubalex, el Centro de Estudios Convivencia, la Unión Patriótica de Cuba, por citar algunos ejemplos, son definidas como ilegales. El ejercicio que hacen de sus derechos universales a la libertad de asociación, reunión, expresión y petición es considerado un delito.
Por tal motivo, resulta insólito haber incluido en los considerandos iniciales del acuerdo que las partes, los Estados de la UE y Cuba, reafirman "su respeto por los Derechos Humanos como está estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos"; y recuerdan "su compromiso con los reconocidos principios de la democracia, buen gobierno y el Estado de derecho".
Es que Cuba no produjo ninguna reforma de su sistema jurídico e institucional, el cual explícitamente reprime el ejercicio de los derechos humanos y, al mismo tiempo, la represión ha aumentado en los últimos meses. Esto es algo que las embajadas europeas en La Habana podrían corroborar por sí mismas, ya sea asistiendo un diplomático a las marchas dominicales de Las Damas de Blanco y también tomando contacto con los actores cubanos víctimas de la represión.
De esta manera, las negociaciones empezaron mal si es que realmente hubo en algún momento un genuino interés de la UE en que Cuba produzca avances en materia de apertura política.
Asimismo, teniendo en cuenta el rechazo de Cuba a las recomendaciones de Estados miembros de la UE en Ginebra y los fundamentos esgrimidos por el canciller de Raúl Castro —el mismo que firmó el Acuerdo con la alta representante de la UE, Federica Mogherini— defendiendo su sistema político y sosteniendo propagandísticamente que su Gobierno respeta los derechos humanos, es ilusorio pensar que el diálogo político producirá resultados positivos en favor de los derechos humanos en la Isla.
Más allá de lo establecido en este acuerdo, lo inadmisible es que varios países europeos en definitiva le hacen extensiva a los activistas democráticos cubanos la misma ilegalidad que les impone el régimen de Raúl Castro. Ello, además, los convierte en cómplices de la represión a los derechos humanos.
