Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
06-07-202375° Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba
Bajo la lupa de las obligaciones aprobadas por el sistema universal de Derechos Humanos, es que se deberá seguir y analizar la prolongada crisis de derechos humanos que vive Cuba, que como miembro del Consejo de Derechos Humanos, se encuentra en un estatus de mayor escrutinio internacional y rendición de cuentas.Por Ramiro Orias
A invitación de CADAL, tengo el agrado de comentar la presente publicación, que a propósito de los 75 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS este próximo 10 de diciembre de 2023, reúne distintas miradas desde Cuba, nos traen algunos análisis y perspectivas desde la academia, el activismo y el periodismo independiente, incorporando además poderosas ilustraciones de artistas cubanos, que reflejan el valor creativo de este pueblo, que no ha perdido las esperanzas en si mismo, y expresan gráficamente la incansable lucha cívica por sus derechos.
La lectura de los distinto textos, nos recuerdan el aporte histórico de los representantes e intelectuales cubanos en el proceso de elaboración del proyecto de la Declaración Universal de la ONU sobre DDHH, como el de Guy Pérez-Cisneros Bonnel, tal vez premonitorio en la necesidad de consagrarlos internacionalmente, cuando estos son menoscabados por su propia Constitución y autoridades del poder público. En ese sentido, la Declaración mantiene un marco de referencia, que permite al pueblo cubano priorizar los desafíos pendientes y las causas por las que se requieren seguir luchando, desde la mirada democrática contra los desmanes autoritarios, utilizando los instrumentos que la propia Declaración ha estimulado su desarrollo.
Luego de las atrocidades, la barbarie que vivió la humanidad en el contexto de la II Guerra Mundial, donde un régimen totalitario cometió los peores crímenes y agresiones internacionales, que fueron de tal magnitud, que removieron la estructura misma del sistema internacional. Esto significó el nacimiento de un nuevo orden mundial, basado en tres columnas que buscaban garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de los pueblos:
a) Las Carta de Naciones Unidas -y con el ello la creación del Consejo de Seguridad- (que con realismo político distribuía el poder de la jerarquía internacional),
b) De los acuerdos de Bretton Woods, emergía una nueva arquitectura financiera internacional, que llevaría a la creación del FMI y BM, que reproducen las asimetrías de la economía internacional, y
c) la Firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la apuesta por los más altos ideales humanitarios, de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad de los seres humanos. Esta fue la apuesta democrática de este nuevo orden mundial que se construía después de la guerra.
Cuando se estudia este momento histórico, los estudiosos suelen poner el mayor énfasis a los dos primeros; sin embargo, la Declaración definitivamente marca un antes y un después. Es la base de todo un régimen internacional que progresivamente se ha venido desarrollando.
Analizar la Declaración en su 75 aniversario, es analizar su impacto expansivo en distintas esferas, primero vinieron los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales; el desarrollo de la carta de DDHH, que incluye la proscripción del genocidio, la discriminación y la tortura.
Todo el desarrollo que ha significado desde la Declaración de Viena de 1993, cuando se dejó claro que los DDHH son universales, interdependientes e iguales entre sí, donde no hay derecho que se sacrifica por otro; mostrando esa falsa dicotomía entre derechos individuales y colectivos; ni contradicción entre derechos civiles con los económicos y sociales, y que si hay derechos especiales para proteger situaciones particulares, es para elevar el estándar de cumplimiento, no para morigerar el cumplimiento de las libertades fundamentales.
Otro hito fue el año 2006, con todo el desarrollo institucional que significó la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la mayor instancia encargada por velar su cumplimiento a nivel global.
Aquí existe un tema crítico, la disfuncionalidad que existe entre la participación de Cuba en esta instancia, y la situación de DDHH en el país, que ha sido calificada por diversos órganos independientes, tanto a nivel universal, con a nivel regional, como de vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos de sus nacionales. En este análisis, es oportuno recordar el anacronismo de mantener la pena de muerte en el derecho penal cubano, así como la subordinación del sistema de justicia al poder político.
También es necesario recordar, que esta participación es inconsistente con la falta de ratificación de los instrumentos internacionales de DDHH más importantes, como los Pactos y sus protocolos que permiten el conocimiento de casos individuales.
Aunque el gobierno cubano, frente a su aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno cubano.
¿Que implica su ingreso a ese órgano? El ingreso y reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien la obligación elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos internacionales dentro el sistema universal de derechos humanos.
Conforme a los dispuesto en la Resolución 60/251 -aprobada por la Asamblea General el 15 de marzo de 2006 (A/RES/60/251)-, por la que se resolvió establecer el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la anterior Comisión de Derechos Humanos, los Estados que llegan a ser miembros de esta instancia están sujetos a mayor fiscalización internacional y tienen también mayores deberes frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Así por ejemplo, dicha Resolución, en su numeral 8, establece que: la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados parte de las Naciones Unidas; que al elegir a los miembros del Consejo, los Estados deberán tener en cuenta las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; así como la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Por otra parte, la Resolución 60/251 también ordena que los miembros elegidos al Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros; así como también que los métodos de trabajo del Consejo deberán ser transparentes, justos e imparciales y posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento.
Así, bajo la lupa de estas obligaciones aprobadas por el sistema universal de Derechos Humanos, es que se deberá seguir y analizar la prolongada crisis de derechos humanos que vive Cuba, que como miembro del Consejo de Derechos Humanos, se encuentra en un estatus de mayor escrutinio internacional y rendición de cuentas.
La Declaraciones de NNUU para los DDHH, con sus 75 años de vigencia, y todo el régimen que se ha construido a partir de ella, ofrece herramientas actuales para la exigibilidad y rendición de cuentas del Estado cubano frente a la Comunidad Internacionales, como puede ser todo el proceso de discusión publica que pueda significar el Examen Periódico Universal (EPU).
Aquí quiero volver a la falta de ratificaciones de los instrumentos internacionales, que traza un camino de impunidad; sin embargo, el derecho internacional ha ido creando nuevas herramientas, como la jurisdicción universal, que permiten buscar justicia en otras jurisdicciones nacionales, o la previsión de la Convención contra la Tortura -la única ratificada por el régimen cubano- que desde el activismo y la solidaridad internacional podría significar nuevas oportunidades de lucha contra la impunidad en el país caribeño.
Es fundamental monitorear y documentar el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos del régimen cubano. Si el Estado admite visita de relatores y grupos de trabajo, facilita u obstruye su libre movimiento en el país, brinda acceso a la información necesaria, permite la visita de centros penitenciarios, deja en libertad a los presos políticos, adopta medidas genuinas para garantizar la independencia y separación de poderes, y -particularmente- crea las condiciones para garantizar investigaciones objetivas e imparciales de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Estos deberían ser los criterios objetivos para evaluar y valorar la permanencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.
En suma, el trabajo arduo por el respeto de los Derechos Humanos en Cuba, nos muestra que la Declaración -75 años después- esta más vigente que nunca.
Ramiro OriasOficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y miembro del Comité Jurídico Interamericano.
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La lectura de los distinto textos, nos recuerdan el aporte histórico de los representantes e intelectuales cubanos en el proceso de elaboración del proyecto de la Declaración Universal de la ONU sobre DDHH, como el de Guy Pérez-Cisneros Bonnel, tal vez premonitorio en la necesidad de consagrarlos internacionalmente, cuando estos son menoscabados por su propia Constitución y autoridades del poder público. En ese sentido, la Declaración mantiene un marco de referencia, que permite al pueblo cubano priorizar los desafíos pendientes y las causas por las que se requieren seguir luchando, desde la mirada democrática contra los desmanes autoritarios, utilizando los instrumentos que la propia Declaración ha estimulado su desarrollo.
Luego de las atrocidades, la barbarie que vivió la humanidad en el contexto de la II Guerra Mundial, donde un régimen totalitario cometió los peores crímenes y agresiones internacionales, que fueron de tal magnitud, que removieron la estructura misma del sistema internacional. Esto significó el nacimiento de un nuevo orden mundial, basado en tres columnas que buscaban garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de los pueblos:
a) Las Carta de Naciones Unidas -y con el ello la creación del Consejo de Seguridad- (que con realismo político distribuía el poder de la jerarquía internacional),
b) De los acuerdos de Bretton Woods, emergía una nueva arquitectura financiera internacional, que llevaría a la creación del FMI y BM, que reproducen las asimetrías de la economía internacional, y
c) la Firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la apuesta por los más altos ideales humanitarios, de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad de los seres humanos. Esta fue la apuesta democrática de este nuevo orden mundial que se construía después de la guerra.
Cuando se estudia este momento histórico, los estudiosos suelen poner el mayor énfasis a los dos primeros; sin embargo, la Declaración definitivamente marca un antes y un después. Es la base de todo un régimen internacional que progresivamente se ha venido desarrollando.
Analizar la Declaración en su 75 aniversario, es analizar su impacto expansivo en distintas esferas, primero vinieron los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales; el desarrollo de la carta de DDHH, que incluye la proscripción del genocidio, la discriminación y la tortura.
Todo el desarrollo que ha significado desde la Declaración de Viena de 1993, cuando se dejó claro que los DDHH son universales, interdependientes e iguales entre sí, donde no hay derecho que se sacrifica por otro; mostrando esa falsa dicotomía entre derechos individuales y colectivos; ni contradicción entre derechos civiles con los económicos y sociales, y que si hay derechos especiales para proteger situaciones particulares, es para elevar el estándar de cumplimiento, no para morigerar el cumplimiento de las libertades fundamentales.
Otro hito fue el año 2006, con todo el desarrollo institucional que significó la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la mayor instancia encargada por velar su cumplimiento a nivel global.
Aquí existe un tema crítico, la disfuncionalidad que existe entre la participación de Cuba en esta instancia, y la situación de DDHH en el país, que ha sido calificada por diversos órganos independientes, tanto a nivel universal, con a nivel regional, como de vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos de sus nacionales. En este análisis, es oportuno recordar el anacronismo de mantener la pena de muerte en el derecho penal cubano, así como la subordinación del sistema de justicia al poder político.
También es necesario recordar, que esta participación es inconsistente con la falta de ratificación de los instrumentos internacionales de DDHH más importantes, como los Pactos y sus protocolos que permiten el conocimiento de casos individuales.
Aunque el gobierno cubano, frente a su aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno cubano.
¿Que implica su ingreso a ese órgano? El ingreso y reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien la obligación elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos internacionales dentro el sistema universal de derechos humanos.
Conforme a los dispuesto en la Resolución 60/251 -aprobada por la Asamblea General el 15 de marzo de 2006 (A/RES/60/251)-, por la que se resolvió establecer el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la anterior Comisión de Derechos Humanos, los Estados que llegan a ser miembros de esta instancia están sujetos a mayor fiscalización internacional y tienen también mayores deberes frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Así por ejemplo, dicha Resolución, en su numeral 8, establece que: la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados parte de las Naciones Unidas; que al elegir a los miembros del Consejo, los Estados deberán tener en cuenta las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; así como la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Por otra parte, la Resolución 60/251 también ordena que los miembros elegidos al Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros; así como también que los métodos de trabajo del Consejo deberán ser transparentes, justos e imparciales y posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento.
Así, bajo la lupa de estas obligaciones aprobadas por el sistema universal de Derechos Humanos, es que se deberá seguir y analizar la prolongada crisis de derechos humanos que vive Cuba, que como miembro del Consejo de Derechos Humanos, se encuentra en un estatus de mayor escrutinio internacional y rendición de cuentas.
La Declaraciones de NNUU para los DDHH, con sus 75 años de vigencia, y todo el régimen que se ha construido a partir de ella, ofrece herramientas actuales para la exigibilidad y rendición de cuentas del Estado cubano frente a la Comunidad Internacionales, como puede ser todo el proceso de discusión publica que pueda significar el Examen Periódico Universal (EPU).
Aquí quiero volver a la falta de ratificaciones de los instrumentos internacionales, que traza un camino de impunidad; sin embargo, el derecho internacional ha ido creando nuevas herramientas, como la jurisdicción universal, que permiten buscar justicia en otras jurisdicciones nacionales, o la previsión de la Convención contra la Tortura -la única ratificada por el régimen cubano- que desde el activismo y la solidaridad internacional podría significar nuevas oportunidades de lucha contra la impunidad en el país caribeño.
Es fundamental monitorear y documentar el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos del régimen cubano. Si el Estado admite visita de relatores y grupos de trabajo, facilita u obstruye su libre movimiento en el país, brinda acceso a la información necesaria, permite la visita de centros penitenciarios, deja en libertad a los presos políticos, adopta medidas genuinas para garantizar la independencia y separación de poderes, y -particularmente- crea las condiciones para garantizar investigaciones objetivas e imparciales de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Estos deberían ser los criterios objetivos para evaluar y valorar la permanencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.
En suma, el trabajo arduo por el respeto de los Derechos Humanos en Cuba, nos muestra que la Declaración -75 años después- esta más vigente que nunca.
