El análisis a través de los informes del BTI pone de manifiesto una trayectoria marcada por tensiones entre estabilidad institucional, desempeño gubernamental y calidad democrática. La situación de Ecuador en los inicios del BTI. Gestión y reformas económicas con Rafael Correa. Puntos de inflexión: eficiencia en la gobernanza a costa de las libertades democráticas. Etapa de reactivación. La crisis política e institucional (2023 - 2025). Derechos Humanos.

Por Avigail Rivera

Elaboración de CADAL basada en los datos proporcionados por el BTI 2006 - 2026

Ecuador representa un caso de interés particular, dado que durante las últimas décadas ha experimentado escenarios de inestabilidad democrática, reformas estatales y tensiones entre gobernabilidad y democracia. Además, actualmente atraviesa una crisis relacionada con la seguridad y el liderazgo.

El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es una herramienta útil para explorar estos procesos. Elaborado por la Fundación Bertelsmann y publicado cada dos años, el BTI analiza los procesos de transformación de países en desarrollo y en transición. A través de un enfoque que integra un análisis cualitativo elaborado en informes narrativos por especialistas y la asignación de una puntuación cuantitativa, permite la comparación a lo largo del tiempo y entre países.

El índice se estructura en torno a tres dimensiones principales: la transformación política se constituye a través de aspectos como la participación política, el funcionamiento del Estado de derecho, la estabilidad institucional y la integración social y política; la transformación económica examina el desarrollo de la economía de mercado socialmente inclusiva y considera criterios como el nivel de desarrollo socioeconómico, la estabilidad macroeconómica, la organización del mercado y las políticas de bienestar; y la calidad de la gobernanza evalúa la capacidad de los actores gubernamentales de diseñar e implementar políticas que promueven procesos de reforma, considerando su gestión de conflictos, uso eficiente de recursos y cooperación con actores internacionales. Cada criterio se califica promediando las evaluaciones de indicadores específicos a los que se asignan puntajes de una escala del 1 al 10.

La situación de Ecuador en los inicios del BTI

En el BTI de 2006, que abarca el periodo entre febrero de 2003 y enero de 2005, el puntaje de Gobernanza era particularmente bajo, alcanzando solamente un 3,70. Este periodo estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, un fuerte cuestionamiento a la gestión gubernamental de Lucio Gutiérrez y una economía que, a pesar de mostrar signos de estabilización macroeconómica tras la dolarización y la bonanza petrolera, no lograba traducir este crecimiento en mayores niveles de bienestar social.

El gobierno de Gutiérrez (2003-2005) se caracterizó por un giro político inesperado tras la ruptura de alianzas con la izquierda y el movimiento indígena Pachacutik, además de una crisis institucional debido a la destitución arbitraria de los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral. Esto desencadenó un desencanto con el sistema democrático, sumado a una fuerte polarización regional entre las regiones de la costa y la sierra. Ante este escenario, el gobierno recurrió al clientelismo para mantener el control.

El bajo puntaje en el índice de gobernanza del BTI 2006 responde a este clientelismo que marcó el mandato de Gutiérrez, a la inestabilidad y al irrespeto a las normas constitucionales. El clientelismo se refleja en la utilización de fondos públicos para asegurar el apoyo de seguidores y diputados, y se suma a las constantes acusaciones de nepotismo tras haber intentado posicionar a un familiar en un cargo de representación en organismos internacionales a pesar de no estar calificado para ello. Respecto a la capacidad de dirección, el BTI 2006 reveló una baja capacidad del gobierno para elaborar planes económicos o políticos coherentes debido a la falta de prioridades y toma de decisiones azarosas e inconsistentes. Además, dada la alta volatilidad del entramado social, estas decisiones apuntaban a evitar la deposición del presidente a cualquier costo, lo que conllevó el uso ineficiente de recursos con fines clientelistas y para financiar contramanifestaciones, incrementando la confrontación en la sociedad civil.

Este índice se contrastaba con el puntaje del Estado de la Democracia. En primer lugar, la estatalidad sólida recibió 8 de 10 puntos, alcanzado a través del mantenimiento del monopolio legítimo del uso de la fuerza, visible en la presencia de instituciones como las fuerzas armadas y la policía a lo largo del territorio nacional. Además, los ciudadanos conservaron su igualdad ante la ley en términos formales (9 de 10 puntos), aunque persistió la discriminación de la población indígena y afroecuatoriana. Además, el BTI 2006 señalaba una clara distinción entre la Iglesia y el Estado, logrando 9 de 10 puntos en este indicador.

En segundo lugar, el criterio con la puntuación más alta era el de participación política con un promedio de 7,5. Incluía indicadores como elecciones libres y justas (9 de 10 puntos), libertades de asociación y asamblea (8 de 10 puntos), y expresión (7 de 10 puntos) y reflejaba la capacidad del sistema para canalizar la voluntad popular. Se destacaba entonces el alto puntaje del indicador de libre asociación, que se relaciona con la organización de movimientos indígenas y el aumento en su cuota de poder y representatividad. De esta forma, se genera un contrapeso frente a la discriminación latente de esta minoría, que capta sus intereses y demandas.

En tercer lugar, el respeto a los derechos civiles se preservaba a pesar de la destitución inconstitucional de jueces, tal como ocurrió en diciembre de 2004 con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el criterio de integración social y política tenía uno de los puntajes más bajos de la dimensión, con 5,3 puntos. El indicador de apoyo a la democracia entre ciudadanos era el más bajo, con una puntuación de 4 de 10. Aun así, según los datos compilados, el 46% de los ecuatorianos prefería la democracia como forma de gobierno legítima por sobre otros regímenes políticos. Esto se puede interpretar como un signo de resiliencia democrática a pesar de la disminución de la satisfacción con la gestión de turno.

Gestión y reformas económicas con Rafael Correa

Tras la destitución de Gutiérrez en 2005, Palacio asumió la presidencia en un panorama con un gobierno dividido y sin mayoría en la Asamblea, lo que condujo al fracaso de sus intentos de reforma. Esta parálisis abrió paso al ascenso de su ministro de Finanzas Rafael Correa, quien en 2006 puso fin a una década en la que ningún presidente electo había podido terminar su mandato.

Durante el gobierno de Correa (2007-2017) se impulsó un modelo de orientación socialista que cuestionaba la economía de mercado y priorizaba la intervención estatal. Esta estrategia generó debilidades estructurales, barreras para la iniciativa privada y una contracción del mercado debido a la disminución de oferentes que no podían adaptarse, como pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, se fortalecieron monopolios estatales, dejando a sectores básicos, como la producción de harina y azúcar, en manos de oligopolios privados. Esto se tradujo en una falta de regulación de la competencia, que es esencial para corregir fallas en el mercado, estimular la innovación y evitar abusos de poder que encarezcan los precios, protegiendo así al consumidor esencialmente en la adquisición de productos básicos. En consecuencia, el sector informal se expandió notablemente.

Como consecuencia directa de estas medidas y transformaciones económicas durante el periodo 2009 a 2011, el BTI de 2012 registró una disminución considerable en el puntaje de economía, cayendo a un valor de 5,07.  Cabe señalar que el índice toma datos macroeconómicos desde 2007 hasta 2010, ya que, debido a su periodicidad bienal cada edición analiza los hechos ocurridos durante años previos a su publicación. Respecto al indicador “derechos de propiedad”, se observó un puntaje crítico de 4 en el BTI 2012 debido a un clima de confrontación alentado por amenazas de embargo o nacionalización por parte del gobierno. De igual manera, los derechos de la propiedad se vieron afectados a causa de un lento funcionamiento del sistema judicial, lo que promueve la incertidumbre en el sector privado como resultado del aumento de la corrupción en la administración de la justicia.

Los niveles de inversión extranjera directa también fueron muy bajos como consecuencia de las políticas intervencionistas, como el aumento de aranceles para limitar las importaciones. Pese a que se intentó diversificar mercados hacia otros países como Irán o bloques como el ALBA (recibiendo en el indicador de liberalización de comercio exterior un puntaje de 6), existía una alta dependencia de las exportaciones de petróleo, influenciada por factores políticos. A pesar de los altos precios de los hidrocarburos, no hubo un crecimiento significativo de la economía e incluso el PIB per cápita cayó un 0,7% en 2009.

El indicador de sostenibilidad también mostró un deterioro pese al aumento del gasto en el sector educativo. La limitada inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) recibió 5 puntos de 10, y proyectos ambientales como el Yasuní - ITT también se vieron comprometidos por la falta de credibilidad internacional del presidente.

Por último, a pesar de las mejoras en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la pobreza se mantuvo como una de las restricciones estructurales más importantes, afectando al 38,3% de la población, especialmente en zonas rurales y poblaciones indígenas.

Puntos de inflexión: eficiencia en la gobernanza a costa de las libertades democráticas

Uno de los puntajes más bajos en la dimensión de Estado de la Democracia se registró en el BTI 2016 con 5,45 puntos. Sin embargo, mientras el puntaje de la transformación política disminuyó entre el BTI 2006 y 2016, la gobernanza observó una tendencia creciente, alcanzando un puntaje relativamente alto de 4,48 puntos en el BTI 2016. Aquí aparece una divergencia significativa que sugiere que los avances en la capacidad de la gestión gubernamental no se traducen necesariamente en un fortalecimiento de las instituciones democráticas. El Estado se volvió más eficiente en el uso de recursos y provisión de servicios mientras se erosionaron los derechos civiles, la libertad de prensa y la autonomía judicial.

El descenso de la calidad democrática se debió al modelo de gobierno de Correa. La Ley de Comunicación, aprobada en 2013, implementó mecanismos de control indirecto y sanciones económicas a los medios de comunicación críticos. De igual manera, se registraron ataques a periodistas, persecución y censura en internet. En ese mismo año, mediante el Decreto Ejecutivo 16, se adjudicó la facultad de disolver a las ONG que “interfirieran en políticas públicas” o se “desviaran de sus fines”, imponiendo restricciones a la sociedad civil. Adicionalmente, el poder Ejecutivo logró el control de la Asamblea Nacional y el poder Judicial, siendo incluso señalado como el “brazo ejecutor” del presidente en un informe independiente elaborado con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), sancionando o destituyendo jueces que dictaron fallos en contra del Estado. Por lo tanto, no existía una clara separación de poderes y las instituciones democráticas fueron socavadas con decretos y acciones que deslegitimaron cualquier contrapeso institucional, aunque se mantuvieran las instituciones formales. Estas acciones se legitimaron debido al liderazgo carismático y personalista de Correa. Esta lógica dividió al país en dos campos opuestos: el pueblo y la oligarquía, generando una fuerte polarización social y política, en la que el gobierno margina, obstruye o discrimina a actores de la oposición, clasificándolos como enemigos de los intereses nacionales.

Esto se contrasta con la tendencia positiva en el índice de gobernanza, el cual, aunque su puntaje promediaba por debajo de las otras dos dimensiones, reflejó mejoras en la gestión y administración. Se establecieron prioridades claras y un sistema de planificación estratégica a través de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y el Plan Nacional del Buen Vivir. También se reportó un aumento en la capacidad de ejecución de políticas públicas, lo que se pudo constatar en las mejoras en infraestructura vial y la generación de energía eléctrica. El sistema de recaudación de impuestos, así como la provisión de servicios de salud y educación, mejoraron gracias al repunte de la economía por los altos precios del petróleo. Por último, a pesar de la retórica anti-neoliberal, el gobierno aseguró la cooperación internacional de manera pragmática al obtener el financiamiento masivo de China en obras de infraestructura y a través de la diversificación de exportaciones, negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. En resumen, el gobierno sostuvo niveles de eficiencia administrativa y coordinación política en detrimento de las libertades civiles y el Estado de derecho, dados los tintes autoritarios que caracterizaron a esta gestión.

Etapa de reactivación

En el BTI de 2020 se visualizó un aumento en los puntajes de las tres dimensiones como consecuencia de una estrategia de transición para recuperar la democracia liberal. El puntaje más alto era entonces el de democracia, con 7,2 (ver Gráfico 1). Esto se debe a que, durante la gestión de Lenin Moreno (2017-2021), se derogaron los decretos que permitían la censura a organizaciones sociales críticas. También se detuvo la persecución al periodismo mediante la reforma de la Ley de Comunicación, que eliminó organismos de censura como la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM). Por lo tanto, el BTI 2020 volvió a categorizar a Ecuador como “democracia defectuosa” tras cinco ediciones en las que calificaba como “democracia altamente defectuosa”.

De igual manera, medidas como la remoción de funcionarios designados por el anterior gobierno demuestran los esfuerzos por recuperar la independencia de funciones del Estado y la separación de poderes. Es importante destacar la Consulta Popular de 2018, en la que la ciudadanía votó en contra de la reelección indefinida y a favor de la pérdida de derechos políticos para aquellos que tuvieran cargos por corrupción.

En el ámbito económico se evidenció un cambio de enfoque: mediante el apoyo al sector privado, se priorizó la inversión estatal externa, fomentando la libre competencia y la inversión privada. El país volvió a acercarse a mercados internacionales a través de la Alianza del Pacífico y ratificó acuerdos comerciales con la Unión Europea. Asimismo, el sistema financiero mantuvo niveles de solvencia con una baja tasa de morosidad y estabilidad bancaria.

Hubo también un incremento en el puntaje de gobernanza. La gestión de Moreno facilitó las investigaciones de la Fiscalía sobre casos graves de corrupción como el de Odebrecht, llevando al enjuiciamiento y la condena de altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas. La integración de actores políticos previamente marginados ayudó a reducir la polarización, lo que mejoró la cohesión social tras un largo período de actitudes autoritarias.

Por último, Ecuador recuperó su credibilidad externa al asociarse con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para participar en la resolución de crisis regionales como la de Venezuela y dejar atrás alianzas como el ALBA o la UNASUR, organismos que para entonces atravesaban una marcada pérdida de relevancia y cohesión interna como mecanismos de cooperación regional.

La crisis política e institucional (2023 - 2025)

Sin embargo, esas mejoras no lograron sostenerse: la crisis institucional derivó en la disolución de la Asamblea y el juicio político a Guillermo Lasso, presidente entre 2021 y 2023. Hoy el país atraviesa una crisis de gobernanza marcada por la pérdida del monopolio legítimo del uso de la fuerza, resultado de la inestabilidad política acumulada durante las últimas décadas, aunque ahora en un contexto mucho más riesgoso que el de hace 20 años. Si entonces, la estabilidad de los mandatarios era un desafío notable para la democracia y, para 2016, el riesgo radicaba en la concentración de poder en el Ejecutivo y un posible autoritarismo, ahora, según el BTI 2026, el principal problema es la pérdida de soberanía del Estado en zonas controladas por la minería ilegal y el narcotráfico, sumado a la infiltración de las mafias en el Sistema Judicial.

El ascenso al poder de Daniel Noboa en 2023 estuvo marcado desde sus comienzos por un contexto de inestabilidad política e institucional. Su llegada a la presidencia se produjo tras la terminación anticipada del mandato de Lasso por juicio político y la disolución simultánea de la Asamblea. De acuerdo a los datos del BTI 2026, este escenario respondía a una crisis de gobernabilidad y el bloqueo institucional tras la fragmentación de la Asamblea.

Junto con el estancamiento institucional, el sistema de partidos ecuatoriano ha demostrado ser especialmente volátil y fragmentado desde 2006 por la inestabilidad de coaliciones, provocando la caída del apoyo de la democracia de un 71% en 2015 a 42% en 2024. Este escenario de fragmentación partidaria, sumado a la destitución de Lasso y la disolución de la Asamblea refleja la crisis política en la que se encuentra el Estado.

La gestión de Daniel Noboa se ve profundamente marcada, además, por la formación apresurada de su gabinete tras ganar las elecciones de manera inesperada y por la falta de un plan de gobierno con proyección al futuro. Sus ministros han trabajado en el sector privado y carecen de experiencia en el funcionamiento del Estado. Esto genera una inestabilidad administrativa que se observa, por ejemplo, en el recambio de cinco gerentes de la empresa estatal petrolera en apenas dos años.

Ante la falta de representación en la Asamblea y la incapacidad para formar alianzas con otros partidos, las maniobras ejecutadas se caracterizan por evadir procedimientos democráticos y normas. Por ejemplo, el gobierno ha publicado leyes no aprobadas por la Asamblea y emitido decretos para impedir que la Vicepresidenta cumpla sus funciones.

En comparación con el panorama que presentaba el BTI 2006, la democracia se ve erosionada por la fragilidad de la soberanía estatal frente al crimen organizado transnacional, una crisis energética aguda, falta de previsibilidad del gobierno y una sociedad dispuesta a aceptar soluciones autoritarias frente al aumento de la inseguridad en el país.

Derechos Humanos

En materia de derechos humanos, los principales problemas se relacionan con las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Según un informe de 2024 de Human Rights Watch, las instituciones democráticas, en particular el sistema judicial, permanecen debilitadas por denuncias de corrupción. Esto se refleja en que la Oficina del Fiscal General ha abierto investigaciones contra jueces, fiscales y autoridades del Consejo de la Judicatura por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Además, el Ministerio de Trabajo suspendió sin bases legales a la vicepresidenta Verónica Abad por “abandono de sus funciones” antes de que tuviera que reemplazar al presidente Daniel Noboa durante la campaña electoral.

De igual manera, el Tribunal Supremo Electoral prohibió la postulación a la presidencia de Jan Topic en 2025 por “pruebas confidenciales”, generando dudas respecto al proceso y al cumplimiento de derechos políticos. A estas preocupaciones se les sumaron en 2026 las alertas de relatores especiales de la ONU respecto a la ambigüedad de las leyes de inteligencia y antiterrorismo que permiten la vigilancia electrónica sin control judicial y la criminalización de la protesta social. También denunciaron la normalización del estado de excepción y declaraciones de “conflicto armado interno” que facilitan el uso desproporcionado de la fuerza, aumentando así el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, mientras que se estigmatiza y persigue a líderes sociales e indígenas bajo etiquetas de terrorismo.

Conclusión

El análisis a través de los informes del BTI pone de manifiesto una trayectoria marcada por tensiones entre estabilidad institucional, desempeño gubernamental y calidad democrática. El gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo marcado por una profunda debilidad en la gobernanza acompañada de inestabilidad política y clientelismo a pesar de la persistencia de instituciones democráticas formales. Durante el gobierno de Rafael Correa se observó un punto de inflexión significativo, caracterizado por el fortalecimiento de las capacidades estatales a costa de un deterioro progresivo de las libertades civiles. Esto puso en evidencia que una mejora en los indicadores de gobernanza no implica necesariamente el fortalecimiento del Estado de derecho, sino que puede coexistir con dinámicas de concentración de poder y restricciones a la oposición, incrementando así la polarización social y política.

Posteriormente, la gestión de Lenin Moreno representó un intento por estabilizar el sistema democrático a través de la recuperación de libertades, restauración de la división tripartita de poderes y la reinserción internacional del país, lo que se vio reflejado en la mejora de los indicadores. No obstante, estos avances se volvieron endebles debido a factores coyunturales revelando debilidades persistentes en la gestión estatal, capacidades institucionales y sostenibilidad económica.

La presidencia de Daniel Noboa marcó un nuevo punto de inflexión: frente al recrudecimiento del crimen organizado y la pérdida de soberanía estatal en amplias zonas del territorio, el gobierno optó por una respuesta “de mano dura” en búsqueda de recuperar el control territorial, pero derivó en la profundización de riesgos en la concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión de garantías democráticas.

Por último, en materia de desarrollo económico, el caso ecuatoriano se caracteriza por la volatilidad económica debido a la dependencia de recursos externos como el petróleo y al estancamiento estructural, desembocando en la limitación del crecimiento sostenido. Sumado a esto, existen desafíos recientes en derechos humanos y Estado de derecho, poniendo en tela de juicio la robustez de las instituciones democráticas.

El recorrido analizado permite concluir que Ecuador enfrenta el desafío de la consolidación democrática que garantice de manera efectiva derechos civiles, estabilidad institucional y desarrollo económico sostenible.

Avigail Rivera

Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata.