¿Cómo se puede elegir a Venezuela para formar parte de un proceso tan importante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando rechaza las recomendaciones sobre las nociones más básicas de garantía del Estado de Derecho en su propio país?

Por Micaela Hierro Dori

La Asamblea General de la ONU acaba de aprobar el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, el cual se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2013 junto a Argentina y Brasil en representación de la región de América Latina, sustituyendo a Cuba, México y Uruguay que culminaron su período.

A pesar de las numerosas críticas elevadas por parte de organizaciones de la sociedad civil especializadas en Derechos Humanos y activistas reconocidos como José Miguel Vivanco, Director para las Americas de Human Rights Watch, que se fundamentan en el incumplimiento de requisitos por parte del país gobernado por Hugo Chávez en cuanto a la protección de los derechos universales, Venezuela obtuvo 154 votos en la Asamblea General (Brasil obtuvo 184 y Argentina 176).  

Para evidenciar estos fundamentos, se puede recurrir a las observaciones y recomendaciones hechas a Venezuela, durante su proceso del Examen Periódico Universal en el año 2011, de las cuales ha aceptado 97 y rechazado otras 51. Entre estas recomendaciones rechazadas se puede mencionar a la de Eslovaquia, solicitando “armonizar el marco legal relacionada a la libertad de expresión de acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por Venezuela” y las de Francia de “renovar el compromiso de libertad de expresión, opinión y pluralismo”. También negó la posibilidad planteada por Australia de “asegurar el acceso a la información pública”. Por otro lado, Venezuela objetó las recomendaciones de Canadá, Suiza y Estados Unidos de “respetar la independencia del poder judicial y tomar las medidas necesarias”. Y cuando el Reino Unido insistió con la independencia del poder judicial, y le recomendó asegurar la transparencia en la selección de jueces y fiscales, también fue rechazado. Por lo tanto, cuando Israel sin adornos de palabras diplomáticas, directamente instó a Venezuela a “abolir la práctica de usar el sistema judicial para silenciar las críticas al Gobierno”, no fue de sorprender la misma reacción.

Entonces, ¿cómo se puede elegir a Venezuela para formar parte de un proceso tan importante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando rechaza las recomendaciones sobre las nociones más básicas de garantía del Estado de Derecho en su propio país?

Si bien para Jorge Valero, Embajador de Venezuela ante la ONU, el hecho de haber sido aprobado su ingreso al CDH es “un triunfo a la revolución bolivariana”, para la comunidad internacional podría interpretarse como un triunfo de los países que violan sistemáticamente el Derecho Internacional y específicamente los Derechos Fundamentales del Hombre consagrados hace 64 años. Esto último considerando la complicidad y la complacencia que ha demostrado Venezuela a la hora de evaluar los Exámenes Periódicos Universales (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de los países calificados como No Libres por los informes de Freedom House.

La ironía de las recomendaciones que obvian los problemas más graves que atraviesan los mencionados países puede trascender a la más alta diplomacia. En Cuba, donde todos los partidos políticos, excepto el comunista, están prohibidos y cada vez que hay una manifestación pacífica del pueblo cubano pidiendo por el reconocimiento de sus derechos políticos se transforma en una ola de detenciones arbitrarias, Venezuela recomendó alegremente “seguir avanzando en el fortalecimiento de la democracia participativa y proactiva, como un verdadero mecanismo para garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos”.

Ante el caso de Corea del Norte que viola sistemáticamente todos los derechos políticos y económicos, la única recomendación que se le ocurrió fue “continuar la aplicación del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, con el fin de mejorar la calidad del sistema de 11 años de enseñanza obligatoria, la educación gratuita, universal”. Así como con Libia a quien le sugirió “continuar fortaleciendo su política educativa exitosa, en condiciones que garanticen el acceso a la educación con igualdad plena”, Venezuela obvió los verdaderos desafíos que enfrentan los países tan cuestionados en materia de DDHH durante el EPU.

El Gobierno de Hugo Chávez se ha burlado una y otra vez de este tipo de organismos regionales o multilaterales de Derechos Humanos en sus declaraciones públicas, y en los hechos al retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siguiendo la lógica de su accionar, se puede deducir que el verdadero motivo del Presidente de Venezuela para ocupar uno de los 47 puestos del Consejo de Derechos Humanos es asegurar cierto grado de impunidad a los países amigos que violan sistemáticamente los derechos humanos, donde no existen las instituciones democráticas y con los cuáles mantiene lazos de cooperación económica y política.

Micaela Hierro Dori

Micaela Hierro Dori.