«Paz, independencia, democracia, unidad y prosperidad» es el lema del estado de Laos. Pero la realidad es diferente. Desde hace muchos años, la comunidad internacional manifiesta preocupación por la situación de los derechos humanos en el país del sureste asiático y exigen un cambio. ¿Existe una verdadera perspectiva de una mejora en un futuro cercano? En enero de 2020 se realizará el tercer examen periódico universal de Laos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por Kim Radestock

El 2 de diciembre de 1975 tuvo lugar la abolición de la monarquía tras la revolución dirigida por Kaysone Phomvihane, el antiguo presidente del partido comunista. Surgió la República Popular Democrática y la reivindicación del liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL). Este es el único partido político legal, otros partidos o movimientos están prohibidos. El PPRL incluso mantiene el control sobre organizaciones de jóvenes, asociaciones o sindicatos que deberían ser una alternativa.

La influencia del partido se puede notar en todos los aspectos de la vida. El Índice de Transformación de la Bertelsmann Stiftung de 2018 muestra que Laos es una autocracia dura, con un puntuación de 2.92 de 10, en la cual 10 significa democracia en consolidación. El único país de Asia y Oceanía con un puntaje de 2.60 que tenga un régimen más duro es Corea del Norte, con el cual Laos mantiene una muy estrecha relación. 

La situación de los derechos humanos 

Dieciséis años después de la proclamación de la república, la primera constitución del país fue adoptada en 1991. Esta contiene la mayoría de las garantías claves para los derechos humanos. El problema según Human Rights Watch, Amnesty International y otras organizaciones internacionales de derechos humanos es que el gobierno no respeta su propia constitución. En consecuencia, la población de Laos se encuentra frente a varias condiciones inaceptables, para mencionar algunas: Matrimonio legal de menores de edad con permiso de los padres, no tienen penalizaciones para la prostitución infantil, hay supervisión ciudadana y altos índices de corrupción, faltan juicios justos, las libertades sociales están restringidas y existe discriminación contra los grupos étnicos, en especial los fuertes conflictos armados desde los años setenta entre las fuerzas armadas de Laos y los hmong.

Otro problema son las distintas opiniones sobre el significado de los derechos humanos de Laos y los socios occidentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, los cuales son ignorados por el estado. No existen medios de comunicación libres, organizaciones independientes o demostraciones críticas. Walden Bello, ex miembro del Congreso de Filipinas y Vicepresidente de Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) para los Derechos Humanos, dijo: “Laos se ha convertido en uno de los países más represivos de la ASEAN. Los líderes de la región y de todo el mundo deben dejar de mirar hacia otro lado y exigir a Vientiane que ponga fin a su asfixia de la sociedad civil independiente.”

Para mostrar un ejemplo de hasta dónde llega el control del gobierno, en Mayo 2017 los tres activistas Soukan Chaithad, Somphone Phimmasone y Lodkham Thammavong participaron en varias protestas y criticaron el gobierno de Laos mientras vivían en Tailandia. En abril del año siguiente tuvo lugar un juicio secreto donde los activistas fueron declarados culpables y condenados a entre 12 y 20 años de cárcel. La vigilancia ciudadana del estado no sólo afecta a las personas dentro del país, sino también a los ciudadanos que viven en el extranjero.

Otro caso que causó sensación en todo el mundo fue la desaparición de Sombath Somphone en diciembre 2012. Aunque eso pasó hace casi siete años no es menos importante. Sombath era un activista famoso, líder nacional y regional en el desarrollo rural. El gobierno permanece en silencio sobre su paradero y lo que sucedió el día de su desaparición. Existe evidencia en forma de una grabación de cámaras de circuito cerrado de televisión donde se puede ver que la policía detiene a Sombath y lo traslada en un vehículo.

La importancia de este incidente es visible en la recomendación que hizo Australia para Laos en el último Examen Periódico Universal (EPU) que fue debatido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero 2015. Australia recomendó una investigación policial urgente sobre la desaparición de Sombath Somphone y proporcionar sus resultados para abordar cualquier sospecha de participación del gobierno. Según la opinión de Argentina, Laos debería haber ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y haber investigado y castigado tales actos de delincuencia.

El próximo EPU de Laos se realizará en enero 2020 y demostrará si el país ha cambiado o ha intentado implementar las recomendaciones anteriores. Laos decidió apoyar estas propuestas. En total adoptó 116 recomendaciones y se comprometió con la realización de estas hasta el siguiente EPU. Otra recomendación de Argentina, que quedó como “vista”, entonces sin aceptación o respuesta, fue el fortalecimiento de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de adoptar medidas jurídicas y administrativas para ratificar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados.

Esperanza para el futuro

El primer ministro en funciones desde 2016, Thongloun Sisoulith, fue visto como la esperanza para el país, ya que quería dedicarse a actuar firmemente contra los problemas de las drogas y la corrupción. Además de mantener relaciones internacionales, representó a Laos en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante muchos años como ministro del exterior y admite que para algunos de los problemas necesitan ayuda de otros países.

Hace unas semanas fue publicada la declaración del Profesor Philip Alston. El relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos visitó Laos desde el 18 hasta el 28 de marzo de 2019. En su evaluación comenta que Laos tomó algunos pasos hacia la dirección correcta, por ejemplo, con la ratificación de siete de las nueve convenciones de derechos humanos más importantes y la invitación de relatores especiales. Además afirma que el gobierno está buscando adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

El año pasado entró en vigor un nuevo Código Penal que regula la implementación de las obligaciones internacionales en la legislación nacional. Esto significa otra oportunidad para aumentar la seguridad jurídica. Sin embargo, todavía existe una gran represión de la libertad de expresión, limitaciones estrictas de los medios de comunicación y la sociedad, y más violaciones graves de los derechos humanos. En resumen: Falta la implementación práctica de sus visiones y una continuación de los primeros pasos. Superar esas deficiencias seguirá siendo el gran desafío para Laos y una necesidad para su población.

Kim Radestock

Pasante internacional