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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Chávez y Correa contra la CIDH, con el argumento de las dictaduras militares
Hugo Chávez y Rafael Correa encabezan un frontal asalto deslegitimador contra la CIDH alérgicos a una agencia realmente independiente de ellos y sus arbitrariedades. Ni la dictadura militar argentina llegó a cerrarles el paso a los juristas interamericanos, y en 1979 debió, bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos, aceptar la visita de una misión de la CIDH.Por Pablo Díaz de Brito
Durante los años 70, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era mala palabra para las dictaduras militares que dominaban en América latina y la atacaban de todas las maneras concebibles. Ahora es el turno de Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes encabezan un frontal asalto deslegitimador contra la CIDH alérgicos a una agencia realmente independiente de ellos y sus arbitrariedades.
Chávez llega incluso a negarle el ingreso a los hombres de la Comisión, y lo hace con un gesto ampuloso, ostentando su "soberanía" de la OEA, ese invento imperialista. Negarle el ingreso a una misión de la CIDH causaría la inmediata condena generalizada en cualquier gobierno seriamente democrático. Pero los aliados de Chávez, como las presidentas de Brasil y Argentina, le dejan pasar semejante gesto autoritario. Años atrás, la CIDH certificó en el Brasil de Lula el deplorable estado de las cárceles y de sus presos, y redactó informes lapidarios sobre ese cuadro. A Lula no le gustó, pero tuvo que tragarse el amargo diagnóstico. Porque es un demócrata y no se concibe que le niegue el ingreso a una misión de la CIDH u hostigue a sus enviados. Si bien ahora Brasil, con Dilma al timón, mantiene una tensa relación con la CIDH por una represa que se construye en la Amazonia, el diferendo no gira en torno a los valores de fondo que encarna la CIDH, como sí ocurre en los casos de Venezuela y Ecuador. Y en todo caso ni se plantea la alternativa de negarle el ingreso a los enviados de la Comisión, como hace Chávez desde hace años o cubrirla de insultos, como hacen tanto el venezolano como su aprendiz ecuatoriano. Similar diferenciación cabe en el caso del Perú: no le gusta, pero acata y respeta a la CIDH.
De hecho, ni la dictadura militar argentina llegó a cerrarles el paso a los juristas interamericanos, y en 1979 debió, bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos, aceptar la visita de una misión de la CIDH. La dictadura hostigó a los visitantes de todas las maneras posibles, y echó a rodar aquel infame slogan, "Los argentinos somos derechos y humanos".
El ecuatoriano Correa, en tanto, ataca a la CIDH por el caso del diario El Comercio y la acusa de "meterse en asuntos internos". O sea, por defender la libertad de expresión. Correa tiene en la mira a la Relatoría para Libertad de Expresión de la CIDH por este caso. El de los "asuntos internos" es el mismo manido argumento de las dictaduras militares en los 70, y el mismo que usa hoy China, por ejemplo, cuando se denuncia la falta total de libertades existente en ese país. Por todo esto, los ataques de los presidentes bolivarianos a la CIDH deben diferenciarse de las quejas o incluso de las maniobras de democracias plenas, como Brasil y Perú, aunque estas busquen recortarle las alas a la CIDH y merezcan por eso un fuerte reproche y se deba estar alertas ante sus avances. En ese sentido, fue bienvenido, al menos entre los demócratas, el gesto del Departamento de Estado de aumentar sus aportes económicos a la CIDH.
Pablo Díaz de BritoPeriodista.
Durante los años 70, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era mala palabra para las dictaduras militares que dominaban en América latina y la atacaban de todas las maneras concebibles. Ahora es el turno de Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes encabezan un frontal asalto deslegitimador contra la CIDH alérgicos a una agencia realmente independiente de ellos y sus arbitrariedades.
Chávez llega incluso a negarle el ingreso a los hombres de la Comisión, y lo hace con un gesto ampuloso, ostentando su "soberanía" de la OEA, ese invento imperialista. Negarle el ingreso a una misión de la CIDH causaría la inmediata condena generalizada en cualquier gobierno seriamente democrático. Pero los aliados de Chávez, como las presidentas de Brasil y Argentina, le dejan pasar semejante gesto autoritario. Años atrás, la CIDH certificó en el Brasil de Lula el deplorable estado de las cárceles y de sus presos, y redactó informes lapidarios sobre ese cuadro. A Lula no le gustó, pero tuvo que tragarse el amargo diagnóstico. Porque es un demócrata y no se concibe que le niegue el ingreso a una misión de la CIDH u hostigue a sus enviados. Si bien ahora Brasil, con Dilma al timón, mantiene una tensa relación con la CIDH por una represa que se construye en la Amazonia, el diferendo no gira en torno a los valores de fondo que encarna la CIDH, como sí ocurre en los casos de Venezuela y Ecuador. Y en todo caso ni se plantea la alternativa de negarle el ingreso a los enviados de la Comisión, como hace Chávez desde hace años o cubrirla de insultos, como hacen tanto el venezolano como su aprendiz ecuatoriano. Similar diferenciación cabe en el caso del Perú: no le gusta, pero acata y respeta a la CIDH.
De hecho, ni la dictadura militar argentina llegó a cerrarles el paso a los juristas interamericanos, y en 1979 debió, bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos, aceptar la visita de una misión de la CIDH. La dictadura hostigó a los visitantes de todas las maneras posibles, y echó a rodar aquel infame slogan, "Los argentinos somos derechos y humanos".
El ecuatoriano Correa, en tanto, ataca a la CIDH por el caso del diario El Comercio y la acusa de "meterse en asuntos internos". O sea, por defender la libertad de expresión. Correa tiene en la mira a la Relatoría para Libertad de Expresión de la CIDH por este caso. El de los "asuntos internos" es el mismo manido argumento de las dictaduras militares en los 70, y el mismo que usa hoy China, por ejemplo, cuando se denuncia la falta total de libertades existente en ese país. Por todo esto, los ataques de los presidentes bolivarianos a la CIDH deben diferenciarse de las quejas o incluso de las maniobras de democracias plenas, como Brasil y Perú, aunque estas busquen recortarle las alas a la CIDH y merezcan por eso un fuerte reproche y se deba estar alertas ante sus avances. En ese sentido, fue bienvenido, al menos entre los demócratas, el gesto del Departamento de Estado de aumentar sus aportes económicos a la CIDH.