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Instituto Václav Havel
19-05-2026A 50 años del secuestro y asesinato de Zelmar Michelini
Michelini y Gutiérrez Ruíz, torturados y ejecutados previsiblemente en el centro de detención Bacacay, según reconstrucción de los hechos dada a conocer en 2022 por el juez federal argentino Daniel Rafecas, se convirtieron en un símbolo de la saña del Terrorismo de Estado que se descargó sobre los países del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
Por Hugo Machín Fajardo
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez RuizZelmar Michelini (1924-1976) fue un dirigente de las Juventudes Batllistas de Uruguay, del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en la década del 50 del siglo pasado. Paralelamente se desempeñó como dirigente del gremio bancario y secretario del presidente Luis Batlle.
En 1954 y 1958 fue electo diputado y se desempeñaba como redactor político del periodo Acción de línea batllista. En 1962 se apartó de la Lista 15 de Batlle, y funda la Lista 99 junto a Renán Rodríguez (1912-1999) creando el Movimiento Por el Gobierno del Pueblo. Ambos políticos se distanciarían luego que Michelini apoyara la reforma presidencialista de 1966 y aspirara a ser el vicepresidente de Oscar Gestido. Reelecto diputado hasta 1967, es electo senador y nombrado ministro de Industria y Comercio por el presidente Gestido. Renunció al poco tiempo.
Fue muy crítico del gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1971) y en 1970 forma el «Frente del Pueblo», junto al Partido Demócrata Cristiano, para cofundar el Frente Amplio (FA), de izquierda, junto a comunistas, socialistas y grupos de izquierda radical.
Fundó el semanario Hechos además de haber escrito en El Diario, La Mañana, Marcha y Respuesta. Después de 1973 en Noticias y La Opinión periódicos de Buenos Aires.
En 1972, siendo senador del FA, sufrió atentados en su domicilio y en su vehículo particular. Cuando se da el golpe de Estado en Uruguay, el 27 de junio de 1973, Michelini se encontraba en Buenos Aires junto al senador del FA, Enrique Erro, a quien los militares uruguayos querían detener por sus vínculos con la guerrilla tupamara. Permanece en la capital argentina donde desarrolla una activa campaña política de denuncia de la dictadura uruguaya al tiempo que su lugar de residencia — Hotel Liberty en calle Corrientes casi Florida, en el centro de la capital porteña— se transforma en un centro de reuniones y contactos de los exiliados uruguayos.
Dos hijas de Michelini pertenecían a la guerrilla uruguaya. Elisa, tupamara, permanecía detenida desde 1972 en el centro de reclusión para mujeres de Punta de Rieles, en Montevideo. Ante cada denuncia de violaciones a los derechos humanos en Uruguay hecha por Michelini, redoblaban las torturas sobre ella.
Margarita, otra de sus hijas –tuvo diez hijos con Elisa Delle Piane— fue integrante de una organización heredera de la anarquista Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33) —con actividad guerrillera en Uruguay a fines de los 60 y principios de los 70— luego reconvertida en Buenos Aires, entre 1974 y 1975, en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que realizó secuestros y protagonizó asaltos a bancos en la capital porteña.
Según declaraciones realizadas a principios de siglo al semanario montevideano Búsqueda por el ex dirigente del PVP y del FA, Hugo Cores (1937-2006) por la vía de secuestros y asaltos, recaudaron aproximadamente «2 millones de dólares» de la época (1974-1976), equivalentes a unos 20 millones de dólares del momento en que se publicó la entrevista.
Esos casi tres años vividos por Zelmar —como centenares de uruguayos escapados de la dictadura instaurada en Uruguay— en el exilio argentino, fueron tiempos de abierta y cruel confrontación entre la «soberbia armada» encabezada por los Montoneros y el ERP—guerrilla argentina— y fuerza pública sumado a la derecha peronista, cuya expresión más feroz fue la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, encabezada por el secretario de Perón, José López Rega.
La violencia que entonces ensangrentó a la Argentina era una lucha entre dos organizaciones militares— fuerzas armadas y guerrillas— que asimilaron la actividad política a las leyes de la guerra. En ese contexto, uruguayos exiliados integrantes del MLN-Tupamaros; chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) huidos de Pinochet; miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano, habían formalizado en 1974 la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) cuyos contactos iniciales se hicieron en noviembre de 1972, que impulsaba «la lucha armada» en la región. En 1974, el líder sindical José Rucci es asesinado por la guerrilla, y el cura villero Carlos Mugica cae bajo las balas de la Triple A o montoneras. Aún no se sabe. Era la época que en los sótanos del sindicato metalúrgico que dirigía Lorenzo Miguel, se torturaba a sindicalistas de izquierda y en Córdoba ultraderechistas masacran a la familia Pujadas y luego lanzan granadas sobre sus cadáveres. El ex comandante del ejército chileno Carlos Prats, es asesinado en 1974 durante su exilio en Buenos Aires y en 1976 lo será el ex presidente de Bolivia, general ® Juan José Torres.
«El país enamorado de la muerte», se tituló en aquellos años una crónica del Sunday Telegraph de Londres: «Con una inflación que pasó la barrera del sonido y una orgía de asesinatos de la derecha y la izquierda, la Argentina se encamina hacia el punto de desintegración».
Los Montoneros financiaban el diario Noticias, que tenía un tiraje de casi 10000 ejemplares, en el que escribían dirigentes guerrilleros que vivián en la semilegalidad. El poeta Paco Urondo era el comisario político del periódico y Goyo Leverson el administrador que recibía el dinero proveniente en buena parte de secuestros a gerentes de empresas extranjeras realizados por los dirigidos por Mario Firmenich. En ese periódico escribió Michelini, al tiempo que presentaba su testimonio contra la dictadura uruguaya en el Tribunal Russell II, en Roma, y mantenía vínculos con el senador estadounidense Edward Kennedy.
Los guerrilleros uruguayos que después integrarían el PVP, habían fracasado en julio de 1973 al intentar secuestrar en Buenos Aires al empresario de Pepsi-Cola, Nelson Laurín, pero en marzo de 1974, secuestran durante 5 meses al empresario lanero argentino de origen judío, Federico Hart, por el que obtienen 10 millones de dólares de entonces. Suma que fue entregada en billetes de cien dólares. El paquete pesaba 46 kilos.
En el PVP, el dirigente Juan Carlos Mechoso hablaba de desarrollar una «actividad militar libertaria». Por su parte los tupamaros uruguayos se dividieron, no sin amenazas y condenas «revolucionarias» a muerte ex compañeros, entre «los Peludos» que seguirán fieles a los tupamaros presos en Uruguay y sueñan con reinstaurar la lucha armada en el país bajo dictadura; y los de los «Nuevos Tiempos», que optaron por abandonar el delirio armado.
De esa exaltada y absurda actividad exiliada — el secretario del Partido Socialista de Uruguay, José Díaz, repartía volantes que tenían de un lado la fotografía del líder del FA, Líber Seregni, preso político en Montevideo; y del otro lado la fotografía en apoyo a Perón— llegaban ecos hasta el Hotel Liberty, donde Michelini dialogaba con todos, y al mismo tiempo, a su ex correligionario Renan Rodríguez le decía, mediante mensajes enviados a Montevideo, que la dictadura uruguaya duraría a lo sumo tres años más. «No menos de diez», respondía el político batllista aleccionándole a que se manejara con prudencia.
El terreno argentino estaba preparado para la irrupción inconstitucional de las fuerzas armadas ocurrida en marzo de 1976 cuando el general Videla encabeza el Golpe de Estado que iniciaría el exterminio ya no solamente de integrantes de los grupos guerrilleros existente en Argentina. Con un saldo de casi 10.000 muertos, desaparecidos, arrojados vivos al mar, según el informe de la Conadep que encabezó Ernesto Sábato. Cerca de 160 de esas víctimas son uruguayas.
El dinero
Matilde Rodríguez Larreta, viuda del expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrado un rato antes del operativo contra Michelini en la noche del 19 de mayo de 1976, cuenta que el grupo armado que se llevó encapuchado a su esposo del apartamento en que residía la familia en Buenos Aires —ciudad donde el político uruguayo herrerista tenía un comercio «Los 33 Orientales»— estaba integrado por argentinos. «Hablaban entre ellos y mediante walkie-talkies con quienes aguardaban en los vehículos estacionados en la calle, mientras registraban el apartamento en busca «del dinero» que suponían guardaba «el Toba»— narró Matilde. Los secuestradores conocían el modus operandi de los tupamaros en Buenos Aires, posiblemente sabían también que Gutiérrez Ruíz ya había manejado fondos de la guerrilla uruguaya años antes. Posteriores investigaciones periodísticas han demostrado que tanto los militares uruguayos como argentinos que participaron en el Plan Condor, y las bandas paramilitares como la del criminal argentino Aníbal Gordon, aspiraban a obtener los dineros frutos de los secuestros y asaltos protagonizados por la guerrilla.
Un documento del Departamento de Estado desclasificado en 2004 demuestra que en 1974 la Embajada uruguaya invalidó el pasaporte de Michelini para impedir que viajara a Estados Unidos donde iba a denunciar ante el senador Kennedy las violaciones a los derechos humanos en su país.
El gobierno peronista dispuso en 1975 la expulsión de Michelini del país, pero esa orden no se concretó para facilitar su secuestro y posterior asesinato por parte de militares uruguayos.
En actas oficiales uruguayas de 1975, consta el testimonio del embajador uruguayo en Argentina en 1976, Gustavo Magariños, quien relató que 12 días antes de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los cancilleres César Guzzeti, de Argentina, y Juan Carlos Blanco, de Uruguay, tuvieron una reunión secreta en una embarcación en travesía por el delta del Río Paraná, parte de cuyo contenido no le fue autorizado a escuchar, dado su carácter de «reservada».
Los cadáveres de Michelini, Gutiérrez Ruiz, y de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, aparecen el 21 de mayo de 1976 en un vehículo abandonado en una calle bonaerense. Unos volantes apócrifos pretenden hacer creer que el crimen es fruto de un ajuste de cuenta vinculados a conflictos internos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En enero de ese año el segundo jefe de Montoneros, Roberto Quieto, había sido condenado a muerte por su organización acusándole de traidor y las fuerzas represivas sabían de casos de «justicia revolucionaria» aplicada en ambos márgenes del Plata por organizaciones guerrilleras contra ex integrantes de sus organizaciones.
Michelini y Gutiérrez Ruíz, torturados y ejecutados previsiblemente en el centro de detención Bacacay, según reconstrucción de los hechos dada a conocer en 2022 por el juez federal argentino Daniel Rafecas, se convirtieron en un símbolo de la saña del Terrorismo de Estado que se descargó sobre los países del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
El 16 de noviembre de 2006 el juez uruguayo Roberto Timbal sometió a proceso y a prisión preventiva al ex dictador Juan María Bordaberry y al canciller de la dictadura militar uruguaya, Blanco, imputándoles la autoría intelectual de dichos crímenes.
En octubre de 2009, el general argentino retirado Jorge Olivera Róvere, acusado de participar de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, entre otros crímenes, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de su país.
El ex militar, que entonces tenía 82 años, fue responsabilizado de intervenir en el secuestro y muerte de los cuatro uruguayos en el marco del Plan Cóndor, así como la del escritor argentino Haroldo Conti y de 116 secuestros y desapariciones, ocurridas en el período en que fue adjunto del ex represor argentino Guillermo Suárez Mason.
Olivera Róvere fue responsable de los centros de detención clandestina conocidos como «El Banco», «El Olimpo» y «Automotores Orletti», donde estuvieron detenidos numerosos uruguayos que posteriormente fueron clandestinamente trasladados al país en el primer y segundo «vuelo».
El militar cumplió funciones durante la dictadura como subcomandante del I Cuerpo del Ejército y jefe de la subzona represiva de la Capital Federal argentina. Permaneció libre los tres años siguientes porque la Cámara de Casación Penal nunca confirmó la sentencia. Detenido en marzo de 2012 por orden del juez federal Humberto Blanco en una causa por secuestros, torturas y homicidios en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, de la policía de la provincia de Buenos Aires, falleció en 2015.
En marzo de 2010 la fiscal uruguaya Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para el ex dictador uruguayo Bordaberry y para el ex canciller uruguayo Blanco, por los asesinatos de los cuatro mencionados.
Asimismo, los ex represores uruguayos que ya cumplían condena por otros delitos cometidos durante la dictadura uruguaya y permanecían recluidos en una cárcel especial montevideana, Ricardo “Turco” Arab, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Ricardo Medina, fueron imputados el 11 de agosto 2022 por crímenes de lesa humanidad.
Los cuatro hombres participaron de los homicidios del 20 de mayo de 1976.
Arab fue imputado por 12 delitos de homicidio y dos desapariciones forzadas, que fueron las de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La Justicia formalizó la investigación respecto a Ramas, en tanto, por dos delitos de homicidio, privación de libertad y supresión del estado civil en los casos de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Silveira fue imputado por los mismos delitos. Medina, por su parte, fue imputado por abuso de autoridad contra detenidos y supresión del estado civil.
El fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, también investiga la desaparición forzada y privaciones de libertad ocurridas en Argentina, de varias personas, entre ellas Manuel Liberoff, Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo. También la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
Hugo Machín FajardoRedactor Especial del Portal Análisis LatinoPeriodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
Zelmar Michelini (1924-1976) fue un dirigente de las Juventudes Batllistas de Uruguay, del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en la década del 50 del siglo pasado. Paralelamente se desempeñó como dirigente del gremio bancario y secretario del presidente Luis Batlle.
En 1954 y 1958 fue electo diputado y se desempeñaba como redactor político del periodo Acción de línea batllista. En 1962 se apartó de la Lista 15 de Batlle, y funda la Lista 99 junto a Renán Rodríguez (1912-1999) creando el Movimiento Por el Gobierno del Pueblo. Ambos políticos se distanciarían luego que Michelini apoyara la reforma presidencialista de 1966 y aspirara a ser el vicepresidente de Oscar Gestido. Reelecto diputado hasta 1967, es electo senador y nombrado ministro de Industria y Comercio por el presidente Gestido. Renunció al poco tiempo.
Fue muy crítico del gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1971) y en 1970 forma el «Frente del Pueblo», junto al Partido Demócrata Cristiano, para cofundar el Frente Amplio (FA), de izquierda, junto a comunistas, socialistas y grupos de izquierda radical.
Fundó el semanario Hechos además de haber escrito en El Diario, La Mañana, Marcha y Respuesta. Después de 1973 en Noticias y La Opinión periódicos de Buenos Aires.
En 1972, siendo senador del FA, sufrió atentados en su domicilio y en su vehículo particular. Cuando se da el golpe de Estado en Uruguay, el 27 de junio de 1973, Michelini se encontraba en Buenos Aires junto al senador del FA, Enrique Erro, a quien los militares uruguayos querían detener por sus vínculos con la guerrilla tupamara. Permanece en la capital argentina donde desarrolla una activa campaña política de denuncia de la dictadura uruguaya al tiempo que su lugar de residencia — Hotel Liberty en calle Corrientes casi Florida, en el centro de la capital porteña— se transforma en un centro de reuniones y contactos de los exiliados uruguayos.
Dos hijas de Michelini pertenecían a la guerrilla uruguaya. Elisa, tupamara, permanecía detenida desde 1972 en el centro de reclusión para mujeres de Punta de Rieles, en Montevideo. Ante cada denuncia de violaciones a los derechos humanos en Uruguay hecha por Michelini, redoblaban las torturas sobre ella.
Margarita, otra de sus hijas –tuvo diez hijos con Elisa Delle Piane— fue integrante de una organización heredera de la anarquista Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33) —con actividad guerrillera en Uruguay a fines de los 60 y principios de los 70— luego reconvertida en Buenos Aires, entre 1974 y 1975, en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que realizó secuestros y protagonizó asaltos a bancos en la capital porteña.
Según declaraciones realizadas a principios de siglo al semanario montevideano Búsqueda por el ex dirigente del PVP y del FA, Hugo Cores (1937-2006) por la vía de secuestros y asaltos, recaudaron aproximadamente «2 millones de dólares» de la época (1974-1976), equivalentes a unos 20 millones de dólares del momento en que se publicó la entrevista.
Esos casi tres años vividos por Zelmar —como centenares de uruguayos escapados de la dictadura instaurada en Uruguay— en el exilio argentino, fueron tiempos de abierta y cruel confrontación entre la «soberbia armada» encabezada por los Montoneros y el ERP—guerrilla argentina— y fuerza pública sumado a la derecha peronista, cuya expresión más feroz fue la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, encabezada por el secretario de Perón, José López Rega.
La violencia que entonces ensangrentó a la Argentina era una lucha entre dos organizaciones militares— fuerzas armadas y guerrillas— que asimilaron la actividad política a las leyes de la guerra. En ese contexto, uruguayos exiliados integrantes del MLN-Tupamaros; chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) huidos de Pinochet; miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano, habían formalizado en 1974 la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) cuyos contactos iniciales se hicieron en noviembre de 1972, que impulsaba «la lucha armada» en la región. En 1974, el líder sindical José Rucci es asesinado por la guerrilla, y el cura villero Carlos Mugica cae bajo las balas de la Triple A o montoneras. Aún no se sabe. Era la época que en los sótanos del sindicato metalúrgico que dirigía Lorenzo Miguel, se torturaba a sindicalistas de izquierda y en Córdoba ultraderechistas masacran a la familia Pujadas y luego lanzan granadas sobre sus cadáveres. El ex comandante del ejército chileno Carlos Prats, es asesinado en 1974 durante su exilio en Buenos Aires y en 1976 lo será el ex presidente de Bolivia, general ® Juan José Torres.
«El país enamorado de la muerte», se tituló en aquellos años una crónica del Sunday Telegraph de Londres: «Con una inflación que pasó la barrera del sonido y una orgía de asesinatos de la derecha y la izquierda, la Argentina se encamina hacia el punto de desintegración».
Los Montoneros financiaban el diario Noticias, que tenía un tiraje de casi 10000 ejemplares, en el que escribían dirigentes guerrilleros que vivián en la semilegalidad. El poeta Paco Urondo era el comisario político del periódico y Goyo Leverson el administrador que recibía el dinero proveniente en buena parte de secuestros a gerentes de empresas extranjeras realizados por los dirigidos por Mario Firmenich. En ese periódico escribió Michelini, al tiempo que presentaba su testimonio contra la dictadura uruguaya en el Tribunal Russell II, en Roma, y mantenía vínculos con el senador estadounidense Edward Kennedy.
Los guerrilleros uruguayos que después integrarían el PVP, habían fracasado en julio de 1973 al intentar secuestrar en Buenos Aires al empresario de Pepsi-Cola, Nelson Laurín, pero en marzo de 1974, secuestran durante 5 meses al empresario lanero argentino de origen judío, Federico Hart, por el que obtienen 10 millones de dólares de entonces. Suma que fue entregada en billetes de cien dólares. El paquete pesaba 46 kilos.
En el PVP, el dirigente Juan Carlos Mechoso hablaba de desarrollar una «actividad militar libertaria». Por su parte los tupamaros uruguayos se dividieron, no sin amenazas y condenas «revolucionarias» a muerte ex compañeros, entre «los Peludos» que seguirán fieles a los tupamaros presos en Uruguay y sueñan con reinstaurar la lucha armada en el país bajo dictadura; y los de los «Nuevos Tiempos», que optaron por abandonar el delirio armado.
De esa exaltada y absurda actividad exiliada — el secretario del Partido Socialista de Uruguay, José Díaz, repartía volantes que tenían de un lado la fotografía del líder del FA, Líber Seregni, preso político en Montevideo; y del otro lado la fotografía en apoyo a Perón— llegaban ecos hasta el Hotel Liberty, donde Michelini dialogaba con todos, y al mismo tiempo, a su ex correligionario Renan Rodríguez le decía, mediante mensajes enviados a Montevideo, que la dictadura uruguaya duraría a lo sumo tres años más. «No menos de diez», respondía el político batllista aleccionándole a que se manejara con prudencia.
El terreno argentino estaba preparado para la irrupción inconstitucional de las fuerzas armadas ocurrida en marzo de 1976 cuando el general Videla encabeza el Golpe de Estado que iniciaría el exterminio ya no solamente de integrantes de los grupos guerrilleros existente en Argentina. Con un saldo de casi 10.000 muertos, desaparecidos, arrojados vivos al mar, según el informe de la Conadep que encabezó Ernesto Sábato. Cerca de 160 de esas víctimas son uruguayas.
El dinero
Matilde Rodríguez Larreta, viuda del expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrado un rato antes del operativo contra Michelini en la noche del 19 de mayo de 1976, cuenta que el grupo armado que se llevó encapuchado a su esposo del apartamento en que residía la familia en Buenos Aires —ciudad donde el político uruguayo herrerista tenía un comercio «Los 33 Orientales»— estaba integrado por argentinos. «Hablaban entre ellos y mediante walkie-talkies con quienes aguardaban en los vehículos estacionados en la calle, mientras registraban el apartamento en busca «del dinero» que suponían guardaba «el Toba»— narró Matilde. Los secuestradores conocían el modus operandi de los tupamaros en Buenos Aires, posiblemente sabían también que Gutiérrez Ruíz ya había manejado fondos de la guerrilla uruguaya años antes. Posteriores investigaciones periodísticas han demostrado que tanto los militares uruguayos como argentinos que participaron en el Plan Condor, y las bandas paramilitares como la del criminal argentino Aníbal Gordon, aspiraban a obtener los dineros frutos de los secuestros y asaltos protagonizados por la guerrilla.
Un documento del Departamento de Estado desclasificado en 2004 demuestra que en 1974 la Embajada uruguaya invalidó el pasaporte de Michelini para impedir que viajara a Estados Unidos donde iba a denunciar ante el senador Kennedy las violaciones a los derechos humanos en su país.
El gobierno peronista dispuso en 1975 la expulsión de Michelini del país, pero esa orden no se concretó para facilitar su secuestro y posterior asesinato por parte de militares uruguayos.
En actas oficiales uruguayas de 1975, consta el testimonio del embajador uruguayo en Argentina en 1976, Gustavo Magariños, quien relató que 12 días antes de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los cancilleres César Guzzeti, de Argentina, y Juan Carlos Blanco, de Uruguay, tuvieron una reunión secreta en una embarcación en travesía por el delta del Río Paraná, parte de cuyo contenido no le fue autorizado a escuchar, dado su carácter de «reservada».
Los cadáveres de Michelini, Gutiérrez Ruiz, y de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, aparecen el 21 de mayo de 1976 en un vehículo abandonado en una calle bonaerense. Unos volantes apócrifos pretenden hacer creer que el crimen es fruto de un ajuste de cuenta vinculados a conflictos internos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En enero de ese año el segundo jefe de Montoneros, Roberto Quieto, había sido condenado a muerte por su organización acusándole de traidor y las fuerzas represivas sabían de casos de «justicia revolucionaria» aplicada en ambos márgenes del Plata por organizaciones guerrilleras contra ex integrantes de sus organizaciones.
Michelini y Gutiérrez Ruíz, torturados y ejecutados previsiblemente en el centro de detención Bacacay, según reconstrucción de los hechos dada a conocer en 2022 por el juez federal argentino Daniel Rafecas, se convirtieron en un símbolo de la saña del Terrorismo de Estado que se descargó sobre los países del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
El 16 de noviembre de 2006 el juez uruguayo Roberto Timbal sometió a proceso y a prisión preventiva al ex dictador Juan María Bordaberry y al canciller de la dictadura militar uruguaya, Blanco, imputándoles la autoría intelectual de dichos crímenes.
En octubre de 2009, el general argentino retirado Jorge Olivera Róvere, acusado de participar de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, entre otros crímenes, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de su país.
El ex militar, que entonces tenía 82 años, fue responsabilizado de intervenir en el secuestro y muerte de los cuatro uruguayos en el marco del Plan Cóndor, así como la del escritor argentino Haroldo Conti y de 116 secuestros y desapariciones, ocurridas en el período en que fue adjunto del ex represor argentino Guillermo Suárez Mason.
Olivera Róvere fue responsable de los centros de detención clandestina conocidos como «El Banco», «El Olimpo» y «Automotores Orletti», donde estuvieron detenidos numerosos uruguayos que posteriormente fueron clandestinamente trasladados al país en el primer y segundo «vuelo».
El militar cumplió funciones durante la dictadura como subcomandante del I Cuerpo del Ejército y jefe de la subzona represiva de la Capital Federal argentina. Permaneció libre los tres años siguientes porque la Cámara de Casación Penal nunca confirmó la sentencia. Detenido en marzo de 2012 por orden del juez federal Humberto Blanco en una causa por secuestros, torturas y homicidios en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, de la policía de la provincia de Buenos Aires, falleció en 2015.
En marzo de 2010 la fiscal uruguaya Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para el ex dictador uruguayo Bordaberry y para el ex canciller uruguayo Blanco, por los asesinatos de los cuatro mencionados.
Asimismo, los ex represores uruguayos que ya cumplían condena por otros delitos cometidos durante la dictadura uruguaya y permanecían recluidos en una cárcel especial montevideana, Ricardo “Turco” Arab, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Ricardo Medina, fueron imputados el 11 de agosto 2022 por crímenes de lesa humanidad.
Los cuatro hombres participaron de los homicidios del 20 de mayo de 1976.
Arab fue imputado por 12 delitos de homicidio y dos desapariciones forzadas, que fueron las de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La Justicia formalizó la investigación respecto a Ramas, en tanto, por dos delitos de homicidio, privación de libertad y supresión del estado civil en los casos de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Silveira fue imputado por los mismos delitos. Medina, por su parte, fue imputado por abuso de autoridad contra detenidos y supresión del estado civil.
El fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, también investiga la desaparición forzada y privaciones de libertad ocurridas en Argentina, de varias personas, entre ellas Manuel Liberoff, Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo. También la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
