Los grupos de derechos humanos que saltaron a la acción para criticar el golpe en Honduras y al gobierno de facto del presidente Roberto Micheletti se quedaron en silencio con los hechos y el inminente descarrilamiento en Nicaragua. Y los conservadores que criticaron a Zelaya detestarían decir lo mismo en el caso de la decisión de la Corte Suprema en Nicaragua.

Por Christopher Sabatini

Justo al sur de Honduras, en Nicaragua, se está gestando otra crisis constitucional referida a la reelección. Y mientras la atención está centrada en Honduras, muchos de los actores que se mantuvieron al margen camino al golpe del 28 de junio en Honduras nuevamente se están manteniendo al margen a medida que las ambiciones y las instituciones totalitarias se dirigen hacia un descarrilamiento.

En este caso, el presidente sandinista Daniel Ortega encendió una crisis constitucional propia presionando, al igual que su amigo el presidente hondureño Manuel Zelaya, por una reforma constitucional que le permita presentarse a una reelección en 2011.

En este caso, sin embargo, seis miembros de la Corte Suprema armada por Ortega apoyaron la reforma (bajo la curiosa y extraña decisión de que el Artículo 147 de la constitución era “inaplicable”. ¿Eh?), y el congreso nicaragüense rechazó cuestionarla. El presidente de la Corte Suprema declaró su oposición a ese dictamen, pero los representantes congresales sandinistas pro-Ortega rechazaron la oportunidad de derogarlo.

A ver espere: la Corte Suprema nicaragüense lo aprobó, y el Congreso de Nicaragua apoyó la decisión de la Corte Suprema. Si esto fuera Honduras esto sería constitucional, ¿verdad? Eso es lo que han estado diciendo los conservadores estadounidenses: que el golpe en Honduras no es un golpe porque el Congreso hondureño y la Corte Suprema del país lo apoyaron, y por ende, las institucionales democráticas se han expresado (Note que en ambos casos, la Corte Suprema actuó en secreto sin debate público; en Honduras fue para arrestar al presidente Zelaya; en Nicaragua para apoyar el plan totalitario de Daniel Ortega).

Así que ¿cuál fue democrático? Ninguno. Pero no vemos muchas personas de acuerdo con esto o tomando al 28 de junio como una lección para intentar frenar la búsqueda de quedarse con el poder de Ortega (Las excepciones son el embajador norteamericano en Nicaragua, cuyas críticas le ocasionaron una fuerte reprimenda por parte de las turbas pro-sandinistas y el embajador estadounidense en Honduras, cuyo apoyo a las negociaciones le implicaron una fuerte reprimenda por parte del congresista republicano Connie Mack).

Los grupos de derechos humanos que saltaron a la acción para criticar el golpe en Honduras y al gobierno de facto del presidente Roberto Micheletti se quedaron en silencio con los hechos y el inminente descarrilamiento en Nicaragua. No podría pensar que esta sería una oportunidad para demostrar objetividad y apartidismo en defensa de la democracia y decapitar una crisis. Nada.

Y los conservadores que criticaron a Zelaya y sostuvieron que el golpe del 28 de junio fue un triunfo del estado de derecho detestarían decir lo mismo en el caso de la decisión de la Corte Suprema en Nicaragua, como deberían estarlo haciendo.

Ambos tienen razón, ambos están equivocados. Pero ambos, en definitiva, son actores no estatales.

La curiosa ausencia ha sido la de las organizaciones multilaterales que no actuaron en Honduras y ahora están muy metidas en los hechos en Honduras como para actuar en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos, si quiere hacer buen uso de la Carta Democrática Interamericana necesita actuar rápidamente. Actuar ex post facto, como lo vimos en Honduras, sólo agrava la polarización interna, mina la percepción de su objetividad y por ende su capacidad para servir como un agente honesto, y lleva el cargo de interferencia. Pero de nuevo. Nada.

Christopher Sabatini es Senior Director del Council of Americas, Editor de Americas Quarterly y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.

 

Christopher Sabatini

Consejero Consultivo

Tiene un doctorado en Gobierno de la Universidad de Virginia. Es investigador principal para América Latina en Chatham House, y anteriormente fue profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia.

Forma parte de los consejos asesores de la Universidad de Harvard, de la División de las Américas del Comité Asesor de Human Rights Watch y de la Fundación Interamericana. También es un HFX Fellow en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax.

Es un colaborador frecuente de revistas y periódicos de política y aparece en los medios de comunicación y en paneles sobre cuestiones relacionadas con América Latina y la política exterior. Ha testificado en múltiples ocasiones ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En 2015 fundó y dirigió una nueva organización de investigación sin fines de lucro, Global Americas, y editó su sitio web de noticias y opinión. De 2005 a 2014 fue director superior de política de la Sociedad y el Consejo de las Américas (AS/COA) y fundador y editor jefe de la revista de política hemisférica Americas Quarterly (AQ). En la AS/COA presidió los grupos de trabajo de la organización sobre el estado de derecho y Cuba.

Anteriormente, fue director para América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy, y becario de diplomacia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, trabajando en el Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.