Cuba resulta un caso único dentro de los estudios del tema. Pousadela refiere que es el “único país de las Américas con espacio cívico completamente cerrado. No nos referimos a lo sanguinario del régimen sino al espacio para que las personas se organicen y protesten. Es una excepción porque es cerrado, es un hecho histórico y es el único país donde esos derechos no están consagrados constitucionalmente”.

Por Yadiris Luis Fuentes

En medio del contexto generado por la pandemia y la evidente pérdida de libertades políticas y sociales en América Latina, la Coalición por la Libertad de Asociación desarrolló un conversatorio virtual sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación en la región.

El evento, desarrollado el pasado 10 de junio a través de diferentes plataformas digitales, se enfocó en casos particulares como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua; a la vez que abordó la problemática también en Guatemala y El Salvador como países cuyos espacios cívicos se ven amenazados.

Estuvieron invitados al encuentro Gerardo Berthin, director de Programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, Inés Pousadela especialista de CIVICUS y Maricarmen Plata, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como preámbulo a la charla, Berthin expuso los últimos resultados de un informe de Freedom House sobre la libertad de asociación en las Américas.

Dentro de los países que bajaron su puntaje al respecto figuran Perú y El Salvador. Sobre Perú, Berthin dijo que “fue un país que cayó de ser libre a ser parcialmente libre, particularmente por la inestabilidad que presenta desde hace tres años. En ese tiempo Perú ha tenido cuatro presidentes y hoy se ve el producto de esa inestabilidad”.

Por su parte, El Salvador descendió en el listado de Freedom House. De ser considerado como libre durante siete años consecutivos ya en 2019 su situación empeoró y se degradó hacia la parcialidad. “Sucedió por el exceso de poder de Bukele que empleó la pandemia como una cortina de humo”.
Mencionó, además, en su disertación introductoria, que Latinoamérica mostró un auge económico y social en la primera década de este siglo, sin embargo, en la siguiente el progreso se estancó. “Hoy persiste la desigualdad económica, la corrupción, los malos gobiernos. No hay confianza en las instituciones democráticas”, apuntó.

Especialmente sobre Cuba afirmó que el puntaje de Freedom House para la isla caribeña se han mantenido inamovible y bajo: entre 10 y 14 puntos de unos 60 puntos que posee el área de libertades civiles.

Por otro lado, los análisis de la alianza CIVICUS evidencian un “panorama sombrío” según expresó Inés Pousadela.

“Más del 43 por ciento de los países viven en espacios cívicos represivos. Tres países de América Latina bajaron su calificación y alarma que esas degradaciones sean en países clasificados con espacios cívicos saludables. Costa rica pasó de tener espacio cívico abierto a estrecho, por ejemplo”, señaló la especialista.

Para que exista el espacio cívico al interior de la sociedad es requisito indispensable la libertad de asociación, de expresión, reunión pacífica y el derecho de expresarse, organizarse y actuar.

En tal sentido las violaciones más frecuentes al espacio cívico en las Américas son la intimidación, acoso, ataques a la prensa, detención de manifestantes y uso excesivo de la fuerza. Mientras que las naciones más afectadas fueron Chile, Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica.

Cuba resulta un caso único dentro de los estudios del tema. Pousadela refiere que es el “único país de las Américas con espacio cívico completamente cerrado. No nos referimos a lo sanguinario del régimen sino al espacio para que las personas se organicen y protesten. Es una excepción porque es cerrado, es un hecho histórico y es el único país donde esos derechos no están consagrados constitucionalmente”.

Venezuela y Cuba, una mirada a sus realidades

Para exponer las vivencias de activistas y organizaciones sin fines de lucro en Venezuela estuvo invitado Rafael Uzcátegui, quien estudió Sociología y Publicidad y Mercadeo y forma parte desde 2006 de la organización de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación Acción), fundada en 1988.

El coordinador general de Provea habló sobre la afectación a la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil venezolana y las amenazas a la libertad de asociación que padecen allí.

“Los ataques contra la legitimidad de las organizaciones empezaron en 1999, es cierto que vivimos una luna de miel por el proceso constituyente, pero ya existían voces que hacían publica su desconfianza con las organizaciones independientes como PROVEA. Hugo Chávez nos acusó de que recibíamos financiamiento de la CIA. A partir de ese momento, desde el 2000 comenzó una campaña de criminalización que empleó todos los medios públicos y que se incrementó en 2007 y reconvirtió en política de estado”.

Entre los ejemplos citados por Uzcátegui para ilustrar la campaña de deslegitimación del gobierno hacia las ONGs estuvo que el Estado viola la privacidad de activistas y los muestra como ilegítimos y pertenecientes a una elite llena de privilegios. “Dicen que somos parte de una conspiración externa contra el gobierno”.

“Socializaron la desconfianza sobre nuestras motivaciones como organizaciones y activistas y es para sembrar la semilla de la desconfianza. Nos descalifican como activistas. Nos agreden y muestran la agresión a nosotros como un ejemplo de justicia popular”.

En Venezuela unos 20 activistas están protegidos por medidas cautelares, expuso. “Estos ataques reiterados generan un contexto de riesgo y amenazas que motiva que muchos hayan migrado forzosamente. Esto debilita el tejido asociativo, muchos continúan trabajando desde fuera pero su partida es un golpe”, dijo el venezolano.

En medio de la enfermedad pandémica han ocurrido unas 318 detenciones arbitrarias, 27 de ellas contra activistas y trabajadores humanitarios, 68 contra periodistas y 35 contra sindicalistas.

Por su lado, el caso Cuba fue explicado por la abogada y fundadora de CubaLex, Laritza Diversent, quien actualmente es refugiada política de los Estados Unidos.

En la isla caribeña los obstáculos para ejercer la libertad de asociación aparecen desde el marco legislativo del país.

“El empleo del término socialismo unas 7 veces para referenciar el sistema político en la constitución y 22 veces el término socialista para calificar al Estado, la patria, la economía, etc., muestra que existe una distinción entre quienes defienden el sistema político y quienes difieren de él y es una discriminación y constituye un privilegio del grupo del poder en Cuba.

Solo existe el Partido Comunista de Cuba dentro del país, estas distinciones crean privilegios, el resto no puede crear otros partidos u organizaciones”, subrayó Diversent en su ponencia.

También acotó que el marco legislativo cubano para registrar las nuevas asociaciones de la sociedad civil no cumple con los estándares internacionales.

Entre las pautas que recoge la ley cubana en este aspecto están que las organizaciones deben tener, para constituirse legalmente, unos 30 miembros como mínimo. Deben tener autorización previa de una institución estatal para proceder al registro y si los grupos son religiosos, políticos o sindicales tienen negada la posibilidad de constituirse como asociaciones.

En Cuba, cabe señalar, que organizarse sin el visto bueno estatal es un delito por el cual las penas llegan a ser de un mes hasta tres de privación de libertad o multa de hasta cinco mil pesos para los asociados o afiliados y en el caso de promotores y directores la cárcel podría ser de un año y la multa entre los 10 mil y 15 mil pesos cubanos.

La abogada cubana ilustró el caso de dos asociaciones cubanas, una de ellas Cubalex y lo engorroso del proceso para inscribirla, hecho que no fue posible, a pesar de las demandas ante el Tribunal de La Habana contra la Ministra de Justicia de ese entonces.

“Dos organizaciones de abogados independientes: Asociación Jurídica Cubana y Cubalex, los procedimientos fueron en agosto 2011 y febrero 2016 para registrarse en la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia; la misma que recomendó denegar las solicitudes porque los objetivos que se proponían estaban relacionados con funciones estatales que ya eran asumidas por la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos”, aclaró Diversent en el encuentro.

La respuesta del gobierno cubano ante estos abogados independientes fue la represión para acallarlos. El letrado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien presentó ambos casos, fue encarcelado durante seis meses en 2015 por un supuesto delito de desacato contra los jueces del Tribunal Supremo cubano.

La sede de Cubalex fue allanada por la policía política y los bienes de trabajo fueron confiscados. Ferrer nuevamente fue apresado y privado de libertad por un año.

A pesar de que el Estado cubano reconoce en sus leyes el derecho a la libertad de asociación en la práctica no es posible. Incluso las autoridades pueden emplear la Ley 88 conocida como “Ley Mordaza” para impedir las organizaciones contrarias al orden imperante en la nación.

Alarmas en El Salvador y Guatemala

El Salvador y Guatemala muestran señales de que sus espacios cívicos están en peligro. La abogada salvadoreña Lilliam Arrieta dialogó sobre la realidad de las organizaciones allí.

Al respecto dijo que “parecería que hay un manual de líderes populistas y dictadores sobre cómo deberían conducirse hacia las organizaciones que son críticas. Es utópico que un gobierno espere que nadie le critique. La crítica desde la sociedad civil hacia el gobierno es una obligación de la ciudadanía, esa contraloría para que los representantes actúen en bien de la población y cuando fallan las organizaciones de la sociedad civil señalamos las fallas y hacemos propuestas para corregir el rumbo. Deberían vernos como aliados y no como enemigos”.

Recalcó que las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña no siempre señalan los errores del gobierno sino las medidas a favor de los ciudadanos. Contó que las redes sociales son el medio para las campañas de descrédito contra las organizaciones civiles. “Existen intentos de criminalizar a las organizaciones e la sociedad civil. Necesitamos que las organizaciones de derechos humanos no nos abandonen”, expresó en sus conclusiones.

Asimismo, Ana Lucía Ixchiú Hernández, periodista y activista de Guatemala narró la experiencia de acoso, criminalización y negación de las libertades elementales que sufren las grandes mayorías guatemaltecas.

“Es una lucha en contra del pensamiento crítico, esta manera de pensamiento y manifestarnos en contra de las cuestiones que vulneren nuestras libertades es criminalizada y perseguida”, alegó.

Citó ejemplos de represión contra comunicados indígenas en Guatemala y cómo más de 20 personas fueron asesinadas durante la pandemia en 2020, entre ellos líderes de la comunidad indígena y de organizaciones no estatales.

Según sus datos, de enero a junio del 2020 existieron unas 677 agresiones, 297 fueron a defensores de derechos humanos, 70 a organizaciones o comunidades, 466 actos de difamación y campañas de odio.

Enfatizó sobre la complejidad de la situación en Guatemala que es además una de la más invisibilizadas del continente.

Como uno de los colofones de la cita, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad en Organización de los Estados Americanos (OEA) Maricarmen Plata explicó el papel de la OEA en el entendimiento entre los países miembros y las organizaciones.

Específicamente el Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es la oficina encargada de los asuntos referentes a la sociedad civil y la participación de las organizaciones en las actividades de la OEA.

Justo desde 1999 la OEA crea espacios de intercambio donde pueda insertarse la sociedad civil.

El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana establece que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”

De igual forma el Artículo 26 enuncia que “la OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.”

Los pilares de la OEA solo han sido alcanzables con el apoyo de las ONGs y organizaciones de la sociedad civil de los estados miembros, así lo destacó la funcionaria.

Yadiris Luis Fuentes

Periodista, redactora y editora cubana. Licenciada en Periodismo en 2015 y egresada del Curso de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Becaria del proyecto de formación para periodistas Periodismo Situado de Cosecha Roja.