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Las Damas de Blanco. Prólogo de José Miguel Vivanco
Cada domingo, las Damas de Blanco asisten a misa en una iglesia de La Habana y hacen un recorrido por las calles de los alrededores en absoluto silencio, portando fotos de sus familiares con el número de años que fueron condenados a prisión. Las une un objetivo común: marchar pacíficamente exigiendo la libertad de sus esposos, padres, hijos, hermanos y sobrinos.
En muchos países se forman redes de solidaridad entre mujeres cuyos familiares están en prisión. En Cuba, sin embargo, las Damas de Blanco también simbolizan un reclamo de libertad de aquéllos que son oprimidos por la maquinaria represiva del régimen. Los familiares por quienes luchan fueron injustamente detenidos durante el período de mayor represión que Cuba haya conocido en los últimos años.
En las primeras horas de la madrugada del 18 de marzo de 2003, agentes de las fuerzas de seguridad del estado detuvieron a disidentes políticos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, bibliotecarios independientes y promotores de derechos laborales. Estas detenciones marcaron el comienzo de la campaña represiva. Las fuerzas de seguridad también allanaron domicilios en toda la isla, confiscaron computadoras, máquinas de fax, máquinas de escribir y documentos personales. Del 3 al 7 de abril del mismo año, en una cadena de juicios sumarios, los detenidos fueron procesados por infringir tipos penales que prohíben conductas que debilitan el sistema socialista o favorezcan el embargo económico norteamericano. En total 75 personas fueron condenadas y recibieron penas de prisión que oscilaron entre los 6 y los 20 años. Salvo 14 detenidos que fueron puestos en libertad en el 2004 por razones humanitarias, el resto continúa encarcelado hasta el presente. Raúl Rivero, poeta y periodista, y Marta Beatriz Roque, destacada economista independiente, forman parte del grupo de 14 disidentes puestos en libertad.
Las Damas de Blanco surgieron durante la celebración del Día de la Madre del año 2003, cuando un grupo de mujeres debió asumir las consecuencias de la detención arbitraria de sus familiares. El grupo se formó de manera espontánea; hoy cuenta con la participación de mujeres provenientes de todo el país, que profesan diversos credos religiosos y tienen distintas posiciones políticas, pero comparten una causa común: lograr la libertad inmediata de sus familiares.
A pesar de no hablar de religión o política, o quizás precisamente por eso, las Damas de Blanco continuaron sus encuentros y ganaron creciente reconocimiento en Cuba y en el exterior. El grupo fue uno de los tres galardonados con el prestigioso Premio Andrei Sajarov 2005 a la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo concede cada año para reconocer a quienes luchan por la protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la cooperación internacional y la defensa del Estado de Derecho. El gobierno cubano, sin embargo, en una reacción consistente con sus políticas represivas, no permitió que representantes del grupo viajaran a Francia para recibir el premio en diciembre de 2005.
Hasta hoy, el gobierno de Cuba sigue implementando implacablemente su legislación represiva que niega a los cubanos el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo los derechos básicos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y el derecho al debido proceso. La negación de tales derechos está en la legislación, específicamente en el Código Penal, que sirve como base legal para reprimir actividades pacíficas y legítimas de oposición al gobierno. Por ejemplo, el código tipifica la llamada propaganda enemiga, la difusión de “información no autorizada” y los insultos a símbolos patrios. El gobierno también se arroga el poder de detener y ordenar la vigilancia de personas que no han cometido ningún delito, utilizando leyes que sancionan al individuo considerado “peligroso” y permiten la “advertencia oficial”.
En nombre del orden jurídico revolucionario, el aparato de inteligencia y seguridad amenaza a los disidentes, los vigilan y ordena arrestos domiciliarios, detenciones de corto plazo y restricciones de movimiento. Los tribunales, que forman parte de la burocracia represiva del régimen, operan sin respetar el derecho a un juicio justo, restringen el derecho a la defensa y violan todas las garantías procesales con las que deberían contar los acusados de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.
La observación de la situación de los derechos humanos no está permitida como actividad legítima, sino que es considerada traición a la patria o un atentado a la soberanía cubana. De hecho, ningún grupo local de derechos humanos está reconocido por el ordenamiento jurídico interno. Tampoco se permite que organizaciones internacionales de dereLas chos humanos, como Human Rights Watch, envíen misiones de investigación a Cuba. Cuba sigue siendo uno de los pocos países en el mundo, y el único del hemisferio occidental, que niega al Comité Internacional de la Cruz Roja acceso a sus prisiones.
Ante esta situación los Estados Unidos optó, hace ya varias décadas, por una política de aislamiento económico, político y diplomático, para presionar al régimen cubano. Es hora de evaluar si el embargo de los Estados Unidos a Cuba es el mecanismo más adecuado para salir de la situación actual y con ello mejorar el estado de los derechos humanos.
Para algunos de los más destacados disidentes cubanos como Raúl Rivero, Héctor Palacios Ruiz y Oswaldo Payá el embargo contribuye a la causa de Fidel Castro y no a la propia. Al ser indiscriminado— en lugar de dirigirse a objetivos específicos— permite que el gobierno de Cuba traslade la responsabilidad por el sufrimiento del pueblo a los Estados Unidos. Al aislar al pueblo, facilita el control que ejerce el gobierno sobre qué oyen, ven y conocen los cubanos. Además, con la firme oposición del resto del mundo al embargo, el gobierno cubano ha logrado dividir a la comunidad internacional y ello lleva, paradójicamente, a una reducción (y no a un aumento) de la presión internacional sobre Fidel Castro.
Es evidente, entonces, que el embargo indiscriminado contra Cuba no ha logrado sus objetivos. Negarse a escuchar a quienes arriesgan su libertad personal por la libertad en Cuba es inadmisible. Ello sería similar a que los Estados Unidos hubieran adoptado medidas para promover la libertad en la ex Unión Soviética, sin haber tomado en cuenta la opinión de Andrei Sajarov, Lech Walessa o Vaclav Havel.
Para que los disidentes logren conquistar un espacio que les permita luchar por el cambio dentro de Cuba, hace falta una presión multilateral cuidadosamente dirigida al gobierno y no al pueblo cubano. Hay que encontrar un punto intermedio entre, en un extremo, la cooperación incondicional con el gobierno y en el otro, la política del aislamiento total que ha impulsado unilateralmente los Estados Unidos durante décadas (que, al final de cuentas, favorece a Fidel Castro). El mayor temor de Fidel Castro no es la continuación del embargo, ni siquiera su levantamiento; sino la posibilidad de que los Estados Unidos acuerde con sus aliados de América Latina y Europa una estrategia común para proteger y promover los derechos fundamentales del pueblo cubano. Una comunidad internacional unida tendría una autoridad política y moral mucho mayor frente al gobierno cubano que una dividida, como la ha estado hasta ahora.
Una estrategia multilateral eficaz debería contar con la participación concertada de múltiples actores. Por ejemplo, los gobiernos democráticos de América Latina deberían pronunciarse firmemente denunciando la represión política en Cuba y dejar de respaldar la participación de ese gobierno en organismos internacionales, como lo han hecho en la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sus misiones diplomáticas en La Habana deberían reunirse constantemente con disidentes cubanos y defensores de los derechos humanos. Las democracias europeas, por su parte, deberían imponer a las autoridades cubanas las mismas sanciones específicas, incluidas la denegación de visas y confiscación de bienes, que han impuesto a autoridades de otros gobiernos represivos, como las de Myanmar y Zimbabwe. Por último, teniendo en cuenta que los trabajadores cubanos de compañías extranjeras siguen siendo contratados y remunerados por el gobierno, sin derecho a organizarse libremente para fundar un sindicato, negociar colectivamente o declarar la huelga, tanto los gobiernos europeos como latinoamericanos deberían otorgar licencias para invertir en Cuba sólo si existen garantías de respeto a los derechos laborales.
No podemos cruzarnos de brazos y resignarnos ante una realidad como esta. Nadie debe hacerse ilusiones sobre el carácter del gobierno cubano. No podemos romantizar ningún aspecto de este sistema cruel, o justificar en modo alguno los abusos cometidos por Fidel Castro. Sin embargo, sin la adecuada presión de la comunidad internacional, los cubanos no lograrán liberarse de este régimen totalitario y avanzar, como lo han hecho tantos países de este hemisferio y de Europa del Este, hacia un régimen democrático respetuoso de los derechos fundamentales.
José Miguel Vivanco
Director Regional de las Americas
Human Rights Watch
Cada domingo, las Damas de Blanco asisten a misa en una iglesia de La Habana y hacen un recorrido por las calles de los alrededores en absoluto silencio, portando fotos de sus familiares con el número de años que fueron condenados a prisión. Las une un objetivo común: marchar pacíficamente exigiendo la libertad de sus esposos, padres, hijos, hermanos y sobrinos.
En muchos países se forman redes de solidaridad entre mujeres cuyos familiares están en prisión. En Cuba, sin embargo, las Damas de Blanco también simbolizan un reclamo de libertad de aquéllos que son oprimidos por la maquinaria represiva del régimen. Los familiares por quienes luchan fueron injustamente detenidos durante el período de mayor represión que Cuba haya conocido en los últimos años.
En las primeras horas de la madrugada del 18 de marzo de 2003, agentes de las fuerzas de seguridad del estado detuvieron a disidentes políticos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, bibliotecarios independientes y promotores de derechos laborales. Estas detenciones marcaron el comienzo de la campaña represiva. Las fuerzas de seguridad también allanaron domicilios en toda la isla, confiscaron computadoras, máquinas de fax, máquinas de escribir y documentos personales. Del 3 al 7 de abril del mismo año, en una cadena de juicios sumarios, los detenidos fueron procesados por infringir tipos penales que prohíben conductas que debilitan el sistema socialista o favorezcan el embargo económico norteamericano. En total 75 personas fueron condenadas y recibieron penas de prisión que oscilaron entre los 6 y los 20 años. Salvo 14 detenidos que fueron puestos en libertad en el 2004 por razones humanitarias, el resto continúa encarcelado hasta el presente. Raúl Rivero, poeta y periodista, y Marta Beatriz Roque, destacada economista independiente, forman parte del grupo de 14 disidentes puestos en libertad.
Las Damas de Blanco surgieron durante la celebración del Día de la Madre del año 2003, cuando un grupo de mujeres debió asumir las consecuencias de la detención arbitraria de sus familiares. El grupo se formó de manera espontánea; hoy cuenta con la participación de mujeres provenientes de todo el país, que profesan diversos credos religiosos y tienen distintas posiciones políticas, pero comparten una causa común: lograr la libertad inmediata de sus familiares.
A pesar de no hablar de religión o política, o quizás precisamente por eso, las Damas de Blanco continuaron sus encuentros y ganaron creciente reconocimiento en Cuba y en el exterior. El grupo fue uno de los tres galardonados con el prestigioso Premio Andrei Sajarov 2005 a la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo concede cada año para reconocer a quienes luchan por la protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la cooperación internacional y la defensa del Estado de Derecho. El gobierno cubano, sin embargo, en una reacción consistente con sus políticas represivas, no permitió que representantes del grupo viajaran a Francia para recibir el premio en diciembre de 2005.
Hasta hoy, el gobierno de Cuba sigue implementando implacablemente su legislación represiva que niega a los cubanos el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo los derechos básicos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y el derecho al debido proceso. La negación de tales derechos está en la legislación, específicamente en el Código Penal, que sirve como base legal para reprimir actividades pacíficas y legítimas de oposición al gobierno. Por ejemplo, el código tipifica la llamada propaganda enemiga, la difusión de “información no autorizada” y los insultos a símbolos patrios. El gobierno también se arroga el poder de detener y ordenar la vigilancia de personas que no han cometido ningún delito, utilizando leyes que sancionan al individuo considerado “peligroso” y permiten la “advertencia oficial”.
En nombre del orden jurídico revolucionario, el aparato de inteligencia y seguridad amenaza a los disidentes, los vigilan y ordena arrestos domiciliarios, detenciones de corto plazo y restricciones de movimiento. Los tribunales, que forman parte de la burocracia represiva del régimen, operan sin respetar el derecho a un juicio justo, restringen el derecho a la defensa y violan todas las garantías procesales con las que deberían contar los acusados de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.
La observación de la situación de los derechos humanos no está permitida como actividad legítima, sino que es considerada traición a la patria o un atentado a la soberanía cubana. De hecho, ningún grupo local de derechos humanos está reconocido por el ordenamiento jurídico interno. Tampoco se permite que organizaciones internacionales de dereLas chos humanos, como Human Rights Watch, envíen misiones de investigación a Cuba. Cuba sigue siendo uno de los pocos países en el mundo, y el único del hemisferio occidental, que niega al Comité Internacional de la Cruz Roja acceso a sus prisiones.
Ante esta situación los Estados Unidos optó, hace ya varias décadas, por una política de aislamiento económico, político y diplomático, para presionar al régimen cubano. Es hora de evaluar si el embargo de los Estados Unidos a Cuba es el mecanismo más adecuado para salir de la situación actual y con ello mejorar el estado de los derechos humanos.
Para algunos de los más destacados disidentes cubanos como Raúl Rivero, Héctor Palacios Ruiz y Oswaldo Payá el embargo contribuye a la causa de Fidel Castro y no a la propia. Al ser indiscriminado— en lugar de dirigirse a objetivos específicos— permite que el gobierno de Cuba traslade la responsabilidad por el sufrimiento del pueblo a los Estados Unidos. Al aislar al pueblo, facilita el control que ejerce el gobierno sobre qué oyen, ven y conocen los cubanos. Además, con la firme oposición del resto del mundo al embargo, el gobierno cubano ha logrado dividir a la comunidad internacional y ello lleva, paradójicamente, a una reducción (y no a un aumento) de la presión internacional sobre Fidel Castro.
Es evidente, entonces, que el embargo indiscriminado contra Cuba no ha logrado sus objetivos. Negarse a escuchar a quienes arriesgan su libertad personal por la libertad en Cuba es inadmisible. Ello sería similar a que los Estados Unidos hubieran adoptado medidas para promover la libertad en la ex Unión Soviética, sin haber tomado en cuenta la opinión de Andrei Sajarov, Lech Walessa o Vaclav Havel.
Para que los disidentes logren conquistar un espacio que les permita luchar por el cambio dentro de Cuba, hace falta una presión multilateral cuidadosamente dirigida al gobierno y no al pueblo cubano. Hay que encontrar un punto intermedio entre, en un extremo, la cooperación incondicional con el gobierno y en el otro, la política del aislamiento total que ha impulsado unilateralmente los Estados Unidos durante décadas (que, al final de cuentas, favorece a Fidel Castro). El mayor temor de Fidel Castro no es la continuación del embargo, ni siquiera su levantamiento; sino la posibilidad de que los Estados Unidos acuerde con sus aliados de América Latina y Europa una estrategia común para proteger y promover los derechos fundamentales del pueblo cubano. Una comunidad internacional unida tendría una autoridad política y moral mucho mayor frente al gobierno cubano que una dividida, como la ha estado hasta ahora.
Una estrategia multilateral eficaz debería contar con la participación concertada de múltiples actores. Por ejemplo, los gobiernos democráticos de América Latina deberían pronunciarse firmemente denunciando la represión política en Cuba y dejar de respaldar la participación de ese gobierno en organismos internacionales, como lo han hecho en la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sus misiones diplomáticas en La Habana deberían reunirse constantemente con disidentes cubanos y defensores de los derechos humanos. Las democracias europeas, por su parte, deberían imponer a las autoridades cubanas las mismas sanciones específicas, incluidas la denegación de visas y confiscación de bienes, que han impuesto a autoridades de otros gobiernos represivos, como las de Myanmar y Zimbabwe. Por último, teniendo en cuenta que los trabajadores cubanos de compañías extranjeras siguen siendo contratados y remunerados por el gobierno, sin derecho a organizarse libremente para fundar un sindicato, negociar colectivamente o declarar la huelga, tanto los gobiernos europeos como latinoamericanos deberían otorgar licencias para invertir en Cuba sólo si existen garantías de respeto a los derechos laborales.
No podemos cruzarnos de brazos y resignarnos ante una realidad como esta. Nadie debe hacerse ilusiones sobre el carácter del gobierno cubano. No podemos romantizar ningún aspecto de este sistema cruel, o justificar en modo alguno los abusos cometidos por Fidel Castro. Sin embargo, sin la adecuada presión de la comunidad internacional, los cubanos no lograrán liberarse de este régimen totalitario y avanzar, como lo han hecho tantos países de este hemisferio y de Europa del Este, hacia un régimen democrático respetuoso de los derechos fundamentales.
José Miguel Vivanco
Director Regional de las Americas
Human Rights Watch
