Artículos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
02-10-2026Eslovenia en el BTI 2006-2026: una transición ejemplar con una gobernanza que no logra despegar
Eslovenia aparece actualmente segunda entre los países evaluados en la edición 2026 en el índice general que combina democracia y economía, y primera en transformación económica. Pero, cuando el BTI mide la calidad de su gobernanza, es decir, la capacidad de sus gobernantes para diseñar y ejecutar políticas, dialogar con la sociedad y contener la corrupción, el país cae al puesto 13.
Por Amani Horton
Eslovenia en el BTI 2006-2026En noviembre de 2023, la aprobación del gobierno esloveno cayó al 18%. Unos meses antes, inundaciones históricas habían afectado a dos tercios del país. Y, en el medio, el primer ministro Robert Golob, un empresario que había hecho carrera en el sector energético y que había ganado las elecciones con mucha ventaja apenas hacía un año, había propuesto reducir su propio gabinete de 20 a 12 ministerios y sin siquiera conseguir los votos para hacerlo. Nada de esto encaja con la imagen que Eslovenia suele mostrar hacia afuera: la de un país centroeuropeo ordenado y próspero, el primero de la ex Yugoslavia en entrar a la Unión Europea, a la OTAN y a la zona euro.
Esa tensión entre la imagen y los datos aparece en la última edición del Bertelsmann Transformation Index (BTI), el índice que la Fundación Bertelsmann publica cada dos años para medir, en 137 países, la calidad de la transformación hacia la democracia, hacia una economía de mercado y hacia una gobernanza capaz de sostener a las otras dos dimensiones. El BTI combina el trabajo de analistas país por país con puntajes de 1 (peor) a 10 (mejor), lo que permite comparar tanto entre naciones como a lo largo del tiempo. Cada edición mira hacia atrás: la de 2026, la más reciente, cubre el período entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2025.
Eslovenia aparece actualmente segunda entre los países evaluados en la edición 2026 en el índice general que combina democracia y economía, y primera en transformación económica. Pero, cuando el BTI mide la calidad de su gobernanza, es decir, la capacidad de sus gobernantes para diseñar y ejecutar políticas, dialogar con la sociedad y contener la corrupción, el país cae al puesto 13. Es una brecha que viene de lejos, como muestra la evolución de las tres dimensiones a lo largo de las ediciones analizadas.
Ya en 2006 la gobernanza eslovena, con 7,43 puntos, estaba por debajo de su democracia (9,55) y de su economía (9,36). Veinte años después, esa distancia no se cerró: se agrandó. La gobernanza de 2026 (6,69) se encuentra por debajo de la de 2006, mientras la economía tocó en esta edición su techo histórico. Dicho de otro modo, a Eslovenia no le está costando ser democrática ni tener una economía de mercado competitiva, sino gobernarse bien a sí misma.
Una economía que sigue creciendo, aunque a menor ritmo
El primer aspecto a considerar es aquello que sí funciona. Según describe el BTI 2026, Eslovenia atravesó la crisis financiera de 2008, la crisis fiscal de 2013, la ola migratoria de 2014-2016 y la pandemia de COVID-19, y en 2023-2024 volvió a mostrar su capacidad de adaptación: el PIB creció 2,1% y luego 1,4%, la inflación cayó de 7,4% a 2%, el desempleo tocó un mínimo de 3,4% y la deuda pública bajó de 74,8% a 66,6% del PIB. Ningún otro país evaluado obtuvo, en esta edición del índice, un puntaje más alto en transformación económica.
Un buen ejemplo de esa fortaleza es lo que pasó con la planta automotriz Revoz, la fábrica de Renault en Novo Mesto. Con el mercado europeo del automóvil en baja y la demanda alemana debilitada, el gobierno esloveno cerró en julio de 2024 un memorando con la automotriz francesa para fabricar allí el nuevo modelo Twingo eléctrico a partir de 2026, con el objetivo de preservar los 1.400 puestos de trabajo de la planta. En el sector financiero, mientras tanto, se completó una consolidación de años: el banco húngaro OTP terminó de fusionar a sus filiales Nova KBM y SKB, creando el banco más grande de Eslovenia, con cerca de un tercio del mercado de créditos y depósitos del país.
Las inundaciones de agosto de 2023, las peores de la historia reciente del país, con daños estimados en 9.900 millones de euros, pusieron a prueba esa fortaleza económica sin quebrarla. El gobierno declaró un “Día de Solidaridad”, planteó una contribución solidaria obligatoria que luego fue retirada y reorientó buena parte de su agenda hacia la reconstrucción, apoyándose también en fondos europeos para la recuperación y la reconstrucción. Pese a ese golpe, 2024 cerró con el déficit fiscal más bajo en cinco años (1,2% del PIB), y, en enero de ese mismo año, el salario mínimo subió a 1.253,90 euros brutos, el octavo más alto de la Unión Europea.
Milicias, jueces amenazados y un sistema de partidos que se reacomoda
En cuanto a democracia, Eslovenia también parte de una base muy sólida: elecciones limpias, separación de poderes y una Justicia independiente reciben, los tres, la nota máxima del BTI 2026. Pero el informe recoge episodios concretos que muestran grietas debajo de esa calma aparente, y que ayudan a entender por qué la confianza institucional se ha debilitado incluso donde las reglas del juego siguen funcionando.
El más inquietante ocurrió en la frontera sur, sobre Croacia. Durante 2023 y 2024, varias localidades vieron surgir milicias vecinales que decían responder a robos y a una protección policial insuficiente. Una de ellas, la Guardia de Defensa Eslovena, se hizo conocida por publicar videos amenazando a migrantes. Recibió el respaldo de Branko Grims, eurodiputado del Partido Democrático Esloveno (SDS), quien llegó a declarar que “la autodefensa es un derecho por encima de todos los derechos, incluida la ley eslovena”. Según el informe, la policía identificó a los integrantes del grupo y mantenía bajo vigilancia a otras organizaciones similares, pero la frase de Grims, y el hecho de que proviniera de un legislador electo, muestra bien el tono que fue ganando terreno en cierta política eslovena.
La Justicia también enfrentó protestas, amenazas e intimidación. En 2024, simpatizantes de Janez Janša, primer ministro entre 2004 y 2008, 2012 y 2013, 2020 y 2022, y desde mayo de 2026, organizaron protestas frente a los tribunales en el marco de una causa contra el líder por negocios inmobiliarios, denunciando lo que llamaron “injusticia judicial”. Janša fue absuelto en primera instancia en esa causa el 18 de abril de 2025. En otro episodio, jueces y una exfiscal vinculados a procesos anteriores contra él recibieron amenazas. En noviembre de 2024, fue incendiada la casa recién construida del juez Almir Kurspahić, que todavía no vivía en ella. La investigación citada no había establecido una conexión entre el incendio y su labor judicial, ni con los simpatizantes de Janša, pero el BTI interpreta estos episodios como señales de presión sobre la Justicia, sin considerar quebrada su independencia de fondo.
Mientras tanto, la desconfianza aumentó. Según la Encuesta de Confianza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2023 citada en el informe, apenas el 14,4% de los eslovenos declaraba una confianza alta o moderadamente alta en los partidos políticos, una de las cifras más bajas entre los países participantes, y el Eurobarómetro de 2024 encontró que solo el 19% confiaba en su gobierno nacional. El propio sistema de partidos se había achicado: de siete u ocho fuerzas con representación parlamentaria durante buena parte de la historia democrática eslovena, a apenas cinco tras las elecciones de 2022. Esa fotografía también cambió: en marzo de 2026 obtuvieron representación siete listas de partidos o coaliciones. El informe describe el fenómeno como un desplazamiento de la tradicional división izquierda-derecha a una división entre el establishment y el extremismo populista.
Corrupción, ministros que renuncian y un diálogo social que se rompe
El principal motivo del atraso de Eslovenia en gobernanza se relaciona con los indicadores de política anticorrupción y persecución del abuso de poder. El BTI 2026 les otorga apenas 7 y 8 puntos respectivamente, números bajos si se los compara con la casi perfección del resto, y el período 2023-2024 ofrece varios ejemplos que explican este fenómeno.
En 2023, el propio primer ministro Golob fue investigado por la Comisión para la Prevención de la Corrupción, acusado de haber presionado a la entonces ministra del Interior para cambiar la cúpula de la policía; la policía terminó llevando el caso a la fiscalía, y Golob dijo que todo era una pelea política. Un año después, en 2024, el Ministerio de Justicia pagó 7,7 millones de euros por un edificio que valía mucho menos, un escándalo que le costó el cargo a la ministra Dominika Švarc Pipan, quien además dejó su partido, el Social Demócrata, en medio de acusaciones cruzadas con la dirigencia partidaria. Tan solo en 2023, la Comisión Anticorrupción recibió 811 denuncias.
El diálogo social tampoco escapó a la crisis de confianza. El Consejo Económico y Social, el ámbito tripartito donde sindicatos, empresarios y gobierno negocian buena parte de la política económica y laboral, estuvo prácticamente paralizado entre 2021 y mediados de 2024: primero se retiraron los sindicatos y después, las cámaras empresariales, ambos denunciando que el gobierno no respetaba las reglas de funcionamiento del propio consejo. Las tres partes llegaron a un acuerdo para reactivarlo en el verano de 2024, justo cuando el gobierno necesitaba avanzar con las reformas de pensiones y de salarios públicos. En este último frente hubo después un cambio concreto: la reforma salarial comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2025.
El otro frente fue el de los medios. RTV Eslovenia, el radiodifusor público, adoptó un modelo de gestión “despolitizado” para salir de años de acusaciones de manipulación, y subió un 10% el canon mensual para aliviar su crisis financiera. A finales de 2024, el gobierno presentó además la primera reforma integral de la ley de medios en más de dos décadas, que distintas organizaciones de prensa recibieron con críticas por considerarla apurada y desactualizada frente a la realidad de los medios digitales. El propio BTI admite que, al cierre del período analizado, todavía era pronto para saber si esas reformas iban a traducirse en mejoras reales. La nueva ley de medios fue finalmente aprobada en septiembre de 2025, aunque Amnistía Internacional advirtió sobre posibles riesgos de censura y sesgo político en su aplicación. En conjunto, estos episodios explican mejor que cualquier otro dato por qué la gobernanza eslovena sigue estancada veinte años después de su punto de partida: no faltan instituciones, falta la voluntad y la capacidad de hacerlas funcionar bien.
Romaníes, “borrados” y periodistas bajo demanda
Más allá del BTI, la situación de derechos humanos también requiere mirar otras fuentes. Eslovenia no tiene presos políticos ni desaparecidos, pero organismos internacionales documentan problemas puntuales que conviene no pasar por alto.
El caso más señalado es el de la minoría romaní. El informe 2025 de Amnistía Internacional Eslovenia describe asentamientos en el sudeste del país sin agua potable ni electricidad, una carencia que en la práctica les niega a los chicos romaníes el acceso pleno a la educación. El mismo informe recuerda el caso, más antiguo pero todavía sin resolver, de los llamados “borrados”: más de 25.000 personas de la ex Yugoslavia que fueron eliminadas del registro de residentes permanentes en 1992, después de la independencia de 1991 y que, pese a fallos judiciales a su favor, siguen sin un camino claro hacia la regularización, según documenta Amnistía Internacional. Su balance de 2025 añade una preocupación: la ley de seguridad aprobada en noviembre amplió las facultades policiales y vinculó prestaciones sociales al pago de multas, medidas que, según la organización, pueden profundizar la exclusión de la población romaní.
En materia de prensa, el cuadro es más alentador, pero no está cerrado. Eslovenia trepó del puesto 54 en 2022, cuando Reporteros Sin Fronteras (RSF) la calificaba de “problemática” por la hostilidad del gobierno de Janša hacia RTV, al puesto 33 en 2025, aunque retrocedió al 36 en la edición de 2026. Aun así, RSF advierte que la independencia de los medios y la seguridad de los periodistas siguen siendo frágiles, sobre todo porque la difamación no fue despenalizada, lo que deja abierta la puerta a demandas estratégicas destinadas a silenciar coberturas incómodas. Un ejemplo lo documentó la Media Freedom Rapid Response: un hospital psiquiátrico público de Ljubljana demandó al canal N1 y a sus periodistas por seis causas de difamación, 195.000 euros en total, después de que el canal investigara denuncias de violencia dentro del centro.
El informe 2025 de Freedom House resumía ese balance: mantenía a Eslovenia entre los países “libres”, pero remarcaba que la corrupción sigue siendo un problema sin resolver y que la comisión electoral fue criticada por la lentitud del escrutinio en los comicios europeos y los referendos de 2024.
Lo que viene
El escenario político ya cambió respecto del que describe el BTI. Las elecciones del 22 de marzo de 2026 dieron paso a negociaciones de coalición y, el 4 de junio, el Parlamento aprobó la conformación de un gobierno encabezado una vez más por Janez Janša. Golob dejó el poder y los Demócratas de Anže Logar pasaron a integrar la coalición gobernante. Las dificultades de gobernanza que recoge el informe quedan ahora como punto de partida para evaluar a la nueva administración: su capacidad para sostener las reformas, dialogar con la sociedad y proteger la independencia de las instituciones.
Hacia afuera, Eslovenia sumó en 2024 un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2024-2025, tras vencer a Bielorrusia por 153 votos contra 38, y en junio de ese año reconoció al Estado de Palestina, tal como lo hicieron otros Estados europeos recientemente (España, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Francia y Portugal, entre otros), dos gestos que reforzaron su imagen de socio confiable a nivel continental aunque también generaron críticas dentro del país, sobre todo del SDS. La economía, mientras tanto, siguió creciendo a un ritmo más moderado: según la evaluación de la Comisión Europea de mayo de 2026, el PIB aumentó un 1,1% en 2025, y la previsión para 2026 era del 1,9%. La inflación y las presiones sobre el gasto público vuelven a poner a prueba la capacidad de gestión.
Lo que la trayectoria recogida por el BTI deja en claro, en definitiva, es que a Eslovenia no le falta democracia ni le falta mercado: le falta gobernanza. Y esa, más que cualquier reforma puntual, es la tarea pendiente que arrastra desde hace veinte años.
Amani HortonPasante internacional de CADALPasante Internacional de CADAL. Estudió lengua y cultura en la University College London (Reino Unido). Realizó un intercambio en la Universidad de San Andrés (Argentina).
En noviembre de 2023, la aprobación del gobierno esloveno cayó al 18%. Unos meses antes, inundaciones históricas habían afectado a dos tercios del país. Y, en el medio, el primer ministro Robert Golob, un empresario que había hecho carrera en el sector energético y que había ganado las elecciones con mucha ventaja apenas hacía un año, había propuesto reducir su propio gabinete de 20 a 12 ministerios y sin siquiera conseguir los votos para hacerlo. Nada de esto encaja con la imagen que Eslovenia suele mostrar hacia afuera: la de un país centroeuropeo ordenado y próspero, el primero de la ex Yugoslavia en entrar a la Unión Europea, a la OTAN y a la zona euro.
Esa tensión entre la imagen y los datos aparece en la última edición del Bertelsmann Transformation Index (BTI), el índice que la Fundación Bertelsmann publica cada dos años para medir, en 137 países, la calidad de la transformación hacia la democracia, hacia una economía de mercado y hacia una gobernanza capaz de sostener a las otras dos dimensiones. El BTI combina el trabajo de analistas país por país con puntajes de 1 (peor) a 10 (mejor), lo que permite comparar tanto entre naciones como a lo largo del tiempo. Cada edición mira hacia atrás: la de 2026, la más reciente, cubre el período entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2025.
Eslovenia aparece actualmente segunda entre los países evaluados en la edición 2026 en el índice general que combina democracia y economía, y primera en transformación económica. Pero, cuando el BTI mide la calidad de su gobernanza, es decir, la capacidad de sus gobernantes para diseñar y ejecutar políticas, dialogar con la sociedad y contener la corrupción, el país cae al puesto 13. Es una brecha que viene de lejos, como muestra la evolución de las tres dimensiones a lo largo de las ediciones analizadas.
Ya en 2006 la gobernanza eslovena, con 7,43 puntos, estaba por debajo de su democracia (9,55) y de su economía (9,36). Veinte años después, esa distancia no se cerró: se agrandó. La gobernanza de 2026 (6,69) se encuentra por debajo de la de 2006, mientras la economía tocó en esta edición su techo histórico. Dicho de otro modo, a Eslovenia no le está costando ser democrática ni tener una economía de mercado competitiva, sino gobernarse bien a sí misma.
Una economía que sigue creciendo, aunque a menor ritmo
El primer aspecto a considerar es aquello que sí funciona. Según describe el BTI 2026, Eslovenia atravesó la crisis financiera de 2008, la crisis fiscal de 2013, la ola migratoria de 2014-2016 y la pandemia de COVID-19, y en 2023-2024 volvió a mostrar su capacidad de adaptación: el PIB creció 2,1% y luego 1,4%, la inflación cayó de 7,4% a 2%, el desempleo tocó un mínimo de 3,4% y la deuda pública bajó de 74,8% a 66,6% del PIB. Ningún otro país evaluado obtuvo, en esta edición del índice, un puntaje más alto en transformación económica.
Un buen ejemplo de esa fortaleza es lo que pasó con la planta automotriz Revoz, la fábrica de Renault en Novo Mesto. Con el mercado europeo del automóvil en baja y la demanda alemana debilitada, el gobierno esloveno cerró en julio de 2024 un memorando con la automotriz francesa para fabricar allí el nuevo modelo Twingo eléctrico a partir de 2026, con el objetivo de preservar los 1.400 puestos de trabajo de la planta. En el sector financiero, mientras tanto, se completó una consolidación de años: el banco húngaro OTP terminó de fusionar a sus filiales Nova KBM y SKB, creando el banco más grande de Eslovenia, con cerca de un tercio del mercado de créditos y depósitos del país.
Las inundaciones de agosto de 2023, las peores de la historia reciente del país, con daños estimados en 9.900 millones de euros, pusieron a prueba esa fortaleza económica sin quebrarla. El gobierno declaró un “Día de Solidaridad”, planteó una contribución solidaria obligatoria que luego fue retirada y reorientó buena parte de su agenda hacia la reconstrucción, apoyándose también en fondos europeos para la recuperación y la reconstrucción. Pese a ese golpe, 2024 cerró con el déficit fiscal más bajo en cinco años (1,2% del PIB), y, en enero de ese mismo año, el salario mínimo subió a 1.253,90 euros brutos, el octavo más alto de la Unión Europea.
Milicias, jueces amenazados y un sistema de partidos que se reacomoda
En cuanto a democracia, Eslovenia también parte de una base muy sólida: elecciones limpias, separación de poderes y una Justicia independiente reciben, los tres, la nota máxima del BTI 2026. Pero el informe recoge episodios concretos que muestran grietas debajo de esa calma aparente, y que ayudan a entender por qué la confianza institucional se ha debilitado incluso donde las reglas del juego siguen funcionando.
El más inquietante ocurrió en la frontera sur, sobre Croacia. Durante 2023 y 2024, varias localidades vieron surgir milicias vecinales que decían responder a robos y a una protección policial insuficiente. Una de ellas, la Guardia de Defensa Eslovena, se hizo conocida por publicar videos amenazando a migrantes. Recibió el respaldo de Branko Grims, eurodiputado del Partido Democrático Esloveno (SDS), quien llegó a declarar que “la autodefensa es un derecho por encima de todos los derechos, incluida la ley eslovena”. Según el informe, la policía identificó a los integrantes del grupo y mantenía bajo vigilancia a otras organizaciones similares, pero la frase de Grims, y el hecho de que proviniera de un legislador electo, muestra bien el tono que fue ganando terreno en cierta política eslovena.
La Justicia también enfrentó protestas, amenazas e intimidación. En 2024, simpatizantes de Janez Janša, primer ministro entre 2004 y 2008, 2012 y 2013, 2020 y 2022, y desde mayo de 2026, organizaron protestas frente a los tribunales en el marco de una causa contra el líder por negocios inmobiliarios, denunciando lo que llamaron “injusticia judicial”. Janša fue absuelto en primera instancia en esa causa el 18 de abril de 2025. En otro episodio, jueces y una exfiscal vinculados a procesos anteriores contra él recibieron amenazas. En noviembre de 2024, fue incendiada la casa recién construida del juez Almir Kurspahić, que todavía no vivía en ella. La investigación citada no había establecido una conexión entre el incendio y su labor judicial, ni con los simpatizantes de Janša, pero el BTI interpreta estos episodios como señales de presión sobre la Justicia, sin considerar quebrada su independencia de fondo.
Mientras tanto, la desconfianza aumentó. Según la Encuesta de Confianza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2023 citada en el informe, apenas el 14,4% de los eslovenos declaraba una confianza alta o moderadamente alta en los partidos políticos, una de las cifras más bajas entre los países participantes, y el Eurobarómetro de 2024 encontró que solo el 19% confiaba en su gobierno nacional. El propio sistema de partidos se había achicado: de siete u ocho fuerzas con representación parlamentaria durante buena parte de la historia democrática eslovena, a apenas cinco tras las elecciones de 2022. Esa fotografía también cambió: en marzo de 2026 obtuvieron representación siete listas de partidos o coaliciones. El informe describe el fenómeno como un desplazamiento de la tradicional división izquierda-derecha a una división entre el establishment y el extremismo populista.
Corrupción, ministros que renuncian y un diálogo social que se rompe
El principal motivo del atraso de Eslovenia en gobernanza se relaciona con los indicadores de política anticorrupción y persecución del abuso de poder. El BTI 2026 les otorga apenas 7 y 8 puntos respectivamente, números bajos si se los compara con la casi perfección del resto, y el período 2023-2024 ofrece varios ejemplos que explican este fenómeno.
En 2023, el propio primer ministro Golob fue investigado por la Comisión para la Prevención de la Corrupción, acusado de haber presionado a la entonces ministra del Interior para cambiar la cúpula de la policía; la policía terminó llevando el caso a la fiscalía, y Golob dijo que todo era una pelea política. Un año después, en 2024, el Ministerio de Justicia pagó 7,7 millones de euros por un edificio que valía mucho menos, un escándalo que le costó el cargo a la ministra Dominika Švarc Pipan, quien además dejó su partido, el Social Demócrata, en medio de acusaciones cruzadas con la dirigencia partidaria. Tan solo en 2023, la Comisión Anticorrupción recibió 811 denuncias.
El diálogo social tampoco escapó a la crisis de confianza. El Consejo Económico y Social, el ámbito tripartito donde sindicatos, empresarios y gobierno negocian buena parte de la política económica y laboral, estuvo prácticamente paralizado entre 2021 y mediados de 2024: primero se retiraron los sindicatos y después, las cámaras empresariales, ambos denunciando que el gobierno no respetaba las reglas de funcionamiento del propio consejo. Las tres partes llegaron a un acuerdo para reactivarlo en el verano de 2024, justo cuando el gobierno necesitaba avanzar con las reformas de pensiones y de salarios públicos. En este último frente hubo después un cambio concreto: la reforma salarial comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2025.
El otro frente fue el de los medios. RTV Eslovenia, el radiodifusor público, adoptó un modelo de gestión “despolitizado” para salir de años de acusaciones de manipulación, y subió un 10% el canon mensual para aliviar su crisis financiera. A finales de 2024, el gobierno presentó además la primera reforma integral de la ley de medios en más de dos décadas, que distintas organizaciones de prensa recibieron con críticas por considerarla apurada y desactualizada frente a la realidad de los medios digitales. El propio BTI admite que, al cierre del período analizado, todavía era pronto para saber si esas reformas iban a traducirse en mejoras reales. La nueva ley de medios fue finalmente aprobada en septiembre de 2025, aunque Amnistía Internacional advirtió sobre posibles riesgos de censura y sesgo político en su aplicación. En conjunto, estos episodios explican mejor que cualquier otro dato por qué la gobernanza eslovena sigue estancada veinte años después de su punto de partida: no faltan instituciones, falta la voluntad y la capacidad de hacerlas funcionar bien.
Romaníes, “borrados” y periodistas bajo demanda
Más allá del BTI, la situación de derechos humanos también requiere mirar otras fuentes. Eslovenia no tiene presos políticos ni desaparecidos, pero organismos internacionales documentan problemas puntuales que conviene no pasar por alto.
El caso más señalado es el de la minoría romaní. El informe 2025 de Amnistía Internacional Eslovenia describe asentamientos en el sudeste del país sin agua potable ni electricidad, una carencia que en la práctica les niega a los chicos romaníes el acceso pleno a la educación. El mismo informe recuerda el caso, más antiguo pero todavía sin resolver, de los llamados “borrados”: más de 25.000 personas de la ex Yugoslavia que fueron eliminadas del registro de residentes permanentes en 1992, después de la independencia de 1991 y que, pese a fallos judiciales a su favor, siguen sin un camino claro hacia la regularización, según documenta Amnistía Internacional. Su balance de 2025 añade una preocupación: la ley de seguridad aprobada en noviembre amplió las facultades policiales y vinculó prestaciones sociales al pago de multas, medidas que, según la organización, pueden profundizar la exclusión de la población romaní.
En materia de prensa, el cuadro es más alentador, pero no está cerrado. Eslovenia trepó del puesto 54 en 2022, cuando Reporteros Sin Fronteras (RSF) la calificaba de “problemática” por la hostilidad del gobierno de Janša hacia RTV, al puesto 33 en 2025, aunque retrocedió al 36 en la edición de 2026. Aun así, RSF advierte que la independencia de los medios y la seguridad de los periodistas siguen siendo frágiles, sobre todo porque la difamación no fue despenalizada, lo que deja abierta la puerta a demandas estratégicas destinadas a silenciar coberturas incómodas. Un ejemplo lo documentó la Media Freedom Rapid Response: un hospital psiquiátrico público de Ljubljana demandó al canal N1 y a sus periodistas por seis causas de difamación, 195.000 euros en total, después de que el canal investigara denuncias de violencia dentro del centro.
El informe 2025 de Freedom House resumía ese balance: mantenía a Eslovenia entre los países “libres”, pero remarcaba que la corrupción sigue siendo un problema sin resolver y que la comisión electoral fue criticada por la lentitud del escrutinio en los comicios europeos y los referendos de 2024.
Lo que viene
El escenario político ya cambió respecto del que describe el BTI. Las elecciones del 22 de marzo de 2026 dieron paso a negociaciones de coalición y, el 4 de junio, el Parlamento aprobó la conformación de un gobierno encabezado una vez más por Janez Janša. Golob dejó el poder y los Demócratas de Anže Logar pasaron a integrar la coalición gobernante. Las dificultades de gobernanza que recoge el informe quedan ahora como punto de partida para evaluar a la nueva administración: su capacidad para sostener las reformas, dialogar con la sociedad y proteger la independencia de las instituciones.
Hacia afuera, Eslovenia sumó en 2024 un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2024-2025, tras vencer a Bielorrusia por 153 votos contra 38, y en junio de ese año reconoció al Estado de Palestina, tal como lo hicieron otros Estados europeos recientemente (España, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Francia y Portugal, entre otros), dos gestos que reforzaron su imagen de socio confiable a nivel continental aunque también generaron críticas dentro del país, sobre todo del SDS. La economía, mientras tanto, siguió creciendo a un ritmo más moderado: según la evaluación de la Comisión Europea de mayo de 2026, el PIB aumentó un 1,1% en 2025, y la previsión para 2026 era del 1,9%. La inflación y las presiones sobre el gasto público vuelven a poner a prueba la capacidad de gestión.
Lo que la trayectoria recogida por el BTI deja en claro, en definitiva, es que a Eslovenia no le falta democracia ni le falta mercado: le falta gobernanza. Y esa, más que cualquier reforma puntual, es la tarea pendiente que arrastra desde hace veinte años.
