Prensa
Como hacer para restablecer los equilibrios perdidos
Fuente: La Capital (Mar del Plata, Argentina)
por Horacio Fernández (*)
Parafraseando la frase atribuida a J.M.Keynes sobre la política económica, viene al caso afirmar que en materia de política energética "se puede hacer cualquier cosa, excepto evitar sus consecuencias".
Es tan así, que los problemas que hoy enfrenta la Argentina al respecto -supresión de subsidios, pérdida del autoabastecimiento, importaciones crecientes, descapitalización e inversiones insuficientes- son el resultado liso y llano de la política energética iniciada después de la crisis de 2002 y que fue continuada hasta el presente.
La misma, si bien pudo justificarse para salir de la emergencia, no era sostenible en el tiempo.
Aunque el Gobierno no ha presentado hasta ahora un plan energético de largo plazo, ni tampoco explicitado las bases de su política de energía, la misma puede ser resumida en tres ideas básicas:
a) Con el fin de ofrecer energía barata se desacopló el precio interno del internacional. La diferencia la capturó el Estado en forma de retenciones a la exportación y los consumidores en forma de subsidios.
b) Las empresas del sector que habían invertido fuertemente en la década anterior podían resistir y continuar operando con precios regulados que sólo reflejaran sus costos operativos, ya que tenían hundidas sus inversiones.
c) La nueva inversión necesaria para mantener la rueda andando la haría el Estado con sus crecientes recursos tributarios y nuevos empresarios locales generalmente ajenos al sector.
¿Qué pasó entonces con este esquema? Respecto del primer punto, un país como la Argentina, que no es Venezuela ni Arabia Saudita, no puede darse el lujo de aislarse de los precios internacionales por mucho tiempo. Con precios subsidiados el consumo voló, ignorando toda práctica de eficiencia energética.
Al revés que en la mayoría de los países, en la Argentina aumentó el consumo de energía por unidad del PIB. Esta política de precios internos bajos, combinada con su similar en alimentos (retenciones al agro) y con el famoso viento de cola, permitió ofrecer una fiesta de aquéllas, la misma que recién ahora se comienza a pagar.
En segundo lugar, los precios reducidos fijados por el Gobierno a los productores, generadores y distribuidores hicieron que, en realidad, éstos pagaran los subsidios al consumo, a costa de su rentabilidad. A juicio del Gobierno, habían ganado mucho en la década anterior.
Estos precios congelados, sumados a la constante incertidumbre regulatoria, desalentaron la inversión en nuevos proyectos con el inexorable resultado de la caída en la producción y el pobre mantenimiento de las instalaciones existentes.
Respecto al tercer concepto, que la inversión vendría del Estado y de los nuevos jugadores locales, quedó demostrada su insuficiencia por dos razones:
1) Para revertir la caída en la producción, especialmente de hidrocarburos, se necesita explorar y explotar horizontes no convencionales como el mar profundo o las formaciones de shale gas y shale oil en cuencas terrestres. Esto implica multiplicar casi por 10 los costos de una operación en zonas convencionales.
Ni el Estado ni los nuevos empresarios tienen fondos disponibles para proyectos con semejante riesgo minero. "Los juegos de azar no son para el Estado", decía una nota al artículo 9 del Código de Minería de 1886, y tampoco para banqueros.
2) Ni el Estado ni los nuevos empresarios locales tienen la experiencia y la tecnología para trabajar en este tipo de yacimientos no convencionales, por lo cual parece inevitable la presencia de empresas del exterior que requieren un marco legal y de precios más adecuados que los registrados hasta ahora.
La conclusión es que, además de rectificar los tres conceptos básicos descriptos, se deberá recomponer el sector energético con políticas de largo plazo, regulaciones transparentes y estables y un plan bien explicitado y creíble realizado por profesionales.
Todo ello permitirá atraer nuevamente inversiones privadas locales y del exterior que, sumadas a las que deba hacer el Estado, contribuirán a restablecer los equilibrios perdidos.
(*): coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL) y profesor del ITBA (Marco Legal de los Hidrocarburos).
Diario La Capital (Mar del Plata, Argentina)
La Capital (Mar del Plata, Argentina)
por Horacio Fernández (*)
Parafraseando la frase atribuida a J.M.Keynes sobre la política económica, viene al caso afirmar que en materia de política energética "se puede hacer cualquier cosa, excepto evitar sus consecuencias".
Es tan así, que los problemas que hoy enfrenta la Argentina al respecto -supresión de subsidios, pérdida del autoabastecimiento, importaciones crecientes, descapitalización e inversiones insuficientes- son el resultado liso y llano de la política energética iniciada después de la crisis de 2002 y que fue continuada hasta el presente.
La misma, si bien pudo justificarse para salir de la emergencia, no era sostenible en el tiempo.
Aunque el Gobierno no ha presentado hasta ahora un plan energético de largo plazo, ni tampoco explicitado las bases de su política de energía, la misma puede ser resumida en tres ideas básicas:
a) Con el fin de ofrecer energía barata se desacopló el precio interno del internacional. La diferencia la capturó el Estado en forma de retenciones a la exportación y los consumidores en forma de subsidios.
b) Las empresas del sector que habían invertido fuertemente en la década anterior podían resistir y continuar operando con precios regulados que sólo reflejaran sus costos operativos, ya que tenían hundidas sus inversiones.
c) La nueva inversión necesaria para mantener la rueda andando la haría el Estado con sus crecientes recursos tributarios y nuevos empresarios locales generalmente ajenos al sector.
¿Qué pasó entonces con este esquema? Respecto del primer punto, un país como la Argentina, que no es Venezuela ni Arabia Saudita, no puede darse el lujo de aislarse de los precios internacionales por mucho tiempo. Con precios subsidiados el consumo voló, ignorando toda práctica de eficiencia energética.
Al revés que en la mayoría de los países, en la Argentina aumentó el consumo de energía por unidad del PIB. Esta política de precios internos bajos, combinada con su similar en alimentos (retenciones al agro) y con el famoso viento de cola, permitió ofrecer una fiesta de aquéllas, la misma que recién ahora se comienza a pagar.
En segundo lugar, los precios reducidos fijados por el Gobierno a los productores, generadores y distribuidores hicieron que, en realidad, éstos pagaran los subsidios al consumo, a costa de su rentabilidad. A juicio del Gobierno, habían ganado mucho en la década anterior.
Estos precios congelados, sumados a la constante incertidumbre regulatoria, desalentaron la inversión en nuevos proyectos con el inexorable resultado de la caída en la producción y el pobre mantenimiento de las instalaciones existentes.
Respecto al tercer concepto, que la inversión vendría del Estado y de los nuevos jugadores locales, quedó demostrada su insuficiencia por dos razones:
1) Para revertir la caída en la producción, especialmente de hidrocarburos, se necesita explorar y explotar horizontes no convencionales como el mar profundo o las formaciones de shale gas y shale oil en cuencas terrestres. Esto implica multiplicar casi por 10 los costos de una operación en zonas convencionales.
Ni el Estado ni los nuevos empresarios tienen fondos disponibles para proyectos con semejante riesgo minero. "Los juegos de azar no son para el Estado", decía una nota al artículo 9 del Código de Minería de 1886, y tampoco para banqueros.
2) Ni el Estado ni los nuevos empresarios locales tienen la experiencia y la tecnología para trabajar en este tipo de yacimientos no convencionales, por lo cual parece inevitable la presencia de empresas del exterior que requieren un marco legal y de precios más adecuados que los registrados hasta ahora.
La conclusión es que, además de rectificar los tres conceptos básicos descriptos, se deberá recomponer el sector energético con políticas de largo plazo, regulaciones transparentes y estables y un plan bien explicitado y creíble realizado por profesionales.
Todo ello permitirá atraer nuevamente inversiones privadas locales y del exterior que, sumadas a las que deba hacer el Estado, contribuirán a restablecer los equilibrios perdidos.
(*): coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL) y profesor del ITBA (Marco Legal de los Hidrocarburos).
Diario La Capital (Mar del Plata, Argentina)
