El gobierno que declama por mayor calidad institucional está subvirtiendo el espíritu del proceso de formación de las leyes mediante un trámite rápido en el Congreso que impida la reacción de los sectores afectados y la respectiva presión de éstos sobre los legisladores.

Por Gabriel C. Salvia

La rápida decisión del Congreso de aprobar la estatización de las AFJP implicó, nada más ni nada menos, que tomar posesión de más de 90.000 millones de pesos. Asimismo, la veloz aprobación del blanqueo de capitales permitirá el ingreso de fondos al país sin hacer una verificación del origen de los mismos. Se trata de dos de las decisiones más importantes que ha tomado el Gobierno, tramitadas en plazos brevísimos en el Poder Legislativo, con una gran cantidad y diversidad de afectados.

A las mencionadas iniciativas de ley pueden sumarse otras más, sancionadas luego de un similar proceso legislativo, donde el Congreso no delibera con la seriedad que requiere la forma republicana de gobierno y simplemente ratifica su aprobación con el apoyo de una disciplinada mayoría oficialista para darle fuerza de ley. Este proceso legislativo en la Argentina, que erosiona claramente la calidad institucional del país, llevó a que se denomine al Congreso como “La Escribanía”, donde en algunos casos hasta se anunciaba desde el Poder Ejecutivo la fecha en la cual empezaría a regir una ley que todavía no había sido discutida en el Poder Legislativo.

Y si bien es desde el gobierno de Néstor Kirchner donde el Poder Legislativo viene funcionando como “La Escribanía”, quizás el retorno a esta práctica anti-republicana sea una respuesta política a la eficacia de las presiones de las entidades agropecuarias oponiéndose a la resolución 125, las cuales lograron que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviara un proyecto al Congreso para que la misma fuera ratificada por ley y que finalmente resultó rechazado.

Así, el gobierno que iba a aportar mayor calidad institucional al país, está subvirtiendo el espíritu del proceso de formación de las leyes mediante un trámite rápido que impida la reacción de los sectores afectados y la respectiva presión de éstos sobre los legisladores.

Hasta ahora, el ejemplo más claro de lo anterior fue la eliminación de la jubilación privada, cuya creación en 1994 llevó trece meses de debate legislativo y su derogación apenas un mes. Ese trámite fue deliberadamente rápido para impedir un debate serio del tema, que podría implicar modificaciones al texto original, y en especial la posibilidad de que las miles de personas afectadas se organizarán para defender sus derechos.

Al respecto, frente a estas sospechosas prácticas de celeridad legislativa, vale la pena recordar las lecciones que sobre el tratamiento parlamentario de las leyes ofrecía el economista Luigi Einaudi, un opositor al fascismo italiano y Presidente de la Italia de la posguerra entre 1948 y 1955. Obviamente, a diferencia de los Kirchner, el artífice del “milagro italiano” fue un estadista e interpretaba con real convicción la importancia de la calidad institucional.

En 1922, Einaudi reflexionaba lo siguiente: “El Congreso vale sólo porque es el eco de la gente que no se sabe quién es, que no cuenta para nada, pero que hace llegar su voz admonitoria durante el breve o largo intervalo que transcurre entre el momento en que un proyecto de ley es depositado sobre la mesa del presidente de la cámara de diputados o senadores y el momento que llega a ser ley. La verdadera garantía de la vida, de la libertad y de los bienes de los ciudadanos en ese intervalo de publicidad. Esta es la principal virtud de los parlamentos y no debemos destruirla…No por amor al congreso sino en salvaguarda de la gente común, trabajadora, de los productores que crean la riqueza del país, de quienes no intrigan pero quieren sólo que se les deje vivir, es necesario que se garantice un lapso de discusión pública”.

Ese período de publicidad, al que hace referencia Einaudi, debe darse principalmente en la discusión de los proyectos de ley en comisiones, donde además de los puntos de vista de cada uno de los legisladores, apoyados por sus respectivos asesores en la materia, se incluyen los de los sectores y organismos involucrados e individuos y entidades que pueden aportan sus valiosos conocimientos sobre el tema, más las opiniones, debates e informaciones ofrecidas en los medios de comunicación.

Con mucha lógica, un proyecto de ley cuya sanción tendrá profundas implicancias económicas, requiere de un largo debate, donde previo al dictamen de la comisión debe producirse un análisis profundo y un debate riguroso. Y antes de ser tratado en el recinto, el proyecto debe tener un plazo que permita tanto las observaciones por parte de los legisladores que no integran la comisión como de la opinión pública. El mismo proceso debe luego realizarse en la otra cámara, por lo cual una iniciativa trascendente requiere de por lo menos un tratamiento legislativo de seis meses.

Ya en 1950, Einaudi profundizaba sobre los aspectos republicanos que hacen a la calidad institucional legislativa, al señalar que “La existencia en muchísimos países de dos cámaras, la discusión en esos países mediante tres tratamientos, en algunos mediante comisiones, el rigor de los reglamentos destinados a garantizar la libre expresión de todas las opiniones y a tutelar a las minorías contra las mayorías, son instrumentos inadvertidos que tuvieron que introducirse para regular el flujo de las leyes nuevas, haciendo difícil su aprobación rápida y sometiéndolas a un tamizado más o menos riguroso. Este tamizado puede ocurrir accidentalmente, pero responde a la necesidad de impedir la subversión demasiada rápida de las normas que regulan un país”.

En palabras de Luigi Einaudi, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner estaría entonces sufriendo esa subversión legislativa y de esa manera socavando la calidad institucional del país. 

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.