Tendencias Latinoamericanas

TENDENCIAS Latinoamericanas procura ofrecer al lector un panorama balanceado de la realidad de nuestra región: como informe semestral no es un típico boletín de coyuntura, -pues trasciende lo anecdótico para bucear en las tendencias que se mueven más allá de lo cotidiano- pero esto no implica que vayamos al otro extremo, a la reflexión puramente abstracta, desconectada del variado acontecer de la región. Este equilibrio, además, se refiere a los temas y los hechos a destacar: la idea es vincular lo económico con lo político y lo social, en tanto presentamos informaciones que no se limitan a un grupo específico de países sino que abarcan también acontecimientos que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos.

Notable cambio de tendencia: retrocede y se agota el modelo populista

Las cuatro elecciones que se han realizado en este semestre muestran que la tendencia hacia la izquierda populista, que había predominado a lo largo de todo lo que va del siglo, no solo se ha detenido sino que ya ha cambiado claramente de signo. Podríamos decir que el chavismo -o como se llamaba a sí mismo pomposamente, el “socialismo del siglo XXI”- detuvo su expansión hacia 2008-2010 aproximadamente. De allí en adelante ningún país de la región pasó a regirse por esa forma de autoritarismo caudillista, que se había iniciado con el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela a fines de 1998. Pero en los años siguientes se produjo algo así como un estancamiento en la región: los países que habían abrazado este modelo, ya sea en su variante radical o bajo formas más moderadas, se mantuvieron dentro de sus lineamientos, en tanto que en el resto de América Latina ningún país se inclinó a seguir por ese sendero.

En los últimos años el populismo, sin embargo, se fue erosionando paulatinamente. Dos factores de fondo actuaron en esta dirección: los magros resultados del modelo y el descenso de los precios de las materias primas, como en el destacado caso del petróleo, que hoy se vende a la cuarta parte del valor que tenía hace dos años. Países como Argentina o Venezuela comenzaron a experimentar dificultades económicas que sus políticas estatistas –como el control sobre la moneda extranjera o el proteccionismo- solo sirvieron para acentuar: inflación, desabastecimiento en Venezuela, estancamiento o retroceso económico, problemas para el pago de la deuda externa. Estas dificultades reconocen su origen en el monto de las exportaciones, muy disminuido en los últimos dos años: con menos dólares y menos impuestos cobrados, los gobiernos comenzaron a sufrir problemas de desbalance fiscal cada vez más agudo. El populismo, para decirlo brevemente, es bueno para repartir pero muy malo para generar crecimiento económico. Gobiernos como los de Lula y Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina y Chávez y Maduro en Venezuela afincan su poder en gastos enormes que producen déficit fiscales cada vez más difíciles de controlar. Con menos ingresos, por supuesto, este tipo de problema se agudiza y llega un momento en que se hace insostenible; surge entonces la secuela inevitable de las devaluaciones y la inflación, la escasez y la parálisis económica que, a su vez, cambia el humor de los ciudadanos y los comienza a poner en contra de sus gobiernos.

Guatemala, rechazo frontal al populismo

Pero el actual rechazo al populismo comenzó, en la primera mitad de este año (véase Tendencias, del primer semestre de 2015), por una crítica multitudinaria hacia la corrupción, tal vez porque mucha gente atribuye a este flagelo los problemas económicos que tiene que soportar. Conviene comentar, para comenzar, el caso de Guatemala, donde en las elecciones del 6 de septiembre se produjo un resultado realmente notable. Después de que en abril se desarticuló una red de corrupción aduanera que ha llevado a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidente Roxana Baldetti, la ciudadanía se volcó en contra de las candidaturas populistas que, según las encuestas, tenían asegurado un triunfo electoral. Y lo hizo por amplio margen.

En la primera vuelta de las presidenciales se produjo así un resultado que a muchos sorprendió: el abanderado de LIDER, Manuel Baldizón, que había realizado una campaña millonaria que incluía el reparto de toda clase de bienes a sus potenciales electores, obtuvo apenas el 19,6% de los votos, quedando en un desmedrado tercer lugar. El 25 de octubre, en la segunda vuelta, se impuso ampliamente Jimmy Morales, quien apenas era conocido por los electores al comienzo del año, superando claramente, por 67,4% contra 32,6%, a Sandra Torres de la UNE, otro partido de fuerte tendencia populista. Lo que los votantes rechazaron en estas jornadas electorales fueron dos cosas: el reclamo de ciertos grupos y personalidades que querían cambiar antes el “sistema”, imponiendo un impreciso gobierno provisional al que se le otorgarían plenos poderes y, por otra parte, a los más evidentes y conspicuos representantes de la forma de gobernar que el país ha experimentado en los últimos 30 años. Un sistema en que el gobierno se asume como botín personal después de haber comprado los votos de millones de ciudadanos y que luego se utiliza para enriquecer sin recato y sin medida a quienes gobiernan. No se trató, pues, de un rechazo irreflexivo a ciertas personas o partidos, sino de una clara definición ideológica que recusa a la política como instrumento de enriquecimiento personal y al estado como un simple repartidor de dádivas.

Argentina: el fin del reinado de los Kirchner

El mismo día de la segunda vuelta electoral en Guatemala se realizaron las decisivas elecciones argentinas. Tres eran los principales candidatos que se disputaban la presidencia del país sureño: el oficialista Daniel Scioli, que prometía continuar, aunque algo atenuado, el dominio autoritario y pugnaz que los esposos Kirchner habían mantenido durante 12 años; Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que ofrecía a través de la alianza Cambiemos un abandono del modelo vigente, eliminando subsidios, controles y restricciones, disminuyendo la presencia estatal en la economía y restableciendo en el país los valores de tolerancia liberal e institucionalidad republicana, y el peronista disidente Sergio Massa que, ya desde la oposición, prometía una renovación del sistema y una gerencia eficiente. Scioli, que había obtenido un 39% en las PASO (las primarias simultáneas y obligatorias que se llevan a cabo en la Argentina), redujo su caudal de apoyo y logró apenas un 36,9% en esa primera vuelta. Macri, que tuvo apenas un 30% en las PASO, avanzó hasta el 34,3%, lo que le permitió pasar al llamado balotaje del 22 de noviembre contra el candidato oficialista. Massa, en tanto, mantuvo su caudal electoral, con 21%.

Las elecciones del 25 de octubre representaron un fracaso para el Frente para la Victoria, del oficialismo, pues no solo no alcanzó Scioli el 40% requerido para no tener que pasar a la segunda vuelta sino que además perdieron frente a María Eugenia Vidal, de la alianza Cambiemos, la importantísima gobernación de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. En un ambiente tenso, finalmente, Mauricio Macri ganó la presidencia del país, con el 51,4% de los votos, una victoria ajustada pero muy meritoria dada la campaña negra que lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con todos los recursos del poder. La transmisión del mando, el 10 de diciembre, no se realizó de la forma habitual pues la presidente rompió el protocolo habitual de los actos, visiblemente molesta por tener que abandonar el poder. Los Kirchner no se han caracterizado nunca por valorar la alternabilidad y la tolerancia.

En contrapartida, el nuevo presidente se ha esforzado por enviar un mensaje conciliador desde el primer momento, enfatizando que será el presidente de todos los argentinos, sin exclusión alguna. Ha prometido, eso sí, pedir que se aplique la cláusula democrática para suspender a Venezuela del MERCOSUR, derogar el acuerdo que se firmó con Irán respecto al crimen de la AMIA de 1994 y tomar urgentes medidas en el terreno económico. En efecto, el día 16 pasado, apenas iniciado el gobierno, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció ya la eliminación del llamado “cepo” cambiario, liberando el intercambio de la moneda extranjera, así como la reducción de impuestos a la exportación de soya y las retenciones de divisas para los exportadores de otros productos agrícolas. La transición de regreso a un mercado libre ha transcurrido de un modo ordenado, registrándose una baja en la cotización de la moneda estadounidense ya desde el primer día en que se puso en práctica y una estabilización del precio que parece definitiva.

En suma, el gobierno de Mauricio Macri avanza con paso firme y sin complejos para desarticular, en lo económico y en lo político, el legado antidemocrático del kirchnerismo y, aunque está en minoría en el congreso, parece encaminado a consolidarse y actuar con efectividad a pesar de los graves problemas que tendrá que afrontar durante 2016.

Venezuela y su incierto futuro

Mucho más complicado e impredecible es el panorama político que se abre en Venezuela a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado. En esos comicios la MUD, Mesa de Unidad Democrática, que nuclea a 18 partidos de oposición y decenas de grupos políticos, logró un triunfo resonante: no solo obtuvo la mayoría de los escaños en disputa sino que alcanzó la mayoría calificada de los dos tercios, con 112 bancas sobre un total de 167.

Si bien las encuestas daban una ventaja amplia a la MUD, parecía muy difícil que esta alianza pudiese superar todas las trabas que le había impuesto el gobierno y, más difícil aún, que el chavismo reconociese un triunfo de tan abrumadora magnitud. María Corina Machado, una de las figuras más lúcidas opuestas al gobierno, había sido descalificada con pretextos pueriles; Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, seguía en arresto domiciliario, mientras que guardaban prisión casi un centenar de presos políticos y Leopoldo López –condenado a casi 14 años- uno de los líderes más importantes y firmes en su crítica al gobierno. Eran inmensas las presiones que sufrían los 3 millones de funcionarios públicos para que votasen al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), había millones de venezolanos en el exterior que no podrían votar y, para colmo, una redistribución de los distritos electorales operaba muy directamente favoreciendo al partido oficial. Pese a todo esto, sin embargo, la oposición arrasó en las urnas.

La delicada situación económica, a la que el gobierno solo ha respondido con medidas que profundizan la crisis, precipitó en gran parte la reacción del electorado: el desabastecimiento de productos de primera necesidad y la inflación –calculada en alrededor de 200%- afectaron de un modo directo al electorado más pobre, el que suele dar soporte al PSUV. La economía venezolana está en franca contracción, con una disminución del producto interno que se calcula entre el 7 y más del 9%, y la escasez de divisas producto de la disminución de los precios del petróleo ha hecho del dólar un producto tan escaso que se cotiza a unas 140 veces el valor oficial en las transacciones privadas. La frontera con Colombia, por otra parte, ha sido prácticamente cerrada por el gobierno en los últimos meses, lo que acentúa la falta de productos y genera aprensión hacia el carácter crecientemente totalitario del régimen. En estas condiciones, decíamos, era de esperar que el electorado mostrase su repudio a un gobierno que genera cada día más pobreza, actúa como lo hacen las dictaduras y ni siquiera ofrece la mínima seguridad a sus habitantes, que padecen una de las más altas tasas de homicidios de todo el mundo, 88 muertes por cada 100.000 habitantes, según los últimos reportes.

Lo que puede llamar realmente la atención no es este repudio a un gobierno que nada bueno ofrece a sus ciudadanos, sino el hecho de que los dueños del poder hayan aceptado la derrota de un modo tan completo, a pesar de previas declaraciones del presidente Maduro en el sentido de que nunca iba a entregar “la revolución”. Esta admisión de fracaso se debe a las circunstancias muy concretas en que se efectuaron las elecciones. En primer lugar porque una abrumadora votación, como la registrada, resulta mucho más difícil de manipular que un resultado más cerrado cuando se trata de presentar resultados que no concuerdan con la realidad. Pero también, y decisivamente, porque según todas las informaciones disponibles las fuerzas armadas manifestaron no estar dispuestas a convalidar un desconocimiento de los resultados, porque en el seno de los mandos medios –y tal vez en la misma dirigencia- del PSUV, crece el descontento con la situación reinante y debido a que, en los últimos meses, la opinión internacional ha ido variando hacia un apoyo cada vez menor al régimen chavista. Las elecciones de Guatemala y, sobre todo, de Argentina, pueden haber tenido bastante incidencia en este sentido, lo mismo que la captura de dos parientes de Maduro en Haití, acusados de flagrante narcotráfico, que ahora enfrentan juicio por ese motivo en los Estados Unidos.

En todo caso la victoria de la oposición venezolana es solo parcial porque, aunque ahora controlará el poder legislativo con el respaldo de un enorme soporte popular, su capacidad de acción estará limitada por la reacción que el oficialismo tenga ante sus iniciativas. Ya el presidente ha manifestado que vetará cualquier ley de amnistía que favorezca a los presos políticos y que se aferrará al poder, ante lo que cínicamente llama “un golpe electoral”. Con ese fin el gobierno, a través del poder judicial que controla completamente, piensa recusar la elección de 22 diputados de la MUD para que así no puedan asumir sus mandatos.

La MUD tiene ante sí una difícil tarea: debe rechazar con firmeza todo intento de anular o minimizar el poder que ha adquirido, debe mantenerse unida y tiene que mostrar al país y al mundo que, por otra parte, actúa con sensatez y prudencia, que es capaz de asumir el gobierno en un futuro próximo. Es un difícil camino, lleno de obstáculos, pero en todo caso cuenta con el respaldo de una gran mayoría de votantes y con la catastrófica situación a la que el PSUV ha conducido a Venezuela.

La crisis de Brasil

El gigante del sur, una de las 10 economías más grandes del mundo, afronta hoy problemas políticos y económicos de no poca magnitud. Brasil ha sido gobernado desde 2003 por el Partido Trabalhista (PT), primero durante ocho años por Lula (Luis Inácio da Silva) y luego por la actual presidente, Dilma Rousseff, quien asumió su actual mandato en enero de 2015. El PT es un partido de izquierda, de origen sindical, que desarrolló una política de corte populista, con amplios subsidios de todo tipo y enormes gastos públicos. En el plano internacional respaldó en toda ocasión a Chávez y sus asociados del Socialismo del siglo XXI.

Ya desde 2014 la población comenzó a inquietarse por los casos de corrupción que iban saliendo a la luz, involucrando miles de millones de dólares en sobornos, desvío de fondos y otros manejos ilegales, que se centraban especialmente en Petrobras, la empresa pública que posee el monopolio del petróleo en Brasil. Desde esa misma fecha, también, comenzaron a experimentarse serias dificultades económicas, originadas en parte por el descenso internacional en los precios de las materias primas. Los ingresos públicos disminuyeron, pero los gastos siguieron en aumento: el déficit fiscal se hizo inmanejable, se produjo una fuerte devaluación y la inflación repuntó con fuerza en el año que transcurre. Los datos para 2015 son visiblemente negativos: se calcula que el producto interno retrocederá en un 3,6%, con una inflación del 9% anual y un déficit fiscal que las medidas tomadas por el gobierno no alcanzan a reducir. El descenso de las exportaciones ha sido significativo y la inversión extranjera directa descendió, durante el primer semestre, en un 36%.

Al descontento por esta grave situación económica se sumó al repudio por la corrupción del partido de gobierno, que afecta al expresidente Lula y también a la actual mandataria. Enormes manifestaciones contra ellos se han registrado en abril, agosto y diciembre de este año, con una población que pide la renuncia de Dilma Rousseff y se opone a las medidas de austeridad que, en todo caso, es imprescindible tomar. La popularidad de la presidente está, hoy, alrededor del 10% y una enorme mayoría de la población quiere que sea sometida a un juicio político, para destituirla legalmente. El juicio ya se ha propuesto en la Cámara de Diputados aunque, al momento de escribir estas líneas, se ha entablado una compleja batalla legal en la que la presidente lucha con denuedo por permanecer en su cargo.

No es fácil prever lo que sucederá al respecto en los próximos meses, aunque las políticas de izquierda en Brasil parecen haber concluido su ciclo. De este modo se reforzaría notablemente la tendencia general hacia el abandono del modelo populista que hemos señalado al comienzo de este número de Tendencias.

Otras noticias de interés

La cuarta elección a la que nos referíamos al comienzo de este número es la que se desarrolló en Colombia, también el 25 de octubre, como en los casos de Guatemala y Argentina. Por tratarse de comicios municipales sus resultados no alteraron el panorama político nacional de modo decisivo, aunque también en este caso la izquierda retrocedió en las preferencias de la ciudadanía. El caso más notable fue el de Bogotá, la capital del país, en la que se impuso Enrique Peñalosa, de derecha, con el 33% de los votos, en tanto que la izquierda –después de haber gobernado durante 15 años dicha ciudad- quedó apenas en un tercer lugar. En general puede decirse que en el país ganaron o aumentaron su caudal de votos las agrupaciones y los candidatos centristas.

La atención del país sigue enfocada en las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC que se desarrollan en La Habana desde hace más de dos años. Existe un virtual alto al fuego en estos momentos, con casi nulas acciones militares, y los negociadores ven el futuro con optimismo, calculando que se podría firmar el acuerdo definitivo hacia el 23 de marzo de 2016. La ciudadanía, sin embargo, muestra bastante inquietud. No solo porque se piensa que el castigo para los responsables de la narcoguerrilla será, a lo sumo, más virtual que real, sino porque muchos consideran que se está cediendo casi sin reservas a las posiciones de las FARC. Ya se habla de amplias reparaciones a las víctimas y de castigos solo para quienes han cometido delitos atroces. Desde nuestro punto de vista vemos con alarma la forma en que esas reparaciones podrían ampliarse hasta magnitudes inmanejables y, teniendo en cuenta la experiencia de Guatemala, cómo ese castigo a los crímenes atroces terminaría siendo una excusa para poner en la cárcel solo a quienes han combatido a la subversión, pero dejando impunes los crímenes cometidos por los guerrilleros.

México prosigue sin pausa su guerra contra las drogas, una guerra imposible de ganar que ha enlutado a cientos de miles de hogares y promete continuar y extenderse en el futuro próximo. El Chapo Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, se escapó de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba recluido, de seguro con la complicidad de muchas de las personas que tenían a cargo la seguridad del penal. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, continúa sin esclarecerse, motivando la indignación y las críticas de buena parte de la población a todas las estructuras del estado, a las que se considera corruptas y compradas por el narcotráfico. Una sombra se cierne sobre el futuro político del país: el renacimiento de las posibilidades de éxito de Manuel López Obrador, un populista de izquierda del mejor estilo chavista, ante el descrédito de los principales partidos de la nación azteca. Falta mucho, sin embargo, para que pueda trazarse un pronóstico más preciso al respecto.

Cuba y los Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas al comienzo de este semestre, sin que este paso en la normalización afecte positivamente, hasta ahora, a los cubanos. La economía de la isla sigue aprisionada en los controles socialistas que solo se han aflojado muy levemente en estos meses. Nuestra conclusión es que el acuerdo diplomático favorece a la dinastía de los Castro, porque de algún modo los legitima en el poder; solo el levantamiento del embargo, con plena libertad de comercio, podría significar cierto mejoramiento en la calidad de vida del cubano común. Así lo expresan en la práctica los miles de cubanos que salen del país buscando llegar a los Estados Unidos, donde todavía las leyes vigentes que otorgan residencia automática a quienes emigran de la isla se derogarán muy probablemente en un futuro próximo.

Un conflicto sin precedentes se ha desatado ahora porque los cubanos que intentan llegar por tierra a ese país –viajando desde Cuba al Ecuador, y de allí hacia el norte- han sido impedidos de transitar por Nicaragua, debiendo permanecer en Costa Rica. Son miles los que por ahora se encuentran en esa situación generando una crisis artificial que ha provocado el presidente Daniel Ortega.

En Ecuador se ha aprobado ya la posibilidad de reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Según el texto legal dicha disposición no incluye la posibilidad de que el presidente Correa se presente a los comicios de 2017 aunque, conociendo sus actitudes y sus ambiciones, no nos sorprendería que una nueva modificación constitucional le permita hacerlo.

Algo similar ocurre en Bolivia, donde un referéndum a realizarse en febrero de 2016 decidirá si Evo Morales puede seguir indefinidamente en el cargo. Como se ve, los países que han acogido el socialismo del siglo XXI –entre los que hay que incluir también a Nicaragua- avanzan con decisión hacia el más completo absolutismo, renegando de esa “democracia participativa” de la que tanto alardearon y que con tanta facilidad se ha convertido en una puerta abierta hacia una nueva clase de tiranía.

Perú se encamina hacia las elecciones generales del 10 de abril próximo, en un clima de intensos movimientos políticos pero con una estabilidad institucional que contrasta con los casos que acabamos de mencionar. Candidatos a la presidencia son, por ahora, Keiko Fujimori, de derecha, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que encabeza las encuestas con un 33-35% de las preferencias. La siguen Pedro Pablo Kuczynski, también de derecha, que recibe entre un 14 y un 15% de las intenciones de voto, y el empresario de la educación César Acuña, con 12-13%. Más atrás aparecen los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, así como otros candidatos, que reciben menos del 10% de las intenciones de voto. Acuña puede convertirse en la sorpresa de estos comicios, pues viene surgiendo rápidamente entre el nutrido grupo de aspirantes: se trata de una persona de humildes orígenes, procedente del departamento de La Libertad, del cual ha sido gobernador. Fundó el partido Alianza para el Progreso, multado por excederse en los gastos de campaña en 2011 y por comprar votos. Actualmente se encuentra enfrentando procesos judiciales por estos mismos motivos. Su orientación ideológica no es clara, aunque su estilo se inclina marcadamente hacia el populismo.