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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
09-10-2026La elección que Rumania no pudo sostener: 20 años de BTI explican por qué
Los datos de Rumania a lo largo de este tiempo cuentan una historia más larga que la de un algoritmo: la de una democracia que llegó a la Unión Europea en 2007 como caso de éxito y que, casi dos décadas después, no pudo garantizar que una elección presidencial llegara a buen término.
Por Lucila Ingelmo
Rumania en el BTI 2006-2026¿Alcanza una campaña en redes sociales para anular una elección presidencial? Rumania respondió que sí: el 6 de diciembre de 2024, dos días antes del balotaje, el Tribunal Constitucional canceló la primera vuelta por sospecha de una operación rusa coordinada en redes sociales.
Hasta ese noviembre, casi nadie en Rumania conocía a Călin Georgescu. Este ingeniero agrónomo se presentó como candidato independiente y construyó su campaña sobre un discurso nacionalista y ortodoxo, con guiños explícitos hacia Moscú: llegó a elogiar públicamente a Aleksandr Dugin, el ideólogo del nacionalismo ruso más influyente del entorno de Vladimir Putin.
Un mes antes de la votación, las encuestas apenas le daban el 1% de intención de voto, pero el 24 de noviembre ganó la primera vuelta con el 23%. Días después, los servicios de inteligencia rumanos afirmaron haber detectado más de 25.000 cuentas de TikTok, creadas años atrás y dormidas hasta entonces, que se activaron todas juntas apenas dos semanas antes de la elección para impulsar su candidatura. El episodio terminaría marcando, veinte años después de su primera edición, el peor puntaje en materia electoral que el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) le asignó jamás a Rumania.
El BTI es un índice elaborado por la Fundación Bertelsmann que, desde 2006, evalúa a 137 países en una escala de 1 a 10, según tres dimensiones: calidad democrática, desarrollo económico y gobernanza. Este año cumple dos décadas, y los datos que acumuló sobre Rumania ayudan a entender el camino hacia este presente.
Un proceso extenso
Georgescu no inventó el malestar social que encontró. Rumania venía de una inflación que había alcanzado el 16% el invierno anterior, en buena parte atribuida a la guerra en Ucrania, y de una desconfianza generalizada hacia la clase política: según el Eurobarómetro de 2024, menos del 30% de los rumanos confiaba en su gobierno. En ese clima, el partido ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), que había entrado al Parlamento recién en 2020, en la elección con menor participación desde la caída del comunismo, venía creciendo con cada instancia. Georgescu no inventó nada de esto. Simplemente llegó como candidato independiente, como ex miembro de la AUR, en el momento exacto en que la paciencia de los rumanos con la corrupción y el estancamiento económico ya se había agotado. Esto es, justamente, lo que el BTI viene documentando desde hace veinte años. Las tres dimensiones analizadas muestran una caída que empezó mucho antes de que Georgescu apareciera en escena.
La justificación oficial para anular la elección fue, en palabras del Consejo Supremo de Defensa rumano, una "acción híbrida rusa agresiva". Pero ni siquiera dentro de Rumania hubo consenso: Elena Lasconi, la candidata que iba a enfrentar a Georgescu en el balotaje cancelado, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional, y el Departamento de Estado de Estados Unidos habló apenas de "preocupación", sin confirmar una autoría rusa.
El BTI coincidió en la desconfianza, ya que calificó como escasa la evidencia presentada. Los datos de Rumania a lo largo de ese tiempo cuentan una historia más larga que la de un algoritmo: la de una democracia que llegó a la Unión Europea en 2007 como caso de éxito y que, casi dos décadas después, no pudo garantizar que una elección presidencial llegara a buen término.
Veinte años en tres líneas
Durante quince años, entre 2006 y 2020, las tres líneas, una por cada dimensión del índice, se mueven en un rango relativamente estable, aunque con una primera caída entre 2012 y 2014 (más notoria en cuanto a democracia), antes de los dos quiebres fuertes. Primero, una caída pronunciada de la gobernanza entre 2018 y 2020, y luego, un desplome de la democracia en la última edición, la de 2026, que coincide justamente con la elección anulada. La economía, en cambio, es la línea más estable del gráfico: osciló siempre entre 7,5 y 8,1 puntos, sin sobresaltos en veinte años, incluso en medio de las crisis políticas más graves.
Para entender los dos grandes quiebres hay que retroceder bastante antes de Georgescu. Rumania se incorporó a la Unión Europea en enero de 2007, bajo un mecanismo especial de verificación de su sistema judicial y su lucha anticorrupción, pensado para países que ingresaban con reformas incompletas. Durante los primeros años, el BTI reflejó eso: puntajes altos y estables en las tres dimensiones. La primera grieta llegó en diciembre de 2009: Traian Băsescu, presidente desde 2004, retuvo el cargo por apenas 70.000 votos frente al candidato del Partido Socialdemócrata (PSD), Mircea Geoană, en una elección tan reñida que debieron recontarse 140.000 votos nulos por denuncias de fraude.
Dos años y medio después, en 2012, el entonces primer ministro Victor Ponta, del PSD, intentó destituir a Băsescu por la vía parlamentaria, sin pasar por el Tribunal Constitucional. El referéndum de destitución fue invalidado por baja participación, pero el conflicto fue tan áspero que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa llegó a cuestionar formalmente el respeto del gobierno rumano por sus propias instituciones. El patrón ya estaba presente: un gobierno dispuesto a forzar los límites del sistema para quedarse con el poder. Y el BTI ya reflejaba aquella primera caída.
La década que debilitó las instituciones
Pero el quiebre más relevante de los veinte años del BTI ocurrirá más tarde. El 30 de octubre de 2015, un incendio en el club nocturno Colectiv de Bucarest derivó en la muerte de 32 personas por falta de controles de seguridad. Las protestas que siguieron, con decenas de miles de manifestantes denunciando corrupción generalizada, forzaron la renuncia del primer ministro Ponta semanas después.
En enero de 2017, el nuevo gobierno del PSD intentó aprobar por decreto una ley que despenalizaba ciertos delitos de abuso de poder, lo que desató las protestas más grandes del país desde la caída del comunismo. Entre 2017 y 2018, el Parlamento avanzó con las llamadas "leyes de la Justicia", que debilitaron al organismo que supervisa a fiscales y reforzaron el control político sobre ellos. El 9 de julio de 2018 fue destituida Laura Codruța Kövesi, fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, después de oponerse públicamente a esos cambios; dos años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Rumania había violado su libertad de expresión al destituirla por criticar la reforma.
Un mes después, el 10 de agosto de 2018, la gendarmería reprimió con gas lacrimógeno y golpes una protesta pacífica en la Plaza Victoria de Bucarest, donde se habían reunido unas 100.000 personas; los propios fiscales militares determinaron que el operativo fue ilegal e injustificado, y nadie fue condenado. El BTI de 2020 describió que la coalición gobernante había abandonado cualquier prioridad que no fuera enfrentar al Estado de derecho y a las instituciones anticorrupción, y la gobernanza rumana sufrió, en esa edición, la mayor caída de toda la serie.
En diciembre de 2020 el PSD ganó las legislativas, pero no logró formar gobierno. Una coalición de centroderecha, con el Partido Nacional Liberal (PNL), la Unión Salvemos Rumania (USR) y la Unión Democrática Húngara de Rumania (UDMR), asumió con una agenda anticorrupción explícita, y la gobernanza rumana se recuperó en la siguiente edición del BTI, aunque sin volver a los niveles previos a 2018.
Esa misma elección tuvo, sin embargo, una señal que en su momento pasó casi desapercibida: por primera vez entró al parlamento la AUR, un partido que apenas un año antes ni siquiera existía. Georgescu fue entonces propuesto por este espacio como posible Primer Ministro. Cuatro años más tarde, ya fuera de la AUR, terminaría protagonizando la crisis electoral de 2024.
La evidencia bajo la lupa
Volviendo a diciembre de 2024, los documentos desclasificados por el Consejo Supremo de Defensa no se quedaron en las cuentas de TikTok. Identificaron grupos de Telegram que coordinaban pagos a influencers, y rastrearon más de un millón de euros aportados por un solo donante, de los cuales unos 360 mil habrían ido a parar a usuarios de la plataforma, en violación tanto de la ley electoral como de las políticas de TikTok. También reportaron más de 85.000 ciberataques contra la infraestructura electoral, con un servidor vulnerado. Con esa base, el Tribunal Constitucional anuló la elección.
Sin embargo, no todos creyeron esta versión. Un análisis periodístico revisó los mismos documentos y encontró mucho menos de lo que el gobierno había anunciado: apenas un centenar de cuentas pagadas, que ni siquiera nombraban a Georgescu, un patrón que la investigación consideró más cercano a una campaña de marketing digital que a una operación de inteligencia rusa. La Comisión de Venecia, el mismo organismo del Consejo de Europa que ya había cuestionado al gobierno rumano en 2012, también objetó lo ocurrido esta vez, aunque por otro motivo: dijo que el Tribunal Constitucional no tenía reglas claras para anular una elección de esa manera, y pidió una reforma urgente. La edición 2026 del BTI apunta en la misma dirección: no afirma ni descarta la injerencia rusa, y señala que la anulación se basó en acusaciones imprecisas, respaldadas por poca evidencia real.
Dentro de las decenas de indicadores que mide el BTI, hay uno que resume mejor que ningún otro lo que le pasó a Rumania: el de elecciones libres y justas. Durante dieciocho años, entre 2006 y 2024, Rumania sostuvo un puntaje casi perfecto: 10, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ni la crisis judicial de 2018 logró afectarlo. Pero en la edición de 2026 cayó a 6, sin escalas. No fue un declive gradual, sino que un quiebre puntual, provocado por un solo episodio.
Problemas que trascienden lo electoral
La transformación política del BTI no solo mide elecciones: también evalúa el Estado de derecho y las libertades civiles, y este es un terreno impreciso para Rumania. No hay presos políticos en este país, pero sí casos documentados de persecución judicial con motivaciones políticas. Un claro ejemplo de esto es la ya mencionada destitución de Kövesi en 2018 que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trató de una represalia política. La represión de la Plaza Victoria de agosto de 2018, con cientos de denuncias y ninguna condena, es otro ejemplo. Amnistía Internacional, en su informe de 2025, y el propio BTI, en su edición 2026, coinciden en señalar dos problemas recientes: por un lado, periodistas y ONG enfrentando demandas judiciales abusivas, las llamadas SLAPP (sigla en inglés de "Pleito Estratégico contra la Participación Pública"), y, por el otro, una discriminación estructural contra la población romaní.
En cuanto al primer punto, un ejemplo de esto lo constituyen organizaciones En cuanto al primer punto, un ejemplo de esto lo constituyen organizaciones ambientalistas que debieron disolverse después de perder juicios por daños que no podían pagar, mientras Rumania todavía no sanciona una ley que las proteja de este tipo de demandas. Por ejemplo, Miliția Spirituală (“Milicia espiritual”), una organización civil con sede en Bucarest, desapareció en 2022 tras ser demandada por un desarrollador inmobiliario. Respecto al segundo punto, la discriminación estructural contra los romaníes, ambas fuentes coinciden en que se trata de una práctica sistemática que dificulta el acceso a la salud, la vivienda y a la educación. Además, se documentan casos de hostigamiento y malos tratos policiales contra este sector de la sociedad, constituido por alrededor del 3,5% de los habitantes de Rumania.
Un año y medio después, el proceso judicial contra Georgescu sigue abierto, y la pregunta con la que arrancó esta nota —¿alcanza una campaña en redes para descartar una elección?— todavía no tiene una respuesta firme. Pero reducir todo esto a Georgescu sería un error. Lo que muestran veinte años de análisis del BTI es otra cosa: un declive constante, aunque no siempre brusco, en las dimensiones de democracia y gobernanza. El país que entró a la UE como caso de éxito en 2007 no es el mismo que el de hoy. Y es en ese terreno y no solo en una campaña de TikTok en donde conviene indagar para entender por qué una parte de la población terminó votando en 2024 a un outsider con un discurso tan alejado del centro.
Lucila IngelmoEstudiante de relaciones internacionales en la Universidad Católica (Argentina).
¿Alcanza una campaña en redes sociales para anular una elección presidencial? Rumania respondió que sí: el 6 de diciembre de 2024, dos días antes del balotaje, el Tribunal Constitucional canceló la primera vuelta por sospecha de una operación rusa coordinada en redes sociales.
Hasta ese noviembre, casi nadie en Rumania conocía a Călin Georgescu. Este ingeniero agrónomo se presentó como candidato independiente y construyó su campaña sobre un discurso nacionalista y ortodoxo, con guiños explícitos hacia Moscú: llegó a elogiar públicamente a Aleksandr Dugin, el ideólogo del nacionalismo ruso más influyente del entorno de Vladimir Putin.
Un mes antes de la votación, las encuestas apenas le daban el 1% de intención de voto, pero el 24 de noviembre ganó la primera vuelta con el 23%. Días después, los servicios de inteligencia rumanos afirmaron haber detectado más de 25.000 cuentas de TikTok, creadas años atrás y dormidas hasta entonces, que se activaron todas juntas apenas dos semanas antes de la elección para impulsar su candidatura. El episodio terminaría marcando, veinte años después de su primera edición, el peor puntaje en materia electoral que el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) le asignó jamás a Rumania.
El BTI es un índice elaborado por la Fundación Bertelsmann que, desde 2006, evalúa a 137 países en una escala de 1 a 10, según tres dimensiones: calidad democrática, desarrollo económico y gobernanza. Este año cumple dos décadas, y los datos que acumuló sobre Rumania ayudan a entender el camino hacia este presente.
Un proceso extenso
Georgescu no inventó el malestar social que encontró. Rumania venía de una inflación que había alcanzado el 16% el invierno anterior, en buena parte atribuida a la guerra en Ucrania, y de una desconfianza generalizada hacia la clase política: según el Eurobarómetro de 2024, menos del 30% de los rumanos confiaba en su gobierno. En ese clima, el partido ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), que había entrado al Parlamento recién en 2020, en la elección con menor participación desde la caída del comunismo, venía creciendo con cada instancia. Georgescu no inventó nada de esto. Simplemente llegó como candidato independiente, como ex miembro de la AUR, en el momento exacto en que la paciencia de los rumanos con la corrupción y el estancamiento económico ya se había agotado. Esto es, justamente, lo que el BTI viene documentando desde hace veinte años. Las tres dimensiones analizadas muestran una caída que empezó mucho antes de que Georgescu apareciera en escena.
La justificación oficial para anular la elección fue, en palabras del Consejo Supremo de Defensa rumano, una "acción híbrida rusa agresiva". Pero ni siquiera dentro de Rumania hubo consenso: Elena Lasconi, la candidata que iba a enfrentar a Georgescu en el balotaje cancelado, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional, y el Departamento de Estado de Estados Unidos habló apenas de "preocupación", sin confirmar una autoría rusa.
El BTI coincidió en la desconfianza, ya que calificó como escasa la evidencia presentada. Los datos de Rumania a lo largo de ese tiempo cuentan una historia más larga que la de un algoritmo: la de una democracia que llegó a la Unión Europea en 2007 como caso de éxito y que, casi dos décadas después, no pudo garantizar que una elección presidencial llegara a buen término.
Veinte años en tres líneas
Durante quince años, entre 2006 y 2020, las tres líneas, una por cada dimensión del índice, se mueven en un rango relativamente estable, aunque con una primera caída entre 2012 y 2014 (más notoria en cuanto a democracia), antes de los dos quiebres fuertes. Primero, una caída pronunciada de la gobernanza entre 2018 y 2020, y luego, un desplome de la democracia en la última edición, la de 2026, que coincide justamente con la elección anulada. La economía, en cambio, es la línea más estable del gráfico: osciló siempre entre 7,5 y 8,1 puntos, sin sobresaltos en veinte años, incluso en medio de las crisis políticas más graves.
Para entender los dos grandes quiebres hay que retroceder bastante antes de Georgescu. Rumania se incorporó a la Unión Europea en enero de 2007, bajo un mecanismo especial de verificación de su sistema judicial y su lucha anticorrupción, pensado para países que ingresaban con reformas incompletas. Durante los primeros años, el BTI reflejó eso: puntajes altos y estables en las tres dimensiones. La primera grieta llegó en diciembre de 2009: Traian Băsescu, presidente desde 2004, retuvo el cargo por apenas 70.000 votos frente al candidato del Partido Socialdemócrata (PSD), Mircea Geoană, en una elección tan reñida que debieron recontarse 140.000 votos nulos por denuncias de fraude.
Dos años y medio después, en 2012, el entonces primer ministro Victor Ponta, del PSD, intentó destituir a Băsescu por la vía parlamentaria, sin pasar por el Tribunal Constitucional. El referéndum de destitución fue invalidado por baja participación, pero el conflicto fue tan áspero que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa llegó a cuestionar formalmente el respeto del gobierno rumano por sus propias instituciones. El patrón ya estaba presente: un gobierno dispuesto a forzar los límites del sistema para quedarse con el poder. Y el BTI ya reflejaba aquella primera caída.
La década que debilitó las instituciones
Pero el quiebre más relevante de los veinte años del BTI ocurrirá más tarde. El 30 de octubre de 2015, un incendio en el club nocturno Colectiv de Bucarest derivó en la muerte de 32 personas por falta de controles de seguridad. Las protestas que siguieron, con decenas de miles de manifestantes denunciando corrupción generalizada, forzaron la renuncia del primer ministro Ponta semanas después.
En enero de 2017, el nuevo gobierno del PSD intentó aprobar por decreto una ley que despenalizaba ciertos delitos de abuso de poder, lo que desató las protestas más grandes del país desde la caída del comunismo. Entre 2017 y 2018, el Parlamento avanzó con las llamadas "leyes de la Justicia", que debilitaron al organismo que supervisa a fiscales y reforzaron el control político sobre ellos. El 9 de julio de 2018 fue destituida Laura Codruța Kövesi, fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, después de oponerse públicamente a esos cambios; dos años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Rumania había violado su libertad de expresión al destituirla por criticar la reforma.
Un mes después, el 10 de agosto de 2018, la gendarmería reprimió con gas lacrimógeno y golpes una protesta pacífica en la Plaza Victoria de Bucarest, donde se habían reunido unas 100.000 personas; los propios fiscales militares determinaron que el operativo fue ilegal e injustificado, y nadie fue condenado. El BTI de 2020 describió que la coalición gobernante había abandonado cualquier prioridad que no fuera enfrentar al Estado de derecho y a las instituciones anticorrupción, y la gobernanza rumana sufrió, en esa edición, la mayor caída de toda la serie.
En diciembre de 2020 el PSD ganó las legislativas, pero no logró formar gobierno. Una coalición de centroderecha, con el Partido Nacional Liberal (PNL), la Unión Salvemos Rumania (USR) y la Unión Democrática Húngara de Rumania (UDMR), asumió con una agenda anticorrupción explícita, y la gobernanza rumana se recuperó en la siguiente edición del BTI, aunque sin volver a los niveles previos a 2018.
Esa misma elección tuvo, sin embargo, una señal que en su momento pasó casi desapercibida: por primera vez entró al parlamento la AUR, un partido que apenas un año antes ni siquiera existía. Georgescu fue entonces propuesto por este espacio como posible Primer Ministro. Cuatro años más tarde, ya fuera de la AUR, terminaría protagonizando la crisis electoral de 2024.
La evidencia bajo la lupa
Volviendo a diciembre de 2024, los documentos desclasificados por el Consejo Supremo de Defensa no se quedaron en las cuentas de TikTok. Identificaron grupos de Telegram que coordinaban pagos a influencers, y rastrearon más de un millón de euros aportados por un solo donante, de los cuales unos 360 mil habrían ido a parar a usuarios de la plataforma, en violación tanto de la ley electoral como de las políticas de TikTok. También reportaron más de 85.000 ciberataques contra la infraestructura electoral, con un servidor vulnerado. Con esa base, el Tribunal Constitucional anuló la elección.
Sin embargo, no todos creyeron esta versión. Un análisis periodístico revisó los mismos documentos y encontró mucho menos de lo que el gobierno había anunciado: apenas un centenar de cuentas pagadas, que ni siquiera nombraban a Georgescu, un patrón que la investigación consideró más cercano a una campaña de marketing digital que a una operación de inteligencia rusa. La Comisión de Venecia, el mismo organismo del Consejo de Europa que ya había cuestionado al gobierno rumano en 2012, también objetó lo ocurrido esta vez, aunque por otro motivo: dijo que el Tribunal Constitucional no tenía reglas claras para anular una elección de esa manera, y pidió una reforma urgente. La edición 2026 del BTI apunta en la misma dirección: no afirma ni descarta la injerencia rusa, y señala que la anulación se basó en acusaciones imprecisas, respaldadas por poca evidencia real.
Dentro de las decenas de indicadores que mide el BTI, hay uno que resume mejor que ningún otro lo que le pasó a Rumania: el de elecciones libres y justas. Durante dieciocho años, entre 2006 y 2024, Rumania sostuvo un puntaje casi perfecto: 10, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ni la crisis judicial de 2018 logró afectarlo. Pero en la edición de 2026 cayó a 6, sin escalas. No fue un declive gradual, sino que un quiebre puntual, provocado por un solo episodio.
Problemas que trascienden lo electoral
La transformación política del BTI no solo mide elecciones: también evalúa el Estado de derecho y las libertades civiles, y este es un terreno impreciso para Rumania. No hay presos políticos en este país, pero sí casos documentados de persecución judicial con motivaciones políticas. Un claro ejemplo de esto es la ya mencionada destitución de Kövesi en 2018 que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trató de una represalia política. La represión de la Plaza Victoria de agosto de 2018, con cientos de denuncias y ninguna condena, es otro ejemplo. Amnistía Internacional, en su informe de 2025, y el propio BTI, en su edición 2026, coinciden en señalar dos problemas recientes: por un lado, periodistas y ONG enfrentando demandas judiciales abusivas, las llamadas SLAPP (sigla en inglés de "Pleito Estratégico contra la Participación Pública"), y, por el otro, una discriminación estructural contra la población romaní.
En cuanto al primer punto, un ejemplo de esto lo constituyen organizaciones En cuanto al primer punto, un ejemplo de esto lo constituyen organizaciones ambientalistas que debieron disolverse después de perder juicios por daños que no podían pagar, mientras Rumania todavía no sanciona una ley que las proteja de este tipo de demandas. Por ejemplo, Miliția Spirituală (“Milicia espiritual”), una organización civil con sede en Bucarest, desapareció en 2022 tras ser demandada por un desarrollador inmobiliario. Respecto al segundo punto, la discriminación estructural contra los romaníes, ambas fuentes coinciden en que se trata de una práctica sistemática que dificulta el acceso a la salud, la vivienda y a la educación. Además, se documentan casos de hostigamiento y malos tratos policiales contra este sector de la sociedad, constituido por alrededor del 3,5% de los habitantes de Rumania.
Un año y medio después, el proceso judicial contra Georgescu sigue abierto, y la pregunta con la que arrancó esta nota —¿alcanza una campaña en redes para descartar una elección?— todavía no tiene una respuesta firme. Pero reducir todo esto a Georgescu sería un error. Lo que muestran veinte años de análisis del BTI es otra cosa: un declive constante, aunque no siempre brusco, en las dimensiones de democracia y gobernanza. El país que entró a la UE como caso de éxito en 2007 no es el mismo que el de hoy. Y es en ese terreno y no solo en una campaña de TikTok en donde conviene indagar para entender por qué una parte de la población terminó votando en 2024 a un outsider con un discurso tan alejado del centro.
