La política gubernamental del régimen del PDT está basada en la represión de todas las actividades de oposición política, el constante abuso frente a las personas que intentan ejercer su libertad de expresión, reunión y asociación unido al acoso a sus familias, y el control total gubernamental de los medios de comunicación.

Por María Guillermina Frigerio

Turkmenistán es un país de Asia Central, ubicado al norte de Irán. Allí gobierna una autocracia, impuesta por el Partido Democrático de Turkmenistán (PDT) desde su independencia de la URSS en 1991. En el país gobernó Saparmyrat Nyýazow, quien dominó la escena política desde la independencia de los soviéticos hasta su muerte en 2006. Desde entonces, asume el poder Gurbanguly Berdimuhamedow, quien recientemente fue reelecto por tercera vez con el 97.69% de los votos.

La política gubernamental del régimen del PDT está basada en la represión de todas las actividades de oposición política; el constante abuso de las personas que intentan ejercer su libertad de expresión, reunión y asociación unido al acoso a sus familias; el control total por el Gobierno de los medios de difusión, la censura de todos los periódicos y el acceso a la Internet y su intolerancia de las críticas independientes de la política gubernamental, así como la imposición de nuevas restricciones a la libertad de expresión y de opinión, y la prohibición impuesta a todos los periodistas locales de establecer contacto con extranjeros sin el consentimiento expreso del Gobierno.

Si bien el presidente anunció recientemente la aprobación del Plan de Acción Nacional sobre los Derechos Humanos (2016-2020), el Plan de Acción Nacional sobre la Igualdad de Género (2015-2020) y el Plan de Acción Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas (2016-2018) estas medidas aún no se traducen a la realidad.

Tercer Examen Periódico Universal

Con motivo del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Turkmenistán, llevado a cabo en mayo del 2018, Human Rights Watch observó que, desde su último EPU las autoridades habían adoptado el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, habían establecido la Oficina del Defensor del Pueblo y habían aprobado nuevas leyes en materia de derechos humanos y señaló que, aunque esas medidas eran motivo de satisfacción, en la práctica no habían logrado traducirse en mejoras significativas. Asimismo, manifestó que seguían produciéndose desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, en régimen de incomunicación y por motivos políticos.

El Tercer ciclo de EPU manifestó las mismas preocupaciones de ciclos anteriores, en 2008 y 2013.

En el año 2016, 19 turcomanos habían sido detenidos de forma arbitraria, sin que mediara orden de detención alguna ni se les informara de los cargos en que se basaba su detención. Human Rights Watch indicó que habían sido sometidos a torturas y malos tratos durante los interrogatorios y que se les había recluido en régimen de incomunicación durante la prisión preventiva, impidiéndoseles la oportunidad de comunicarse con sus familiares ni con sus abogados.

El Centro para el Desarrollo de la Democracia y los DD.HH., de origen ruso,  informó que más allá de los compromisos realizados en el Segundo Examen Periódico Universal de 2013, el Gobierno no había tomado ninguna medida a efecto de mejorar la condición de vida de presos que cumplen largas condenas y se negaba a reconocer el problema. Las autoridades denegaron el acceso de las organizaciones humanitarias internacionales a los reclusos cuyos nombres figuraban en las listas de desaparecidos.

Por otro lado, las situaciones de discriminación sistemática vividas por personas con discapacidades, homosexuales, minorías étnicas y mujeres continúan vigentes. El Comité de Derechos Humanos instó a Turkmenistán a que pusiera fin a la estigmatización de la homosexualidad.

El equipo de las Naciones Unidas en el país informó sobre la elevada tasa de mortalidad infantil. En el mismo término, el Comité de los Derechos del Niño recomendó, entre otras cosas, que se asegurase el diagnóstico temprano y el tratamiento de las madres infectadas con el VIH/SIDA y de sus bebés, la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y la mejora del acceso a la terapia antirretrovírica y la profilaxis, así como su cobertura, para las mujeres embarazadas infectadas con el VIH.

Diálogo Interactivo

Durante el Diálogo Interactivo en el tercer EPU de Turkmenistán, 74 delegaciones participaron haciendo sus descargos y recomendaciones. La mayor parte de los estados admiraron la elaboración de un Plan de Acción Nacional sobre los Derechos Humanos, pero sin embargo, mantienen su preocupación sobre la situación en el país. Frente a este tipo de descargos la delegación de Turkmenistán explicó que consideraban importante el trabajo previo a las ratificaciones, analizando las leyes vigentes y estudiando posibles reformas.

Portugal celebró la creación de un Defensor del Pueblo en el año 2016, aunque instó a que se le de independencia del poder ejecutivo.

La Federación Rusa felicitó a Turkmenistán por la adopción del programa nacional para Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres.

Suiza permaneció consternado por la situación de los derechos humanos, ya que no mejoró desde su último EPU en 2013. Y manifestó la deplorable situación de los presos turcomenos, a quienes se les priva de derechos elementales.

En la misma línea, el Reino Unido se declaró en contra de la tortura, privación de comunicación, restricciones de movilidad y acceso a la información que sufren muchos turcomenos. Además de manifestar su preocupación por la restricción a la libertad de asociación, expresión y la prohibición del derecho de culto de muchas minorías étnicas en el país.

En cuanto a la participación de estados latinoamericanos, Argentina y Uruguay felicitaron a Turkmenistán por las medidas recientemente adoptadas, e instaron al gobierno a que continúe luchando por la igualdad de género y los derechos humanos.

Si bien Turkmenistán ha comenzado a tomar medidas en el camino correcto, aún tiene mucho trabajo por hacer. La nueva Constitución de 2016 y los recientes Planes de Acción Nacional tienen aún que traducirse en resultados beneficiosos para la población, que mejoren la calidad de vida y permitan mayores libertades.

María Guillermina Frigerio

Ex-Voluntaria del Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de CADAL