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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
12-04-2019Brasil bajo la lupa internacional en la protección de los derechos humanos
Jair Bolsonaro se convirtió en presidente con una victoria impulsada por un discurso xenófobo, misógino y agresivo que ha puesto en cuestión la voluntad del nuevo presidente de proteger los derechos humanos en Brasil. Este país cuenta entre sus desafíos altos niveles de homicidios, violencia doméstica, olas de migraciones venezolanas, xenofobia, ataques a activistas, acoso y una corrupción endémica.Por Agostina Dasso
Brasil es un país democrático donde el presidente y los miembros de una legislatura bicameral son electos de manera libre y justa a través de elecciones competitivas y un discurso público vibrante. Con este marco de ejercicio, a principios de este año, Jair Bolsonaro se convirtió en presidente con una victoria impulsada por un discurso xenófobo, misógino y agresivo que ha puesto en cuestión la voluntad del nuevo presidente de proteger los derechos humanos en Brasil. Este país cuenta entre sus desafíos altos niveles de homicidios, violencia doméstica, olas de migraciones venezolanas, xenofobia, ataques a activistas, acoso y una corrupción endémica; cuestiones contempladas en detalle por los informes EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según el tercer informe EPU, Brasil, a la fecha, ha ratificado la mayor parte de los instrumentos de Derechos Humanos y ha incorporado sus principios a la legislación nacional. Para sumar, en el 2015 se celebró en Brasilia la primera reunión regional para América Latina y el Caribe en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Sin embargo, desde el segundo ciclo de informes se espera que ratifique instrumentos pendientes.
El Consejo de Derechos Humanos viene denunciando en sus informes EPU el uso de tortura para obtener confesiones de sospechosos y maltratos a los detenidos (primer ciclo en el 2008); la prevalencia de homicidios en prisiones, acusaciones de tortura y condiciones inhumanas inadmisibles (segundo ciclo en el 2012); y la violencia generalizada de la policía militar y las fuerzas de seguridad con un alto componente racial (tercer ciclo en el 2017). Uno de los hechos más preocupantes que contribuye a agravar la violencia generalizada es la conducta policial. El último informe de Human Rights Watch sostiene que aunque algunas ejecuciones por parte de la policía son en defensa propia, la mayoría pasan a ser extrajudiciales. Para peor, en 2017 una ley autorizó a que los procesos contra integrantes de las fuerzas armadas se trasladaran a la justicia militar cuando (conforme al derecho internacional), tanto las ejecuciones extrajudiciales como las violaciones a derechos humanos por policías y militares deben ser investigadas por tribunales ordinarios. El último informe de Freedom in the World denuncia el involucramiento de la policía en casos de abuso y corrupción llevando a un alto nivel de homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad.
La decisión del ex presidente Temer de trasladar la responsabilidad por la seguridad pública y las cárceles en el estado de Río de Janeiro al ejército resultó en un elevado número de homicidios. En el marco de esta decisión se encuentra el homicidio de Marielle Franco (concejala y defensora de derechos humanos; portavoz de la comunidad LGBT) y su chofer, crimen que, hasta el momento, no ha generado ningún arresto. Para Freedom in the World 2019, este asesinato desincentiva la participación política dada la creciente discriminación y violencia contra la comunidad LGBT, la cual sufre uno de los niveles más elevados de violencia del país, agravada por la reciente elección de Bolsonaro.
La amenaza y persecución a los periodistas de investigación no es poco común. El Alto Comisionado denunció la falta de pluralismo en los medios y la falta de una ley sobre libertad de información en el segundo ciclo del EPU; en el tercero alarmó sobre la intervención del gobierno en la administración del organismo público de radiodifusión brasileño. Según el informe Freedom in the World dos periodistas radiales fueron asesinados por sus declaraciones e investigaciones: Jefferson Pureza Lopes, asesinado en enero de 2018 y Jairo de Sousa, asesinado en junio del mismo año. Human Rights Watch reconoció la persecución y agresión de periodistas el día de las elecciones.
El segundo ciclo EPU felicitó a Brasil por la sanción de la ley Maria da Penha sobre la violencia doméstica y familiar contra la mujer en el año 2006. Sin embargo, le expresó su preocupación de la falta de personal especializado en estos temas. Apoyando esto, Human Rights Watch sostiene que la ley está incompleta y que al día de la fecha hay más de 1.2 millones de causas de violencia doméstica pendientes en los tribunales. En 2017 4539 mujeres fueron asesinadas y solo 1133 de esas muertes fueron registradas como femicidios. A los femicidios se suma la muerte de mujeres que se someten a abortos clandestinos que, de no morir, corren peligro de penas de hasta 3 años de cárcel debido a la ilegalidad de la intervención voluntaria del embarazo. En los tres informes EPU, el Alto Comisionado denunció los abortos clandestinos como una de las principales causas de muerte entre las mujeres. A esto se suma la esterilización forzosa y sin consentimiento libre e informado, las altas tasas de embarazo precoz y la elevada tasa de mortalidad.
El primer informe EPU mostró preocupación sobre las dificultades para encontrar vivienda y empleo para los refugiados, lo que obstaculiza su integración en la sociedad. El segundo informe sumó consternación por la ley de 2010 que permite a las fuerzas militares de las fronteras registrar a las personas, advirtiendo la posibilidad de identificar a refugiados como migrantes ilegales. Por último, el tercer informe ratificó el ascenso de refugiados a 9077 personas así como también certificó el ascenso de solicitudes de asilo. El incremento de los refugiados y las solicitudes de asilo peligra en virtud de una ley del 2010 que permite a las fuerzas militares de fronteras registrar a personas, vehículos y practicar detenciones, llevando a que muchos refugiados sean interceptados como migrantes ilegales. En este marco, a lo largo del 2018, se han desatado episodios de hostigamiento y xenofobia en el estado de Roraima hacia los inmigrantes provenientes de Venezuela. Estas altas olas de migración han llevado a la creación de refugios de asistencia y planes para mejorar la protección e integrar a los refugiados. Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que en los últimos años el CONARE no ha tomado ninguna decisión sobre las solicitudes de asilo de estos ciudadanos venezolanos.
Freedom in the World le otorga un ranking de libertad de 75/100 al país sudamericano. Puede que relativamente se encuentre en un nivel superior que otros países autoritarios del mundo, pero es de preocupar su estatus dentro de las declaradas democracias. La incertidumbre de la nueva presidencia pondrá bajo la lupa internacional la protección de los derechos humanos en Brasil, una vez más.
Agostina Dasso
Brasil es un país democrático donde el presidente y los miembros de una legislatura bicameral son electos de manera libre y justa a través de elecciones competitivas y un discurso público vibrante. Con este marco de ejercicio, a principios de este año, Jair Bolsonaro se convirtió en presidente con una victoria impulsada por un discurso xenófobo, misógino y agresivo que ha puesto en cuestión la voluntad del nuevo presidente de proteger los derechos humanos en Brasil. Este país cuenta entre sus desafíos altos niveles de homicidios, violencia doméstica, olas de migraciones venezolanas, xenofobia, ataques a activistas, acoso y una corrupción endémica; cuestiones contempladas en detalle por los informes EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según el tercer informe EPU, Brasil, a la fecha, ha ratificado la mayor parte de los instrumentos de Derechos Humanos y ha incorporado sus principios a la legislación nacional. Para sumar, en el 2015 se celebró en Brasilia la primera reunión regional para América Latina y el Caribe en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Sin embargo, desde el segundo ciclo de informes se espera que ratifique instrumentos pendientes.
El Consejo de Derechos Humanos viene denunciando en sus informes EPU el uso de tortura para obtener confesiones de sospechosos y maltratos a los detenidos (primer ciclo en el 2008); la prevalencia de homicidios en prisiones, acusaciones de tortura y condiciones inhumanas inadmisibles (segundo ciclo en el 2012); y la violencia generalizada de la policía militar y las fuerzas de seguridad con un alto componente racial (tercer ciclo en el 2017). Uno de los hechos más preocupantes que contribuye a agravar la violencia generalizada es la conducta policial. El último informe de Human Rights Watch sostiene que aunque algunas ejecuciones por parte de la policía son en defensa propia, la mayoría pasan a ser extrajudiciales. Para peor, en 2017 una ley autorizó a que los procesos contra integrantes de las fuerzas armadas se trasladaran a la justicia militar cuando (conforme al derecho internacional), tanto las ejecuciones extrajudiciales como las violaciones a derechos humanos por policías y militares deben ser investigadas por tribunales ordinarios. El último informe de Freedom in the World denuncia el involucramiento de la policía en casos de abuso y corrupción llevando a un alto nivel de homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad.
La decisión del ex presidente Temer de trasladar la responsabilidad por la seguridad pública y las cárceles en el estado de Río de Janeiro al ejército resultó en un elevado número de homicidios. En el marco de esta decisión se encuentra el homicidio de Marielle Franco (concejala y defensora de derechos humanos; portavoz de la comunidad LGBT) y su chofer, crimen que, hasta el momento, no ha generado ningún arresto. Para Freedom in the World 2019, este asesinato desincentiva la participación política dada la creciente discriminación y violencia contra la comunidad LGBT, la cual sufre uno de los niveles más elevados de violencia del país, agravada por la reciente elección de Bolsonaro.
La amenaza y persecución a los periodistas de investigación no es poco común. El Alto Comisionado denunció la falta de pluralismo en los medios y la falta de una ley sobre libertad de información en el segundo ciclo del EPU; en el tercero alarmó sobre la intervención del gobierno en la administración del organismo público de radiodifusión brasileño. Según el informe Freedom in the World dos periodistas radiales fueron asesinados por sus declaraciones e investigaciones: Jefferson Pureza Lopes, asesinado en enero de 2018 y Jairo de Sousa, asesinado en junio del mismo año. Human Rights Watch reconoció la persecución y agresión de periodistas el día de las elecciones.
El segundo ciclo EPU felicitó a Brasil por la sanción de la ley Maria da Penha sobre la violencia doméstica y familiar contra la mujer en el año 2006. Sin embargo, le expresó su preocupación de la falta de personal especializado en estos temas. Apoyando esto, Human Rights Watch sostiene que la ley está incompleta y que al día de la fecha hay más de 1.2 millones de causas de violencia doméstica pendientes en los tribunales. En 2017 4539 mujeres fueron asesinadas y solo 1133 de esas muertes fueron registradas como femicidios. A los femicidios se suma la muerte de mujeres que se someten a abortos clandestinos que, de no morir, corren peligro de penas de hasta 3 años de cárcel debido a la ilegalidad de la intervención voluntaria del embarazo. En los tres informes EPU, el Alto Comisionado denunció los abortos clandestinos como una de las principales causas de muerte entre las mujeres. A esto se suma la esterilización forzosa y sin consentimiento libre e informado, las altas tasas de embarazo precoz y la elevada tasa de mortalidad.
El primer informe EPU mostró preocupación sobre las dificultades para encontrar vivienda y empleo para los refugiados, lo que obstaculiza su integración en la sociedad. El segundo informe sumó consternación por la ley de 2010 que permite a las fuerzas militares de las fronteras registrar a las personas, advirtiendo la posibilidad de identificar a refugiados como migrantes ilegales. Por último, el tercer informe ratificó el ascenso de refugiados a 9077 personas así como también certificó el ascenso de solicitudes de asilo. El incremento de los refugiados y las solicitudes de asilo peligra en virtud de una ley del 2010 que permite a las fuerzas militares de fronteras registrar a personas, vehículos y practicar detenciones, llevando a que muchos refugiados sean interceptados como migrantes ilegales. En este marco, a lo largo del 2018, se han desatado episodios de hostigamiento y xenofobia en el estado de Roraima hacia los inmigrantes provenientes de Venezuela. Estas altas olas de migración han llevado a la creación de refugios de asistencia y planes para mejorar la protección e integrar a los refugiados. Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que en los últimos años el CONARE no ha tomado ninguna decisión sobre las solicitudes de asilo de estos ciudadanos venezolanos.
Freedom in the World le otorga un ranking de libertad de 75/100 al país sudamericano. Puede que relativamente se encuentre en un nivel superior que otros países autoritarios del mundo, pero es de preocupar su estatus dentro de las declaradas democracias. La incertidumbre de la nueva presidencia pondrá bajo la lupa internacional la protección de los derechos humanos en Brasil, una vez más.
