Carta 77

E1 día 13-X-1976, en la Colección de Leyes CSSR (República Socialista Checoslovaca) (núm 120), se publicaron los «Tratados Internacionales sobre Derechos Cívicos y Políticos» y los «Tratados sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales», firmados en nombre de nuestra República en 1968, ratificados en Helsinki en 1975, que entraban en vigor el día 23-III-1976. Desde ese momento nuestros ciudadanos también tienen derechos, y nuestros Estados obligaciones que cumplir.

Las libertades y derechos del hombre, que estos tratados garantizan, son importantes valores de la civilización hacia las cuales han ido dirigidas —en la historia— las fuerzas progresistas, y su legalización puede ayudar mucho para una evolución humanitaria de nuestra sociedad.

Celebramos, por tanto, que la República Socialista Checoslovaca se haya adherido a esos tratados. La publicación de éstos contribuye a recordar cuantos derechos fundamentales del hombre están vigentes en nuestro país, aunque lamentamos que sea sólo sobre el papel.

Es completamente ilusorio, por ejemplo, el derecho a la libertad de manifestación, garantizada por el artículo 19 del Tratado: para decenas de miles de ciudadanos es imposible trabajar en su propia profesión, sólo porque tienen diferentes opiniones a las oficiales. Muchas veces son objeto de múltiples discriminaciones y persecuciones por parte de la burocracia oficial y de otras organizaciones. Las posibilidades de defenderse son nulas, y, prácticamente, son víctimas de un «Apartheid».

A centenares de miles de hombres se les niega la libertad —son «obligados a vivir bajo terror» (preámbulo del Tratado)— ya que son obligados a vivir bajo el miedo de perder su trabajo, y otros posibles, si manifiestan sus opiniones.

En contradicción con el artículo 13 del segundo Tratado —que garantiza los derechos a la educación — muchos jóvenes no pueden estudiar a causa de sus opiniones o de las de sus padres. Muchísimos ciudadanos son obligados a vivir bajo el miedo a perder sus derechos y los de sus hijos a la educación, por sólo alguna manifestación de opinión opuesta a la oficial.

Las reclamaciones de los derechos a investigar, recibir y distribuir informaciones e ideas de todas clases, verbalmente, por escrito, impresas o por medio de expresiones artísticas (punto 2, art. 13 del primer Tratado), todo esto es perseguido no sólo por los tribunales sino por otros medios, bajo la disculpa de acusación criminal, como sucede actualmente en los procesos contra músicos jóvenes.

La libertad de manifestación pública está reprimida por las instituciones centrales de información y cultura. Nadie tiene derecho de manifestar su opinión en materia política, filosófica o científica si no está de acuerdo con las normas sobre la ideología o estética oficial, y, por tanto, no puede ser publicada; tampoco puede ser hecha pública cualquier crítica de fenómenos sociales importantes; no existen la posibilidad de protección contra calumnias o injurias de la propaganda oficial; la protección legal contra las «ofensas al honor y a la fama» —garantizada concretamente por el artículo 17 del Tratado primero— prácticamente no existe; las inculpaciones falsas no pueden ser impugnadas, y cualquier iniciativa para obtener reparación por vía judicial está excluida. En el terreno espiritual y cultural está prohibida la discusión pública. Muchos hombres de ciencia o pertenecientes a la vida cultural son discriminados sólo porque hace años —actuando dentro de la legalidad— habían manifestado públicamente opiniones oficialmente condenadas en la actualidad.

La libertad de las confesiones religiosas —garantizada por el artículo 18 del primer Tratado— está sistemática y arbitrariamente limitada por el poder. Está limitada la actividad de los sacerdotes; se amenaza a diario con la anulación de los permisos para sus actividades misionales, con repercusiones para su existencia; están limitadas las posibilidades para catequesis religiosas, etc.

Instrumento para limitación o total supresión de derechos humanos, es el sistema de opresión mantenido por personas poderosas del Partido gobernante en todos los sectores de la vida, de las organizaciones y de las instituciones. La constitución de la CSSR y otras leyes y disposiciones no regulan ni las actuaciones, ni la preparación y aplicación de las decisiones; son prácticamente órdenes verbales, sin control, desconocidas para la población, y los autores de tales órdenes no son responsables ni ante la propia jerarquía. No obstante, estos «gobernantes» tienen influencias en todas las instancias legales, e instituciones gubernativas: «sus órdenes» son más importantes que las leyes. En caso de conflicto entre «gobernantes» y ciudadanos, éstos no tienen posibilidades de defenderse. Esto está en contra de los derechos reconocidos en los artículos 21 y 22 del primer Tratado (derecho de reunión y sus limitaciones), del artículo 25 (igualdad de derechos en los conflictos con la administración), y del artículo 26 (exclusión de discriminaciones ante las leyes). Esta situación de hecho impide también a los trabajadores constituir libremente sus organizaciones sindicales, con el fin de defender sus intereses económicos y sociales, haciendo uso libremente del derecho de huelga (punto 1 del artículo 8 del segundo Tratado).

Otros derechos cívicos —incluso la prohibición expresa de intervenir arbitrariamente en los asuntos de la vida privada, de la familia, del domicilio, o de la correspondencia (artículo 17 del primer Tratado)—, son gravemente perturbados por el Ministerio del Interior, que con diferentes procedimientos controla la vida de los ciudadanos, por ejemplo, mediante intervención de teléfonos, escuchas en domicilios, censura de correspondencia, vigilancia a personas, registros domiciliarios, creación de redes de informadores seleccionados bajo amenazas o promesas, etc.

Muchas veces se trata de despidos laborales, en oficinas y otras organizaciones, inspirados por razones discriminatorias, y realizadas mediante presiones a la justicia, campañas de propaganda dirigida incluso en los medios de comunicación. Tales actividades no están reguladas por leyes, son secretas y el ciudadano no se puede defender.

En los casos de persecuciones por motivos políticos, los órganos de la justicia no respetan los derechos de los acusados, ni su defensa, garantizada por el artículo 14 del primer tratado y por leyes nacionales. En las cárceles las víctimas son brutalmente tratadas, sin respeto a su dignidad; su salud es puesta en peligro hasta la tortura moral. En general, el punto 2 del artículo 12 del primer Tratado, es violado por las prohibiciones de abandonar el país; el punto 3, sobre el derecho a salir del país, está suprimido por varias condiciones inaceptables por motivos de seguridad. Igualmente se ponen obstáculos para conceder visados para visitar CSSR a personas amigas de los discriminados.

Algunas personas que —por medios internacionales— han presentado reclamaciones sobre violaciones de los derechos humanos, son interrogadas, y su petición no obtiene resultado.

La responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos ciudadanos en el país recae ante todo en el poder político y estatal, eso es evidente. Pero no sólo en ese poder. Cada uno de nosotros, cada ciudadano, conlleva su parte de responsabilidad por la situación de la comunidad, y también por el cumplimiento de los tratados respaldados por la ley que, a fin y al cabo, son obligatorios no sólo para los gobiernos, sino también para todos los ciudadanos.

La conciencia de esa corresponsabilidad, la fe en el sentido del compromiso ciudadano y la voluntad de actuar consecuentemente, así como la necesidad común de buscar sus expresiones más nuevas y más eficaces, nos llevaron a la idea de redactar la CARTA 77 cuya aparición anunciamos públicamente en el día de hoy.

La CARTA 77 consiste en una agrupación libre, informal y abierta de personas de diversas convicciones, diversos credos y diversas profesiones, unidas por la voluntad de emplearse individualmente y en grupo, para que sean respetados los derechos ciudadanos y humanos en nuestro país y en el mundo entero, pues se trata de aquellos derechos, que le reconocen al hombre los dos tratados internacionales legalizados, el Acta final de la Conferencia de Helsinki, otros numerosos documentos internacionales contra las guerras, contra la violencia y opresión social y espiritual, y los expresados conjuntamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

La CARTA 77 nace en el trasfondo de la solidaridad y amistad de las personas que comparten los desvelos por el destino de unos ideales a que unieron y unen sus vidas y trabajos.

La CARTA 77 no constituye una base para la actividad política de oposición. Quiere servir al interés común como muchas otras iniciativas ciudadanas similares en diversos países del Oeste y del Este. No quieren, pues, fijar sus propios programas de reformas o cambios políticos o sociales, sino establecer —dentro del ámbito de su actuación— un diálogo constructivo con el poder político y estatal, para señalar, sobre todo, diversos casos concretos de quebrantamiento de derechos humanos y ciudadanos, preparar la documentación correspondiente, presentar diversas propuestas de índole más general, para promover más a fondo esos derechos y garantías, y actuar como mediador en las situaciones conflictivas ocasionales a que puedan dar lugar las injusticias, etc.

Con su denominación simbólica, la CARTA 77 pone de relieve que nace en el umbral del año que ha sido declarado Año de los derechos de los presos políticos, en que la Conferencia de Belgrado ha de examinar el cumplimiento de los compromisos contraídos en Helsinki.

Como firmantes de esta declaración, encomendamos al Prof. Dr. Jan POTOCAS, DrSc Dr H. C-, a Václav HAVEL, y al Prof. Dr. Jirí HÁJRK DrSc la tarea de ser portavoces de la CARTA 77. Estos portavoces la representan con plenos poderes —tanto ante las organizaciones estatales y otras, como ante el público nuestro y del resto del mundo—, garantizando con sus firmas la autenticidad de los documentos pertinentes.

En nosotros y en los demás ciudadanos que nos secunden tendrán colaboradores que a su lado tomarán parte en las deliberaciones que hagan falta, se encargarán de las tareas parciales, y compartirán con ellos todas las responsabilidades.

Confiamos en que la CARTA 77 contribuya a que en Checoslovaquia todos los ciudadanos trabajen y vivan como personas libres.