Comunicados
Promoción de la Apertura Política en Cuba
Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba
Durante una Audiencia Temática sobre la “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba”, familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad. La sesión, que no contó con la presencia del estado cubano, tuvo lugar en el marco del 181º período de sesiones y en la misma una veintena de organizaciones expresaron su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo entre la Comisión, el Gobierno cubano y las propias organizaciones.
En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.
Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información. Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación
independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.
En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.
Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.
Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.
Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.
"Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba", sentenció.
Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.
Las y los comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.
FIRMAN
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina)
Civil Rights Defenders (CRD)
Cubalex
Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)
Movimiento San Isidro (MSI)
Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Hora de Cuba International
IFEX‐ALC
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)
Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Impulsa Latinoamérica (IL)
Civil Rights Defenders (CRD)
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)
Instituto Patmos (IP)
En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.
Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información. Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación
independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.
En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.
Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.
Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.
Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.
"Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba", sentenció.
Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.
Las y los comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.
FIRMAN
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina)
Civil Rights Defenders (CRD)
Cubalex
Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)
Movimiento San Isidro (MSI)
Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Hora de Cuba International
IFEX‐ALC
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)
Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Impulsa Latinoamérica (IL)
Civil Rights Defenders (CRD)
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)
Instituto Patmos (IP)
