Prensa
Defensa y promoción de la institucionalidad democrática en la Argentina
A dos décadas del gran quiebre institucional
Teniendo en cuenta que la reelección presidencial del político riojano encontró justificación en la necesidad de profundizar las reformas económicas que impulsó durante su gestión, cabe un serio reproche a la comunidad empresarial. Es decir, los mismos sectores que siempre reclaman por el respeto a la seguridad jurídica, el estado de derecho y que no se alteren las reglas de juego, con el apoyo a la reelección de Menem consideraron que el fin justificaba los medios.
Fuente: El Cronista (Argentina)
Gabriel C. Salvia, Director Gral. del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
En una encuesta realizada por Carlos Fara & Asociados, encargada por Cadal, el 51% de los consultados respondió que fue algo negativo el que en 1994 se haya habilitado la reelección presidencial inmediata en la Argentina.
Al respecto, más allá del Núcleo de Coincidencias Básicas que acordaron los partidos mayoritarios, el objetivo principal de la reforma constitucional que se plasmó hace dos décadas fue permitir la perpetuación de Carlos Saúl Menem en el poder. No hubo entonces grandes cuestionamientos al hecho de que quien juró respetar una Constitución que establecía un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección inmediata, alterara las reglas de juego en beneficio propio.
Y teniendo en cuenta que la reelección presidencial del político riojano encontró justificación en la necesidad de profundizar las reformas económicas que impulsó durante su gestión, cabe un serio reproche a la comunidad empresarial. Es decir, los mismos sectores que siempre reclaman por el respeto a la seguridad jurídica, el estado de derecho y que no se alteren las reglas de juego, con el apoyo a la reelección de Menem consideraron que el fin justificaba los medios.
Contrariamente, las reformas pro mercado de inicio de los noventa que contaron con un apoyo mayoritario, no tuvieron la posibilidad de continuidad y perfeccionamiento con otro gobernante, ya sea del mismo u otro signo político. Y si hay algo que caracteriza a las políticas de estado es su mantenimiento con distintos gobiernos, como lo demuestran los casos de Chile, Uruguay y Perú.
Vale la pena recordar que luego del Pacto de Olivos acordado a fines de 1993 entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor, el líder radical Raúl Alfonsín, fue un trámite político exprés la reforma de la Constitución Nacional de 1853/60.
El 13 de diciembre de 1993 Menem y Alfonsín firmaron el Núcleo de Coincidencias Básicas en la Casa Rosada. Cuatro días después la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley declarativa sobre la necesidad de reforma constitucional. Y cinco días más tarde se alcanzaron los dos tercios de votos necesarios en el recinto. El resultado de la votación en la Cámara Baja fue de 191 votos afirmativos, 56 negativos y 9 abstenciones.
El 29 de diciembre el Senado de la Nación aprobó la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional con 38 votos afirmativos y 7 votos negativos. De esta manera, la ley 24.309 fue sancionada en menos de 15 días, al mejor estilo de la "escribanía kirchnerista".
Y como ya es sabido, la reforma constitucional del 94 fue posible porque el menemismo y el radicalismo alfonsinista lograron una votación que les aseguró la mayoría de convencionales constituyentes. En efecto, en las elecciones del 10 de abril de 1994 el Partido Justicialista obtuvo el 37,9% de los votos y la UCR 19,8, alcanzando 134 y 74 convencionales, respectivamente. Un año más tarde, la fórmula Menem–-Ruckauf obtenía el 44,9% de los votos.
Alfonsín justificó el Pacto de Olivos afirmando que el menemismo iba a apelar a cualquier maniobra para reformar la Constitución Nacional, algo muy poco convincente. De todas maneras, en la propia UCR hubo oposición al acuerdo menemista–-alfonsinista, como el caso de Fernando de la Rúa, quien votó en contra en el plenario radical.
En definitiva, el acuerdo político-–partidario que permitió el gran quiebre institucional en la Argentina tras el retorno a la democracia no es un detalle anecdótico. Precisamente, organizaciones regionales e internacionales que cuestionan las maniobras de los presidentes bolivarianos de América latina para perpetuarse en el poder destacan que estas prácticas empezaron con Carlos Menem.
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina), 26 de noviembre de 2014
El Cronista (Argentina)
Gabriel C. Salvia, Director Gral. del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
En una encuesta realizada por Carlos Fara & Asociados, encargada por Cadal, el 51% de los consultados respondió que fue algo negativo el que en 1994 se haya habilitado la reelección presidencial inmediata en la Argentina.
Al respecto, más allá del Núcleo de Coincidencias Básicas que acordaron los partidos mayoritarios, el objetivo principal de la reforma constitucional que se plasmó hace dos décadas fue permitir la perpetuación de Carlos Saúl Menem en el poder. No hubo entonces grandes cuestionamientos al hecho de que quien juró respetar una Constitución que establecía un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección inmediata, alterara las reglas de juego en beneficio propio.
Y teniendo en cuenta que la reelección presidencial del político riojano encontró justificación en la necesidad de profundizar las reformas económicas que impulsó durante su gestión, cabe un serio reproche a la comunidad empresarial. Es decir, los mismos sectores que siempre reclaman por el respeto a la seguridad jurídica, el estado de derecho y que no se alteren las reglas de juego, con el apoyo a la reelección de Menem consideraron que el fin justificaba los medios.
Contrariamente, las reformas pro mercado de inicio de los noventa que contaron con un apoyo mayoritario, no tuvieron la posibilidad de continuidad y perfeccionamiento con otro gobernante, ya sea del mismo u otro signo político. Y si hay algo que caracteriza a las políticas de estado es su mantenimiento con distintos gobiernos, como lo demuestran los casos de Chile, Uruguay y Perú.
Vale la pena recordar que luego del Pacto de Olivos acordado a fines de 1993 entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor, el líder radical Raúl Alfonsín, fue un trámite político exprés la reforma de la Constitución Nacional de 1853/60.
El 13 de diciembre de 1993 Menem y Alfonsín firmaron el Núcleo de Coincidencias Básicas en la Casa Rosada. Cuatro días después la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley declarativa sobre la necesidad de reforma constitucional. Y cinco días más tarde se alcanzaron los dos tercios de votos necesarios en el recinto. El resultado de la votación en la Cámara Baja fue de 191 votos afirmativos, 56 negativos y 9 abstenciones.
El 29 de diciembre el Senado de la Nación aprobó la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional con 38 votos afirmativos y 7 votos negativos. De esta manera, la ley 24.309 fue sancionada en menos de 15 días, al mejor estilo de la "escribanía kirchnerista".
Y como ya es sabido, la reforma constitucional del 94 fue posible porque el menemismo y el radicalismo alfonsinista lograron una votación que les aseguró la mayoría de convencionales constituyentes. En efecto, en las elecciones del 10 de abril de 1994 el Partido Justicialista obtuvo el 37,9% de los votos y la UCR 19,8, alcanzando 134 y 74 convencionales, respectivamente. Un año más tarde, la fórmula Menem–-Ruckauf obtenía el 44,9% de los votos.
Alfonsín justificó el Pacto de Olivos afirmando que el menemismo iba a apelar a cualquier maniobra para reformar la Constitución Nacional, algo muy poco convincente. De todas maneras, en la propia UCR hubo oposición al acuerdo menemista–-alfonsinista, como el caso de Fernando de la Rúa, quien votó en contra en el plenario radical.
En definitiva, el acuerdo político-–partidario que permitió el gran quiebre institucional en la Argentina tras el retorno a la democracia no es un detalle anecdótico. Precisamente, organizaciones regionales e internacionales que cuestionan las maniobras de los presidentes bolivarianos de América latina para perpetuarse en el poder destacan que estas prácticas empezaron con Carlos Menem.
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina), 26 de noviembre de 2014
