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Defensa de la Libertad de Expresión Artística
01-08-2025Censura, crimen organizado y represión amenazan la libertad artística en el Sur Global
Frente a un entorno de amenazas múltiples —visibles e invisibles—, la defensa de la libertad artística exige una mirada integral: que contemple no solo la libertad de crear, sino las condiciones para que esa creación exista. Se trata de garantizar acceso a infraestructura, medios de producción sostenibles, pluralidad de voces y seguridad para artistas y público.Por Diana Arévalo
La libertad artística no es un lujo ni una licencia para provocar: es un derecho fundamental protegido por el derecho internacional. Implica la posibilidad de imaginar, crear y difundir expresiones artísticas y culturales sin censura ni intimidación, así como el derecho a que estas expresiones sean apoyadas, distribuidas, remuneradas y accesibles para toda la sociedad. Esta libertad no distingue entre obras con o sin fines comerciales, ni entre artistas profesionales o emergentes: toda forma de expresión merece resguardo.
Así lo revela el informe Estado de la Libertad Artística 2025, publicado por la organización danesa Freemuse, que documenta más de 1.100 vulneraciones de este derecho en 92 países a nivel global. El arte aparece allí como campo de batalla: perseguido por regímenes autoritarios, censurado por grupos religiosos y conservadores, silenciado por la violencia del crimen organizado o restringido por la autocensura en contextos democráticos cada vez más polarizados.
Entre las tendencias identificadas destacan: el uso discrecional de las leyes de “agentes extranjeros” para silenciar voces disidentes, la interferencia política en instituciones públicas de arte, restringiendo la autonomía curatorial y limitando la programación independiente (princialmente en Estados Unidos), las restricciones fundamentadas en criterios religiosos o morales que impactaron de manera desproporcionada a mujeres, personas LGBTIQ+ y comunidades minoritarias; por otro lado en contextos marcados por la violencia criminal, especialmente en regiones de América Latina y África, músicos e intérpretes enfrentaron altos niveles de vulnerabilidad y riesgo.
Al reexaminar los hallazgos del informe, se propone una lectura situada desde el Sur Global, que profundiza en los patrones de censura, represión y violencia contra el arte en América Latina, África y Asia. En el panorama actual, la censura y la represión contra las expresiones artísticas en el Sur Global no son hechos aislados, sino fenómenos sistemáticos que responden a dinámicas estructurales profundamente enraizadas. Tal como lo muestra el informe Estado de la Libertad Artística 2025, estos patrones se manifiestan con una intensidad particular en América Latina, África y Asia, donde se cruzan el autoritarismo estatal, la violencia del crimen organizado, las presiones de grupos conservadores y una cultura de impunidad que limita el ejercicio del derecho a crear, expresarse y narrar colectivamente.
Censura como herramienta de poder político
Durante el 2024, en varios países, gobiernos de disntitos paises utilizaron la censura como mecanismo para silenciar las voces criticas a traves del arte. En Venezuela, el compositor Wilmer Álvarez fue procesado penalmente tras difundir una canción crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de las protestas que se desataron para exigir transparencia electoral en el contexto de la reelección presidencial de Manduro.
En Somaliland, la cantante Ugbaad Aragsan, fue detenida en abril de 2024 bajo cargos relacionados con “promover la indecencia” a través de videos en línea, después de haber apoyado a un partido político opositor y de haber criticado al gobierno a través de sus canciones.
En Angola, Neth Nahara, músico angoleño, permaneció más de 16 meses en prisión tras ser condenado por "causar indignación y daño" a la reputación del Presidente João Lourenço debido a un video que creó en TikTok, inicialmente sentenciado a seis meses y luego extendido a dos años, hasta ser liberado
En Tanzania, el pintor Shadrack Chaula fue condenado a dos años de prisión por quemar un retrato de la presidenta Samia Suluhu Hassan en un video crítico, siendo liberado tras una campaña de crowdfunding y pagando una multa considerable. Posteriormente, hubo denuncias sobre su desaparición forzada, evidenciando la represión estatal contra la expresión artística crítica
En Puerto Rico, en abril de 2024, el curador de una exposición en el Instituto de Cultura Puertorriqueña decidió retirar la obra “Retratos de una deuda” de Garvin Sierra, que criticaba la deuda pública y autoridades responsables, alegando que podría incomodar a autoridades locales y federales, reflejando censura motivada por intereses políticos.
En Perú, en noviembre de 2024, se censuraron pinturas que retrataban la lucha del pueblo de Puno y sus demandas de justicia tras protestas que dejaron 22 muertos en enero de 2023. La asociación cultural Brisas del Titicaca denunció que la Biblioteca Nacional del Perú, una institución pública, permitió la censura bajo presión política, amenazando con cancelar la exposición si no se retiraban las obras
La censura religiosa y conservadora
La censura por motivos religiosos y conservadores, no es cosa del pasado y todavía continua como una de las principales razones por las que se vulnera la libertad de expresión artística, no solo en América Latina, sino también en países de Asia del sur como India y Pakistán, y otros del sudeste asiático como Indonesia tal y como se evidencia en el reporte. En Brasil, la muestra de cine LGBTQ+ Mostra Diversidade fue cancelada por decisión del alcalde de Río do Sul, alegando que la muestra era contraria a los "principios cristianos". En El Salvador, el Ministerio de Cultura suspendió la segunda función de Inmoral una obra de teatro drag tras recibir presiones por parte de grupos religiosos, argumentando que “no era apta para familias” ya que abordaba temas sensibles como el abuso sexual y emocional
En Asia, las presiones sociales, religiosas y estatales convergen de forma intensa. En India, el Festival de Cine de Kerala enfrentó cancelaciones de películas por abordar temáticas de diversidad sexual, mientras que artistas visuales fueron perseguidos por realizar exhibiciones críticas con el gobierno nacionalista de Narendra Modi y su Alianza Democrática Nacional. En Pakistán, las estrictas leyes relacionadas con la blasfemia fueron utilizadas para imponer severas penas, incluso de muerte, por cualquier expresión considerada irrespetuosa hacia el Islam o el Profeta Mahoma, lo que generó un clima de autocensura profunda entre los artistas, como se evidenció en eventos recientes como la Cuarta Bienal de Karachi (2024), donde obras de arte sonoras fueron silenciadas durante el Azaan por temor a violar la Ley de Blasfemia. Desde la islamización promovida por el general Zia-ul-Haq en los años 70, el Estado ha institucionalizado un conservadurismo que limita las manifestaciones culturales públicas, apoyando solamente formas artísticas no figurativas, y prohibiendo expresiones como la danza pública. Además, movimientos feministas y críticos, como el Aurat March, fueron atacados bajo pretextos religiosos y conservadores, mientras que artistas y creativos enfrentaron presiones y amenazas tanto estatales como de actores no estatales y grupos religiosos, que dificultaron aún más la expresión libre.
En África, Yahaya Sharif-Aminu, músico nigeriano, ha estado preso desde 2020 en la región de Kano bajo una sentencia de muerte por un tema considerado blasfemo, pese a los llamados internacionales para su liberación y la preocupación expresada por cinco relatores especiales de la ONU en 2024. En Egipto, en la actualidad, toda producción artística —desde teatro hasta videoclips— requiere aprobación previa del ente estatal de censura. Es así, como en el 2024, el filme The Atheist fue retirado por “ofensas religiosas” tras presión de instituciones islámicas. Por otro lado, en Tanzania, el gobierno suspendió plataformas culturales digitales y censuró canciones críticas bajo el argumento de proteger la moral pública.
En Indonesia, la censura y represión contra la expresión artística se han intensificado bajo un marco legal cada vez más restrictivo, donde las regulaciones criminalizan la disidencia y las expresiones LGBTQ+, reflejando la influencia de posturas religiosas y conservadoras. Desde 2022, los tecladistas que interpretan música electrónica, particularmente asociada a la cultura juvenil y a la supuesta promoción del consumo de drogas, han sido objeto de redadas policiales, confiscación de instrumentos y prohibiciones oficiales, evidenciando cómo las políticas de “guerra contra las drogas” impactan negativamente al sector musical como daño colateral. Asimismo, leyes como la Ley de Film, la Ley de Pornografía y regulaciones provinciales sobre orden público se han usado para censurar y criminalizar tanto a artistas como a grupos sociales diversos, incluido el colectivo LGBTQ+, validando discursos conservadores y fomentando la autocensura.
Cuando la violencia criminal y el crimen organizado impactan en el arte urbano, la música popular y los liderazgos culturales
La violencia y el crimen organizado representaron barreras significativas para la libertad de expresión artística en América Latina. Esta violencia es un trágico resultado de problemas sociales más amplios que afectan a las comunidades que sufren la presencia de estructuras y actores criminales, los cuales surgen de profundas desigualdades, corrupción rampante y conflictos locales. Las redes criminales en muchos lugares, como resultado, actúan con impunidad y utilizan la violencia y las amenazas como medios para reforzar su poder.
Estas situaciones generaron un ambiente inseguro para los artistas y trabajadores culturales, quienes a menudo carecen de medidas de seguridad adecuadas y garantías para crear y desarrollar su trabajo sin arriesgar sus vidas. Esta violencia multifacética – principalmente en forma de asesinatos bajo la modalidad de sicariato principalmente, extorsión y amenazas – ha impactado profundamente el arte urbano, la música popular y los liderazgos culturales. Los perpetradores de estos crímenes rara vez son llevados ante la justicia, lo que fomentó un clima de impunidad en países como Colombia, Perú y México.
En Colombia ha habido numerosos asesinatos y amenazas dirigidas a la profesión artística. Según el monitor de libertad artística de Cartel Urbano Bulla, al menos 10 artistas y líderes culturales fueron asesinados en 2024. El 17 de julio, Cristian García alias "Ebrio-Drunk", un grafitero conocido por su activismo, fue asesinado por individuos no identificados mientras pintaba un mural en Ciudad Bolívar, Bogotá. Los artistas también han sido víctimas de carteles de drogas y bandas armadas, a veces en ataques dirigidos y otras simplemente por estar en el lugar equivocado. El 26 de abril el cantante popular Sebastián Muñoz, conocido como "El León de la Canción", y su DJ JJ Villegas, fueron asesinados en Corinto Cauca durante un evento privado en lo que las autoridades presumen que fue un ajuste de cuentas entre bandas armadas. El 15 de agosto los artistas urbanos Camilo Sánchez, conocido como "Mc Cub" y Camila Ospitia del colectivo Distreestyle, fueron asesinados después de un evento cultural en el Parque El Porvenir en Bogotá. Este ataque fue atribuido a bandas dedicadas al narcotráfico doméstico a pequeña escala. Otros artistas se convirtieron en víctimas de grupos disidentes de las FARC que aún operan en ciertas partes del país. El 2 de agosto, Edgar Eduardo Victoria Segura, un artista y maestro de la Guardia Indígena de Vitoncó Cauca, fue asesinado por presuntos disidentes de las FARC.
El 8 de noviembre, en la vereda de El Plateado Cauca, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) amenazaron a los artistas invitados al "Festival Cultural y Artístico" organizado por el Ministerio de Defensa. A través de un comunicado, advirtieron sobre represalias contra los participantes, lo que obligó a la cancelación de varias presentaciones, a pesar de las garantías de seguridad ofrecidas por las autoridades, evidenciando la vulnerabilidad de los artistas en zonas de conflicto armado.
En Perú, los artistas y grupos de géneros musicales populares como la cumbia y la chicha continuaron siendo blanco de extorsiones y ataques, lo que refleja cómo el crimen organizado en la región ha expandido su influencia más allá del narcotráfico. El 3 de noviembre, Thalia Manrique Castillo, cantante principal de la orquesta de cumbia Hermanos Guerrero, fue asesinada durante un asalto al autobús en el que viajaba con sus compañeros de banda después de una presentación. Los artistas también denunciaron el robo de sus instrumentos musicales durante el ataque. Un mes después, el 1 de diciembre, el grupo de cumbia Armonía 10 sufrió un ataque similar en la ciudad de Callao, cuando un motociclista disparó contra el autobús que transportaba a los músicos hacia una presentación. Días antes, el grupo había recibido mensajes de extorsión exigiendo el pago de 20.000 soles para garantizar su seguridad durante el evento.
En México, el 14 de octubre, la tradicional Feria Ganadera de Sinaloa y el Palenque de Culiacán, eventos emblemáticos de la región, fueron suspendidos tras una serie de actos violentos y amenazas atribuidas a grupos criminales interesados en controlar las actividades económicas y territoriales de la zona. Los incidentes incluyeron el incendio de la taquilla principal y la colocación de narcomantas con mensajes intimidatorios dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya, quien asistía al evento, y a los artistas invitados, como los cantantes de música regional Julión Álvarez, Yuridia y Cristian Nodal. Aunque las autoridades locales proporcionaron medidas de seguridad, los organizadores optaron por cancelar los eventos debido al clima de inseguridad predominante..
En África, la actividad del crimen organizado representa una amenaza creciente para la libertad artística, aunque con características específicas y en determinadas regiones. El informe destaca cómo la violencia vinculada a redes criminales, caracterizadas por estructuras organizadas que utilizan la violencia, amenazas y corrupción para mantener su poder, afecta de forma directa o indirecta a artistas y líderes culturales. Estas organizaciones imponen un clima de inseguridad que limita la capacidad de los artistas para expresarse libremente, al generar amenazas, extorsiones y ataques violentos, muchas veces sin que los responsables sean llevados ante la justicia, lo cual fomenta la impunidad. En países con presencia persistente de crimen organizado, como en ciertas zonas de África subsahariana, artistas y trabajadores culturales enfrentan dificultades para desarrollar su trabajo debido a la falta de garantías de seguridad, obligándolos a la autocensura o al silenciamiento forzado. Aunque el reporte no detalla casos específicos en África tan concretos como en América Latina, enfatiza la necesidad urgente de reconocer e intervenir sobre el impacto de estas redes criminales para proteger a la comunidad artística y cultural
El arte deja entonces de ser una expresión libre y se convierte en una actividad de riesgo. No hay escenario sin cálculo de seguridad. No hay canción sin temor.
Autocensura: la forma silenciosa de la represión
El reporte subraya que la autocensura se ha convertido en una forma dominante y silenciosa de restricción de la libertad artística, que muchas veces es más extensa y dañina que la censura explícita y visible. Esta práctica se adopta como una estrategia de supervivencia por parte de los artistas para evitar represalias, persecuciones o exclusión del sistema cultural dominante. En 2024, la autocensura se ha convertido en un mecanismo predominante mediante el cual los artistas buscan protegerse de represalias en contextos de alta represión política, violencia y presiones económicas. Esta práctica funciona como una “sensación de seguridad” para poder crear en ambientes inseguros y volátiles, donde las leyes restrictivas y las amenazas institucionales limitan la libre expresión artística. No solo los creadores, sino también galerías, museos y ferias internacionales suelen autocensurarse para evitar la pérdida de financiamiento o confrontaciones políticas. En regiones con altos índices de criminalidad, como Colombia, la violencia directa contra artistas —incluyendo asesinatos, amenazas y extorsiones— refuerza esta tendencia de autocensura como estrategia de supervivencia. Pese a este panorama, el informe resalta ejemplos de resistencia, como grupos secretos de escritoras en Afganistán, músicos que actúan en espacios ocultos y artistas presos en Cuba que continúan exhibiendo sus obras desde la prisión. En palabras del artista ghanés Jean Pierre Bekolo, “la autocensura se ha apoderado a tal punto que el sistema ya no tiene que ejercerla”, reflejando así la gravedad y la extensión de esta dinámica. A pesar de las restricciones, la resiliencia de los artistas continúa manifestándose, resistiendo la censura y luchando por mantener la libertad creativa en medio de condiciones adversas.
Pero el arte resiste
Mientras la autocensura restringe la diversidad y la crítica social en el arte, también existen persistentes formas de resistencia artística que desafían la censura y buscan mantener la libertad creativa pese al clima adverso. A pesar de la censura, la violencia y el silenciamiento, las comunidades artísticas siguen creando. En Cuba, artistas como Luis Manuel Otero Alcántara siguen creando obra desde la prisión. En Zimbabwe, el teatro callejero sigue denunciando la represión bajo vigilancia policial. En India, redes digitales feministas promueven arte visual como forma de protesta ante los femicidios.
Estas expresiones no solo sobreviven: desafían. Y en su acto de crear, denuncian lo que muchos no se atreven a decir. Sin embargo, el informe también documenta resistencias notables. Estas prácticas no solo constituyen actos de resistencia, sino también afirmaciones de memoria, ciudadanía y dignidad.
Proteger la libertad artística es proteger la democracia
La censura y la autocensura no son hechos aislados: son parte de una estrategia cada vez más extendida para neutralizar el poder crítico y transformador del arte. En los países del Sur Global, este fenómeno adquiere formas especialmente preocupantes: gobiernos autoritarios, crimen organizado, presiones religiosas o conservadoras, condiciones económicas adversas e incluso normas democráticas restrictivas se combinan para restringir el derecho a crear, mostrar y compartir obras artísticas. Pero también está en juego otro derecho menos visibilizado: el del público a acceder a esas obras, debatirlas y emocionarse con ellas.
Según el informe Estado de la Libertad Artística 2025, las amenazas son diversas y se manifiestan de forma simultánea: desde la violencia directa contra artistas, hasta la imposibilidad de acceder a financiamiento o espacios de difusión por motivos ideológicos. En muchos casos, estas restricciones se traducen en autocensura, una respuesta silenciosa pero devastadora para la vida cultural.
Ante este panorama, el informe plantea medidas concretas para avanzar hacia una protección real y efectiva: Protocolos específicos para artistas y trabajadores culturales en riesgo; Derogación de leyes que penalizan la expresión cultural disidente; Mecanismos de reparación y justicia ante actos de censura o violencia; y Fortalecimiento institucional con autonomía, presupuesto y capacidad de respuesta.
Hoy, la mayoría de los países carece de herramientas eficaces para garantizar la seguridad de quienes ejercen su libertad artística. Esta omisión también afecta a las audiencias: se limita su derecho a vivir en sociedades expresivas, plurales y democráticas.
El informe también advierte que la censura no siempre llega desde el poder autoritario. En contextos democráticos, la autocensura se vuelve un reflejo condicionado por la polarización, la precariedad y el temor a represalias. Es una forma de censura silenciosa, pero igual de peligrosa.
Frente a un entorno de amenazas múltiples —visibles e invisibles—, la defensa de la libertad artística exige una mirada integral: que contemple no solo la libertad de crear, sino las condiciones para que esa creación exista. Se trata de garantizar acceso a infraestructura, medios de producción sostenibles, pluralidad de voces y seguridad para artistas y públicos.
Desde el Sur Global, este análisis se vuelve aún más relevante. No solo porque muchas de las amenazas más graves a la libertad artística se concentran en estas regiones, sino porque aquí también se desarrollan formas de resistencia, creatividad y articulación que desafían los modelos impuestos desde el Norte. Reconocer esas voces, esas estrategias y esas urgencias permite formular respuestas más adecuadas, más inclusivas y más justas.
Proteger la libertad artística es, en definitiva, defender la posibilidad de imaginar otros mundos. Es garantizar que, incluso en los contextos más adversos, el arte siga habilitando la construcción de puentes entre las diferencias.
Diana ArévaloConsultora en Libertad de Expresión ArtísticaProfesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Maestrando en Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. En el 2015 realizó un Curso de Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en FLACSO en Buenos Aires. En el 2016 realizó un Diplomado en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales en la Fundación Henry Dunant en Santiago de Chile. Entre marzo y agosto de 2016 realizó una práctica como pasante internacional en CADAL, en julio de 2017 se incorporó como Asistente de Proyectos y entre 2019 y 2020 fue Coordinadora y luego Directora de proyectos culturales. En julio de 2020 entra a formar parte del equipo de Freemuse, organización danesa cuya misión es la defensa de la libertad de expresión artística en el mundo, desempeñando el rol de Campaigner para América Latina. A partir de febrero de 2021 hasta marzo de 2022, fue Oficial de campañas y advocacy para América Latina en la misma organización.
La libertad artística no es un lujo ni una licencia para provocar: es un derecho fundamental protegido por el derecho internacional. Implica la posibilidad de imaginar, crear y difundir expresiones artísticas y culturales sin censura ni intimidación, así como el derecho a que estas expresiones sean apoyadas, distribuidas, remuneradas y accesibles para toda la sociedad. Esta libertad no distingue entre obras con o sin fines comerciales, ni entre artistas profesionales o emergentes: toda forma de expresión merece resguardo.
Así lo revela el informe Estado de la Libertad Artística 2025, publicado por la organización danesa Freemuse, que documenta más de 1.100 vulneraciones de este derecho en 92 países a nivel global. El arte aparece allí como campo de batalla: perseguido por regímenes autoritarios, censurado por grupos religiosos y conservadores, silenciado por la violencia del crimen organizado o restringido por la autocensura en contextos democráticos cada vez más polarizados.
Entre las tendencias identificadas destacan: el uso discrecional de las leyes de “agentes extranjeros” para silenciar voces disidentes, la interferencia política en instituciones públicas de arte, restringiendo la autonomía curatorial y limitando la programación independiente (princialmente en Estados Unidos), las restricciones fundamentadas en criterios religiosos o morales que impactaron de manera desproporcionada a mujeres, personas LGBTIQ+ y comunidades minoritarias; por otro lado en contextos marcados por la violencia criminal, especialmente en regiones de América Latina y África, músicos e intérpretes enfrentaron altos niveles de vulnerabilidad y riesgo.
Al reexaminar los hallazgos del informe, se propone una lectura situada desde el Sur Global, que profundiza en los patrones de censura, represión y violencia contra el arte en América Latina, África y Asia. En el panorama actual, la censura y la represión contra las expresiones artísticas en el Sur Global no son hechos aislados, sino fenómenos sistemáticos que responden a dinámicas estructurales profundamente enraizadas. Tal como lo muestra el informe Estado de la Libertad Artística 2025, estos patrones se manifiestan con una intensidad particular en América Latina, África y Asia, donde se cruzan el autoritarismo estatal, la violencia del crimen organizado, las presiones de grupos conservadores y una cultura de impunidad que limita el ejercicio del derecho a crear, expresarse y narrar colectivamente.
Censura como herramienta de poder político
Durante el 2024, en varios países, gobiernos de disntitos paises utilizaron la censura como mecanismo para silenciar las voces criticas a traves del arte. En Venezuela, el compositor Wilmer Álvarez fue procesado penalmente tras difundir una canción crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de las protestas que se desataron para exigir transparencia electoral en el contexto de la reelección presidencial de Manduro.
En Somaliland, la cantante Ugbaad Aragsan, fue detenida en abril de 2024 bajo cargos relacionados con “promover la indecencia” a través de videos en línea, después de haber apoyado a un partido político opositor y de haber criticado al gobierno a través de sus canciones.
En Angola, Neth Nahara, músico angoleño, permaneció más de 16 meses en prisión tras ser condenado por "causar indignación y daño" a la reputación del Presidente João Lourenço debido a un video que creó en TikTok, inicialmente sentenciado a seis meses y luego extendido a dos años, hasta ser liberado
En Tanzania, el pintor Shadrack Chaula fue condenado a dos años de prisión por quemar un retrato de la presidenta Samia Suluhu Hassan en un video crítico, siendo liberado tras una campaña de crowdfunding y pagando una multa considerable. Posteriormente, hubo denuncias sobre su desaparición forzada, evidenciando la represión estatal contra la expresión artística crítica
En Puerto Rico, en abril de 2024, el curador de una exposición en el Instituto de Cultura Puertorriqueña decidió retirar la obra “Retratos de una deuda” de Garvin Sierra, que criticaba la deuda pública y autoridades responsables, alegando que podría incomodar a autoridades locales y federales, reflejando censura motivada por intereses políticos.
En Perú, en noviembre de 2024, se censuraron pinturas que retrataban la lucha del pueblo de Puno y sus demandas de justicia tras protestas que dejaron 22 muertos en enero de 2023. La asociación cultural Brisas del Titicaca denunció que la Biblioteca Nacional del Perú, una institución pública, permitió la censura bajo presión política, amenazando con cancelar la exposición si no se retiraban las obras
La censura religiosa y conservadora
La censura por motivos religiosos y conservadores, no es cosa del pasado y todavía continua como una de las principales razones por las que se vulnera la libertad de expresión artística, no solo en América Latina, sino también en países de Asia del sur como India y Pakistán, y otros del sudeste asiático como Indonesia tal y como se evidencia en el reporte. En Brasil, la muestra de cine LGBTQ+ Mostra Diversidade fue cancelada por decisión del alcalde de Río do Sul, alegando que la muestra era contraria a los "principios cristianos". En El Salvador, el Ministerio de Cultura suspendió la segunda función de Inmoral una obra de teatro drag tras recibir presiones por parte de grupos religiosos, argumentando que “no era apta para familias” ya que abordaba temas sensibles como el abuso sexual y emocional
En Asia, las presiones sociales, religiosas y estatales convergen de forma intensa. En India, el Festival de Cine de Kerala enfrentó cancelaciones de películas por abordar temáticas de diversidad sexual, mientras que artistas visuales fueron perseguidos por realizar exhibiciones críticas con el gobierno nacionalista de Narendra Modi y su Alianza Democrática Nacional. En Pakistán, las estrictas leyes relacionadas con la blasfemia fueron utilizadas para imponer severas penas, incluso de muerte, por cualquier expresión considerada irrespetuosa hacia el Islam o el Profeta Mahoma, lo que generó un clima de autocensura profunda entre los artistas, como se evidenció en eventos recientes como la Cuarta Bienal de Karachi (2024), donde obras de arte sonoras fueron silenciadas durante el Azaan por temor a violar la Ley de Blasfemia. Desde la islamización promovida por el general Zia-ul-Haq en los años 70, el Estado ha institucionalizado un conservadurismo que limita las manifestaciones culturales públicas, apoyando solamente formas artísticas no figurativas, y prohibiendo expresiones como la danza pública. Además, movimientos feministas y críticos, como el Aurat March, fueron atacados bajo pretextos religiosos y conservadores, mientras que artistas y creativos enfrentaron presiones y amenazas tanto estatales como de actores no estatales y grupos religiosos, que dificultaron aún más la expresión libre.
En África, Yahaya Sharif-Aminu, músico nigeriano, ha estado preso desde 2020 en la región de Kano bajo una sentencia de muerte por un tema considerado blasfemo, pese a los llamados internacionales para su liberación y la preocupación expresada por cinco relatores especiales de la ONU en 2024. En Egipto, en la actualidad, toda producción artística —desde teatro hasta videoclips— requiere aprobación previa del ente estatal de censura. Es así, como en el 2024, el filme The Atheist fue retirado por “ofensas religiosas” tras presión de instituciones islámicas. Por otro lado, en Tanzania, el gobierno suspendió plataformas culturales digitales y censuró canciones críticas bajo el argumento de proteger la moral pública.
En Indonesia, la censura y represión contra la expresión artística se han intensificado bajo un marco legal cada vez más restrictivo, donde las regulaciones criminalizan la disidencia y las expresiones LGBTQ+, reflejando la influencia de posturas religiosas y conservadoras. Desde 2022, los tecladistas que interpretan música electrónica, particularmente asociada a la cultura juvenil y a la supuesta promoción del consumo de drogas, han sido objeto de redadas policiales, confiscación de instrumentos y prohibiciones oficiales, evidenciando cómo las políticas de “guerra contra las drogas” impactan negativamente al sector musical como daño colateral. Asimismo, leyes como la Ley de Film, la Ley de Pornografía y regulaciones provinciales sobre orden público se han usado para censurar y criminalizar tanto a artistas como a grupos sociales diversos, incluido el colectivo LGBTQ+, validando discursos conservadores y fomentando la autocensura.
Cuando la violencia criminal y el crimen organizado impactan en el arte urbano, la música popular y los liderazgos culturales
La violencia y el crimen organizado representaron barreras significativas para la libertad de expresión artística en América Latina. Esta violencia es un trágico resultado de problemas sociales más amplios que afectan a las comunidades que sufren la presencia de estructuras y actores criminales, los cuales surgen de profundas desigualdades, corrupción rampante y conflictos locales. Las redes criminales en muchos lugares, como resultado, actúan con impunidad y utilizan la violencia y las amenazas como medios para reforzar su poder.
Estas situaciones generaron un ambiente inseguro para los artistas y trabajadores culturales, quienes a menudo carecen de medidas de seguridad adecuadas y garantías para crear y desarrollar su trabajo sin arriesgar sus vidas. Esta violencia multifacética – principalmente en forma de asesinatos bajo la modalidad de sicariato principalmente, extorsión y amenazas – ha impactado profundamente el arte urbano, la música popular y los liderazgos culturales. Los perpetradores de estos crímenes rara vez son llevados ante la justicia, lo que fomentó un clima de impunidad en países como Colombia, Perú y México.
En Colombia ha habido numerosos asesinatos y amenazas dirigidas a la profesión artística. Según el monitor de libertad artística de Cartel Urbano Bulla, al menos 10 artistas y líderes culturales fueron asesinados en 2024. El 17 de julio, Cristian García alias "Ebrio-Drunk", un grafitero conocido por su activismo, fue asesinado por individuos no identificados mientras pintaba un mural en Ciudad Bolívar, Bogotá. Los artistas también han sido víctimas de carteles de drogas y bandas armadas, a veces en ataques dirigidos y otras simplemente por estar en el lugar equivocado. El 26 de abril el cantante popular Sebastián Muñoz, conocido como "El León de la Canción", y su DJ JJ Villegas, fueron asesinados en Corinto Cauca durante un evento privado en lo que las autoridades presumen que fue un ajuste de cuentas entre bandas armadas. El 15 de agosto los artistas urbanos Camilo Sánchez, conocido como "Mc Cub" y Camila Ospitia del colectivo Distreestyle, fueron asesinados después de un evento cultural en el Parque El Porvenir en Bogotá. Este ataque fue atribuido a bandas dedicadas al narcotráfico doméstico a pequeña escala. Otros artistas se convirtieron en víctimas de grupos disidentes de las FARC que aún operan en ciertas partes del país. El 2 de agosto, Edgar Eduardo Victoria Segura, un artista y maestro de la Guardia Indígena de Vitoncó Cauca, fue asesinado por presuntos disidentes de las FARC.
El 8 de noviembre, en la vereda de El Plateado Cauca, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) amenazaron a los artistas invitados al "Festival Cultural y Artístico" organizado por el Ministerio de Defensa. A través de un comunicado, advirtieron sobre represalias contra los participantes, lo que obligó a la cancelación de varias presentaciones, a pesar de las garantías de seguridad ofrecidas por las autoridades, evidenciando la vulnerabilidad de los artistas en zonas de conflicto armado.
En Perú, los artistas y grupos de géneros musicales populares como la cumbia y la chicha continuaron siendo blanco de extorsiones y ataques, lo que refleja cómo el crimen organizado en la región ha expandido su influencia más allá del narcotráfico. El 3 de noviembre, Thalia Manrique Castillo, cantante principal de la orquesta de cumbia Hermanos Guerrero, fue asesinada durante un asalto al autobús en el que viajaba con sus compañeros de banda después de una presentación. Los artistas también denunciaron el robo de sus instrumentos musicales durante el ataque. Un mes después, el 1 de diciembre, el grupo de cumbia Armonía 10 sufrió un ataque similar en la ciudad de Callao, cuando un motociclista disparó contra el autobús que transportaba a los músicos hacia una presentación. Días antes, el grupo había recibido mensajes de extorsión exigiendo el pago de 20.000 soles para garantizar su seguridad durante el evento.
En México, el 14 de octubre, la tradicional Feria Ganadera de Sinaloa y el Palenque de Culiacán, eventos emblemáticos de la región, fueron suspendidos tras una serie de actos violentos y amenazas atribuidas a grupos criminales interesados en controlar las actividades económicas y territoriales de la zona. Los incidentes incluyeron el incendio de la taquilla principal y la colocación de narcomantas con mensajes intimidatorios dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya, quien asistía al evento, y a los artistas invitados, como los cantantes de música regional Julión Álvarez, Yuridia y Cristian Nodal. Aunque las autoridades locales proporcionaron medidas de seguridad, los organizadores optaron por cancelar los eventos debido al clima de inseguridad predominante..
En África, la actividad del crimen organizado representa una amenaza creciente para la libertad artística, aunque con características específicas y en determinadas regiones. El informe destaca cómo la violencia vinculada a redes criminales, caracterizadas por estructuras organizadas que utilizan la violencia, amenazas y corrupción para mantener su poder, afecta de forma directa o indirecta a artistas y líderes culturales. Estas organizaciones imponen un clima de inseguridad que limita la capacidad de los artistas para expresarse libremente, al generar amenazas, extorsiones y ataques violentos, muchas veces sin que los responsables sean llevados ante la justicia, lo cual fomenta la impunidad. En países con presencia persistente de crimen organizado, como en ciertas zonas de África subsahariana, artistas y trabajadores culturales enfrentan dificultades para desarrollar su trabajo debido a la falta de garantías de seguridad, obligándolos a la autocensura o al silenciamiento forzado. Aunque el reporte no detalla casos específicos en África tan concretos como en América Latina, enfatiza la necesidad urgente de reconocer e intervenir sobre el impacto de estas redes criminales para proteger a la comunidad artística y cultural
El arte deja entonces de ser una expresión libre y se convierte en una actividad de riesgo. No hay escenario sin cálculo de seguridad. No hay canción sin temor.
Autocensura: la forma silenciosa de la represión
El reporte subraya que la autocensura se ha convertido en una forma dominante y silenciosa de restricción de la libertad artística, que muchas veces es más extensa y dañina que la censura explícita y visible. Esta práctica se adopta como una estrategia de supervivencia por parte de los artistas para evitar represalias, persecuciones o exclusión del sistema cultural dominante. En 2024, la autocensura se ha convertido en un mecanismo predominante mediante el cual los artistas buscan protegerse de represalias en contextos de alta represión política, violencia y presiones económicas. Esta práctica funciona como una “sensación de seguridad” para poder crear en ambientes inseguros y volátiles, donde las leyes restrictivas y las amenazas institucionales limitan la libre expresión artística. No solo los creadores, sino también galerías, museos y ferias internacionales suelen autocensurarse para evitar la pérdida de financiamiento o confrontaciones políticas. En regiones con altos índices de criminalidad, como Colombia, la violencia directa contra artistas —incluyendo asesinatos, amenazas y extorsiones— refuerza esta tendencia de autocensura como estrategia de supervivencia. Pese a este panorama, el informe resalta ejemplos de resistencia, como grupos secretos de escritoras en Afganistán, músicos que actúan en espacios ocultos y artistas presos en Cuba que continúan exhibiendo sus obras desde la prisión. En palabras del artista ghanés Jean Pierre Bekolo, “la autocensura se ha apoderado a tal punto que el sistema ya no tiene que ejercerla”, reflejando así la gravedad y la extensión de esta dinámica. A pesar de las restricciones, la resiliencia de los artistas continúa manifestándose, resistiendo la censura y luchando por mantener la libertad creativa en medio de condiciones adversas.
Pero el arte resiste
Mientras la autocensura restringe la diversidad y la crítica social en el arte, también existen persistentes formas de resistencia artística que desafían la censura y buscan mantener la libertad creativa pese al clima adverso. A pesar de la censura, la violencia y el silenciamiento, las comunidades artísticas siguen creando. En Cuba, artistas como Luis Manuel Otero Alcántara siguen creando obra desde la prisión. En Zimbabwe, el teatro callejero sigue denunciando la represión bajo vigilancia policial. En India, redes digitales feministas promueven arte visual como forma de protesta ante los femicidios.
Estas expresiones no solo sobreviven: desafían. Y en su acto de crear, denuncian lo que muchos no se atreven a decir. Sin embargo, el informe también documenta resistencias notables. Estas prácticas no solo constituyen actos de resistencia, sino también afirmaciones de memoria, ciudadanía y dignidad.
Proteger la libertad artística es proteger la democracia
La censura y la autocensura no son hechos aislados: son parte de una estrategia cada vez más extendida para neutralizar el poder crítico y transformador del arte. En los países del Sur Global, este fenómeno adquiere formas especialmente preocupantes: gobiernos autoritarios, crimen organizado, presiones religiosas o conservadoras, condiciones económicas adversas e incluso normas democráticas restrictivas se combinan para restringir el derecho a crear, mostrar y compartir obras artísticas. Pero también está en juego otro derecho menos visibilizado: el del público a acceder a esas obras, debatirlas y emocionarse con ellas.
Según el informe Estado de la Libertad Artística 2025, las amenazas son diversas y se manifiestan de forma simultánea: desde la violencia directa contra artistas, hasta la imposibilidad de acceder a financiamiento o espacios de difusión por motivos ideológicos. En muchos casos, estas restricciones se traducen en autocensura, una respuesta silenciosa pero devastadora para la vida cultural.
Ante este panorama, el informe plantea medidas concretas para avanzar hacia una protección real y efectiva: Protocolos específicos para artistas y trabajadores culturales en riesgo; Derogación de leyes que penalizan la expresión cultural disidente; Mecanismos de reparación y justicia ante actos de censura o violencia; y Fortalecimiento institucional con autonomía, presupuesto y capacidad de respuesta.
Hoy, la mayoría de los países carece de herramientas eficaces para garantizar la seguridad de quienes ejercen su libertad artística. Esta omisión también afecta a las audiencias: se limita su derecho a vivir en sociedades expresivas, plurales y democráticas.
El informe también advierte que la censura no siempre llega desde el poder autoritario. En contextos democráticos, la autocensura se vuelve un reflejo condicionado por la polarización, la precariedad y el temor a represalias. Es una forma de censura silenciosa, pero igual de peligrosa.
Frente a un entorno de amenazas múltiples —visibles e invisibles—, la defensa de la libertad artística exige una mirada integral: que contemple no solo la libertad de crear, sino las condiciones para que esa creación exista. Se trata de garantizar acceso a infraestructura, medios de producción sostenibles, pluralidad de voces y seguridad para artistas y públicos.
Desde el Sur Global, este análisis se vuelve aún más relevante. No solo porque muchas de las amenazas más graves a la libertad artística se concentran en estas regiones, sino porque aquí también se desarrollan formas de resistencia, creatividad y articulación que desafían los modelos impuestos desde el Norte. Reconocer esas voces, esas estrategias y esas urgencias permite formular respuestas más adecuadas, más inclusivas y más justas.
Proteger la libertad artística es, en definitiva, defender la posibilidad de imaginar otros mundos. Es garantizar que, incluso en los contextos más adversos, el arte siga habilitando la construcción de puentes entre las diferencias.
