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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
14-07-2003LA PARADOJA DEL PROGRESISMO REGRESIVO: LA DEFENSA DE PRIVILEGIOS POR PARTE DE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
No es infrecuente en América Latina la paradoja del ''Progresismo Regresivo'', esto es, la existencia de sectores retóricamente progresistas que defienden políticas inequitativas y situaciones de privilegio. Algunas de las principales iniciativas tanto de Lula como de Kirchner están experimentando en carne propia los rigores de este fenómeno, amenazadas por los sindicatos de empleados públicos.
Por Carlos Gervasoni
Jueves 10 de julio de 2003.
No es infrecuente en América Latina la paradoja del "Progresismo Regresivo", esto es, la existencia de sectores retóricamente progresistas que defienden políticas inequitativas y situaciones de privilegio. ¿Ejemplos?: las agrupaciones estudiantiles de izquierda que defienden el subsidio estatal (vía gratuidad) a la educación superior de los jóvenes de clase media y alta, o los partidos "populares" que impulsan políticas proteccionistas y/o devaluacionistas que encarecen los bienes que consumen los pobres. En las palabras progresistas, en los hechos conservadores.
La llegada al poder en Brasil y Argentina de dos administraciones "progresistas" no ha hecho más que agudizar la paradoja: tanto Lula como Kirchner están experimentando en carne propia los rigores del "Progresismo Regresivo". Ocurre que algunas de las principales iniciativas de sus gobiernos apuntaron a desarticular instituciones estatales que fomentan la distribución injusta del ingreso. Lula quiere terminar con los flagrantes privilegios previsionales de los empleados del sector público. Kirchner busca desarticular la amplia red de nombramientos clientelísticos y contratos corruptos en el PAMI (la agencia a cargo de brindar servicios médicos a los jubilados), los cuales favorecen a políticos, sindicalistas y prestadores médicos, pero perjudican a millones de ancianos, la mayoría de ellos de muy bajos ingresos. La principal amenaza a estas reformas en ambos países proviene de los sindicatos de empleados públicos.
Paradoja de paradojas entonces: administraciones progresistas que intentan aplicar políticas progresivas y que encuentran como principal resistencia a sindicatos supuestamente progresistas (paradoja aún más paradójica en el caso de Lula, él mismo un sindicalista y ex defensor de los privilegios que ahora pretende eliminar).
La situación en Brasil es prototípica. Los empleados del gobierno federal, desde los administrativos hasta los jueces, gozan de generosísimos beneficios previsionales: pueden retirarse entre los 48 y los 53 años, según sean mujeres u hombres respectivamente, y lo hacen generalmente con una jubilación igual al su último sueldo (que, a su vez, es muy superior al salario promedio), pero sin la deducción previsional (en otras palabras, ganan más como jubilados que como trabajadores). Esto genera un gigantesco déficit previsional (pagado por el resto de los brasileños, incluyendo los pobres) y constituye un mecanismo estatal de promoción de la inequidad, en un país que está entre los más desiguales del mundo. Los "progresistas" trabajadores federales brasileños se oponen furiosamente a cualquier reforma. El 11 de junio organizaron una másiva protesta en Brasilia, acompañada por no pocos legisladores del también "progresista" partido de Lula. Como la CUT, la mayor central sindical brasileña, ligada al PT, no apoyó los reclamos de los empleados públicos, estos se escindieron y formaron su propia central, la CUP, que reúne a 150 sindicatos de funcionarios públicos(1).
Lo más probable es que Lula pueda hacer algunos avances en la reforma previsional, pero fuertemente limitados por la necesidad de desactivar la oposición de sindicalistas y dirigentes políticos progresistas, empeñados en que los pobres brasileños sigan subsidiando a los prósperos jueces, militares, legisladores y burócratas retirados.
El Estado argentino está también plagado de mecanismos de redistribución regresiva de la riqueza. Por ejemplo, los muy bien pagos jueces están exentos del impuesto a las ganancias, y varias categorías de empleados públicos se jubilan en condiciones mucho más favorables que el resto de los ciudadanos. Además, hay miles de empleados públicos nacionales y provinciales que trabajan poco o nada pero que reciben elevadas remuneraciones. Generalmente se trata de militantes, amigos y familiares de dirigentes políticos y sindicales. El mencionado PAMI es un caso muy claro de este tipo de "regresivismo" estatal: tiene unos 12.000 empleados que ganan en promedio tres veces el salario promedio de la economía. Es decir, tiene muchos más empleados de los que necesita, a los cuales se les paga mucho más que al resto de los trabajadores; para empeorar el cuadro de situación, acaba de reconocerse que el 10% de ellos son delegados sindicales. Cualquier dirigente político reconoce en privado que el PAMI ha sido usado por todas las administraciones de los últimos años como una de las principales fuentes de recompensa de amigos y aliados políticos. Los contribuyentes y los ancianos argentinos, entonces, pagan con sus impuestos y su salud, la holgazanería y el privilegio de miles de amigos del poder.
Las razones de Kirchner y la actitud de los sindicatos son menos claras que en el caso brasileño. El presidente argentino puede haber apuntado al PAMI por razones de equidad y bienestar social, pero también es verosímil que lo haya hecho para debilitar a un gran enemigo, el poderoso y siempre sospechado sindicalista Luis Barrionuevo, que es una de las principales influencias políticas en el PAMI. Es interesante que, luego de difundir cifras como las de más arriba, tendientes a demostrar la hipertrofia y despilfarro que caracterizan a la institución, el gobierno dijo a principios de julio que no habrá despidos y que el principal problema no es la cantidad de empleados. Se impone la siguiente interpretación: los sindicatos negociaron con Kirchner, intercambiando apoyo político (tanto la central sindical oficial como la disidente se lo han dado) por continuidad de los nombramientos en el PAMI. Es decir, que si Kirchner avanza en algo, será en la (muy necesaria) revisión de contratos sospechados de corrupción, pero no en la (no menos necesaria) creación de una auténtica burocracia profesional, que implicaría la eliminación de miles de cargos redundantes y la readecuación de los salarios a las realidades del mercado, del presupuesto estatal y de las capacidades de cada empleado.
Lección 1: seamos más conscientes y creemos más conciencia sobre la enorme influencia y extensión en nuestros países del "Progresismo Regresivo". Tengamos siempre presente que a menudo grupos retóricamente "progresistas", que incluyen a sindicatos, partidos, intelectuales, estudiantes, etc., constituyen objetivamente fuerzas conservadores que apuntalan situaciones de privilegio e inequidad.
Lección 2: recordemos y defendamos a los "Grupos Olvidados" de los que hablaba Mancur Olson. Mientras quienes han conseguido organizarse, como los sindicatos, tienen la capacidad de lobby para promover sus intereses, aquellos que por un motivo u otro no están organizados, como los pobres, los informales y los desempleados, pagan las prebendas que logran los primeros.
Lección 3: contribuyamos, desde nuestro lugar como profesores, periodistas, dirigentes, funcionarios, intelectuales o votantes, al desenmascaramiento de los "Progresistas Regresivos" y de los mecanismos estatales de promoción de la inequidad y el privilegio.
(1) David Fleischer: "Brazil Focus-Weekly Report 21-27 June 2003". Informe de distribución electrónica
Carlos Gervasoni es Politólogo. Presidente de CADAL. Profesor en la Universidad Católica Argentina, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad del CEMA.
Carlos GervasoniConsejero AcadémicoProfesor-Investigador en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y Gerente Regional del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, Party Politics, Política y Gobierno, y World Politics. Es autor del libro Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States (Cambridge University Press, 2018). Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.
Jueves 10 de julio de 2003.
No es infrecuente en América Latina la paradoja del "Progresismo Regresivo", esto es, la existencia de sectores retóricamente progresistas que defienden políticas inequitativas y situaciones de privilegio. ¿Ejemplos?: las agrupaciones estudiantiles de izquierda que defienden el subsidio estatal (vía gratuidad) a la educación superior de los jóvenes de clase media y alta, o los partidos "populares" que impulsan políticas proteccionistas y/o devaluacionistas que encarecen los bienes que consumen los pobres. En las palabras progresistas, en los hechos conservadores.
La llegada al poder en Brasil y Argentina de dos administraciones "progresistas" no ha hecho más que agudizar la paradoja: tanto Lula como Kirchner están experimentando en carne propia los rigores del "Progresismo Regresivo". Ocurre que algunas de las principales iniciativas de sus gobiernos apuntaron a desarticular instituciones estatales que fomentan la distribución injusta del ingreso. Lula quiere terminar con los flagrantes privilegios previsionales de los empleados del sector público. Kirchner busca desarticular la amplia red de nombramientos clientelísticos y contratos corruptos en el PAMI (la agencia a cargo de brindar servicios médicos a los jubilados), los cuales favorecen a políticos, sindicalistas y prestadores médicos, pero perjudican a millones de ancianos, la mayoría de ellos de muy bajos ingresos. La principal amenaza a estas reformas en ambos países proviene de los sindicatos de empleados públicos.
Paradoja de paradojas entonces: administraciones progresistas que intentan aplicar políticas progresivas y que encuentran como principal resistencia a sindicatos supuestamente progresistas (paradoja aún más paradójica en el caso de Lula, él mismo un sindicalista y ex defensor de los privilegios que ahora pretende eliminar).
La situación en Brasil es prototípica. Los empleados del gobierno federal, desde los administrativos hasta los jueces, gozan de generosísimos beneficios previsionales: pueden retirarse entre los 48 y los 53 años, según sean mujeres u hombres respectivamente, y lo hacen generalmente con una jubilación igual al su último sueldo (que, a su vez, es muy superior al salario promedio), pero sin la deducción previsional (en otras palabras, ganan más como jubilados que como trabajadores). Esto genera un gigantesco déficit previsional (pagado por el resto de los brasileños, incluyendo los pobres) y constituye un mecanismo estatal de promoción de la inequidad, en un país que está entre los más desiguales del mundo. Los "progresistas" trabajadores federales brasileños se oponen furiosamente a cualquier reforma. El 11 de junio organizaron una másiva protesta en Brasilia, acompañada por no pocos legisladores del también "progresista" partido de Lula. Como la CUT, la mayor central sindical brasileña, ligada al PT, no apoyó los reclamos de los empleados públicos, estos se escindieron y formaron su propia central, la CUP, que reúne a 150 sindicatos de funcionarios públicos(1).
Lo más probable es que Lula pueda hacer algunos avances en la reforma previsional, pero fuertemente limitados por la necesidad de desactivar la oposición de sindicalistas y dirigentes políticos progresistas, empeñados en que los pobres brasileños sigan subsidiando a los prósperos jueces, militares, legisladores y burócratas retirados.
El Estado argentino está también plagado de mecanismos de redistribución regresiva de la riqueza. Por ejemplo, los muy bien pagos jueces están exentos del impuesto a las ganancias, y varias categorías de empleados públicos se jubilan en condiciones mucho más favorables que el resto de los ciudadanos. Además, hay miles de empleados públicos nacionales y provinciales que trabajan poco o nada pero que reciben elevadas remuneraciones. Generalmente se trata de militantes, amigos y familiares de dirigentes políticos y sindicales. El mencionado PAMI es un caso muy claro de este tipo de "regresivismo" estatal: tiene unos 12.000 empleados que ganan en promedio tres veces el salario promedio de la economía. Es decir, tiene muchos más empleados de los que necesita, a los cuales se les paga mucho más que al resto de los trabajadores; para empeorar el cuadro de situación, acaba de reconocerse que el 10% de ellos son delegados sindicales. Cualquier dirigente político reconoce en privado que el PAMI ha sido usado por todas las administraciones de los últimos años como una de las principales fuentes de recompensa de amigos y aliados políticos. Los contribuyentes y los ancianos argentinos, entonces, pagan con sus impuestos y su salud, la holgazanería y el privilegio de miles de amigos del poder.
Las razones de Kirchner y la actitud de los sindicatos son menos claras que en el caso brasileño. El presidente argentino puede haber apuntado al PAMI por razones de equidad y bienestar social, pero también es verosímil que lo haya hecho para debilitar a un gran enemigo, el poderoso y siempre sospechado sindicalista Luis Barrionuevo, que es una de las principales influencias políticas en el PAMI. Es interesante que, luego de difundir cifras como las de más arriba, tendientes a demostrar la hipertrofia y despilfarro que caracterizan a la institución, el gobierno dijo a principios de julio que no habrá despidos y que el principal problema no es la cantidad de empleados. Se impone la siguiente interpretación: los sindicatos negociaron con Kirchner, intercambiando apoyo político (tanto la central sindical oficial como la disidente se lo han dado) por continuidad de los nombramientos en el PAMI. Es decir, que si Kirchner avanza en algo, será en la (muy necesaria) revisión de contratos sospechados de corrupción, pero no en la (no menos necesaria) creación de una auténtica burocracia profesional, que implicaría la eliminación de miles de cargos redundantes y la readecuación de los salarios a las realidades del mercado, del presupuesto estatal y de las capacidades de cada empleado.
Lección 1: seamos más conscientes y creemos más conciencia sobre la enorme influencia y extensión en nuestros países del "Progresismo Regresivo". Tengamos siempre presente que a menudo grupos retóricamente "progresistas", que incluyen a sindicatos, partidos, intelectuales, estudiantes, etc., constituyen objetivamente fuerzas conservadores que apuntalan situaciones de privilegio e inequidad.
Lección 2: recordemos y defendamos a los "Grupos Olvidados" de los que hablaba Mancur Olson. Mientras quienes han conseguido organizarse, como los sindicatos, tienen la capacidad de lobby para promover sus intereses, aquellos que por un motivo u otro no están organizados, como los pobres, los informales y los desempleados, pagan las prebendas que logran los primeros.
Lección 3: contribuyamos, desde nuestro lugar como profesores, periodistas, dirigentes, funcionarios, intelectuales o votantes, al desenmascaramiento de los "Progresistas Regresivos" y de los mecanismos estatales de promoción de la inequidad y el privilegio.
(1) David Fleischer: "Brazil Focus-Weekly Report 21-27 June 2003". Informe de distribución electrónica
Carlos Gervasoni es Politólogo. Presidente de CADAL. Profesor en la Universidad Católica Argentina, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad del CEMA.
