(Análisis Latino) En su sexto informe de Homofobia de Estado, recientemente difundido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) ofrece un resumen del contexto legal en todos los países del mundo para facilitar el trabajo de activistas de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Los del África y Asia son los que se presentan muy atrasados en este aspecto. De hecho, en Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán y algunas partes de Nigeria y Somalia, los actos homosexuales son castigados con la muerte. Y si bien hay trabajo pendiente, en América Latina la homosexualidad no es ilegal e incluso algunos países de la región han producido grandes avances en defensa de estas libertades civiles.

Por Camden Luxford

(Análisis Latino) Daniel Zamudio murió el 27 de marzo de 2012 a los 24 años, después de haber pasado más de tres semanas en coma inducido en el Hospital Posta Central de Santiago de Chile. Fue brutalmente golpeado: tenía las piernas rotas, una oreja parcialmente cortada y sangrientas esvásticas en pecho y espalda. Ocho días después el Congreso Nacional de Chile sancionó una ley anti-discriminación, siete años después de que se propusiera.

Este es sólo uno de los casos señalados por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) en su sexto informe de Homofobia de Estado, recientemente difundido. Este informe no es un ranking, sino un resumen del contexto legal en todos los países del mundo, para facilitar el trabajo de activistas de derechos humanos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex). Sin embargo, permite obtener una idea de cómo se colocan los países y son los del África y Asia los que se presentan muy atrasados en este aspecto. De hecho, en Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán y algunas partes de Nigeria y Somalia, los actos homosexuales son castigados con la muerte.

Y si bien hay trabajo pendiente, en América Latina la homosexualidad no es ilegal e incluso algunos países de la región han producido grandes avances en defensa de estas libertades civiles. Por ejemplo, el informe de ILGA cita la recién sancionada Ley de Identidad de Género argentina como modelo para tal legislación.

El panorama legislativo es por una parte prometedor: los actos homosexuales son legales - o por lo menos no ilegales - en toda la región latinoamericana (el Caribe muestra una tendencia completamente opuesta y bastante preocupante, donde la homosexualidad es ilegal).

Sin embargo, "la ausencia de una explícita criminalización no significa la ausencia de riesgo de persecución y/o una suficiente protección estatal". Puede ser que la persecución abierta sea cosa de ayer, pero aun no se ha terminado de conseguir el equitativo reconocimiento de los derechos de los LGBTI. Un primer paso será la sanción de leyes que explícitamente prohíban la discriminación y dispongan del libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos.

Sólo en Brasil, Bolivia, Ecuador y algunas partes de Argentina existe la prohibición constitucional de discriminación basada en la orientación sexual. Leyes que prohíben la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual han sido sancionadas solamente en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, diez estados de México y la ciudad de Rosario de Argentina, solitaria ciudad que también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la identidad de género.

Sólo un poco más de cuatro países prohíben la incitación al odio por razones de orientación sexual: Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay y algunas partes de México.

¿Y el matrimonio? Los LGBTI sólo pueden casarse en Argentina y México D.F., aunque en Brasil, Colombia y el estado de Coahuila de México las uniones civiles son reconocidas. En Uruguay y Ecuador se les ofrece algunos de los derechos disfrutados por los matrimonios.

Que el estado no reconozca las relaciones de los ciudadanos LGBTI, que no les dé el mismo valor y los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, contribuye a mantener vivo el estigma y a crear una sociedad que exhibe un alto nivel de homofobia.

ILGA identifica varios pasos importantes hacia la creación de sociedades más tolerantes e inclusivas. Los gobiernos tienen que deshacerse de la apatía: Brasil ni siquiera mantiene la cuenta de los crímenes homofóbicos, como lo hace con, por ejemplo, el robo. Se necesita más participación cívica, sobre todo en el desarrollo de programas nacionales que pretendan erradicar el estigma y la discriminación mediante la educación. Hay que mantener la separación entre estado e iglesia y, como ya se vio, mejorar el marco legislativo, especialmente en lo que concierne a la definición de los llamados crímenes de odio.

Una ley que criminaliza la homofobia en Brasil lleva más de diez años dando vueltas por el Congreso Nacional. Ojalá no tenga que aparecer otro Daniel Zamudio para que estos necesarios avances legislativos hacia la igualdad ciudadana se hagan realidad.

 

Camden Luxford