Prensa
La racionalidad económica del nuevo Congreso
Fuente: El Cronista (Argentina)
Gabriel C. Salvia y Adrián Lucardi
Durante el año 2008, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), implementó el ‘Barómetro Legislativo sobre Gasto Público e Impuestos’, una encuesta de opinión a legisladores cuyo objetivo consiste en descubrir consensos para la formulación de políticas públicas.
Dicha encuesta fue respondida por 9 senadores y 21 diputados pertenecientes a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras – alrededor del diez por ciento de los miembros del Poder Legislativo–, y arrojó los siguientes resultados:
Ninguno de los encuestados consideró necesario tener déficit para promover la demanda interna y el crecimiento económico; la amplia mayoría se inclinó por priorizar la educación pre-universitaria y la salud, dos áreas en las cuales la principal responsabilidad del gasto recae en las provincias.
La amplia mayoría se inclinó por un presupuesto superavitario y, entre éstos, la mayor parte dijo que el objetivo del mismo era mantener la estabilidad macroeconómica, antes que incrementar el gasto social. Sin embargo, alrededor del 50% de los encuestados manifestó que en caso de haber un excedente presupuestario, el mismo debería emplearse para incrementar el gasto social. El dato resulta revelador porque muestra la fuerte inclinación de los legisladores a incrementar el gasto cuando las cuentas públicas son superavitarias.
En contra de la percepción generalizada, y de lo que puede verse cada vez que el gobierno envía el proyecto de presupuesto al Congreso, 6 de cada 10 encuestados consideraron que el Poder Legislativo juega un papel importante en la formulación del presupuesto.
Cuando se pidió a los legisladores que señalaran los impuestos que consideraban peores, las respuestas se concentraron abrumadoramente en tres alternativas: el impuesto al cheque, el impuesto inflacionario y (en menor medida) el IVA.
Ninguno de los respondientes consideró que el actual sistema de coparticipación de impuestos sea el más conveniente; sin embargo, una reforma del mismo resulta altamente improbable por la falta de consensos sobre las características que debería reunir un sistema alternativo.
Pensando ahora en repetir esta iniciativa durante 2010, la nueva composición del Congreso Nacional presenta un escenario incierto. Por un lado, ningún bloque cuenta con mayoría propia, por lo que las iniciativas legislativas necesariamente requerirían de consensos. Pero por otra parte, la atomización y la afectación de algunos intereses contribuirán a elevar el costo de dichos consensos.
Esto hace temer que entre 2010 y 2011 predomine un escenario en el cual los legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- solo se puedan poner de acuerdo en aumentar el gasto, crear nuevos organismos, subir los impuestos y subsidiar actividades ‘estratégicas’.
Ya es costumbre la proliferación de proyectos que aumentan el gasto o incrementan la intervención del estado en la economía, y el hecho de que ningún sector político cuente con mayoría propia podría conducir a los distintos bloques a apoyarse mutuamente para aprobar sus proyectos preferidos. La incógnita en tal caso es si el Poder Ejecutivo vetará estas leyes o, por el contrario, las avalará para lograr el apoyo a sus propias iniciativas.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, argentina), 15 de diciembre de 2009
El Cronista (Argentina)
Gabriel C. Salvia y Adrián Lucardi
Durante el año 2008, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), implementó el ‘Barómetro Legislativo sobre Gasto Público e Impuestos’, una encuesta de opinión a legisladores cuyo objetivo consiste en descubrir consensos para la formulación de políticas públicas.
Dicha encuesta fue respondida por 9 senadores y 21 diputados pertenecientes a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras – alrededor del diez por ciento de los miembros del Poder Legislativo–, y arrojó los siguientes resultados:
Ninguno de los encuestados consideró necesario tener déficit para promover la demanda interna y el crecimiento económico; la amplia mayoría se inclinó por priorizar la educación pre-universitaria y la salud, dos áreas en las cuales la principal responsabilidad del gasto recae en las provincias.
La amplia mayoría se inclinó por un presupuesto superavitario y, entre éstos, la mayor parte dijo que el objetivo del mismo era mantener la estabilidad macroeconómica, antes que incrementar el gasto social. Sin embargo, alrededor del 50% de los encuestados manifestó que en caso de haber un excedente presupuestario, el mismo debería emplearse para incrementar el gasto social. El dato resulta revelador porque muestra la fuerte inclinación de los legisladores a incrementar el gasto cuando las cuentas públicas son superavitarias.
En contra de la percepción generalizada, y de lo que puede verse cada vez que el gobierno envía el proyecto de presupuesto al Congreso, 6 de cada 10 encuestados consideraron que el Poder Legislativo juega un papel importante en la formulación del presupuesto.
Cuando se pidió a los legisladores que señalaran los impuestos que consideraban peores, las respuestas se concentraron abrumadoramente en tres alternativas: el impuesto al cheque, el impuesto inflacionario y (en menor medida) el IVA.
Ninguno de los respondientes consideró que el actual sistema de coparticipación de impuestos sea el más conveniente; sin embargo, una reforma del mismo resulta altamente improbable por la falta de consensos sobre las características que debería reunir un sistema alternativo.
Pensando ahora en repetir esta iniciativa durante 2010, la nueva composición del Congreso Nacional presenta un escenario incierto. Por un lado, ningún bloque cuenta con mayoría propia, por lo que las iniciativas legislativas necesariamente requerirían de consensos. Pero por otra parte, la atomización y la afectación de algunos intereses contribuirán a elevar el costo de dichos consensos.
Esto hace temer que entre 2010 y 2011 predomine un escenario en el cual los legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- solo se puedan poner de acuerdo en aumentar el gasto, crear nuevos organismos, subir los impuestos y subsidiar actividades ‘estratégicas’.
Ya es costumbre la proliferación de proyectos que aumentan el gasto o incrementan la intervención del estado en la economía, y el hecho de que ningún sector político cuente con mayoría propia podría conducir a los distintos bloques a apoyarse mutuamente para aprobar sus proyectos preferidos. La incógnita en tal caso es si el Poder Ejecutivo vetará estas leyes o, por el contrario, las avalará para lograr el apoyo a sus propias iniciativas.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, argentina), 15 de diciembre de 2009
