Prensa
Africa mía
Fuente: La Capital (Mar del Plata, Argentina)
Por Gabriel C.Salvia (*), para DyN
Si se toma como antecedente las críticas que Cristina Fernández de Kirchner realizó en febrero pasado, en la Casa Rosada, durante la visita oficial a la Argentina del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, es esperable que la Presidente reitere ahora su compromiso con la promoción internacional de los derechos humanos, durante su gira por el norte de África.
Efectivamente, en el viaje con propósitos comerciales a Argelia, Túnez, Egipto y Libia la Presidente está caminando el suelo de cuatro países con serios problemas en materia de derechos humanos, de acuerdo a lo que informan prestigiosas organizaciones internacionales.
Entonces, como defensora de los mismos, está obligada a reclamar a sus anfitriones por el respeto a las libertades fundamentales en sus respectivos países.
Es importante recordar que durante la dictadura militar argentina se recibieron importantes muestras de solidaridad internacional por parte de diferentes países democráticos, tanto en su política exterior de condena y denuncia hacia la dictadura, como en las valientes acciones de diplomáticos extranjeros.
Por tal motivo, la República Argentina tiene una obligación moral hacia los ciudadanos de países donde sus gobiernos son considerados violadores de los derechos humanos. Argelia, Túnez, Egipto y Libia lamentablemente están entre esos países y de eso dan cuenta organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
En Egipto, por ejemplo, AI señala que alrededor de 18.000 detenidos administrativos siguieron encarcelados en condiciones inhumanas y vejatorias, mientras que la UNICEF calcula que 75 por ciento de las muchachas musulmanas y cristianas con edades comprendidas entre los 15 y 17 años eran sometidas a mutilación genital.
Por su parte, HRW pidió al gobierno de ese país que tomase pasos inmediatos para corregir su política sistemática de forzar a los conversos al islam a aceptar una identidad religiosa que no era la suya, de modo de poder obtener documentos de identidad esenciales.
De los cuatro países contenidos en la gira presidencial, Libia es el que registra la peor calificación de todos, si se cruzan los índices que miden las libertades democráticas fundamentales, la libertad económica y la transparencia gubernamental. Para HRW, "el país está dominado por un único líder, quien no tolera ninguna crítica a su régimen o de su singular sistema político".
En cuanto a Túnez, allí HRW denunció que "el gobierno usa la amenaza del terrorismo y del extremismo religioso como pretexto para aplastar el disenso pacífico", mientras que Amnistía destacó que "las salvaguardias jurídicas se violaban con frecuencia, se torturaba impunemente a personas consideradas sospechosas por motivos políticos y se hostigaba a quienes defendían los derechos humanos. Se seguía restringiendo severamente la libertad de expresión y de asociación".
Respecto a Argelia, AI informó que "se hostigó a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas". Argelia firmó el 6 de febrero la nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, "pero no adoptó medida alguna para investigar la suerte de las miles de víctimas de desaparición forzada", agregó.
Obviamente, hay más datos críticos en materia de derechos humanos sobre los países que está recorriendo la Presidente, por lo cual, al igual que lo hizo con el dictador de Guinea Ecuatorial, sería deseable que mantuviera la misma actitud de denuncia hacia todos los dictadores, sin excepciones.
En definitiva, está bien que el gobierno promueva el intercambio comercial, pero en materia de política exterior debería sostener, en primer lugar, que los derechos humanos no se negocian.
(*) Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
La Capital (Mar del Plata, Argentina)
Por Gabriel C.Salvia (*), para DyN
Si se toma como antecedente las críticas que Cristina Fernández de Kirchner realizó en febrero pasado, en la Casa Rosada, durante la visita oficial a la Argentina del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, es esperable que la Presidente reitere ahora su compromiso con la promoción internacional de los derechos humanos, durante su gira por el norte de África.
Efectivamente, en el viaje con propósitos comerciales a Argelia, Túnez, Egipto y Libia la Presidente está caminando el suelo de cuatro países con serios problemas en materia de derechos humanos, de acuerdo a lo que informan prestigiosas organizaciones internacionales.
Entonces, como defensora de los mismos, está obligada a reclamar a sus anfitriones por el respeto a las libertades fundamentales en sus respectivos países.
Es importante recordar que durante la dictadura militar argentina se recibieron importantes muestras de solidaridad internacional por parte de diferentes países democráticos, tanto en su política exterior de condena y denuncia hacia la dictadura, como en las valientes acciones de diplomáticos extranjeros.
Por tal motivo, la República Argentina tiene una obligación moral hacia los ciudadanos de países donde sus gobiernos son considerados violadores de los derechos humanos. Argelia, Túnez, Egipto y Libia lamentablemente están entre esos países y de eso dan cuenta organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
En Egipto, por ejemplo, AI señala que alrededor de 18.000 detenidos administrativos siguieron encarcelados en condiciones inhumanas y vejatorias, mientras que la UNICEF calcula que 75 por ciento de las muchachas musulmanas y cristianas con edades comprendidas entre los 15 y 17 años eran sometidas a mutilación genital.
Por su parte, HRW pidió al gobierno de ese país que tomase pasos inmediatos para corregir su política sistemática de forzar a los conversos al islam a aceptar una identidad religiosa que no era la suya, de modo de poder obtener documentos de identidad esenciales.
De los cuatro países contenidos en la gira presidencial, Libia es el que registra la peor calificación de todos, si se cruzan los índices que miden las libertades democráticas fundamentales, la libertad económica y la transparencia gubernamental. Para HRW, "el país está dominado por un único líder, quien no tolera ninguna crítica a su régimen o de su singular sistema político".
En cuanto a Túnez, allí HRW denunció que "el gobierno usa la amenaza del terrorismo y del extremismo religioso como pretexto para aplastar el disenso pacífico", mientras que Amnistía destacó que "las salvaguardias jurídicas se violaban con frecuencia, se torturaba impunemente a personas consideradas sospechosas por motivos políticos y se hostigaba a quienes defendían los derechos humanos. Se seguía restringiendo severamente la libertad de expresión y de asociación".
Respecto a Argelia, AI informó que "se hostigó a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas". Argelia firmó el 6 de febrero la nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, "pero no adoptó medida alguna para investigar la suerte de las miles de víctimas de desaparición forzada", agregó.
Obviamente, hay más datos críticos en materia de derechos humanos sobre los países que está recorriendo la Presidente, por lo cual, al igual que lo hizo con el dictador de Guinea Ecuatorial, sería deseable que mantuviera la misma actitud de denuncia hacia todos los dictadores, sin excepciones.
En definitiva, está bien que el gobierno promueva el intercambio comercial, pero en materia de política exterior debería sostener, en primer lugar, que los derechos humanos no se negocian.
(*) Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
