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Defensa y promoción de la institucionalidad democrática en la Argentina
29-03-2019Derechos Humanos en Argentina: entre la espada y un Plan de Acción
El último informe de Human Rights Watch comenta que el gobierno busca legitimar en el Código Penal el protocolo del Ministerio de Seguridad que habilita a las fuerzas federales a disparar a delincuentes en fuga en determinados casos con el fin de proteger a los policías.Por Agostina Dasso
Argentina es un país que, tras una historia cruenta de violaciones a los derechos humanos, ha intentado castigar a los culpables y tener un rol promotor en la protección de estos derechos en su territorio. Sin embargo, los informes EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reportan casos como el atentado a la AMIA, los juicios por abusos a derechos humanos durante la última dictadura militar, la libertad de expresión, la penalización del aborto y la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT.
Una cuestión que oscurece la situación de los derechos humanos en la Argentina es la impunidad que envuelve el caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Tras 24 años, al día de la fecha aún no hay condenados por el atentado en el cual murieron 85 personas. El conocido “Memorándum de Entendimiento” entre Irán y Argentina que establece que las autoridades argentinas no tienen permiso de entrevistar a los implicados iraníes (salvo que lo hagan en Teherán), hace inadmisibles estas posibles entrevistas en la justicia argentina (Human Rights Watch, 2019). En este contexto, en el tercer ciclo del EPU, el Alto Comisionado insiste con su pedido de llevar a juicio a los responsables del atentado.
En enero de 2015, luego de haber presentado una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman sosteniendo una conspiración entre ellos e Irán para interferir la investigación, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su casa. El informe de HRW comenta que aunque se pidió la detención de la ex presidenta, aún no se ha hecho efectiva ya que goza de inmunidad parlamentaria por ser senadora.
En cuanto a los juicios por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch sostiene que se adoptaron medidas por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia que declararon la nulidad de las leyes de amnistía e indultos concedidos a los ex militares implicados en los delitos, cuestión que fue remarcada y felicitada por el Alto Comisionado en el primer EPU. En este contexto, se ratificó la condena de 25 años de prisión a 12 participantes de la Operación Cóndor en la cual 103 personas fueron secuestradas. En el segundo ciclo, si bien se felicitó al país por los avances, se llamó la atención a los actos tendientes a intimidar a testigos de cargo en los procesos, lo cual puede entorpecer las investigaciones. En el tercer EPU, se extendió también la preocupación por el lento ritmo de las investigaciones y los juicios.
Por otra parte, el Informe Mundial 2019 también alertó sobre el arresto de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, por su participación en protestas, instigar a manifestantes a cometer delitos y sedición. Dadas las circunstancias, en el tercer ciclo de EPU el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria consideró arbitraria la detención de la dirigente y solicitó su inmediata liberación. A pesar de este pedido, Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por delitos de fraude a la administración pública y extorsión. Algunos sectores de la sociedad consideran a Sala una presa política y, su arresto, una tácita de censura a la libertad de expresión.
En mayo de 2018 una niña de 12 años violada por su padrastro en Salta encontró dificultades para acceder al aborto por un decreto establecido por el gobernador de su provincia, donde sólo se permitía abortar durante las primeras 12 semanas del embarazo. En Argentina el aborto es ilegal salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. Según el primer EPU realizado en 2008, la alta tasa de embarazos y mortalidad materna se debe a la falta de pleno acceso a la salud y a una educación sexual integral, cuestión que se siguió manteniendo en el segundo y tercer EPU elaborados en el 2012 y 2017 respectivamente, en este último recalcando la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, y aunque en junio de 2018 se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados, éste fue rechazado por el Senado dos meses después. Sumado a esto, Argentina tiene una tasa de femicidios altísima (habiéndose registrado 251 femicidios y apenas 12 condenas en el 2017). Por esta razón, se creó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la ley 27.210 que habilita a un cuerpo de abogados a dar asistencia letrada a las víctimas de violencia de género.
El último tema a destacar es el uso de violencia de las fuerzas de seguridad tanto hacia los reclusos en los centros de detención como hacia los manifestantes en las calles. Las cárceles argentinas sufren problemas de sobrepoblación, hacinamiento, falta de sanidad y muerte violenta de presos por parte de las fuerzas penitenciarias (primer y segundo ciclo EPU). A su vez, el último informe de Human Rights Watch comenta que el gobierno busca legitimar en el Código Penal el protocolo del Ministerio de Seguridad que habilita a las fuerzas federales a disparar a delincuentes en fuga en determinados casos con el fin de proteger a los policías, lo cual ha recibido críticas sobre la posibilidad de que hagan uso del “gatillo fácil”. A estas facultades de las fuerzas de seguridad se suma el reciente decreto del presidente Mauricio Macri que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la seguridad interior en tareas vinculadas al narcotráfico en las fronteras del país, así como a responder ante amenazas que no necesariamente provengan de otros Estados.
Sin dejar de tener en cuenta estos casos, la Argentina es, en relación con el resto del mundo, un país democrático donde sus representantes son elegidos de manera libre y competitiva (el ranking del informe Freedom in the World 2019 de Freedom House le otorga un puntaje de libertad de 84/100). A fines del 2018, el gobierno presentó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos cuyos ejes temáticos son inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a los derechos; y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. Correspondiendo al pedido que data de 1993 del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Argentina confirma la decisión de que los derechos humanos sean una política de Estado.
Agostina Dasso
Argentina es un país que, tras una historia cruenta de violaciones a los derechos humanos, ha intentado castigar a los culpables y tener un rol promotor en la protección de estos derechos en su territorio. Sin embargo, los informes EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reportan casos como el atentado a la AMIA, los juicios por abusos a derechos humanos durante la última dictadura militar, la libertad de expresión, la penalización del aborto y la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT.
Una cuestión que oscurece la situación de los derechos humanos en la Argentina es la impunidad que envuelve el caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Tras 24 años, al día de la fecha aún no hay condenados por el atentado en el cual murieron 85 personas. El conocido “Memorándum de Entendimiento” entre Irán y Argentina que establece que las autoridades argentinas no tienen permiso de entrevistar a los implicados iraníes (salvo que lo hagan en Teherán), hace inadmisibles estas posibles entrevistas en la justicia argentina (Human Rights Watch, 2019). En este contexto, en el tercer ciclo del EPU, el Alto Comisionado insiste con su pedido de llevar a juicio a los responsables del atentado.
En enero de 2015, luego de haber presentado una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman sosteniendo una conspiración entre ellos e Irán para interferir la investigación, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su casa. El informe de HRW comenta que aunque se pidió la detención de la ex presidenta, aún no se ha hecho efectiva ya que goza de inmunidad parlamentaria por ser senadora.
En cuanto a los juicios por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch sostiene que se adoptaron medidas por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia que declararon la nulidad de las leyes de amnistía e indultos concedidos a los ex militares implicados en los delitos, cuestión que fue remarcada y felicitada por el Alto Comisionado en el primer EPU. En este contexto, se ratificó la condena de 25 años de prisión a 12 participantes de la Operación Cóndor en la cual 103 personas fueron secuestradas. En el segundo ciclo, si bien se felicitó al país por los avances, se llamó la atención a los actos tendientes a intimidar a testigos de cargo en los procesos, lo cual puede entorpecer las investigaciones. En el tercer EPU, se extendió también la preocupación por el lento ritmo de las investigaciones y los juicios.
Por otra parte, el Informe Mundial 2019 también alertó sobre el arresto de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, por su participación en protestas, instigar a manifestantes a cometer delitos y sedición. Dadas las circunstancias, en el tercer ciclo de EPU el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria consideró arbitraria la detención de la dirigente y solicitó su inmediata liberación. A pesar de este pedido, Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por delitos de fraude a la administración pública y extorsión. Algunos sectores de la sociedad consideran a Sala una presa política y, su arresto, una tácita de censura a la libertad de expresión.
En mayo de 2018 una niña de 12 años violada por su padrastro en Salta encontró dificultades para acceder al aborto por un decreto establecido por el gobernador de su provincia, donde sólo se permitía abortar durante las primeras 12 semanas del embarazo. En Argentina el aborto es ilegal salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. Según el primer EPU realizado en 2008, la alta tasa de embarazos y mortalidad materna se debe a la falta de pleno acceso a la salud y a una educación sexual integral, cuestión que se siguió manteniendo en el segundo y tercer EPU elaborados en el 2012 y 2017 respectivamente, en este último recalcando la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, y aunque en junio de 2018 se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados, éste fue rechazado por el Senado dos meses después. Sumado a esto, Argentina tiene una tasa de femicidios altísima (habiéndose registrado 251 femicidios y apenas 12 condenas en el 2017). Por esta razón, se creó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la ley 27.210 que habilita a un cuerpo de abogados a dar asistencia letrada a las víctimas de violencia de género.
El último tema a destacar es el uso de violencia de las fuerzas de seguridad tanto hacia los reclusos en los centros de detención como hacia los manifestantes en las calles. Las cárceles argentinas sufren problemas de sobrepoblación, hacinamiento, falta de sanidad y muerte violenta de presos por parte de las fuerzas penitenciarias (primer y segundo ciclo EPU). A su vez, el último informe de Human Rights Watch comenta que el gobierno busca legitimar en el Código Penal el protocolo del Ministerio de Seguridad que habilita a las fuerzas federales a disparar a delincuentes en fuga en determinados casos con el fin de proteger a los policías, lo cual ha recibido críticas sobre la posibilidad de que hagan uso del “gatillo fácil”. A estas facultades de las fuerzas de seguridad se suma el reciente decreto del presidente Mauricio Macri que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la seguridad interior en tareas vinculadas al narcotráfico en las fronteras del país, así como a responder ante amenazas que no necesariamente provengan de otros Estados.
Sin dejar de tener en cuenta estos casos, la Argentina es, en relación con el resto del mundo, un país democrático donde sus representantes son elegidos de manera libre y competitiva (el ranking del informe Freedom in the World 2019 de Freedom House le otorga un puntaje de libertad de 84/100). A fines del 2018, el gobierno presentó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos cuyos ejes temáticos son inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a los derechos; y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. Correspondiendo al pedido que data de 1993 del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Argentina confirma la decisión de que los derechos humanos sean una política de Estado.
