Prensa
Por una razón u otra, el continente salió a comprar todo tipo de armas
Fuente: Río Negro Online (Río Negro, Argentina)
Una danza de miles de millones de dólares es el marco que tiene el acelerado armamentismo que gana el continente. El trabajo de Fabián Calle –investigador senior del Consejo de Relaciones Internacionales Argentino– fue publicada bajo los auspicios de Cadal, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, flamante institución destinada al fortalecimiento de la democracia.
por: FABIAN CALLE
Investigador del CARI
Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis político-sociales que impulsan a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.
Dependerá de la madurez de quienes deciden y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los EE. UU., que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales.
El gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso de modernización de su aparato militar. En este sentido, ha firmado un acuerdo por 120 millones de dólares con Rusia para la adquisición de 10 helicópteros (7 de transporte y 3 de ataque). Asimismo, está prevista la compra de 100.000 fusiles de asalto AK 104. Por su parte, se concretó la adquisición de 20 aviones de entrenamiento avanzado Súper Tucano de la empresa Embraer de Brasil. Por último, se adquirirá por un valor cercano a los 1.700 millones de dólares 12 aviones de transporte CASA 295, patrulleras navales y corbetas de fabricación española. En el caso concreto de España, a la firma del nuevo contrato con Caracas le precedió la cancelación de la transferencia a Colombia de 40 tanques AMX-30 y aviones Mirage F-1 ofrecida por el ex gobierno de Aznar.
Asimismo, Venezuela ha mostrado interés en adquirir, en un futuro, aviones de combate como el MIG-29 ruso. La decisión de Caracas ha generado resquemores en diversos países del área, pero básicamente en los Estados Unidos y Colombia. Washington ha expresado su inquietud por el proceso de compra de armas y en especial por la decisión de actualizar todo el parque de fusiles de asalto con una nueva versión de fabricación rusa.
Para el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Americano, Roger Pardo Maurer, el presidente Hugo Chávez aprovecha la inestabilidad social y política en la región para impulsar sus intereses sobre otros países. Y el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, General Bantz J. Craddock, afirmó que si bien la posibilidad de guerras interestatales en América Latina son bajas, esa es la zona más violenta del mundo con una tasa de homicidios del 27,5 por 100.000 habitantes.
Como potenciadora de esta situación que afecta la estabilidad política y económica, Craddock citó la pobreza, la corrupción y la iniquidad que caracteriza a la región. Visto todo ello como terreno fértil para lo que denominó “populismo radical”.
El secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, afirmó que los problemas derivados de las actividades de bandas, narcotraficantes, traficantes de armas y secuestradores que se dan en todo el hemisferio y en parte sustancial del mundo, requieren de una activa colaboración y coordinación entre los países. Asimismo, sostuvo que Venezuela no es un actor constructivo en el conflicto que se vive en Colombia, pero también advirtió que no tenía evidencia de una ayuda directa de Caracas a grupos guerrilleros.
Venezuela deja trascender que el material bélico en cuestión vendría a compensar en parte las transferencias de armamento desde los Estados Unidos a Colombia dentro del Plan que lleva el nombre de ese país sudamericano (vigente entre el 2000 y el 2004) y el posterior y actualmente vigente Plan Patriota. Aquellos que tienden a ver las Relaciones Internacionales sin colocar todo el énfasis en cuestiones ideológicas recuerdan que Bogotá y Caracas estuvieron a punto de ir a un conflicto armado en 1987 por su diferendo por la delimitación, aún no resuelta, de zonas marítimas ricas en petróleo.
Ello y otros factores generan un escenario en donde se han incrementado el número de enfrentamientos, pero los mismos son de menos intensidad y se producen menos bajas (durante el gobierno de Pastrana, en cada enfrentamiento eran abatidos 3 guerrilleros y 0,6 miembros de la fuerza pública frente a 1,2 y 0,3 respectivamente en la actualidad). Otras estadísticas confirman lo anterior. Mientras que el gobierno de Pastrana, según el documento, termina con una proporción de 12 guerrilleros muertos por un militar, en el primer año del gobierno de Uribe la relación bajó de 8 a 1; y en el segundo, la relación fue de 10 a 1. El documento, de seguir la tendencia registrada en los dos primeros años de la administración Uribe, al final de l presente gobierno se podría registrar un aumento de 71 por ciento en el número de bajas de militares en relación con los cuatro años del período Pastrana.
En el cono sur, Chile mantiene un presupuesto de Defensa cercano al 4,2% del PBI y un activo programa de adquisición de armamentos facilitado por los altos precios del cobre y la Ley Secreta que le asigna el 10% de lo producido por esas exportaciones a un fondo especial de las Fuerzas Armadas. Cabe tener en cuenta, que por segundo año consecutivo se registraron excedentes por 300 millones de dólares por sobre el piso asignado por la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas (unos 240 millones de dólares) para adquisiciones de material bélico. La fuerte alza del precio del cobre durante el 2004 fue determinante en este sentido.
Los fondos extra en cuestión han sido utilizados para pagar deudas de anteriores compras, se destaca el arribo para comienzos del 2006 de los primeros aviones de combate F-16CD (de un total de 10), de dos submarinos Scorpene de fabricación hispano-francesa así como la decisión tomada por el Ministerio de Defensa en el 2004 de avanzar en la compra de fragatas y destructores misilísticos a Holanda y Gran Bretaña (con un costo de 350 millones), un análisis sobre la posibilidad de aceptar una oferta de los Países Bajos para vender un lote de al menos 12 aviones de combate F-16 A/B y un progresivo aumento del número de soldados voluntarios.
El costo final del contrato de compra de 10 aviones de combate F-16CD Block 50 de la empresa Lockheed a la Fuerza Aérea de Chile ascendería a más que los 700 millones de dólares previstos originalmente y se acercaría a los 1.300 millones de dólares. En ese sentido, particular influencia ha tenido la compra de sistemas tales como misiles aire-aire de mediano alcance.
Frente a ello, la Fuerza Aérea de Chile está considerando no avanzar en una posible compra de aviones F-16 CD adicionales y en lugar de ello proceder a mantener en servicio a los aviones Mirage 50-Pantera (modernizados con tecnología israelí a fines de los años ’80 y comienzos de los ’90) y analizar la compra aviones F-16 de segunda mano proveniente de Holanda o Turquía.
Dentro del programa de mantenimiento de los Mirage 50, se está concretando la compra a Sudáfrica de 12 aviones Mirage/Cheetah (versión modificada por Sudáfrica con asistencia de Israel) para usarlos como piezas y repuestos.
Por su parte Brasil ha recibido ofertas de aviones F-16 de segunda mano de los Estados Unidos (si bien capacitados para disparar misiles aire-aire de mediano alcance), de Francia con Mirage 2000C de segunda mano y de Israel con aviones Kfir. Holanda y Bélgica también le han ofrecido vender aviones F-16 A y B (sin misiles, pero dotados con el sofware para poder hacerlo). Tal como indicáramos, también la Fuerza Aérea de Chile ha mostrado interés en esta oferta.
No obstante esta cancelación, la Fuerza Aérea de Brasil sigue adelante con el proceso de modernización con tecnología israelí de 46 aviones de combate F-5E de fabricación estadounidense. La última unidad sería acondicionada para el 2010. El programa de actualización del poder aéreo se completará con 76 aviones turbohélice Súper Tucano (que operarán el Amazonas dentro del sistema Sivam) y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X.
Brasil potencia su presencia en el mercado internacional de armamentos así como el desarrollo de su industria militar. Del actual nivel de exportaciones cercano a los 300 millones de dólares, se busca volver a los 1.500 millones que se daban a fines de la década de los ’80.
A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del Sistema de Vigilancia Amazónica –Sivam– (compuesto por una sofisticada combinación de 19 radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de parte sustancial de la zona amazónica (y en especial la fronteriza con Colombia y Venezuela). La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1.400 millones de dólares. Durante el año 2003, el Sivam detectó un total de 4.128 vuelos ilegales.
Todo ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control de amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país.
No obstante el mayor énfasis está en confrontar las “nuevas amenazas” o “amenazas no estatales”. Brasilia ha buscado lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos blindados alemanes y de los Estados Unidos y la continuidad del programa del submarino con propulsión nuclear, entre otros programas.
Rearme, un desafío inquietante
Con un presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés social y político por el tema.
La exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas y la visión de ser considerado por EE. UU como un actor moderador de males mayores en la región. El ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, hizo saber al secretario de Estado Donald Rumsfeld en abril, que Brasilia prioriza la no-ingerencia en los asuntos internos de Venezuela .
Alencar criticó el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó a calificar como terrorista el accionar de los mismos. Cabe recordar que la declaración final de la sexta conferencia de ministros de Defensa del hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador, a fines del año pasado, terminó sin incluir alguna de las propuestas impulsadas por EE. UU. Ahí, la brecha de visiones más grande se registró en el intercambio de opiniones entre Rumsfeld y Alencar, con respecto a la posibilidad de organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por la conveniencia o no de involucrar a las FF. AA en la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
La postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y Chile, que expresó la necesidad de reforzar el respaldo político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención con operaciones militares.
En tanto, Perú avanza en un acuerdo para modernizar material aéreo de las FF. AA. Parte del programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares. También se ha establecido un arreglo con Francia para modernizar los Mirage 2000 adquiridos en la década de los ’80. Todo ello complementado por la decisión de adquirir fragatas y la determinación de desconocer la demarcación marítima establecida con Chile a comienzos del siglo pasado.
Por su parte, en materia de armamentismo, Argentina se constituye en una excepción de la tendencia antes descripta. Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las últimas dos décadas se ha derrumbado al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace 20 años y el 2,5% promedio que existe a nivel mundial), el país se ha mantenido ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o un deseable cambio de tendencia, el Estado Nacional asignó a la empresa argentina INVAP desarrollar 11 radares bidimensionales dentro del nuevo plan de radarización. El costo estimado sería de 54 millones de pesos.
Asimismo, la misma empresa fabricaría 3 radares tridimensionales de uso militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares tridimensionales que actualmente tiene el servicio de la Fuerza Aérea. El costo total del plan alcanzaría a los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa. El mismo es una versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra. A su vez, Donald Rumsfeld, le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire.
La mayor solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su dirigencia, explicarían que las Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten, como lo afirma Daniel Gallo en “La Nación” del 21/3/05, actualmente con el mayor presupuesto operativo de los último diez años. El asignado por el presupuesto Nacional del 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con respecto al 2004 y representa el 6,51% del gasto federal. No obstante, ello sólo debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles con el promedio regional.
La adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra que la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelve a ocupar el centro de la escena. Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como de la influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas de seguridad) y una política constructiva y a largo plazo de los EE. UU, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la realidad política del pasado.
Río Negro Online (Río Negro, Argentina)
Una danza de miles de millones de dólares es el marco que tiene el acelerado armamentismo que gana el continente. El trabajo de Fabián Calle –investigador senior del Consejo de Relaciones Internacionales Argentino– fue publicada bajo los auspicios de Cadal, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, flamante institución destinada al fortalecimiento de la democracia.
por: FABIAN CALLE
Investigador del CARI
Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis político-sociales que impulsan a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.
Dependerá de la madurez de quienes deciden y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los EE. UU., que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales.
El gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso de modernización de su aparato militar. En este sentido, ha firmado un acuerdo por 120 millones de dólares con Rusia para la adquisición de 10 helicópteros (7 de transporte y 3 de ataque). Asimismo, está prevista la compra de 100.000 fusiles de asalto AK 104. Por su parte, se concretó la adquisición de 20 aviones de entrenamiento avanzado Súper Tucano de la empresa Embraer de Brasil. Por último, se adquirirá por un valor cercano a los 1.700 millones de dólares 12 aviones de transporte CASA 295, patrulleras navales y corbetas de fabricación española. En el caso concreto de España, a la firma del nuevo contrato con Caracas le precedió la cancelación de la transferencia a Colombia de 40 tanques AMX-30 y aviones Mirage F-1 ofrecida por el ex gobierno de Aznar.
Asimismo, Venezuela ha mostrado interés en adquirir, en un futuro, aviones de combate como el MIG-29 ruso. La decisión de Caracas ha generado resquemores en diversos países del área, pero básicamente en los Estados Unidos y Colombia. Washington ha expresado su inquietud por el proceso de compra de armas y en especial por la decisión de actualizar todo el parque de fusiles de asalto con una nueva versión de fabricación rusa.
Para el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Americano, Roger Pardo Maurer, el presidente Hugo Chávez aprovecha la inestabilidad social y política en la región para impulsar sus intereses sobre otros países. Y el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, General Bantz J. Craddock, afirmó que si bien la posibilidad de guerras interestatales en América Latina son bajas, esa es la zona más violenta del mundo con una tasa de homicidios del 27,5 por 100.000 habitantes.
Como potenciadora de esta situación que afecta la estabilidad política y económica, Craddock citó la pobreza, la corrupción y la iniquidad que caracteriza a la región. Visto todo ello como terreno fértil para lo que denominó “populismo radical”.
El secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, afirmó que los problemas derivados de las actividades de bandas, narcotraficantes, traficantes de armas y secuestradores que se dan en todo el hemisferio y en parte sustancial del mundo, requieren de una activa colaboración y coordinación entre los países. Asimismo, sostuvo que Venezuela no es un actor constructivo en el conflicto que se vive en Colombia, pero también advirtió que no tenía evidencia de una ayuda directa de Caracas a grupos guerrilleros.
Venezuela deja trascender que el material bélico en cuestión vendría a compensar en parte las transferencias de armamento desde los Estados Unidos a Colombia dentro del Plan que lleva el nombre de ese país sudamericano (vigente entre el 2000 y el 2004) y el posterior y actualmente vigente Plan Patriota. Aquellos que tienden a ver las Relaciones Internacionales sin colocar todo el énfasis en cuestiones ideológicas recuerdan que Bogotá y Caracas estuvieron a punto de ir a un conflicto armado en 1987 por su diferendo por la delimitación, aún no resuelta, de zonas marítimas ricas en petróleo.
Ello y otros factores generan un escenario en donde se han incrementado el número de enfrentamientos, pero los mismos son de menos intensidad y se producen menos bajas (durante el gobierno de Pastrana, en cada enfrentamiento eran abatidos 3 guerrilleros y 0,6 miembros de la fuerza pública frente a 1,2 y 0,3 respectivamente en la actualidad). Otras estadísticas confirman lo anterior. Mientras que el gobierno de Pastrana, según el documento, termina con una proporción de 12 guerrilleros muertos por un militar, en el primer año del gobierno de Uribe la relación bajó de 8 a 1; y en el segundo, la relación fue de 10 a 1. El documento, de seguir la tendencia registrada en los dos primeros años de la administración Uribe, al final de l presente gobierno se podría registrar un aumento de 71 por ciento en el número de bajas de militares en relación con los cuatro años del período Pastrana.
En el cono sur, Chile mantiene un presupuesto de Defensa cercano al 4,2% del PBI y un activo programa de adquisición de armamentos facilitado por los altos precios del cobre y la Ley Secreta que le asigna el 10% de lo producido por esas exportaciones a un fondo especial de las Fuerzas Armadas. Cabe tener en cuenta, que por segundo año consecutivo se registraron excedentes por 300 millones de dólares por sobre el piso asignado por la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas (unos 240 millones de dólares) para adquisiciones de material bélico. La fuerte alza del precio del cobre durante el 2004 fue determinante en este sentido.
Los fondos extra en cuestión han sido utilizados para pagar deudas de anteriores compras, se destaca el arribo para comienzos del 2006 de los primeros aviones de combate F-16CD (de un total de 10), de dos submarinos Scorpene de fabricación hispano-francesa así como la decisión tomada por el Ministerio de Defensa en el 2004 de avanzar en la compra de fragatas y destructores misilísticos a Holanda y Gran Bretaña (con un costo de 350 millones), un análisis sobre la posibilidad de aceptar una oferta de los Países Bajos para vender un lote de al menos 12 aviones de combate F-16 A/B y un progresivo aumento del número de soldados voluntarios.
El costo final del contrato de compra de 10 aviones de combate F-16CD Block 50 de la empresa Lockheed a la Fuerza Aérea de Chile ascendería a más que los 700 millones de dólares previstos originalmente y se acercaría a los 1.300 millones de dólares. En ese sentido, particular influencia ha tenido la compra de sistemas tales como misiles aire-aire de mediano alcance.
Frente a ello, la Fuerza Aérea de Chile está considerando no avanzar en una posible compra de aviones F-16 CD adicionales y en lugar de ello proceder a mantener en servicio a los aviones Mirage 50-Pantera (modernizados con tecnología israelí a fines de los años ’80 y comienzos de los ’90) y analizar la compra aviones F-16 de segunda mano proveniente de Holanda o Turquía.
Dentro del programa de mantenimiento de los Mirage 50, se está concretando la compra a Sudáfrica de 12 aviones Mirage/Cheetah (versión modificada por Sudáfrica con asistencia de Israel) para usarlos como piezas y repuestos.
Por su parte Brasil ha recibido ofertas de aviones F-16 de segunda mano de los Estados Unidos (si bien capacitados para disparar misiles aire-aire de mediano alcance), de Francia con Mirage 2000C de segunda mano y de Israel con aviones Kfir. Holanda y Bélgica también le han ofrecido vender aviones F-16 A y B (sin misiles, pero dotados con el sofware para poder hacerlo). Tal como indicáramos, también la Fuerza Aérea de Chile ha mostrado interés en esta oferta.
No obstante esta cancelación, la Fuerza Aérea de Brasil sigue adelante con el proceso de modernización con tecnología israelí de 46 aviones de combate F-5E de fabricación estadounidense. La última unidad sería acondicionada para el 2010. El programa de actualización del poder aéreo se completará con 76 aviones turbohélice Súper Tucano (que operarán el Amazonas dentro del sistema Sivam) y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X.
Brasil potencia su presencia en el mercado internacional de armamentos así como el desarrollo de su industria militar. Del actual nivel de exportaciones cercano a los 300 millones de dólares, se busca volver a los 1.500 millones que se daban a fines de la década de los ’80.
A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del Sistema de Vigilancia Amazónica –Sivam– (compuesto por una sofisticada combinación de 19 radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de parte sustancial de la zona amazónica (y en especial la fronteriza con Colombia y Venezuela). La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1.400 millones de dólares. Durante el año 2003, el Sivam detectó un total de 4.128 vuelos ilegales.
Todo ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control de amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país.
No obstante el mayor énfasis está en confrontar las “nuevas amenazas” o “amenazas no estatales”. Brasilia ha buscado lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos blindados alemanes y de los Estados Unidos y la continuidad del programa del submarino con propulsión nuclear, entre otros programas.
Rearme, un desafío inquietante
Con un presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés social y político por el tema.
La exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas y la visión de ser considerado por EE. UU como un actor moderador de males mayores en la región. El ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, hizo saber al secretario de Estado Donald Rumsfeld en abril, que Brasilia prioriza la no-ingerencia en los asuntos internos de Venezuela .
Alencar criticó el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó a calificar como terrorista el accionar de los mismos. Cabe recordar que la declaración final de la sexta conferencia de ministros de Defensa del hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador, a fines del año pasado, terminó sin incluir alguna de las propuestas impulsadas por EE. UU. Ahí, la brecha de visiones más grande se registró en el intercambio de opiniones entre Rumsfeld y Alencar, con respecto a la posibilidad de organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por la conveniencia o no de involucrar a las FF. AA en la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
La postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y Chile, que expresó la necesidad de reforzar el respaldo político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención con operaciones militares.
En tanto, Perú avanza en un acuerdo para modernizar material aéreo de las FF. AA. Parte del programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares. También se ha establecido un arreglo con Francia para modernizar los Mirage 2000 adquiridos en la década de los ’80. Todo ello complementado por la decisión de adquirir fragatas y la determinación de desconocer la demarcación marítima establecida con Chile a comienzos del siglo pasado.
Por su parte, en materia de armamentismo, Argentina se constituye en una excepción de la tendencia antes descripta. Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las últimas dos décadas se ha derrumbado al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace 20 años y el 2,5% promedio que existe a nivel mundial), el país se ha mantenido ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o un deseable cambio de tendencia, el Estado Nacional asignó a la empresa argentina INVAP desarrollar 11 radares bidimensionales dentro del nuevo plan de radarización. El costo estimado sería de 54 millones de pesos.
Asimismo, la misma empresa fabricaría 3 radares tridimensionales de uso militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares tridimensionales que actualmente tiene el servicio de la Fuerza Aérea. El costo total del plan alcanzaría a los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa. El mismo es una versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra. A su vez, Donald Rumsfeld, le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire.
La mayor solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su dirigencia, explicarían que las Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten, como lo afirma Daniel Gallo en “La Nación” del 21/3/05, actualmente con el mayor presupuesto operativo de los último diez años. El asignado por el presupuesto Nacional del 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con respecto al 2004 y representa el 6,51% del gasto federal. No obstante, ello sólo debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles con el promedio regional.
La adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra que la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelve a ocupar el centro de la escena. Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como de la influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas de seguridad) y una política constructiva y a largo plazo de los EE. UU, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la realidad política del pasado.
