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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
16-11-2026El NEET como síntoma: meritocracia, derechos humanos y deterioro democrático en India (2006-2026)
India ha experimentado un deterioro sostenido de su desempeño democrático. En contraste, la transformación económica mostró un comportamiento más estable. Más nacionalismo, más presencia religiosa y menos pluralidad y libertad de expresión, van de la mano con un debilitamiento de las instituciones democráticas, según el BTI 2026.
Por Milena Hernández
En julio de 2026, miles de jóvenes ocuparon las calles de Nueva Delhi, India, para protestar contra las irregularidades en el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET, por sus siglas en inglés), una evaluación nacional necesaria para acceder a los estudios universitarios de Medicina en todo el país y de la que este año participaron más de dos millones de candidatos. Lo que surgió como una reacción frente a la filtración de ese examen y a las denuncias de fraude, pronto trascendió el ámbito educativo. Bajo el movimiento Partido Popular de las Cucarachas (Cockroach Janata Party, CJP), las movilizaciones incorporaron demandas vinculadas al desempleo juvenil, la corrupción, la transparencia institucional y la capacidad del Estado para responder a las demandas de una generación que percibe una disminución en la calidad de vida y en los estándares democráticos, y un creciente distanciamiento entre las instituciones democráticas y la ciudadanía.
El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) es un estudio comparativo que, desde 2006, evalúa la evolución de la transformación política, la transformación económica y la calidad de la gobernanza de 137 países en una escala del 1 al 10, en la que 10 representa el mejor desempeño. A partir de las tendencias observadas en estas tres dimensiones, es posible señalar que India ha experimentado un deterioro sostenido de su desempeño democrático: el puntaje de transformación política descendió de 7,95 en 2006 (con picos de 8,2 en 2010 y 2012) a 6,10 en 2026, mientras que la calidad de la gobernanza pasó de 6,12 a 5,18 en el mismo período. En contraste, la transformación económica mostró un comportamiento más estable, aunque también registró un retroceso desde su máximo de 6,61 en 2008 hasta 5,86 en 2026. Estos cambios permiten identificar una creciente brecha entre el dinamismo económico del país y el progresivo debilitamiento de sus instituciones democráticas y de la capacidad del Estado para responder eficazmente a las demandas sociales.
La tendencia de los puntajes del BTI muestra que el deterioro de India no ha sido un proceso lineal ni inmediato. Hasta 2014, el país mantuvo niveles relativamente elevados de transformación política y una estabilidad institucional que lo posicionaban entre las democracias con mejor desempeño del sur de Asia. Durante este periodo, los indicadores de transformación política se mantuvieron por encima de los 8 puntos. Esto refleja un desempeño relativamente positivo, mientras que la gobernanza y la transformación económica presentaban variaciones moderadas.
Sin embargo, a partir de la edición 2016 del BTI comenzó a observarse un cambio de tendencia. Mientras la transformación económica permaneció relativamente estable, con un descenso gradual, la transformación política y, especialmente, la calidad de la gobernanza evidenció un deterioro sostenido. Esta evolución sugiere que el crecimiento económico experimentado por India durante las últimas dos décadas no estuvo acompañado por un fortalecimiento equivalente de sus instituciones democráticas ni de la capacidad estatal para gestionar los conflictos sociales y garantizar el funcionamiento efectivo del Estado de derecho. No es casual que 2016 sea un punto de quiebre: ese año se publicó el primer BTI durante la gestión de Narendra Modi, quien asumió como Primer Ministro en mayo de 2014.
El NEET como síntoma, no como causa
El 2026 no fue el primer año en el que hubo problemas con el examen nacional. Ya en 2024, el NEET estuvo marcado por denuncias de filtración de preguntas e irregularidades en su organización y evaluación, lo que puso de manifiesto las dificultades y contradicciones del sistema educativo indio. La controversia provocó una fuerte reacción pública y llegó al Tribunal Supremo de India, mientras se abrieron investigaciones en diversos estados, entre ellos Gujarat, Maharashtra, Bihar y Jharkhand. La investigación sobre la filtración fue finalmente transferida a la Oficina Central de Investigación (CBI, por sus siglas en inglés). Estos acontecimientos alimentaron las dudas sobre la transparencia del proceso de selección y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones equitativas a todos los aspirantes.
El escándalo trascendió el ámbito educativo porque afectó a las expectativas de movilidad social de millones de jóvenes y sus familias. En un sistema altamente competitivo, el acceso a una plaza universitaria puede representar una de las principales vías para alcanzar estabilidad económica y reconocimiento social. Por ello, las irregularidades en un examen de estas características no solo ponen en cuestión la fiabilidad de una prueba concreta, sino también la confianza en los mecanismos que distribuyen las oportunidades. Cuando el esfuerzo académico deja de percibirse como una garantía de evaluación justa, se debilita la legitimidad del sistema y aumenta la sensación de que las perspectivas de futuro dependen de factores ajenos al mérito individual.
Esta frustración debe situarse en el contexto de las dificultades que afronta la juventud india para acceder a un empleo estable. Según el indicador de desempleo juvenil del Banco Mundial, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en India era de 15,7% en 2024. Asimismo, el India Employment Report 2024, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Humano y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el desempeño afecta especialmente a los jóvenes con educación debido a que la expansión educativa no siempre está acompañada de suficientes oportunidades laborales.
En 2024 las protestas por el escándalo del NEET fueron puntuales, intermitentes y centradas en grupos estudiantiles. Ya entonces el BTI le asignaba 5 puntos a India en el indicador relativo a los derechos de asociación y reunión, apenas la mitad que los 10 puntos que el país había obtenido en dicha categoría entre 2006 y 2014, antes de la asunción de Modi. El indicador de libertad de expresión había caído de 9 puntos, entre 2006 y 2012, a 4 en 2024. El informe indicaba que el derecho de reunión pacífica está protegido constitucionalmente y que las manifestaciones constituyen una herramienta habitual de la sociedad civil para expresar pedidos. Además, señala que, durante el periodo evaluado (2021-2023), el gobierno había utilizado diversos mecanismos para limitar las posibilidades de reunión de críticos y actores opositores.
La evaluación del BTI 2026 permite actualizar este contexto. El informe describe un retroceso continuado en los estándares democráticos de India y señala que la agenda nacionalista hindú del Gobierno debilitó instituciones democráticas y redujo el pluralismo. Al mismo tiempo, reconoce que el país mantiene un crecimiento económico sólido y que el desempleo ha disminuido, aunque persisten desigualdades sociales y dificultades para que los beneficios del crecimiento lleguen a los grupos más vulnerables. El informe sitúa así el descontento social en un escenario de contrastes entre el desarrollo económico, las desigualdades persistentes y las preocupaciones sobre la calidad de las instituciones democráticas.
En 2026, con un escenario de mayor represión y la experiencia de 2024, las protestas tuvieron prácticamente el mismo origen, la filtración de preguntas del NEET, pero fueron más grandes, más convocantes, más plurales y mejor organizadas. El Movimiento de las Cucarachas surgió en ese contexto y a raíz de la indignación generada por las irregularidades en el proceso. Las protestas se convirtieron en un espacio para expresar preocupaciones sobre el futuro de la juventud, las oportunidades laborales y la responsabilidad de las autoridades. Sus participantes exigieron, entre otras cosas, la dimisión del ministro de Educación, al que atribuyeron responsabilidad política por el escándalo. La movilización se extendió en distintas ciudades y mantuvo la presión pública hasta la dimisión del ministro en julio de 2026, aunque sus organizadores insistieron en que el movimiento debía continuar para reclamar responsabilidades y reformas. Durante las protestas se produjeron enfrentamientos y represión policial contra manifestantes que intentaban marchar hacia el Parlamento.
Derechos Humanos: el reflejo social del deterioro institucional
El retroceso de la transformación política registrada por el BTI no sólo se explicita en los indicadores relativos a libertad de expresión y en los derechos de asociación, sino también en la participación política, que pasó de 9,5 en 2012 a 5,8 en 2024 y 2026; o en la estabilidad de las instituciones democráticas, de 9 en 2010 a 6,5 en la actualidad. Estas caídas no son casuales y deben analizarse teniendo en cuenta el contexto político de los gobiernos encabezados por Modi, líder del Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), partido nacionalista hindú. Las propias características de este partido y de su líder ayudan a explicar que los indicadores relativos a identidad estatal y no interferencia de dogmas religiosos en asuntos públicos hayan caído de 9 a 6 puntos durante el mandato de Modi. Más nacionalismo, más presencia religiosa y menos pluralidad y libertad de expresión, que van de la mano con un debilitamiento de las instituciones democráticas, según el BTI 2026.
En este contexto, las presiones sobre la prensa y las voces críticas no constituyen fenómenos aislados, sino que forman parte de un escenario político en el que el Ejecutivo y los sectores afines al nacionalismo ejercen una influencia creciente sobre el debate público. Esto no significa que toda restricción pueda atribuirse exclusivamente a una decisión personal de Modi, pero sí permite ubicar la evolución de la libertad de expresión en el contexto político de los gobiernos encabezados por él.
A pesar de que el índice reconoce la existencia de numerosos periódicos y canales de televisión, así como la protección constitucional de la libertad de expresión, advierte que la libertad de prensa se encuentra cada vez más restringida. Entre los principales problemas figuran la concentración de los medios en manos de grandes grupos empresariales, las presiones sobre periodistas y editores para evitar publicaciones críticas al gobierno, el acoso contra profesionales de la información y las acusaciones de “antinacionalismo” dirigidas contra voces disidentes. Estas condiciones limitan la diversidad de opiniones y favorecen la autocensura, tanto en el ámbito mediático como en el académico.
Pese a la pérdida de espacio para la crítica pública y la caída en los derechos de asociación y de reunión, las organizaciones de la sociedad civil continúan desempeñando un rol importante en India, mientras que las manifestaciones siguen siendo un mecanismo habitual para trasladar demandas al gobierno. Sin embargo, ha habido un notable aumento en el uso de herramientas por las autoridades para limitar las actividades de actores considerados críticos o independientes. Por ejemplo, el BTI menciona la suspensión durante seis meses de la licencia del Centro de Investigación de Políticas (Centre for Policy Research) en 2023 por supuestas infracciones de la legislación sobre financiación extranjera.
Esta tendencia aparece en otras evaluaciones internacionales. Freedom House clasifica a India como “parcialmente libre”, con una puntuación total de 62 sobre 100. En cuanto a derechos políticos, 31 sobre 40 en derechos políticos y 31 sobre 60 en libertades civiles. El organismo señala un aumento significativo del acoso contra periodistas, organizaciones no gubernamentales y otros críticos del Gobierno, además del uso de instrucciones estatales contra opositores políticos. La coincidencia entre ambas evaluaciones permite confirmar el nivel de deterioro señalado por el BTI.
El problema central no es la desaparición de la libertad de expresión, sino la reducción de las condiciones que permiten ejercerla de manera efectiva. La existencia de medios independientes y de mecanismos judiciales que protegen este derecho no elimina el efecto de las presiones sobre periodistas y organizaciones. De esta manera, la caída en el indicador de libertad de expresión se vincula con el debilitamiento de los mecanismos de participación política, control democrático y rendición de cuentas.
El estrechamiento del espacio para la protesta
En India, protestar continúa siendo una de las principales vías mediante las cuales determinados sectores de la sociedad trasladan sus demandas al poder público. Sin embargo, la existencia de movilizaciones no implica que el derecho a la protesta pueda ser ejercido en condiciones plenamente garantizadas. El BTI 2026 identifica esta tensión al señalar que, aunque el derecho de manifestación se encuentra formalmente reconocido, las autoridades recurren a distintos mecanismos para restringir las concentraciones de actores críticos y de oposición. A esto se le suma que, según el BTI, la sociedad civil india dispone de un acceso limitado a los procesos formales de elaboración y supervisión de políticas públicas. En este contexto, las movilizaciones adquieren una función política que va más allá de la expresión de descontento: son un mecanismo para introducir determinadas demandas en la agenda pública cuando los canales institucionales de participación son insuficientes. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil recurren a movilizaciones de alcance nacional para compensar su limitada participación en la formulación de políticas.
Igualdad de oportunidades y confianza en la meritocracia
Las protestas por las irregularidades en el NEET permitieron poner el foco en la vulneración de la igualdad de oportunidades. El BTI 2026 otorga a India 3 puntos en este indicador (eran 5 en 2006) y señala que, pese al reconocimiento constitucional de la igualdad, los grupos socialmente desfavorecidos siguen enfrentando dificultades para acceder a la educación y al empleo. Como se demostró a partir del escándalo por los exámenes, el acceso a información, los contactos y la cercanía al poder garantizan mayor información y, por lo tanto, mejor acceso a la educación superior.
La filtración del examen adquiere así una importancia particular porque afecta a un mecanismo que debería funcionar bajo reglas comunes, transparentes e imparciales. Cuando los estudiantes perciben que el acceso a una plaza universitaria puede estar condicionado por filtraciones, corrupción o ventajas obtenidas de manera irregular, se debilita la confianza en la meritocracia como principio de selección. El problema no reside únicamente en que determinados candidatos puedan haber obtenido una ventaja injusta, sino en la percepción de que las reglas no son iguales para todos. Esta percepción puede impactar en la legitimidad del procedimiento de selección aumentando la desconfianza hacia las instituciones responsables de garantizarlo.
Esta problemática está relacionada con el deterioro más amplio de la gobernanza identificado por el BTI: el índice sitúa la gobernanza de India en 5,18 puntos en 2026, frente a 6,12 en 2006. Uno de los indicadores en el que más ha caído el país dentro de esta dimensión es el de aprendizaje de políticas, que mide la capacidad del Gobierno para corregir el rumbo y mejorar a partir de la experiencia. En las últimas dos décadas, cayó de 8 a 5. Y también han caído notablemente todos los indicadores relacionados a la construcción de consensos: en cuanto a metas, de 9 en 2016 a 6; gestión de conflictos, de 8 a 3; y, en cuanto a consulta pública, de 8 a 5.
En consecuencia, la respuesta del Estado resulta decisiva para afrontar las implicaciones del caso. Una investigación transparente, la identificación de responsabilidades y la adopción de medidas creíbles pueden contribuir a restablecer la confianza en el proceso de selección. El caso del NEET muestra así que las irregularidades en un servicio público pueden trascender su dimensión administrativa cuando ponen en duda la igualdad de condiciones y la imparcialidad de las instituciones. La controversia se convierte, de este modo, en un problema de legitimidad institucional que afecta a la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar oportunidades justas.
Conclusión
El caso del NEET pone de manifiesto cómo un conflicto aparentemente sectorial puede convertirse en una cuestión de legitimidad institucional. Las irregularidades del examen no solo afectan la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, sino que también ponen en duda la capacidad del Estado para garantizar procedimientos transparentes y confiables en un ámbito decisivo para las perspectivas educativas y profesionales de los jóvenes. La movilización posterior demuestra que la protesta continúa siendo un mecanismo de participación política mediante el cual los ciudadanos expresan su descontento y exigen respuestas institucionales, aun cuando el gobierno se esfuerza tanto en restringir los espacios de reclamo.
Por supuesto que el NEET y las protestas no constituyen por sí mismos la causa del deterioro institucional señalado por el BTI. Por el contrario, funcionan como un síntoma que hace visibles problemas estructurales preexistentes, vinculados a la corrupción, la falta de oportunidades y la desconfianza en las instituciones durante la gestión de un gobierno cada vez menos democrático. Al contrastar el caso con la evolución de los indicadores del BTI y las evaluaciones de organizaciones como Freedom House, las protestas pueden ser entendidas como parte de un contexto aún más amplio de debilitamiento de las condiciones institucionales necesarias para una participación democrática efectiva. En este sentido, la importancia política del NEET no está únicamente en las irregularidades del examen, sino en su capacidad para revelar la relación cada vez más conflictiva entre las demandas de una ciudadanía movilizada y la capacidad de las instituciones de India para responder de manera equitativa, legítima y transparente.
Milena HernándezEstudiante en Gerenciamiento económico intercultural franco-argentino - Ciencias Políticas
Universidad del Salvador - Sciences Po Toulouse
En julio de 2026, miles de jóvenes ocuparon las calles de Nueva Delhi, India, para protestar contra las irregularidades en el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET, por sus siglas en inglés), una evaluación nacional necesaria para acceder a los estudios universitarios de Medicina en todo el país y de la que este año participaron más de dos millones de candidatos. Lo que surgió como una reacción frente a la filtración de ese examen y a las denuncias de fraude, pronto trascendió el ámbito educativo. Bajo el movimiento Partido Popular de las Cucarachas (Cockroach Janata Party, CJP), las movilizaciones incorporaron demandas vinculadas al desempleo juvenil, la corrupción, la transparencia institucional y la capacidad del Estado para responder a las demandas de una generación que percibe una disminución en la calidad de vida y en los estándares democráticos, y un creciente distanciamiento entre las instituciones democráticas y la ciudadanía.
El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) es un estudio comparativo que, desde 2006, evalúa la evolución de la transformación política, la transformación económica y la calidad de la gobernanza de 137 países en una escala del 1 al 10, en la que 10 representa el mejor desempeño. A partir de las tendencias observadas en estas tres dimensiones, es posible señalar que India ha experimentado un deterioro sostenido de su desempeño democrático: el puntaje de transformación política descendió de 7,95 en 2006 (con picos de 8,2 en 2010 y 2012) a 6,10 en 2026, mientras que la calidad de la gobernanza pasó de 6,12 a 5,18 en el mismo período. En contraste, la transformación económica mostró un comportamiento más estable, aunque también registró un retroceso desde su máximo de 6,61 en 2008 hasta 5,86 en 2026. Estos cambios permiten identificar una creciente brecha entre el dinamismo económico del país y el progresivo debilitamiento de sus instituciones democráticas y de la capacidad del Estado para responder eficazmente a las demandas sociales.
La tendencia de los puntajes del BTI muestra que el deterioro de India no ha sido un proceso lineal ni inmediato. Hasta 2014, el país mantuvo niveles relativamente elevados de transformación política y una estabilidad institucional que lo posicionaban entre las democracias con mejor desempeño del sur de Asia. Durante este periodo, los indicadores de transformación política se mantuvieron por encima de los 8 puntos. Esto refleja un desempeño relativamente positivo, mientras que la gobernanza y la transformación económica presentaban variaciones moderadas.
Sin embargo, a partir de la edición 2016 del BTI comenzó a observarse un cambio de tendencia. Mientras la transformación económica permaneció relativamente estable, con un descenso gradual, la transformación política y, especialmente, la calidad de la gobernanza evidenció un deterioro sostenido. Esta evolución sugiere que el crecimiento económico experimentado por India durante las últimas dos décadas no estuvo acompañado por un fortalecimiento equivalente de sus instituciones democráticas ni de la capacidad estatal para gestionar los conflictos sociales y garantizar el funcionamiento efectivo del Estado de derecho. No es casual que 2016 sea un punto de quiebre: ese año se publicó el primer BTI durante la gestión de Narendra Modi, quien asumió como Primer Ministro en mayo de 2014.
El NEET como síntoma, no como causa
El 2026 no fue el primer año en el que hubo problemas con el examen nacional. Ya en 2024, el NEET estuvo marcado por denuncias de filtración de preguntas e irregularidades en su organización y evaluación, lo que puso de manifiesto las dificultades y contradicciones del sistema educativo indio. La controversia provocó una fuerte reacción pública y llegó al Tribunal Supremo de India, mientras se abrieron investigaciones en diversos estados, entre ellos Gujarat, Maharashtra, Bihar y Jharkhand. La investigación sobre la filtración fue finalmente transferida a la Oficina Central de Investigación (CBI, por sus siglas en inglés). Estos acontecimientos alimentaron las dudas sobre la transparencia del proceso de selección y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones equitativas a todos los aspirantes.
El escándalo trascendió el ámbito educativo porque afectó a las expectativas de movilidad social de millones de jóvenes y sus familias. En un sistema altamente competitivo, el acceso a una plaza universitaria puede representar una de las principales vías para alcanzar estabilidad económica y reconocimiento social. Por ello, las irregularidades en un examen de estas características no solo ponen en cuestión la fiabilidad de una prueba concreta, sino también la confianza en los mecanismos que distribuyen las oportunidades. Cuando el esfuerzo académico deja de percibirse como una garantía de evaluación justa, se debilita la legitimidad del sistema y aumenta la sensación de que las perspectivas de futuro dependen de factores ajenos al mérito individual.
Esta frustración debe situarse en el contexto de las dificultades que afronta la juventud india para acceder a un empleo estable. Según el indicador de desempleo juvenil del Banco Mundial, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en India era de 15,7% en 2024. Asimismo, el India Employment Report 2024, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Humano y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el desempeño afecta especialmente a los jóvenes con educación debido a que la expansión educativa no siempre está acompañada de suficientes oportunidades laborales.
En 2024 las protestas por el escándalo del NEET fueron puntuales, intermitentes y centradas en grupos estudiantiles. Ya entonces el BTI le asignaba 5 puntos a India en el indicador relativo a los derechos de asociación y reunión, apenas la mitad que los 10 puntos que el país había obtenido en dicha categoría entre 2006 y 2014, antes de la asunción de Modi. El indicador de libertad de expresión había caído de 9 puntos, entre 2006 y 2012, a 4 en 2024. El informe indicaba que el derecho de reunión pacífica está protegido constitucionalmente y que las manifestaciones constituyen una herramienta habitual de la sociedad civil para expresar pedidos. Además, señala que, durante el periodo evaluado (2021-2023), el gobierno había utilizado diversos mecanismos para limitar las posibilidades de reunión de críticos y actores opositores.
La evaluación del BTI 2026 permite actualizar este contexto. El informe describe un retroceso continuado en los estándares democráticos de India y señala que la agenda nacionalista hindú del Gobierno debilitó instituciones democráticas y redujo el pluralismo. Al mismo tiempo, reconoce que el país mantiene un crecimiento económico sólido y que el desempleo ha disminuido, aunque persisten desigualdades sociales y dificultades para que los beneficios del crecimiento lleguen a los grupos más vulnerables. El informe sitúa así el descontento social en un escenario de contrastes entre el desarrollo económico, las desigualdades persistentes y las preocupaciones sobre la calidad de las instituciones democráticas.
En 2026, con un escenario de mayor represión y la experiencia de 2024, las protestas tuvieron prácticamente el mismo origen, la filtración de preguntas del NEET, pero fueron más grandes, más convocantes, más plurales y mejor organizadas. El Movimiento de las Cucarachas surgió en ese contexto y a raíz de la indignación generada por las irregularidades en el proceso. Las protestas se convirtieron en un espacio para expresar preocupaciones sobre el futuro de la juventud, las oportunidades laborales y la responsabilidad de las autoridades. Sus participantes exigieron, entre otras cosas, la dimisión del ministro de Educación, al que atribuyeron responsabilidad política por el escándalo. La movilización se extendió en distintas ciudades y mantuvo la presión pública hasta la dimisión del ministro en julio de 2026, aunque sus organizadores insistieron en que el movimiento debía continuar para reclamar responsabilidades y reformas. Durante las protestas se produjeron enfrentamientos y represión policial contra manifestantes que intentaban marchar hacia el Parlamento.
Derechos Humanos: el reflejo social del deterioro institucional
El retroceso de la transformación política registrada por el BTI no sólo se explicita en los indicadores relativos a libertad de expresión y en los derechos de asociación, sino también en la participación política, que pasó de 9,5 en 2012 a 5,8 en 2024 y 2026; o en la estabilidad de las instituciones democráticas, de 9 en 2010 a 6,5 en la actualidad. Estas caídas no son casuales y deben analizarse teniendo en cuenta el contexto político de los gobiernos encabezados por Modi, líder del Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), partido nacionalista hindú. Las propias características de este partido y de su líder ayudan a explicar que los indicadores relativos a identidad estatal y no interferencia de dogmas religiosos en asuntos públicos hayan caído de 9 a 6 puntos durante el mandato de Modi. Más nacionalismo, más presencia religiosa y menos pluralidad y libertad de expresión, que van de la mano con un debilitamiento de las instituciones democráticas, según el BTI 2026.
En este contexto, las presiones sobre la prensa y las voces críticas no constituyen fenómenos aislados, sino que forman parte de un escenario político en el que el Ejecutivo y los sectores afines al nacionalismo ejercen una influencia creciente sobre el debate público. Esto no significa que toda restricción pueda atribuirse exclusivamente a una decisión personal de Modi, pero sí permite ubicar la evolución de la libertad de expresión en el contexto político de los gobiernos encabezados por él.
A pesar de que el índice reconoce la existencia de numerosos periódicos y canales de televisión, así como la protección constitucional de la libertad de expresión, advierte que la libertad de prensa se encuentra cada vez más restringida. Entre los principales problemas figuran la concentración de los medios en manos de grandes grupos empresariales, las presiones sobre periodistas y editores para evitar publicaciones críticas al gobierno, el acoso contra profesionales de la información y las acusaciones de “antinacionalismo” dirigidas contra voces disidentes. Estas condiciones limitan la diversidad de opiniones y favorecen la autocensura, tanto en el ámbito mediático como en el académico.
Pese a la pérdida de espacio para la crítica pública y la caída en los derechos de asociación y de reunión, las organizaciones de la sociedad civil continúan desempeñando un rol importante en India, mientras que las manifestaciones siguen siendo un mecanismo habitual para trasladar demandas al gobierno. Sin embargo, ha habido un notable aumento en el uso de herramientas por las autoridades para limitar las actividades de actores considerados críticos o independientes. Por ejemplo, el BTI menciona la suspensión durante seis meses de la licencia del Centro de Investigación de Políticas (Centre for Policy Research) en 2023 por supuestas infracciones de la legislación sobre financiación extranjera.
Esta tendencia aparece en otras evaluaciones internacionales. Freedom House clasifica a India como “parcialmente libre”, con una puntuación total de 62 sobre 100. En cuanto a derechos políticos, 31 sobre 40 en derechos políticos y 31 sobre 60 en libertades civiles. El organismo señala un aumento significativo del acoso contra periodistas, organizaciones no gubernamentales y otros críticos del Gobierno, además del uso de instrucciones estatales contra opositores políticos. La coincidencia entre ambas evaluaciones permite confirmar el nivel de deterioro señalado por el BTI.
El problema central no es la desaparición de la libertad de expresión, sino la reducción de las condiciones que permiten ejercerla de manera efectiva. La existencia de medios independientes y de mecanismos judiciales que protegen este derecho no elimina el efecto de las presiones sobre periodistas y organizaciones. De esta manera, la caída en el indicador de libertad de expresión se vincula con el debilitamiento de los mecanismos de participación política, control democrático y rendición de cuentas.
El estrechamiento del espacio para la protesta
En India, protestar continúa siendo una de las principales vías mediante las cuales determinados sectores de la sociedad trasladan sus demandas al poder público. Sin embargo, la existencia de movilizaciones no implica que el derecho a la protesta pueda ser ejercido en condiciones plenamente garantizadas. El BTI 2026 identifica esta tensión al señalar que, aunque el derecho de manifestación se encuentra formalmente reconocido, las autoridades recurren a distintos mecanismos para restringir las concentraciones de actores críticos y de oposición. A esto se le suma que, según el BTI, la sociedad civil india dispone de un acceso limitado a los procesos formales de elaboración y supervisión de políticas públicas. En este contexto, las movilizaciones adquieren una función política que va más allá de la expresión de descontento: son un mecanismo para introducir determinadas demandas en la agenda pública cuando los canales institucionales de participación son insuficientes. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil recurren a movilizaciones de alcance nacional para compensar su limitada participación en la formulación de políticas.
Igualdad de oportunidades y confianza en la meritocracia
Las protestas por las irregularidades en el NEET permitieron poner el foco en la vulneración de la igualdad de oportunidades. El BTI 2026 otorga a India 3 puntos en este indicador (eran 5 en 2006) y señala que, pese al reconocimiento constitucional de la igualdad, los grupos socialmente desfavorecidos siguen enfrentando dificultades para acceder a la educación y al empleo. Como se demostró a partir del escándalo por los exámenes, el acceso a información, los contactos y la cercanía al poder garantizan mayor información y, por lo tanto, mejor acceso a la educación superior.
La filtración del examen adquiere así una importancia particular porque afecta a un mecanismo que debería funcionar bajo reglas comunes, transparentes e imparciales. Cuando los estudiantes perciben que el acceso a una plaza universitaria puede estar condicionado por filtraciones, corrupción o ventajas obtenidas de manera irregular, se debilita la confianza en la meritocracia como principio de selección. El problema no reside únicamente en que determinados candidatos puedan haber obtenido una ventaja injusta, sino en la percepción de que las reglas no son iguales para todos. Esta percepción puede impactar en la legitimidad del procedimiento de selección aumentando la desconfianza hacia las instituciones responsables de garantizarlo.
Esta problemática está relacionada con el deterioro más amplio de la gobernanza identificado por el BTI: el índice sitúa la gobernanza de India en 5,18 puntos en 2026, frente a 6,12 en 2006. Uno de los indicadores en el que más ha caído el país dentro de esta dimensión es el de aprendizaje de políticas, que mide la capacidad del Gobierno para corregir el rumbo y mejorar a partir de la experiencia. En las últimas dos décadas, cayó de 8 a 5. Y también han caído notablemente todos los indicadores relacionados a la construcción de consensos: en cuanto a metas, de 9 en 2016 a 6; gestión de conflictos, de 8 a 3; y, en cuanto a consulta pública, de 8 a 5.
En consecuencia, la respuesta del Estado resulta decisiva para afrontar las implicaciones del caso. Una investigación transparente, la identificación de responsabilidades y la adopción de medidas creíbles pueden contribuir a restablecer la confianza en el proceso de selección. El caso del NEET muestra así que las irregularidades en un servicio público pueden trascender su dimensión administrativa cuando ponen en duda la igualdad de condiciones y la imparcialidad de las instituciones. La controversia se convierte, de este modo, en un problema de legitimidad institucional que afecta a la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar oportunidades justas.
Conclusión
El caso del NEET pone de manifiesto cómo un conflicto aparentemente sectorial puede convertirse en una cuestión de legitimidad institucional. Las irregularidades del examen no solo afectan la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, sino que también ponen en duda la capacidad del Estado para garantizar procedimientos transparentes y confiables en un ámbito decisivo para las perspectivas educativas y profesionales de los jóvenes. La movilización posterior demuestra que la protesta continúa siendo un mecanismo de participación política mediante el cual los ciudadanos expresan su descontento y exigen respuestas institucionales, aun cuando el gobierno se esfuerza tanto en restringir los espacios de reclamo.
Por supuesto que el NEET y las protestas no constituyen por sí mismos la causa del deterioro institucional señalado por el BTI. Por el contrario, funcionan como un síntoma que hace visibles problemas estructurales preexistentes, vinculados a la corrupción, la falta de oportunidades y la desconfianza en las instituciones durante la gestión de un gobierno cada vez menos democrático. Al contrastar el caso con la evolución de los indicadores del BTI y las evaluaciones de organizaciones como Freedom House, las protestas pueden ser entendidas como parte de un contexto aún más amplio de debilitamiento de las condiciones institucionales necesarias para una participación democrática efectiva. En este sentido, la importancia política del NEET no está únicamente en las irregularidades del examen, sino en su capacidad para revelar la relación cada vez más conflictiva entre las demandas de una ciudadanía movilizada y la capacidad de las instituciones de India para responder de manera equitativa, legítima y transparente.










































