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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
25-09-2026¿Qué enseñan las democracias mejor rankeadas del BTI? Un análisis comparativo entre Uruguay y Taiwán
Se buscó indagar en qué contexto se forjaron estas democracias que hoy ocupan los primeros puestos del BTI. Al mirar el nivel de dificultad estructural, encontramos que los problemas que enfrenta cada una son distintos. Sin embargo, la comparación entre Uruguay y Taiwán permite destacar dos elementos clave compartidos en ambos casos. El primero es una sociedad civil robusta. El segundo es una separación de poderes real.
Por Clara Wolmy
Uruguay y Taiwán aparecen como los países mejor puntuados entre los 137 países emergentes y en transición examinados por el Bertelsmann Transformation Index (BTI). A lo largo de las dos décadas de existencia del índice (2006-2026), sus puntuaciones en cuanto a Democracia, una de las tres dimensiones del índice, han oscilado de manera consistente entre los 9.4 y los 10 puntos, el máximo posible, mientras que, en el último informe, publicado en 2026, Uruguay alcanzó 9.9 puntos y Taiwán 9.6 en la categoría democracias en consolidación.
El BTI evalúa cada dos años a 137 países en desarrollo y en transición. Combina análisis de expertos con datos cuantitativos y le pone a cada uno una nota de 1 a 10 en tres dimensiones: Transformación Política, Transformación Económica y Gobernanza. Este índice permite indagar en cómo países con realidades y sociedades relativamente disímiles han logrado construir no sólo democracias, sino también economías prósperas y estables y qué matices aparecen al recorrer los criterios del BTI que ayudan a entender las dificultades y las virtudes de cada uno en ese proceso.
El nivel de dificultad
A los fines de este análisis comparativo, concierne ahondar en un criterio clave que será transversal a este artículo: el nivel de dificultad. En la estructura del BTI, el Nivel de Dificultad es un indicador fundamental porque actúa como un elemento que permite evaluar el desempeño de un gobierno en un determinado contexto. No es lo mismo, en términos políticos, gobernar en un escenario exento de grandes adversidades que hacerlo bajo limitaciones crónicas. Un puntaje alto en el Índice de Gobernanza tiene un mérito mucho mayor si el país opera con limitaciones estructurales severas que si lo hace en un entorno favorable.
Para medir este nivel de dificultad, en la misma escala de 1 a 10 que el resto del informe, el índice evalúa factores históricos, geográficos y de seguridad a largo plazo. El BTI otorga a Uruguay un nivel de dificultad de 2, mientras que Taiwán registra un nivel de dificultad de 3. Aunque numéricamente la brecha parece estrecha, enmascara naturalezas problemáticas bastante divergentes.
La democratización taiwanesa
El politólogo Harold Lasswell planteó en 1941 la hipótesis del Estado de guarnición. Ante una amenaza existencial prolongada, lo esperable es que las élites militares y de seguridad concentren el poder a costa de los civiles, reforzando el control, restringiendo derechos y postergando libertades. Taiwán, como caso de éxito democrático (respaldado por los datos del BTI), rompe con esa hipótesis.
Aún bajo un nivel de dificultad marcado por la presión permanente de la República Popular China, Taiwán consolidó una democracia que hoy encabeza el BTI. El gobierno taiwanés debe hacer frente a la asfixia de un veto diplomático de facto en la comunidad internacional, incursiones militares aéreas y marítimas casi diarias por parte de la República Popular China, campañas sistemáticas de desinformación dirigidas desde el ciberespacio y una crisis demográfica severa de envejecimiento poblacional que amenaza su capacidad productiva y de defensa a largo plazo.
Frente a este escenario, al examinar su trayectoria surge inevitablemente la pregunta de cómo logró consolidar una democracia a pesar del constante asedio chino. El análisis de este proceso invita a evitar lecturas lineales. Más que asumir que la democratización ocurrió a pesar del contexto, el verdadero desafío analítico consiste en interrogarse sobre el papel de esa misma amenaza y examinar hasta qué punto pudo haber funcionado como un catalizador del proceso.
La supervivencia como origen
Para dar cuenta de esta hipótesis, resulta clave remitirse a la tesis del politólogo Timothy S. Rich, quien sostiene que la democracia taiwanesa fue, en esencia, una respuesta de supervivencia. El quiebre fue en 1971, cuando Taiwán perdió su asiento en la ONU frente a República Popular China y la comunidad internacional le dio la espalda. Con eso se desmoronó el argumento central que sostenía a la dictadura del Kuomintang (KMT), el partido nacionalista que había gobernado China continental hasta 1949 y que, replegado en la isla, se presentaba como el único gobierno legítimo de toda China. El reconocimiento diplomático occidental era lo que sostenía esa idea, y al perderlo, ese sostén desapareció. El régimen necesitaba entonces una legitimidad que naciera adentro, y la única forma de conseguirla era ganarse el consentimiento genuino de la gente a la que gobernaba.
Para lograrlo sin perder el control, ejecutó dos maniobras cardinales. Primero, la “taiwanización” del partido. El KMT abrió sus filas e integró masivamente líderes taiwaneses nativos en la cúpula del poder. Al echar raíces en la sociedad local, el partido oficialista se aseguró seguir siendo competitivo cuando abriera las urnas. Segundo, transformó el debate político, desplazó el conflicto entre continentales llegados en 1949 y la población que ya vivía en la isla hacia una pregunta que interpelaba a todos: cómo responder frente a Pekín. Unificación, independencia o mantener el statu quo. Los partidos se reorganizaron en torno a ese debate. Ahora podían adoptar posturas diferentes sobre la cuestión con el continente sin que eso significara una división profunda de la población taiwanesa. La defensa de la soberanía y la estabilidad se convirtieron en el eje que mantenía unida a Taiwán. Así nació la democracia taiwanesa.
Lo oportuno aquí es descartar la idea de que la resiliencia democrática de Taiwán no se consolidó “a pesar de” la hostilidad constante de Pekín, sino que fue en gran medida debido a ella. En lugar de debilitarla, la blindó. Como sugiere el politólogo Ian McAllister, la hostilidad del régimen chino hacia la democratización tuvo el efecto paradójico de diluir las históricas divisiones étnicas internas entre los continentales y la población nativa ante la percepción de un peligro existencial común. Esta agresión exterior aceleró la creación de una identidad nacional taiwanesa distintiva, desplazando los antiguos conflictos sociales para sustituirlos por un sólido consenso democrático transversal.
Superada la principal causa de segregación de la población taiwanesa, la sociedad civil floreció. Las asociaciones que conectan comunidades distintas se multiplicaron y expandieron la confianza en la población. El BTI describe a Taiwán como una de las “sociedades civiles más vibrantes de Asia”. Esta vitalidad democrática se sostiene sobre un denso entramado de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos de interés que operan con total independencia del Estado, participando activamente en un amplio abanico de causas públicas y ejerciendo una influencia política clave que blinda al sistema frente a las presiones externas.
Así se ve reflejado en el índice. Libertad de expresión, independencia judicial, elecciones libres y justas, derechos civiles protegidos constitucionalmente, y separación de poderes obtuvieron todos un puntaje perfecto en el BTI (10). Y la lista podría continuar. No parecieran las cifras de un régimen en constante riesgo de desaparecer. Esto muestra la flexibilidad de Taiwán, su capacidad de adaptarse a un contexto complejo. Pero lo que realmente importa es cómo Taiwán logró instrumentalizar ese contexto para reforzar su identidad democrática.
Uruguay: democracia consolidada bajo presiones domésticas
A principios del siglo XX, mientras buena parte de Sudamérica fermentaba conflictos, el Estado uruguayo asumió un rol vanguardista. Estableció un sistema político competitivo con sufragio secreto y universal, se hizo cargo de proveer servicios públicos esenciales y lideró reformas sociales que entonces parecían audaces: separación Iglesia-Estado, jornada laboral de ocho horas, legalización del divorcio. Esa temprana institucionalización del bienestar sentó las bases para una sociedad próspera y cohesionada en la primera mitad del siglo XX. Con esa cohesión llegó una tradición profunda de participación organizada. Desde los años sesenta, los actores centrales fueron los sindicatos, que se convirtieron en protagonistas de la negociación política. La democracia uruguaya nació de la estabilidad y el consenso temprano.
Si bien no enfrenta un constante asedio externo ni sus vecinos disputan su existencia, Uruguay debe hacer frente a retos internos que se han agravado. El narcotráfico, operado por redes criminales en barrios periféricos, y el hecho de que el puerto de Montevideo se convirtiera en nodo de transbordo de cocaína hacia Europa, incrementaron los homicidios a niveles sin precedentes, desplazando en 2024 a la inseguridad como principal preocupación de la ciudadanía. A eso se suma la fragmentación parlamentaria y la deuda bruta, que pasó del 59,9% del PIB en 2019 al 70,8% en 2024. El conflicto social de fondo en la distribución del ingreso se agravó desde la pandemia de COVID-19, con mayor desigualdad y pobreza infantil.
Si algo explica que esas grietas domésticas no hayan puesto en jaque a la democracia uruguaya, es la tradicionalmente fuerte participación de la sociedad civil. El dato concreto surge del Mapa de la Sociedad Civil del BID e Instituto de Comunicación y Desarrollo: 2.599 asociaciones registradas a finales de 2024. El 40% de ellas se dedica a la inclusión social y al trabajo comunitario, el resto se distribuye entre organizaciones tradicionales (sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales), cultura, educación, derechos, religiosas, cooperativas y centros de investigación.
Ese compromiso cívico encuentra hoy múltiples canales de expresión. A pesar de que la participación en las internas de voto voluntario se derrumbó a un mínimo histórico en 2024, alcanzando el 36%, la cifra más baja desde 1999, distintas instancias de participación directa evidencian una movilización considerable. La intervención ciudadana en los consejos de salarios, la representación social en el directorio del Banco de Previsión Social y los foros de consulta ambiental revelan que la verdadera fortaleza democrática del país reside en la densidad del tejido asociativo.
Como el Estado no logra absorber plenamente los desafíos que enfrenta, es justamente ese entramado de organizaciones lo que funciona como un amortiguador social indispensable. Mientras el sistema político procesa sus propios tiempos de negociación, es la sociedad civil la que canaliza tensiones y desigualdades por vías pacíficas y cooperativas, manteniendo los conflictos dentro del Estado de derecho y evitando confrontaciones violentas. Su capacidad de contención es lo que sostiene la cohesión comunitaria y preserva la estabilidad democrática del país.
Uruguay lidera globalmente en Transformación Política en el BTI con 9,90 puntos y ocupa el segundo lugar en Gobernanza, apenas detrás de Taiwán, con 7,46. Dentro de la dimensión de Transformación Política, casi todos los indicadores rozan el puntaje máximo, entre ellos aparecen la garantía de elecciones libres y limpias, la separación de poderes, independencia judicial, estabilidad institucional y sistema de partidos. Pese a los desafíos domésticos, sostiene rasgos democráticos que pocos países de la región pueden mostrar.
Conclusión
Volviendo al eje del análisis, y retomando los primeros párrafos, se buscó indagar en qué contexto se forjaron estas democracias que hoy ocupan los primeros puestos del BTI. Al mirar el nivel de dificultad estructural, encontramos que los problemas que enfrenta cada una son distintos. Así como la ciencia política ya viene discutiendo hace décadas que no existe un vínculo automático entre desarrollo económico y desarrollo democrático, este ejercicio sugiere algo parecido en otro plano: tampoco parece haber una fórmula estructural para la democracia. No hay un conjunto fijo de condiciones, ausencia o presencia de amenazas, cierto tipo de sistema de partidos, que garantice de manera automática que una democracia se instale y prospere.
Pero eso no significa que no haya nada en común. La comparación entre Uruguay y Taiwán permite destacar dos elementos clave compartidos en ambos casos pese a las diferencias mencionadas. El primero es una sociedad civil robusta, capaz de absorber tensiones internas antes de que degeneren en fracturas, ya sea porque una amenaza externa la obligó a cohesionarse, como en Taiwán, o porque décadas de estabilidad le permitieron tejerse con el tiempo, como en Uruguay. El segundo es una separación de poderes real, donde ningún actor logra concentrar el control del Estado de manera permanente. Ni la amenaza ni su ausencia explican por sí solas el resultado, pero en la forma en que ambos países distribuyen el poder y sostienen el tejido social sí emergen similitudes que ameritan atención.
Pero queda una interrogante sin resolver. Ambos países presentan valores de Gobernanza prácticamente equivalentes, separados apenas por un punto en el nivel de dificultad ¿Es que un nivel de dificultad bajo facilita la construcción de democracia fuerte, o es que la democracia institucionalmente sólida es lo que hace que el nivel de dificultad se reduzca en los registros? En otras palabras, ¿estamos midiendo una causa o una consecuencia? Quizás la respuesta sea que existe una retroalimentación donde las instituciones que absorben presión reducen la dificultad aparente, lo cual permite gobernar mejor y, a su vez, refuerza esas instituciones. Si es así, entonces el punto que los separa no mide diferencias en fortaleza democrática, sino la naturaleza distinta de las presiones que cada uno logró institucionalizar.
Clara WolmyEstudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y voluntaria de CADAL.
Uruguay y Taiwán aparecen como los países mejor puntuados entre los 137 países emergentes y en transición examinados por el Bertelsmann Transformation Index (BTI). A lo largo de las dos décadas de existencia del índice (2006-2026), sus puntuaciones en cuanto a Democracia, una de las tres dimensiones del índice, han oscilado de manera consistente entre los 9.4 y los 10 puntos, el máximo posible, mientras que, en el último informe, publicado en 2026, Uruguay alcanzó 9.9 puntos y Taiwán 9.6 en la categoría democracias en consolidación.
El BTI evalúa cada dos años a 137 países en desarrollo y en transición. Combina análisis de expertos con datos cuantitativos y le pone a cada uno una nota de 1 a 10 en tres dimensiones: Transformación Política, Transformación Económica y Gobernanza. Este índice permite indagar en cómo países con realidades y sociedades relativamente disímiles han logrado construir no sólo democracias, sino también economías prósperas y estables y qué matices aparecen al recorrer los criterios del BTI que ayudan a entender las dificultades y las virtudes de cada uno en ese proceso.
El nivel de dificultad
A los fines de este análisis comparativo, concierne ahondar en un criterio clave que será transversal a este artículo: el nivel de dificultad. En la estructura del BTI, el Nivel de Dificultad es un indicador fundamental porque actúa como un elemento que permite evaluar el desempeño de un gobierno en un determinado contexto. No es lo mismo, en términos políticos, gobernar en un escenario exento de grandes adversidades que hacerlo bajo limitaciones crónicas. Un puntaje alto en el Índice de Gobernanza tiene un mérito mucho mayor si el país opera con limitaciones estructurales severas que si lo hace en un entorno favorable.
Para medir este nivel de dificultad, en la misma escala de 1 a 10 que el resto del informe, el índice evalúa factores históricos, geográficos y de seguridad a largo plazo. El BTI otorga a Uruguay un nivel de dificultad de 2, mientras que Taiwán registra un nivel de dificultad de 3. Aunque numéricamente la brecha parece estrecha, enmascara naturalezas problemáticas bastante divergentes.
La democratización taiwanesa
El politólogo Harold Lasswell planteó en 1941 la hipótesis del Estado de guarnición. Ante una amenaza existencial prolongada, lo esperable es que las élites militares y de seguridad concentren el poder a costa de los civiles, reforzando el control, restringiendo derechos y postergando libertades. Taiwán, como caso de éxito democrático (respaldado por los datos del BTI), rompe con esa hipótesis.
Aún bajo un nivel de dificultad marcado por la presión permanente de la República Popular China, Taiwán consolidó una democracia que hoy encabeza el BTI. El gobierno taiwanés debe hacer frente a la asfixia de un veto diplomático de facto en la comunidad internacional, incursiones militares aéreas y marítimas casi diarias por parte de la República Popular China, campañas sistemáticas de desinformación dirigidas desde el ciberespacio y una crisis demográfica severa de envejecimiento poblacional que amenaza su capacidad productiva y de defensa a largo plazo.
Frente a este escenario, al examinar su trayectoria surge inevitablemente la pregunta de cómo logró consolidar una democracia a pesar del constante asedio chino. El análisis de este proceso invita a evitar lecturas lineales. Más que asumir que la democratización ocurrió a pesar del contexto, el verdadero desafío analítico consiste en interrogarse sobre el papel de esa misma amenaza y examinar hasta qué punto pudo haber funcionado como un catalizador del proceso.
La supervivencia como origen
Para dar cuenta de esta hipótesis, resulta clave remitirse a la tesis del politólogo Timothy S. Rich, quien sostiene que la democracia taiwanesa fue, en esencia, una respuesta de supervivencia. El quiebre fue en 1971, cuando Taiwán perdió su asiento en la ONU frente a República Popular China y la comunidad internacional le dio la espalda. Con eso se desmoronó el argumento central que sostenía a la dictadura del Kuomintang (KMT), el partido nacionalista que había gobernado China continental hasta 1949 y que, replegado en la isla, se presentaba como el único gobierno legítimo de toda China. El reconocimiento diplomático occidental era lo que sostenía esa idea, y al perderlo, ese sostén desapareció. El régimen necesitaba entonces una legitimidad que naciera adentro, y la única forma de conseguirla era ganarse el consentimiento genuino de la gente a la que gobernaba.
Para lograrlo sin perder el control, ejecutó dos maniobras cardinales. Primero, la “taiwanización” del partido. El KMT abrió sus filas e integró masivamente líderes taiwaneses nativos en la cúpula del poder. Al echar raíces en la sociedad local, el partido oficialista se aseguró seguir siendo competitivo cuando abriera las urnas. Segundo, transformó el debate político, desplazó el conflicto entre continentales llegados en 1949 y la población que ya vivía en la isla hacia una pregunta que interpelaba a todos: cómo responder frente a Pekín. Unificación, independencia o mantener el statu quo. Los partidos se reorganizaron en torno a ese debate. Ahora podían adoptar posturas diferentes sobre la cuestión con el continente sin que eso significara una división profunda de la población taiwanesa. La defensa de la soberanía y la estabilidad se convirtieron en el eje que mantenía unida a Taiwán. Así nació la democracia taiwanesa.
Lo oportuno aquí es descartar la idea de que la resiliencia democrática de Taiwán no se consolidó “a pesar de” la hostilidad constante de Pekín, sino que fue en gran medida debido a ella. En lugar de debilitarla, la blindó. Como sugiere el politólogo Ian McAllister, la hostilidad del régimen chino hacia la democratización tuvo el efecto paradójico de diluir las históricas divisiones étnicas internas entre los continentales y la población nativa ante la percepción de un peligro existencial común. Esta agresión exterior aceleró la creación de una identidad nacional taiwanesa distintiva, desplazando los antiguos conflictos sociales para sustituirlos por un sólido consenso democrático transversal.
Superada la principal causa de segregación de la población taiwanesa, la sociedad civil floreció. Las asociaciones que conectan comunidades distintas se multiplicaron y expandieron la confianza en la población. El BTI describe a Taiwán como una de las “sociedades civiles más vibrantes de Asia”. Esta vitalidad democrática se sostiene sobre un denso entramado de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos de interés que operan con total independencia del Estado, participando activamente en un amplio abanico de causas públicas y ejerciendo una influencia política clave que blinda al sistema frente a las presiones externas.
Así se ve reflejado en el índice. Libertad de expresión, independencia judicial, elecciones libres y justas, derechos civiles protegidos constitucionalmente, y separación de poderes obtuvieron todos un puntaje perfecto en el BTI (10). Y la lista podría continuar. No parecieran las cifras de un régimen en constante riesgo de desaparecer. Esto muestra la flexibilidad de Taiwán, su capacidad de adaptarse a un contexto complejo. Pero lo que realmente importa es cómo Taiwán logró instrumentalizar ese contexto para reforzar su identidad democrática.
Uruguay: democracia consolidada bajo presiones domésticas
A principios del siglo XX, mientras buena parte de Sudamérica fermentaba conflictos, el Estado uruguayo asumió un rol vanguardista. Estableció un sistema político competitivo con sufragio secreto y universal, se hizo cargo de proveer servicios públicos esenciales y lideró reformas sociales que entonces parecían audaces: separación Iglesia-Estado, jornada laboral de ocho horas, legalización del divorcio. Esa temprana institucionalización del bienestar sentó las bases para una sociedad próspera y cohesionada en la primera mitad del siglo XX. Con esa cohesión llegó una tradición profunda de participación organizada. Desde los años sesenta, los actores centrales fueron los sindicatos, que se convirtieron en protagonistas de la negociación política. La democracia uruguaya nació de la estabilidad y el consenso temprano.
Si bien no enfrenta un constante asedio externo ni sus vecinos disputan su existencia, Uruguay debe hacer frente a retos internos que se han agravado. El narcotráfico, operado por redes criminales en barrios periféricos, y el hecho de que el puerto de Montevideo se convirtiera en nodo de transbordo de cocaína hacia Europa, incrementaron los homicidios a niveles sin precedentes, desplazando en 2024 a la inseguridad como principal preocupación de la ciudadanía. A eso se suma la fragmentación parlamentaria y la deuda bruta, que pasó del 59,9% del PIB en 2019 al 70,8% en 2024. El conflicto social de fondo en la distribución del ingreso se agravó desde la pandemia de COVID-19, con mayor desigualdad y pobreza infantil.
Si algo explica que esas grietas domésticas no hayan puesto en jaque a la democracia uruguaya, es la tradicionalmente fuerte participación de la sociedad civil. El dato concreto surge del Mapa de la Sociedad Civil del BID e Instituto de Comunicación y Desarrollo: 2.599 asociaciones registradas a finales de 2024. El 40% de ellas se dedica a la inclusión social y al trabajo comunitario, el resto se distribuye entre organizaciones tradicionales (sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales), cultura, educación, derechos, religiosas, cooperativas y centros de investigación.
Ese compromiso cívico encuentra hoy múltiples canales de expresión. A pesar de que la participación en las internas de voto voluntario se derrumbó a un mínimo histórico en 2024, alcanzando el 36%, la cifra más baja desde 1999, distintas instancias de participación directa evidencian una movilización considerable. La intervención ciudadana en los consejos de salarios, la representación social en el directorio del Banco de Previsión Social y los foros de consulta ambiental revelan que la verdadera fortaleza democrática del país reside en la densidad del tejido asociativo.
Como el Estado no logra absorber plenamente los desafíos que enfrenta, es justamente ese entramado de organizaciones lo que funciona como un amortiguador social indispensable. Mientras el sistema político procesa sus propios tiempos de negociación, es la sociedad civil la que canaliza tensiones y desigualdades por vías pacíficas y cooperativas, manteniendo los conflictos dentro del Estado de derecho y evitando confrontaciones violentas. Su capacidad de contención es lo que sostiene la cohesión comunitaria y preserva la estabilidad democrática del país.
Uruguay lidera globalmente en Transformación Política en el BTI con 9,90 puntos y ocupa el segundo lugar en Gobernanza, apenas detrás de Taiwán, con 7,46. Dentro de la dimensión de Transformación Política, casi todos los indicadores rozan el puntaje máximo, entre ellos aparecen la garantía de elecciones libres y limpias, la separación de poderes, independencia judicial, estabilidad institucional y sistema de partidos. Pese a los desafíos domésticos, sostiene rasgos democráticos que pocos países de la región pueden mostrar.
Conclusión
Volviendo al eje del análisis, y retomando los primeros párrafos, se buscó indagar en qué contexto se forjaron estas democracias que hoy ocupan los primeros puestos del BTI. Al mirar el nivel de dificultad estructural, encontramos que los problemas que enfrenta cada una son distintos. Así como la ciencia política ya viene discutiendo hace décadas que no existe un vínculo automático entre desarrollo económico y desarrollo democrático, este ejercicio sugiere algo parecido en otro plano: tampoco parece haber una fórmula estructural para la democracia. No hay un conjunto fijo de condiciones, ausencia o presencia de amenazas, cierto tipo de sistema de partidos, que garantice de manera automática que una democracia se instale y prospere.
Pero eso no significa que no haya nada en común. La comparación entre Uruguay y Taiwán permite destacar dos elementos clave compartidos en ambos casos pese a las diferencias mencionadas. El primero es una sociedad civil robusta, capaz de absorber tensiones internas antes de que degeneren en fracturas, ya sea porque una amenaza externa la obligó a cohesionarse, como en Taiwán, o porque décadas de estabilidad le permitieron tejerse con el tiempo, como en Uruguay. El segundo es una separación de poderes real, donde ningún actor logra concentrar el control del Estado de manera permanente. Ni la amenaza ni su ausencia explican por sí solas el resultado, pero en la forma en que ambos países distribuyen el poder y sostienen el tejido social sí emergen similitudes que ameritan atención.
Pero queda una interrogante sin resolver. Ambos países presentan valores de Gobernanza prácticamente equivalentes, separados apenas por un punto en el nivel de dificultad ¿Es que un nivel de dificultad bajo facilita la construcción de democracia fuerte, o es que la democracia institucionalmente sólida es lo que hace que el nivel de dificultad se reduzca en los registros? En otras palabras, ¿estamos midiendo una causa o una consecuencia? Quizás la respuesta sea que existe una retroalimentación donde las instituciones que absorben presión reducen la dificultad aparente, lo cual permite gobernar mejor y, a su vez, refuerza esas instituciones. Si es así, entonces el punto que los separa no mide diferencias en fortaleza democrática, sino la naturaleza distinta de las presiones que cada uno logró institucionalizar.
