Prensa
¿Se corre el riesgo de matar nuevamente a la ya famosa Vaca Muerta?
Si no se atraen inversiones para explotar los recursos no convencionales aparecerá otra Vaca Muerta en el horizonte, opina Horacio Fernández, coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina.
Fuente: Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro, Argentina)
Por Horacio Fernández (*)
Sin ninguna duda, el conflicto en desarrollo entre el gobierno nacional e YPF por una parte y provincias petroleras por la otra, tendrá consecuencias negativas para la futura producción de hidrocarburos.
Se trata de una disputa sobre cómo regular y distribuirse una renta petrolera que aún no existe (Vaca Muerta o recursos no convencionales) y que tardará mucho mas en obtenerse si la Argentina carece de una política de Estado acordada entre la Nación y las provincias.
La incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversores sobre todo cuando se trata literalmente de enterrar sumas enormes por muchos años y con tasas de retorno más bajas que en los yacimientos convencionales.
Ambas partes tienen razones para sostener su posición en la controversia. Un punto central en la disputa es definir quién tiene el poder de fijar la política petrolera y de legislar en consecuencia.
Si bien las provincias tienen el "dominio originario" de sus recursos naturales según el artículo 124 de la Constitución Nacional también es claro que la misma Constitución en el art.75 inc.12 y la Ley 26197 (llamada Ley Corta) le otorgan al gobierno nacional la facultad de legislar y fijar las políticas en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, casi todas las provincias petroleras han sancionado leyes de hidrocarburos que de por sí son inconstitucionales y que además contradicen aspectos importantes de la Ley de Hidrocarburos nacional 17319, generando un caos regulatorio.
A favor de las provincias puede señalarse que desde 2002, con la creación de los derechos de exportación no coparticipables y con la Ley de Emergencia Económica que prácticamente congeló los precios de los hidrocarburos, el gobierno nacional se ha venido apropiando ilegítimamente de parte importante del valor de los recursos provinciales.
Por otra parte, el gobierno nacional e YPF parecen cuestionar la acción de empresas provinciales de hidrocarburos que florecieron hace unos años por impulso del mismo gobierno. Lo cierto es que la existencia de estas empresas es de discutible utilidad sirviendo mas para colocar amigos y crear cajas recaudatorias de dudosa transparencia.
Las empresas provinciales no aportan ni capital ni tecnología. Esto lleva a que las empresas privadas obligadas a asociarse a las provinciales deben financiar todo el proyecto, lo que implica un achicamiento del mismo que desalienta la inversión.
Por su parte, a las provincias no les falta razón en no querer depender casi exclusivamente de YPF para poner en valor su potencial de hidrocarburos.
YPF, como toda empresa privada o pública, aspira al monopolio y es responsabilidad de los gobiernos evitarlo. El status jurídico actual de la compañía es sumamente dudoso y no se sabe si es pública o privada ni a qué reglas está sujeta.
Debe destacarse que la Ley de Hidrocarburos vigente dictada en 1967 le otorga a YPF el "rol protagónico" (sic) para llevar adelante la política petrolera. Esta norma nunca fue derogada, pese a las sucesivas privatizaciones de YPF producidas a partir de 1992.
La Argentina necesita la inversión de grandes capitales en su sector energético que no puede venir de un estado nacional con déficit fiscal y sin acceso al crédito externo. Tampoco será positivo que YPF, aunque consiga financiamiento, tenga un cuasi-monopolio para elegir áreas y decidir cómo y cuándo explotarlas.
Lo ideal será convocar a muchas empresas privadas operadoras que en un marco legal general se presenten en licitaciones transparentes que convoquen las provincias y en las cuáles YPF debería ser un competidor más en igualdad de condiciones.
Por otra parte, la tendencia que se insinúa en las últimas contrataciones de la Nación e YPF no es técnicamente correcta. Ella consiste en contratar con empresas privadas caso por caso y con un precio del petróleo o del gas diferente, según un esquema de costo plus que debe ser aprobado por una Comisión Nacional. Esto sólo lleva a premiar a las empresas con mejor lobby y no a las más competitivas.
La actual Ley de Hidrocarburos, que es buena y conocida, debería retocarse solamente para incluir la figura de Concesión de Hidrocarburos no Convencionales y un capítulo de presupuestos mínimos ambientales sobre la técnica de "fracking".
En noviembre del año pasado, en Corea del Sur y en el marco del último Congreso Mundial de la Energía el CEO saliente de Shell, Peter Voser dijo que no creía que en otros países del mundo se pudiera dar el "boom" de los hidrocarburos no convencionales como se viene dando en los EE.UU.
Una de las principales razones en que fundó su predicción fueron las características únicas del régimen legal de ese país, en donde el superficiario es el dueño de los recursos del subsuelo.
Sin pretender reproducir ese régimen excepcional, en la Argentina se puede y se debe lograr un marco institucional estable y predecible para atraer las inversiones necesarias para la explotación de los recursos no convencionales. Si no se logra, se corre el riesgo de matar nuevamente a la ya famosa Vaca Muerta.
(*) Es coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL).
Fuente: Diario Río Negro (Gral. Roca, Argentina)
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro, Argentina)
Por Horacio Fernández (*)
Sin ninguna duda, el conflicto en desarrollo entre el gobierno nacional e YPF por una parte y provincias petroleras por la otra, tendrá consecuencias negativas para la futura producción de hidrocarburos.
Se trata de una disputa sobre cómo regular y distribuirse una renta petrolera que aún no existe (Vaca Muerta o recursos no convencionales) y que tardará mucho mas en obtenerse si la Argentina carece de una política de Estado acordada entre la Nación y las provincias.
La incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversores sobre todo cuando se trata literalmente de enterrar sumas enormes por muchos años y con tasas de retorno más bajas que en los yacimientos convencionales.
Ambas partes tienen razones para sostener su posición en la controversia. Un punto central en la disputa es definir quién tiene el poder de fijar la política petrolera y de legislar en consecuencia.
Si bien las provincias tienen el "dominio originario" de sus recursos naturales según el artículo 124 de la Constitución Nacional también es claro que la misma Constitución en el art.75 inc.12 y la Ley 26197 (llamada Ley Corta) le otorgan al gobierno nacional la facultad de legislar y fijar las políticas en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, casi todas las provincias petroleras han sancionado leyes de hidrocarburos que de por sí son inconstitucionales y que además contradicen aspectos importantes de la Ley de Hidrocarburos nacional 17319, generando un caos regulatorio.
A favor de las provincias puede señalarse que desde 2002, con la creación de los derechos de exportación no coparticipables y con la Ley de Emergencia Económica que prácticamente congeló los precios de los hidrocarburos, el gobierno nacional se ha venido apropiando ilegítimamente de parte importante del valor de los recursos provinciales.
Por otra parte, el gobierno nacional e YPF parecen cuestionar la acción de empresas provinciales de hidrocarburos que florecieron hace unos años por impulso del mismo gobierno. Lo cierto es que la existencia de estas empresas es de discutible utilidad sirviendo mas para colocar amigos y crear cajas recaudatorias de dudosa transparencia.
Las empresas provinciales no aportan ni capital ni tecnología. Esto lleva a que las empresas privadas obligadas a asociarse a las provinciales deben financiar todo el proyecto, lo que implica un achicamiento del mismo que desalienta la inversión.
Por su parte, a las provincias no les falta razón en no querer depender casi exclusivamente de YPF para poner en valor su potencial de hidrocarburos.
YPF, como toda empresa privada o pública, aspira al monopolio y es responsabilidad de los gobiernos evitarlo. El status jurídico actual de la compañía es sumamente dudoso y no se sabe si es pública o privada ni a qué reglas está sujeta.
Debe destacarse que la Ley de Hidrocarburos vigente dictada en 1967 le otorga a YPF el "rol protagónico" (sic) para llevar adelante la política petrolera. Esta norma nunca fue derogada, pese a las sucesivas privatizaciones de YPF producidas a partir de 1992.
La Argentina necesita la inversión de grandes capitales en su sector energético que no puede venir de un estado nacional con déficit fiscal y sin acceso al crédito externo. Tampoco será positivo que YPF, aunque consiga financiamiento, tenga un cuasi-monopolio para elegir áreas y decidir cómo y cuándo explotarlas.
Lo ideal será convocar a muchas empresas privadas operadoras que en un marco legal general se presenten en licitaciones transparentes que convoquen las provincias y en las cuáles YPF debería ser un competidor más en igualdad de condiciones.
Por otra parte, la tendencia que se insinúa en las últimas contrataciones de la Nación e YPF no es técnicamente correcta. Ella consiste en contratar con empresas privadas caso por caso y con un precio del petróleo o del gas diferente, según un esquema de costo plus que debe ser aprobado por una Comisión Nacional. Esto sólo lleva a premiar a las empresas con mejor lobby y no a las más competitivas.
La actual Ley de Hidrocarburos, que es buena y conocida, debería retocarse solamente para incluir la figura de Concesión de Hidrocarburos no Convencionales y un capítulo de presupuestos mínimos ambientales sobre la técnica de "fracking".
En noviembre del año pasado, en Corea del Sur y en el marco del último Congreso Mundial de la Energía el CEO saliente de Shell, Peter Voser dijo que no creía que en otros países del mundo se pudiera dar el "boom" de los hidrocarburos no convencionales como se viene dando en los EE.UU.
Una de las principales razones en que fundó su predicción fueron las características únicas del régimen legal de ese país, en donde el superficiario es el dueño de los recursos del subsuelo.
Sin pretender reproducir ese régimen excepcional, en la Argentina se puede y se debe lograr un marco institucional estable y predecible para atraer las inversiones necesarias para la explotación de los recursos no convencionales. Si no se logra, se corre el riesgo de matar nuevamente a la ya famosa Vaca Muerta.
(*) Es coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL).
Fuente: Diario Río Negro (Gral. Roca, Argentina)
