En el informe, se presentan datos de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que muestran que, desde el año 2000, en el 90% de los casos, las agresiones contra la prensa han permanecido impunes. Es así como la justicia mexicana no se responsabiliza de los delitos que ocurren año tras año contra sus periodistas.

Por Lucía Borello Taiana

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas inglés), conocida como “La Cruz Roja de los periodistas”, acaba de publicar el informe “Editado por capos del narcotráfico” sobre la situación de los medios de comunicación y sus periodistas en México. El mismo toma como primer ejemplo el caso del periódico Noroeste, del Estado de Sinaloa, que según el CPJ es el lugar de “origen de algunos de los más poderosos jefes del narcotráfico de México”.

El director general del Grupo Noroeste, Adrián López Ortiz, fue víctima de un hecho violento en abril de 2014 al salir del aeropuerto en camino a su hogar. López fue interceptado por una camioneta, de la que descendieron dos hombres armados que le robaron su vehículo y le dispararon en ambas piernas. Las autoridades de Sinaloa liberaron dos años después a uno de los dos sospechosos por falta de pruebas, cerrando así la causa y sin darle relevancia.

Para determinar si un Estado es democrático, una de las cuestiones centrales es analizar el funcionamiento de los medios de comunicación, por ejemplo, si existe censura por parte del Gobierno u otros factores que impiden la libertad de prensa. En el caso de México, los periodistas han sido restringidos en su libertad de expresión a la hora de llevar a cabo su profesión. Incluso, muchos de ellos han sido asesinados por el simple hecho de realizar su trabajo.

El Noroeste es uno de los tantos medios mexicanos perjudicados por la negligencia del Estado con respecto al acoso que reciben los periodistas. El mismo gobierno está señalado por tener presuntos vínculos con el crimen organizado. El CPJ denuncia que muchos gobiernos permiten el crimen organizado en su territorio y que se ven implicados en las acciones delictivas de estos grupos. En palabras de López, "matar a los periodistas sale gratis en México", es decir, se trata de hechos que se han vuelto cotidianos en el país azteca.

En el informe, se presentan datos de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que muestran que, desde el año 2000, en el 90% de los casos, las agresiones contra la prensa han permanecido impunes. Es así como la justicia mexicana no se responsabiliza de los delitos que ocurren año tras año contra sus periodistas.

Como declaró la activista de derechos humanos y directora de Freedom House en México, Mariclaire Acosta, el Estado es responsable tanto de accionar como de no hacerlo. De esta forma, las autoridades le otorgan de manera indirecta a las bandas de narcotráfico la libertad de continuar atacando a la prensa mexicana. En conclusión, como resume Daniel Rosas, "el Gobierno y los grupos criminales se benefician el uno de los actos del otro".

El escenario de violencia en México es tan extremo que incluso hay diarios como El Mañana, de la ciudad de Nuevo Laredo (en la frontera con Texas), que han cesado de publicar noticias relacionadas con el crimen organizado tras numerosos ataques e inclusive el asesinato de Roberto Mora, director editorial del medio. Es por eso que Rosas encuentra ilógico no publicar sucesos que son de público conocimiento. Si bien en el caso de Noroeste de Sinaloa no han dejado de comunicar delitos del narcotráfico, han tomado una posición cautelosa al respecto. López sostiene que “Noroeste no puede ser parte de la narcomunicación”.

Asimismo, existen otras maneras de censurar a la prensa, conocidas como “blandas”, como es la inversión de grandes sumas de dinero en publicidad del Estado en los medios de comunicación. Así, el Gobierno posee mayor poder e influencia sobre ellos. En definitiva, la pauta oficial se trata de un alto porcentaje de ingresos para los medios nacionales, con lo cual la prensa se ve más vulnerable a ser manipulada por el Estado. En distintas ocasiones, las autoridades han pedido a los propietarios de los medios que suspendan o retrasen la publicación de alguna noticia en particular, como si su inversión publicitaria les otorgara esa licencia. Sin embargo, existen periódicos como los mencionados Noroeste y El Mañana, que permanecen en el mercado de los medios con escasa publicidad oficial.

Como indica el título del informe, firmado por la periodista Elisabeth Malkin, la prensa mexicana posee un editor invisible, informal e indirecto: el narcotráfico.

Lucía Borello Taiana

Lucía Borello es estudiante de periodismo en la Universidad del Salvador (USAL) y pasante de CADAL como colaboradora en el portal Análisis Latino.