Prensa
Democracia, mercado y transparencia
Fuente: La Capital (Mar del Plata, Argentina)
Por Tristán Rodríguez Loredo (*)
El Ranking Global 2009 "Democracia, Mercado y Transparencia" del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y el puntaje obtenido por la Argentina para el año 2009 (0,522), lo vuelve a ubicar en la mitad de la tabla.
El Ranking de CADAL conjuga los informes de Freedom of the World de Freedom House, el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation y el Wall Street Journal y el que mide la Percepción de la Corrupción, de Transparency International. Los "ganadores" de esta edición son habitué de los primeros puestos en cuanta medición se genere.
Si se analizan por separado los tres indicadores-base de esta medición, se pueden observar claramente las razones por las cuáles la Argentina esta en la parte media de la tabla.
Sus notas son una consecuencia directa de la mediocre puntuación en libertad económica (52,3) y una aceptable perfomance en libertad política y civil (2), aunque un escalón debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica.
Pero la peor nota (2,9 sobre 10 posibles) se la lleva en percepción sobre corrupción, un ranking que si bien ha sido desarrollado por una ONG internacional como Transparency International está contestado por líderes de opinión locales.
Solamente pareciéndose un poco a sus vecinos de similares características, el avance de la Argentina sería inmenso. ¿Por qué entonces estas calificaciones en una economía que es más sofisticada y con mejores indicadores que el promedio de la región?
El índice de Freedom House, que mide la vigencia de libertades civiles y políticas arroja una buena calificación pero no la mejor, pues se detectan algunas observaciones. Entre ellas se destacan contradicciones en materia de transparencia informativa y en la distribución arbitraria de la publicidad oficial, sospechas de actividades ilícitas por parte de la policía, especialmente de la de la Provincia de Buenos Aires y persistencia, aunque en menor medida, de los intentos por manipular la actividad de los jueces por parte del gobierno nacional.
En cuanto al ranking de Libertad Económica, el país está en una posición al borde del descenso, en el 138 lugar y en ese escalón es superado por muchos de sus vecinos (está número 25 en el ranking regional) y por otros países con economía mucho más débiles.
De los 10 campos que se consideran (con notas que van de 0 a 100), en dos tiene notas bajas: en Libertad financiera (40) y en Libertad de inversión (50) y dos aplazos en Derechos de propiedad (20) y en Libertad frente a la corrupción (29), en los que se pone el foco en cuestiones de voluntad política de respetar normas y observar conductas.
Si en estas cuatro variables finales la Argentina hubiera presentado guarismos como el promedio de la región, su puntuación final hubiera subido 10 centésimas más, por lo que hubiera trepado al puesto 72, junto con Colombia.
Sin embargo, la línea elegida por la política económica y la arquitectura legislativa parece ir a contramano de esa posible salida, en un intento de fuga hacia adelante y en un movimiento pendular con respecto a los ejes de la política económica que desembocó en la crisis del 2001/2002.
Al respecto, se podrían citar algunas de las "políticas de Estado" que el Gobierno adoptó en los últimos años y que sumergen al país en esa posición:
1) Prolongación indefinida del estado de emergencia económica (votado recientemente hasta el año 2011).
2) Fijación de precios políticos discrecionales para los servicios públicos para aislar los efectos de la devaluación del 2002 y las subas de los precios relativos internacionales, congelando la no negociación de los contratos caídos.
3) Trabas al comercio exterior: establecimiento de cupos de exportaciones e importaciones, tanto para contener precios domésticos como para frenar salidas de divisas.
4) Compensación por subsidios de desajustes en los precios relativos financiados por impuestos distorsivos. Juego de suma cero o negativo.
5) Centralización de las decisiones de inversión en obras de infraestructura, con la aparición de sobreprecios y oportunidades de corrupción.
6) Dilución de las autonomías provinciales en materia fiscal y subordinación política de los gobernadores.
7) Manipulación de las estadísticas oficiales, a través de la intervención del INDEC.
8) Estatización de compañías de servicios públicos (Correo, AySA, Aerolíneas Argentinas).
9) Estatización del sistema previsional y utilización de los fondos para financiamiento discrecional de consumo y producción.
10) Avances en el establecimiento de leyes laborales de orden público sin atender convenios particulares o por empresa.
Las correlaciones que hacen con el PIB por habitante y el Índice de Desarrollo Humano tienen a la Argentina como una excepción, especialmente en este último rubro. Es decir, que los grados de libertad económica que supo conseguir el país no se condice con los otros indicadores (humanos, políticos, sociales y hasta ambientales).
El dilema de hierro de la política argentina para los próximos años será decidir, entonces, cuál será la variable de ajuste: si la participación política y civil, el desarrollo humano, si la corrupción variará para ser compatible con la menguada libertad económica o si ésta, finalmente, volverá a los niveles correlativos a un país con indicadores aceptables en aquellos campos.
(*) Director del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: Diario La Capital (Mar del Plata)
La Capital (Mar del Plata, Argentina)
Por Tristán Rodríguez Loredo (*)
El Ranking Global 2009 "Democracia, Mercado y Transparencia" del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y el puntaje obtenido por la Argentina para el año 2009 (0,522), lo vuelve a ubicar en la mitad de la tabla.
El Ranking de CADAL conjuga los informes de Freedom of the World de Freedom House, el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation y el Wall Street Journal y el que mide la Percepción de la Corrupción, de Transparency International. Los "ganadores" de esta edición son habitué de los primeros puestos en cuanta medición se genere.
Si se analizan por separado los tres indicadores-base de esta medición, se pueden observar claramente las razones por las cuáles la Argentina esta en la parte media de la tabla.
Sus notas son una consecuencia directa de la mediocre puntuación en libertad económica (52,3) y una aceptable perfomance en libertad política y civil (2), aunque un escalón debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica.
Pero la peor nota (2,9 sobre 10 posibles) se la lleva en percepción sobre corrupción, un ranking que si bien ha sido desarrollado por una ONG internacional como Transparency International está contestado por líderes de opinión locales.
Solamente pareciéndose un poco a sus vecinos de similares características, el avance de la Argentina sería inmenso. ¿Por qué entonces estas calificaciones en una economía que es más sofisticada y con mejores indicadores que el promedio de la región?
El índice de Freedom House, que mide la vigencia de libertades civiles y políticas arroja una buena calificación pero no la mejor, pues se detectan algunas observaciones. Entre ellas se destacan contradicciones en materia de transparencia informativa y en la distribución arbitraria de la publicidad oficial, sospechas de actividades ilícitas por parte de la policía, especialmente de la de la Provincia de Buenos Aires y persistencia, aunque en menor medida, de los intentos por manipular la actividad de los jueces por parte del gobierno nacional.
En cuanto al ranking de Libertad Económica, el país está en una posición al borde del descenso, en el 138 lugar y en ese escalón es superado por muchos de sus vecinos (está número 25 en el ranking regional) y por otros países con economía mucho más débiles.
De los 10 campos que se consideran (con notas que van de 0 a 100), en dos tiene notas bajas: en Libertad financiera (40) y en Libertad de inversión (50) y dos aplazos en Derechos de propiedad (20) y en Libertad frente a la corrupción (29), en los que se pone el foco en cuestiones de voluntad política de respetar normas y observar conductas.
Si en estas cuatro variables finales la Argentina hubiera presentado guarismos como el promedio de la región, su puntuación final hubiera subido 10 centésimas más, por lo que hubiera trepado al puesto 72, junto con Colombia.
Sin embargo, la línea elegida por la política económica y la arquitectura legislativa parece ir a contramano de esa posible salida, en un intento de fuga hacia adelante y en un movimiento pendular con respecto a los ejes de la política económica que desembocó en la crisis del 2001/2002.
Al respecto, se podrían citar algunas de las "políticas de Estado" que el Gobierno adoptó en los últimos años y que sumergen al país en esa posición:
1) Prolongación indefinida del estado de emergencia económica (votado recientemente hasta el año 2011).
2) Fijación de precios políticos discrecionales para los servicios públicos para aislar los efectos de la devaluación del 2002 y las subas de los precios relativos internacionales, congelando la no negociación de los contratos caídos.
3) Trabas al comercio exterior: establecimiento de cupos de exportaciones e importaciones, tanto para contener precios domésticos como para frenar salidas de divisas.
4) Compensación por subsidios de desajustes en los precios relativos financiados por impuestos distorsivos. Juego de suma cero o negativo.
5) Centralización de las decisiones de inversión en obras de infraestructura, con la aparición de sobreprecios y oportunidades de corrupción.
6) Dilución de las autonomías provinciales en materia fiscal y subordinación política de los gobernadores.
7) Manipulación de las estadísticas oficiales, a través de la intervención del INDEC.
8) Estatización de compañías de servicios públicos (Correo, AySA, Aerolíneas Argentinas).
9) Estatización del sistema previsional y utilización de los fondos para financiamiento discrecional de consumo y producción.
10) Avances en el establecimiento de leyes laborales de orden público sin atender convenios particulares o por empresa.
Las correlaciones que hacen con el PIB por habitante y el Índice de Desarrollo Humano tienen a la Argentina como una excepción, especialmente en este último rubro. Es decir, que los grados de libertad económica que supo conseguir el país no se condice con los otros indicadores (humanos, políticos, sociales y hasta ambientales).
El dilema de hierro de la política argentina para los próximos años será decidir, entonces, cuál será la variable de ajuste: si la participación política y civil, el desarrollo humano, si la corrupción variará para ser compatible con la menguada libertad económica o si ésta, finalmente, volverá a los niveles correlativos a un país con indicadores aceptables en aquellos campos.
(*) Director del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: Diario La Capital (Mar del Plata)
