Prensa
El diálogo con Cuba en la OEA debe incluir a sus actores democráticos
Si José Miguel Insulza y los gobiernos democráticos del hemisferio quieren integrar a Cuba a la OEA, pueden empezar por pedirle a Raúl Castro que ponga fin al sistema político que reprime las libertades democráticas fundamentales y mientras tanto aplicar con los referentes de la oposición en la Isla el artículo 1° de la CDI: ''Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla''.
Fuente: El País (España)
Hay un impedimento legal para que el país se integre en la organización si no flexibiliza su sistema institucional.
*GABRIEL C. SALVIA
Al responder recientemente a una pregunta acerca de si Cuba debería acudir a la Cumbre de las Americas del año próximo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó que "si Panamá decide invitar a Cuba, no hay ningún motivo legal para que no pueda ir".
La afirmación de Insulza puede interpretarse como una contradicción a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana (CDI), cuyo texto aprobado en 2001 es incompatible con el sistema legal e institucional de partido único que rige en Cuba. Por ejemplo, el artículo 3 de la CDI señala que "son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".
Es evidente que hay un impedimento legal para que Cuba pueda integrarse a la OEA en tanto no armonice su sistema institucional a lo establecido en la CDI. Como lo señala el jurista Ricardo Manuel Rojas en el libro Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba, "es posible analizar ciertos aspectos del orden político cubano a través del estudio de su organización institucional y legal, para concluir que ya desde sus instituciones fundamentales, el contenido de sus leyes y la interpretación que le dan los órganos judiciales, el régimen cubano está organizado sobre la base de la supremacía del poder del Estado por encima de los derechos humanos básicos, y frecuentemente los vulnera en nombre de intereses propios del Gobierno".
Ahora, si se trata de invitar a Cuba a la próxima Cumbre de las Americas en Panamá, flexibilizando políticamente la institucionalidad de la OEA, ¿qué hará el organismo hemisférico con la sociedad civil que en Cuba está ilegalizada? Es que en su artículo 26, la CDI expresa que "La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil". Al respecto, la OEA brinda un importante espacio de participación a la sociedad civil, que actualmente incluye a 424 organizaciones registradas en el organismo.
Sin embargo, la OEA mantiene aislada a la sociedad civil cubana, extendiéndole la ilegalidad que el régimen de partido único le impone. Es cierto que luego de la reforma migratoria en Cuba, de principios de 2013, algunos actores democráticos residentes en la Isla pudieron asistir y participar en la Asamblea General realizada este año en Asunción del Paraguay, pero lo hicieron a través de entidades de otros países reconocidas por la OEA.
Hay que tener en cuenta que en su constitución de 1976, Cuba dice garantizar, entre otras, las libertades de asociación, expresión y reunión, pero "conforme a los fines de la sociedad socialista", con lo cual las termina negando. Es decir, la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil de distintos países del hemisferio que se encuentran registradas formalmente ante la OEA no podrían existir en Cuba dado que su objetivo es contrario al sistema político dogmático que rige en este país.
Lamentablemente, la mayoría de los gobiernos y funcionarios de organismos regionales e internacionales consideran exclusivamente al ilegítimo (de acuerdo al artículo 3 de la CDI) Gobierno de la familia Castro como único interlocutor del diálogo en Cuba, con lo cual aíslan a los pacíficos actores democráticos que residen en la Isla. ¿Es coherente entonces que Insulza y actuales y ex mandatarios latinoamericanos critiquen el aislamiento de Cuba?
Además, el aislamiento regional del Gobierno de Cuba es ficticio, dado que forma parte activa en otros organismos regionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ambos con cláusulas democráticas que no respetan. De hecho, el propio Insulza concurrió a fines de enero del corriente año a la II Cumbre de la CELAC en La Habana, donde se reunió con Raúl Castro, pero se negó a "dialogar" con miembros de la oposición pacífica interna y hasta se mostró indiferente ante la represión del régimen cubano que impidió la realización de un simbólico foro alternativo opositor y arrestó ilegalmente al referente progresista Manuel Cuesta Morúa. La demostración represiva que hizo el Gobierno cubano en dicha oportunidad es un ejemplo más de su rechazo a lo establecido en la CDI y, por lo tanto, invitarlo a la Cumbre de las Americas implica respaldar la continuidad de sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Por tal motivo, si José Miguel Insulza y los gobiernos democráticos del hemisferio quieren integrar a Cuba a la OEA, pueden empezar por pedirle a Raúl Castro que ponga fin al sistema político que reprime las libertades democráticas fundamentales y mientras tanto aplicar con los referentes de la oposición en la Isla el artículo 1° de la CDI: "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".
De esta manera, las embajadas de países latinoamericanos y de Canadá podrían poner fin al aislamiento del movimiento cívico cubano, invitando a sus actores democráticos a las Fiestas Nacionales y - al igual que lo hacen Suecia, los Países Bajos, República Checa y Estados Unidos - ofrecerles un espacio para conectarse a internet. Y en el caso de la OEA, Insulza podría dar un buen ejemplo en su intención de dialogar con Cuba - lo cual incluye al conjunto de la sociedad cubana y no solamente a su gobierno carente de credenciales democráticas - creando un estatus especial para los grupos de la sociedad civil en Cuba que son considerados ilegítimos por el régimen de partido único, pero que la OEA debería reconocer haciendo prevalecer lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.
En definitiva, al considerar la invitación al Gobierno de Cuba a la Cumbre de las Americas, Panamá y la OEA tienen que contemplar también la presencia formal de representantes del movimiento cívico en la Isla. De lo contrario, crearán un mal precedente en el organismo al aceptar la presencia de un Estado y excluir a su sociedad civil de carácter opositor.
*Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). @GabrielSalvia @CADAL
El País (España)
Hay un impedimento legal para que el país se integre en la organización si no flexibiliza su sistema institucional.
*GABRIEL C. SALVIA
Al responder recientemente a una pregunta acerca de si Cuba debería acudir a la Cumbre de las Americas del año próximo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó que "si Panamá decide invitar a Cuba, no hay ningún motivo legal para que no pueda ir".
La afirmación de Insulza puede interpretarse como una contradicción a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana (CDI), cuyo texto aprobado en 2001 es incompatible con el sistema legal e institucional de partido único que rige en Cuba. Por ejemplo, el artículo 3 de la CDI señala que "son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".
Es evidente que hay un impedimento legal para que Cuba pueda integrarse a la OEA en tanto no armonice su sistema institucional a lo establecido en la CDI. Como lo señala el jurista Ricardo Manuel Rojas en el libro Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba, "es posible analizar ciertos aspectos del orden político cubano a través del estudio de su organización institucional y legal, para concluir que ya desde sus instituciones fundamentales, el contenido de sus leyes y la interpretación que le dan los órganos judiciales, el régimen cubano está organizado sobre la base de la supremacía del poder del Estado por encima de los derechos humanos básicos, y frecuentemente los vulnera en nombre de intereses propios del Gobierno".
Ahora, si se trata de invitar a Cuba a la próxima Cumbre de las Americas en Panamá, flexibilizando políticamente la institucionalidad de la OEA, ¿qué hará el organismo hemisférico con la sociedad civil que en Cuba está ilegalizada? Es que en su artículo 26, la CDI expresa que "La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil". Al respecto, la OEA brinda un importante espacio de participación a la sociedad civil, que actualmente incluye a 424 organizaciones registradas en el organismo.
Sin embargo, la OEA mantiene aislada a la sociedad civil cubana, extendiéndole la ilegalidad que el régimen de partido único le impone. Es cierto que luego de la reforma migratoria en Cuba, de principios de 2013, algunos actores democráticos residentes en la Isla pudieron asistir y participar en la Asamblea General realizada este año en Asunción del Paraguay, pero lo hicieron a través de entidades de otros países reconocidas por la OEA.
Hay que tener en cuenta que en su constitución de 1976, Cuba dice garantizar, entre otras, las libertades de asociación, expresión y reunión, pero "conforme a los fines de la sociedad socialista", con lo cual las termina negando. Es decir, la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil de distintos países del hemisferio que se encuentran registradas formalmente ante la OEA no podrían existir en Cuba dado que su objetivo es contrario al sistema político dogmático que rige en este país.
Lamentablemente, la mayoría de los gobiernos y funcionarios de organismos regionales e internacionales consideran exclusivamente al ilegítimo (de acuerdo al artículo 3 de la CDI) Gobierno de la familia Castro como único interlocutor del diálogo en Cuba, con lo cual aíslan a los pacíficos actores democráticos que residen en la Isla. ¿Es coherente entonces que Insulza y actuales y ex mandatarios latinoamericanos critiquen el aislamiento de Cuba?
Además, el aislamiento regional del Gobierno de Cuba es ficticio, dado que forma parte activa en otros organismos regionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ambos con cláusulas democráticas que no respetan. De hecho, el propio Insulza concurrió a fines de enero del corriente año a la II Cumbre de la CELAC en La Habana, donde se reunió con Raúl Castro, pero se negó a "dialogar" con miembros de la oposición pacífica interna y hasta se mostró indiferente ante la represión del régimen cubano que impidió la realización de un simbólico foro alternativo opositor y arrestó ilegalmente al referente progresista Manuel Cuesta Morúa. La demostración represiva que hizo el Gobierno cubano en dicha oportunidad es un ejemplo más de su rechazo a lo establecido en la CDI y, por lo tanto, invitarlo a la Cumbre de las Americas implica respaldar la continuidad de sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Por tal motivo, si José Miguel Insulza y los gobiernos democráticos del hemisferio quieren integrar a Cuba a la OEA, pueden empezar por pedirle a Raúl Castro que ponga fin al sistema político que reprime las libertades democráticas fundamentales y mientras tanto aplicar con los referentes de la oposición en la Isla el artículo 1° de la CDI: "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".
De esta manera, las embajadas de países latinoamericanos y de Canadá podrían poner fin al aislamiento del movimiento cívico cubano, invitando a sus actores democráticos a las Fiestas Nacionales y - al igual que lo hacen Suecia, los Países Bajos, República Checa y Estados Unidos - ofrecerles un espacio para conectarse a internet. Y en el caso de la OEA, Insulza podría dar un buen ejemplo en su intención de dialogar con Cuba - lo cual incluye al conjunto de la sociedad cubana y no solamente a su gobierno carente de credenciales democráticas - creando un estatus especial para los grupos de la sociedad civil en Cuba que son considerados ilegítimos por el régimen de partido único, pero que la OEA debería reconocer haciendo prevalecer lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.
En definitiva, al considerar la invitación al Gobierno de Cuba a la Cumbre de las Americas, Panamá y la OEA tienen que contemplar también la presencia formal de representantes del movimiento cívico en la Isla. De lo contrario, crearán un mal precedente en el organismo al aceptar la presencia de un Estado y excluir a su sociedad civil de carácter opositor.
*Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). @GabrielSalvia @CADAL
