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Análisis Sínico
26-03-2018La represión en el Tíbet es denunciada en varios informes internacionales
Desde hace más de 65 años los tibetanos se han convertido en marginados en su propio país y el gobierno chino ha intentado acabar con su cultura y sociedad, los derechos humanos fundamentales se les siguen negando y más de 1.200.000 tibetanos han muerto desde la ocupación ilegal de China.Por Agustina María Auvieux
La República Popular China es “un Estado socialista en el que el poder pertenece al pueblo que lo asume mediante la Asamblea Nacional Popular”, es así como lo dicta su Constitución, vigente desde el año 1982. El presidente elegido por un mandato de cinco años por esta misma Asamblea es, desde el 14 de marzo del año 2013, Xi Jinping, quién además se desempeña como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista y acaba de impulsar la reforma de la constitución para mantenerse indefinidamente en el poder.
Cuando Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda manipulando los medios de comunicación y restringiendo los derechos políticos, prohibiendo las discrepancias dentro del partido y criticando implacablemente los valores democráticos “occidentales”. El 4 de abril del año 2017 el gobierno publicó directrices que tenían como objetivo reforzar la imposición de la ley en el ámbito cultural. Estas directrices regularían en mayor medida muchas actividades “ilegales” y no autorizadas, como la publicación, la distribución de cine y televisión, las representaciones artísticas y la importación y exportación de productos culturales.
Según Human Rights Watch, la ofensiva amplia y sostenida contra los derechos humanos que comenzó después de que el presidente Xi Jinping asumió el poder no mostró señales de disminuir en el año 2017. Además, China tomó medidas para endurecer aún más su ya opresivo sistema de censura en Internet. Permanecen bloqueadas gran cantidad de páginas web y redes sociales, haciendo que la libertad de expresión sea, básicamente, nula.
En cuanto a la libertad religiosa, esta se encuentra muy controlada por las autoridades y se sancionan ciertas prácticas argumentando en aras de la seguridad nacional, con lo cual puede ser utilizado para reprimir aún más los derechos a la libertad de religión y creencias, en especial los de la población budista tibetana, musulmana uigur, entre otras; entrañando graves amenazas a los derechos humanos y aquellos que buscan defenderlos.
Solo a través de la comprensión de este régimen, calificado por Freedom House como autoritario – no libre (utiliza una puntuación del 1 –most free - al 7 –not free- en dos categorías: derechos civiles y libertades políticas), es que puede ser entendida la crítica situación que se tiene lugar en la región autónoma de Tíbet. Región que obtuvo una calificación de 7 puntos, es decir, la máxima posible en el índice ya mencionado.
Tíbet, región autónoma ubicada en el centro de Asia con un área de 2.500.000 millones de kilómetros cuadrados, asentada sobre las montañas más altas del planeta y en donde nacen diez de los ríos más grandes de esta región, fue invadido por China bajo el mando de Mao Zedong entre los años 1949 y 1950. Como nación independiente, Tíbet contaba con un gobierno soberano, una lengua propia, así como leyes y costumbres. Tras la invasión militar de China las restricciones que las familias tibetanas y los monasterios han vivido son cada vez mayores.
Desde hace más de 65 años los tibetanos se han convertido en marginados en su propio país y el gobierno chino ha intentado acabar con su cultura y sociedad, los derechos humanos fundamentales se les siguen negando y más de 1.200.000 tibetanos han muerto desde la ocupación ilegal de China. Sin embargo, han encontrado maneras no violentas de mantenerse de pie y rechazar el dominio del gobierno chino a través de acciones de resistencia cultural y afirmaciones de identidad nacional.
En un informe de 2016-2017 realizado por seis expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se afirmó que la situación de la población tibetana era profundamente problemática, y “que la mayoría de las minorías étnicas en China est(aba)n expuestas a graves retos en cuestión de derechos humanos, tales como: tasas de pobreza significativamente elevadas, discriminación étnica y reasentamiento forzado”. Todo esto, basado en la alarmante posición tomada respecto a Tíbet que afirma que “la seguridad y estabilidad de China depende de la seguridad y estabilidad de Tíbet”, por lo que los tibetanos deben “renunciar a su seguridad a cambio de ganar armonía”. Tal enfoque estratégico de parte del gobierno chino garantiza una represión creciente en la región.
Asimismo, según Amnistía Internacional, el gobierno continúa redactando y promulgando leyes nuevas que entrañan graves amenazas para los DDHH con el pretexto de “seguridad nacional”. Se detiene, procesa y condena a personas que se dedican al activismo y a la defensa de los derechos humanos sobre la base de acusaciones vagas y demasiado amplias como “incitar a la subversión contra el poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”. Al recluirlos fuera de los centros de detención oficiales, a veces en régimen de incomunicación, durante períodos prolongados, aumenta el riesgo de que sufran torturas y otros malos tratos.
Por otro lado, el artículo 36º de la Constitución china garantiza la “libertad de religión,” pero en la práctica, el Consejo de Estado de China ha revisado las “Regulaciones sobre Asuntos Religiosos” para controlar directamente todos los asuntos de esta índole del Tíbet. Aumentó y se intensificó así, la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado, aquellas en el marco de campañas “contra separatismos” o “antiterroristas” especialmente en las zonas de población tibetana.
En agosto de 2017, se produjo la expulsión de religiosos (monjes y monjas), bajo la orden emitida por las autoridades locales para reducir el número de practicantes, y la demolición de sus viviendas en el monasterio de Yachen Gar en Kandze, hecho que ya había ocurrido en el monasterio de Larung Gar, en la misma ciudad, el año anterior. Del mismo modo, las autoridades retienen el control de los nombramientos de personal, publicaciones, finanzas y aplicaciones del seminario de los cuerpos religiosos.
El gobierno clasifica a muchos grupos religiosos fuera de su control y los limita con la formación de nuevos comités de gestión conformados en su mayoría por funcionarios del gobierno chino; como así también, somete a los miembros al hostigamiento policial, la tortura, la detención arbitraria y el encarcelamiento. Toda esta interferencia en los asuntos relacionados con el budismo tibetano es contraria a la propia Constitución de China y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales garantizan la libertad religiosa para todos.
En el informe, también se detalla el deplorable estado de la libertad de expresión en Tíbet, ligado a la libertad de religión o de creencias, como así también de opinión, de reunión pacífica y de asociación. Al mismo que tiempo, se les restringe su libertad de movimiento no permitiéndoles salir libremente o imponiéndoles restricciones incluso dentro de la misma región tibetana, desde Kham y Amdo en el Tíbet oriental a la ciudad capital Lhasa.
Mientras millones de ciudadanos chinos son capaces de viajar libremente por todo el mundo con sus pasaportes, a los tibetanos, incluyendo los miembros del partido comunista, se les niega los pasaportes y enfrentan restricciones en sus viajes. Incluso también a aquellos con propósitos médicos o educativos, e innecesario mencionar los que tienen propósitos de peregrinación o aprendizaje religioso. En los casos de los que pueden viajar, en muchos casos luego le son retenidos los pasaportes y sufren duras represalias tanto los que viajaron al exterior como sus familias.
En el frente medioambiental, el aumento de las actividades en minas al aire libre no reguladas en las montañas sagradas de Amchok y Minyak, el año pasado, fue recibido con protestas generalizadas de los tibetanos nativos. De acuerdo con el derecho internacional medioambiental, los nativos, que son los verdaderos administradores de la tierra, deben ser los beneficiarios de las actividades mineras. En pos de la gravedad del caso, los expertos de la ONU han cuestionado a China sobre los impactos ambientales de las actividades mineras en Amchok, y dado que los derechos de minería y sobre la posesión de tierras tampoco son garantizados, constantemente desencadenan casos de intimidación y violencia arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad. Sumado a esto, durante 2017 se intensificó el sistema de vigilancia online y el control de conversaciones telefónicas y se mantuvo el número de autoinmolaciones, medida desesperada adoptada por la población tibetana en protesta por las políticas represivas llevadas a cabo en la región.
En conclusión, la represión en el Tíbet es enunciada en varios informes internacionales. El informe anual de 2016 de la Comisión Ejecutiva del Congreso de los EE.UU., designó otra vez a China entre los Países de Particular Preocupación (CPC, por sus siglas en inglés). El Informe de Amnistía Internacional 2017 señaló las crecientes restricciones sobre los monasterios tibetanos por parte del gobierno chino. El informe de 2017 de Freedom House señaló la imposición de las autoridades chinas de “severas limitaciones a la práctica religiosa de los budistas tibetanos, en particular la veneración de Su Santidad el Dalai Lama” y mencionó también las “nuevas medidas impuestas desde noviembre de 2012, entre ellas, el castigo a la asistencia a los autoinmolados, la cancelación de permisos previos a festivales, el aumento de las restricciones en las prácticas religiosas privadas, y más proactivamente la manipulación de la doctrina budista tibetana y la selección de los líderes budistas.”
Por último, Amnistía Internacional, afirma que, sin embargo, el último Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos de la ONU (EPU) omite hacer referencia a la crisis en curso en la región de Tíbet, a la persecución que sufren los practicantes de diversas religiones y los “registros de investigación a los que son sometidos”, sin mencionar las terribles violaciones a los derechos ya mencionados, restándole la importancia que le corresponde. La creciente influencia global de China significa que muchas de sus violaciones de derechos humanos ahora tienen implicancias internacionales de las cuales deben hacerse cargo.
Agustina María Auvieux
La República Popular China es “un Estado socialista en el que el poder pertenece al pueblo que lo asume mediante la Asamblea Nacional Popular”, es así como lo dicta su Constitución, vigente desde el año 1982. El presidente elegido por un mandato de cinco años por esta misma Asamblea es, desde el 14 de marzo del año 2013, Xi Jinping, quién además se desempeña como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista y acaba de impulsar la reforma de la constitución para mantenerse indefinidamente en el poder.
Cuando Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda manipulando los medios de comunicación y restringiendo los derechos políticos, prohibiendo las discrepancias dentro del partido y criticando implacablemente los valores democráticos “occidentales”. El 4 de abril del año 2017 el gobierno publicó directrices que tenían como objetivo reforzar la imposición de la ley en el ámbito cultural. Estas directrices regularían en mayor medida muchas actividades “ilegales” y no autorizadas, como la publicación, la distribución de cine y televisión, las representaciones artísticas y la importación y exportación de productos culturales.
Según Human Rights Watch, la ofensiva amplia y sostenida contra los derechos humanos que comenzó después de que el presidente Xi Jinping asumió el poder no mostró señales de disminuir en el año 2017. Además, China tomó medidas para endurecer aún más su ya opresivo sistema de censura en Internet. Permanecen bloqueadas gran cantidad de páginas web y redes sociales, haciendo que la libertad de expresión sea, básicamente, nula.
En cuanto a la libertad religiosa, esta se encuentra muy controlada por las autoridades y se sancionan ciertas prácticas argumentando en aras de la seguridad nacional, con lo cual puede ser utilizado para reprimir aún más los derechos a la libertad de religión y creencias, en especial los de la población budista tibetana, musulmana uigur, entre otras; entrañando graves amenazas a los derechos humanos y aquellos que buscan defenderlos.
Solo a través de la comprensión de este régimen, calificado por Freedom House como autoritario – no libre (utiliza una puntuación del 1 –most free - al 7 –not free- en dos categorías: derechos civiles y libertades políticas), es que puede ser entendida la crítica situación que se tiene lugar en la región autónoma de Tíbet. Región que obtuvo una calificación de 7 puntos, es decir, la máxima posible en el índice ya mencionado.
Tíbet, región autónoma ubicada en el centro de Asia con un área de 2.500.000 millones de kilómetros cuadrados, asentada sobre las montañas más altas del planeta y en donde nacen diez de los ríos más grandes de esta región, fue invadido por China bajo el mando de Mao Zedong entre los años 1949 y 1950. Como nación independiente, Tíbet contaba con un gobierno soberano, una lengua propia, así como leyes y costumbres. Tras la invasión militar de China las restricciones que las familias tibetanas y los monasterios han vivido son cada vez mayores.
Desde hace más de 65 años los tibetanos se han convertido en marginados en su propio país y el gobierno chino ha intentado acabar con su cultura y sociedad, los derechos humanos fundamentales se les siguen negando y más de 1.200.000 tibetanos han muerto desde la ocupación ilegal de China. Sin embargo, han encontrado maneras no violentas de mantenerse de pie y rechazar el dominio del gobierno chino a través de acciones de resistencia cultural y afirmaciones de identidad nacional.
En un informe de 2016-2017 realizado por seis expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se afirmó que la situación de la población tibetana era profundamente problemática, y “que la mayoría de las minorías étnicas en China est(aba)n expuestas a graves retos en cuestión de derechos humanos, tales como: tasas de pobreza significativamente elevadas, discriminación étnica y reasentamiento forzado”. Todo esto, basado en la alarmante posición tomada respecto a Tíbet que afirma que “la seguridad y estabilidad de China depende de la seguridad y estabilidad de Tíbet”, por lo que los tibetanos deben “renunciar a su seguridad a cambio de ganar armonía”. Tal enfoque estratégico de parte del gobierno chino garantiza una represión creciente en la región.
Asimismo, según Amnistía Internacional, el gobierno continúa redactando y promulgando leyes nuevas que entrañan graves amenazas para los DDHH con el pretexto de “seguridad nacional”. Se detiene, procesa y condena a personas que se dedican al activismo y a la defensa de los derechos humanos sobre la base de acusaciones vagas y demasiado amplias como “incitar a la subversión contra el poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”. Al recluirlos fuera de los centros de detención oficiales, a veces en régimen de incomunicación, durante períodos prolongados, aumenta el riesgo de que sufran torturas y otros malos tratos.
Por otro lado, el artículo 36º de la Constitución china garantiza la “libertad de religión,” pero en la práctica, el Consejo de Estado de China ha revisado las “Regulaciones sobre Asuntos Religiosos” para controlar directamente todos los asuntos de esta índole del Tíbet. Aumentó y se intensificó así, la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado, aquellas en el marco de campañas “contra separatismos” o “antiterroristas” especialmente en las zonas de población tibetana.
En agosto de 2017, se produjo la expulsión de religiosos (monjes y monjas), bajo la orden emitida por las autoridades locales para reducir el número de practicantes, y la demolición de sus viviendas en el monasterio de Yachen Gar en Kandze, hecho que ya había ocurrido en el monasterio de Larung Gar, en la misma ciudad, el año anterior. Del mismo modo, las autoridades retienen el control de los nombramientos de personal, publicaciones, finanzas y aplicaciones del seminario de los cuerpos religiosos.
El gobierno clasifica a muchos grupos religiosos fuera de su control y los limita con la formación de nuevos comités de gestión conformados en su mayoría por funcionarios del gobierno chino; como así también, somete a los miembros al hostigamiento policial, la tortura, la detención arbitraria y el encarcelamiento. Toda esta interferencia en los asuntos relacionados con el budismo tibetano es contraria a la propia Constitución de China y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales garantizan la libertad religiosa para todos.
En el informe, también se detalla el deplorable estado de la libertad de expresión en Tíbet, ligado a la libertad de religión o de creencias, como así también de opinión, de reunión pacífica y de asociación. Al mismo que tiempo, se les restringe su libertad de movimiento no permitiéndoles salir libremente o imponiéndoles restricciones incluso dentro de la misma región tibetana, desde Kham y Amdo en el Tíbet oriental a la ciudad capital Lhasa.
Mientras millones de ciudadanos chinos son capaces de viajar libremente por todo el mundo con sus pasaportes, a los tibetanos, incluyendo los miembros del partido comunista, se les niega los pasaportes y enfrentan restricciones en sus viajes. Incluso también a aquellos con propósitos médicos o educativos, e innecesario mencionar los que tienen propósitos de peregrinación o aprendizaje religioso. En los casos de los que pueden viajar, en muchos casos luego le son retenidos los pasaportes y sufren duras represalias tanto los que viajaron al exterior como sus familias.
En el frente medioambiental, el aumento de las actividades en minas al aire libre no reguladas en las montañas sagradas de Amchok y Minyak, el año pasado, fue recibido con protestas generalizadas de los tibetanos nativos. De acuerdo con el derecho internacional medioambiental, los nativos, que son los verdaderos administradores de la tierra, deben ser los beneficiarios de las actividades mineras. En pos de la gravedad del caso, los expertos de la ONU han cuestionado a China sobre los impactos ambientales de las actividades mineras en Amchok, y dado que los derechos de minería y sobre la posesión de tierras tampoco son garantizados, constantemente desencadenan casos de intimidación y violencia arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad. Sumado a esto, durante 2017 se intensificó el sistema de vigilancia online y el control de conversaciones telefónicas y se mantuvo el número de autoinmolaciones, medida desesperada adoptada por la población tibetana en protesta por las políticas represivas llevadas a cabo en la región.
En conclusión, la represión en el Tíbet es enunciada en varios informes internacionales. El informe anual de 2016 de la Comisión Ejecutiva del Congreso de los EE.UU., designó otra vez a China entre los Países de Particular Preocupación (CPC, por sus siglas en inglés). El Informe de Amnistía Internacional 2017 señaló las crecientes restricciones sobre los monasterios tibetanos por parte del gobierno chino. El informe de 2017 de Freedom House señaló la imposición de las autoridades chinas de “severas limitaciones a la práctica religiosa de los budistas tibetanos, en particular la veneración de Su Santidad el Dalai Lama” y mencionó también las “nuevas medidas impuestas desde noviembre de 2012, entre ellas, el castigo a la asistencia a los autoinmolados, la cancelación de permisos previos a festivales, el aumento de las restricciones en las prácticas religiosas privadas, y más proactivamente la manipulación de la doctrina budista tibetana y la selección de los líderes budistas.”
Por último, Amnistía Internacional, afirma que, sin embargo, el último Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos de la ONU (EPU) omite hacer referencia a la crisis en curso en la región de Tíbet, a la persecución que sufren los practicantes de diversas religiones y los “registros de investigación a los que son sometidos”, sin mencionar las terribles violaciones a los derechos ya mencionados, restándole la importancia que le corresponde. La creciente influencia global de China significa que muchas de sus violaciones de derechos humanos ahora tienen implicancias internacionales de las cuales deben hacerse cargo.
