La política mexicana tiene en agenda una serie de reformas estructurales que, aún consideradas necesarias por varios sectores de la elite política, no han podido ser todavía convertidas en realidad. Una de las razones que se pueden ensayar para explicar este fenómeno tiene que ver con las características actuales del contexto político mexicano y, especialmente con relación a la capacidad de maniobra política del presidente Vicente Fox (PAN) como impulsor de las mudanzas.

Por Matías Franchini

La política mexicana tiene en agenda una serie de reformas estructurales que, aún consideradas necesarias por varios sectores de la elite política, no han podido ser todavía convertidas en realidad. Una de las razones que se pueden ensayar para explicar este fenómeno tiene que ver con las características actuales del contexto político mexicano y, especialmente con relación a la capacidad de maniobra política del presidente Vicente Fox (PAN) como impulsor de las mudanzas. Reflexionando sobre el proceso de reformas estructurales en América Latina, Juan C. Torre (1998: 16) afirma que “el ajuste estructural ha sido más vasto y profundo allí donde las elites gubernamentales han logrado secundar la decisión a favor de las reformas con una alta concentración de poder y autoridad”. Es decir que no basta sólo la decisión de las autoridades de gobierno con respecto a las reformas, sino que es necesario el control sobre ciertos mecanismos institucionales para hacer real esa decisión.

Ahora bien, existen una serie de factores que condicionan la capacidad de las elites gubernamentales para llevar adelante el proceso transformador, desde reglas formales de distribución institucional establecidas en la Constitución hasta el espacio político que permita utilizar esos recursos potenciales consagrados en las disposiciones legales. La magnitud de ese espacio político, sin embargo, está definida por dos clases de variables: la coyuntura social y política, y la electoral. La primera hace alusión a la coyuntura de crisis como acelerador del proceso de reformas, y la segunda al caudal y disciplina de los apoyos legislativos del gobierno. En este sentido, cuanto mayor y más cohesionada sea la base de sustentación en el Congreso, más posibilidades de éxito tiene el proceso: “la capacidad de movilizar mayorías legislativas, sea por medio del control del propio partido o a través del acuerdo con otras fuerzas define, pues, el margen que tienen los líderes de gobierno para lanzar reformas económicas” (Torre 1998: 42). Teniendo en cuenta que la Constitución mexicana otorga amplios poderes al jefe de Estado y que la coyuntura social y política del país, aunque problemática, dista de ser crítica, es a la luz de la perspectiva electoral planteada por Torre que se analizará la cuestión de las reformas en México.

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Desde que el Vicente Fox asumió la Presidencia de México luego de 71 años con el PRI (o sus predecesores) en el poder, ha venido instando a la clase política a votar una serie de reformas estructurales que considera imprescindibles para la modernización del país. Cambios en el sistema tributario, en el modelo de generación de energía y en el ámbito laboral, entre otros, han sido propuestos por el Poder Ejecutivo como forma de aumentar la eficiencia y competitividad de la economía mexicana, y así asegurar mejores bases para un desarrollo sustentable.

Hay que destacar, que parece existir algún nivel de consenso con respecto a la necesidad de las mudanzas, si se tiene en cuenta las expresiones de representantes de las fuerzas políticas mexicanas. Aún cuando la confrontación política se hace evidente, nadie parece querer abandonar la perspectiva de las reformas: en un documento en el que el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) hace manifiesta su decisión de suspender el diálogo con el gobierno, al mismo tiempo reivindica las reformas como asunto de agenda nacional. Inclusive la Comisión Nacional de Gobernadores, una institución que representa los intereses de los Estados de la Unión, ha convocado y establecido la Convención Nacional Hacendaria (instancia en la que participan mandatarios estaduales, dirigentes partidarios, representantes del gobierno federal y municipios) cuyo objetivo es el planteamiento de un nuevo modelo tributario.

Sin embargo, el proceso de reformas se ha estancado en una serie de iniciativas legislativas que han fracasado en el seno de Congreso de la Nación. La coyuntura electoral no ha permitido construir al oficialista Partido Acción Nacional una base legislativa suficiente como para asegurar el voto positivo de los proyectos. En las elecciones de 2000, si bien el PAN obtuvo un importantísimo triunfo rompiendo con siete décadas de hegemonía priísta, los votos no alcanzaron para que el partido se convirtiera en mayoría en ninguna de las dos Cámaras: en Diputados debió conformarse con la primer minoría por un estrecho margen, y en el Senado fue el PRI quien obtuvo ese lugar. Hubo que esperar entonces a las elecciones legislativas del año pasado, en las que se pusieron en juego los 500 escaños de la Cámara de Diputados, para ver si la situación podía ser revertida. Por el contrario, el PAN no sólo no se alzó con la mayoría legislativa, sino que perdió a manos del PRI la primer minoría. Teniendo en cuenta que ni siquiera tuvo oportunidad de ganar terreno en el Senado (que no se renovó en las pasadas elecciones), el saldo fue por completo negativo para Fox.

Siguiendo nuevamente a Torre, la capacidad del gobierno de Fox para movilizar mayorías legislativas a través del control de su propio partido se hizo virtualmente imposible luego del proceso eleccionario de 2003, obligándolo a buscar el acuerdo político con otras fuerzas para viabilizar el proceso de reformas (de forma similar a la red de alianzas que tejió el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y que le permitió, a finales de su primer año de mandato, sancionar las reformas tributaria y provisional.). Los únicos partidos con peso político suficiente para asegurar el éxito de una eventual alianza eran el viejo PRI y el PRD, el primero revitalizado por la victoria en las legislativas y el segundo con el poder que le otorgaba haber duplicado el número de diputados en el comicio. Sin embargo, y aunque ambas fuerzas se declararon permeables a la búsqueda de consenso y al logro de acuerdos, estos no pasaron del discurso: los proyectos de reforma no pasaron el tamiz del Congreso.

La dificultad para cerrar acuerdos en torno a la agenda de reformas tiene que ver no sólo con las diferencias de apreciación que hay entre los partidos con respecto al contenido de las mismas, sino por el establecimiento de un escenario cuasi-electoral, en el que las elecciones presidenciales de 2006 aparecen con excesiva (teniendo en cuenta que aún faltan algo más de dos años) presencia. Dicha coyuntura enfrenta las fuerzas políticas que buscan las mejores posiciones frente al proceso electoral, a la vez que genera tensiones hacia el interior de las mismas en el marco de la lucha por la nominación oficial.

Un episodio particular puede arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. En diciembre último, el gobierno de Fox logró el apoyo de la Coordinadora Parlamentaria del bloque del PRI en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, para el proyecto de reforma tributaria. Hasta ese punto, la iniciativa parecía encaminarse dado el aporte que la influyente legisladora podía dar en el ámbito del Congreso. Sin embargo, la propia bancada priísta desconoció la decisión de Gordillo, argumentando que el proyecto era inaceptable y de inmediato procedió a la remoción de su jefa, moción que fue apoyada por el propio presidente del PRI, Roberto Madrazo, que hasta entonces se había mantenido al margen de las negociaciones. Lo cierto es que ambos dirigentes mantenían por entonces (y aun mantienen) una dura disputa de poder en el seno del partido de cara a las elecciones de 2006. El corolario del hecho fue la destitución de la dirigente, una profundización de los conflictos internos en el PRI y el fracaso del proyecto de reforma. El presidente Fox, al ver su proyecto rechazado, acusó a la oposición de anteponer rencillas internas y conflictos de poder al futuro de México, pero para entonces el juego estaba terminado.

Luego de este suceso, las cosas se han complicado aún más en la política mexicana. En un contexto condicionado por una serie de episodios de corrupción de considerable magnitud, las relaciones entre gobierno y oposición, y en general entre las fuerzas políticas, se han deteriorado. Las fuerzas políticas no oficialistas más importantes, el PRI y el PDR han cortado dialogo con la administración panista. El propio Madrazo ha declarado que los constantes tropiezos del gobierno han puesto en peligro la gobernabilidad y la estabilidad social. El mismo Vicente Fox reconoció la situación, cuando aseguró que los conflictos de intereses entre los diversos actores políticos en los casos de corrupción y de impunidad han derivado en un clima de confrontación que limita los márgenes de acción de la democracia mexicana.

Parece válido llamar la atención sobre el hecho de que todas estas circunstancias se dan en el marco de un cambio en la dinámica de las instituciones políticas mexicanas. Desde la caída del sistema priísta, México no ha sido el mismo. Recurriendo a las palabras de Jeffrey Weldon (2002: 211), “Los frenos y contrapesos madisonianos que se encuentran en la Constitución están siendo activados. El Presidente y el Congreso se hallan en un proceso de aprendizaje de sus roles republicanos de poder y responsabilidad compartidos”.

Las reformas estructurales impulsadas desde la Administración Fox siguen siendo discutidas y forman parte del paisaje cotidiano de la realidad política mexicana. La posibilidad de que sean viabilizadas dependerá del espacio político que el gobierno pueda crear. La actual coyuntura electoral, en los términos de Torre, obliga al presidente, como impulsor de las reformas, a buscar acuerdos con otros partidos, ya que carece de apoyo legislativo propio suficiente para que sus iniciativas sean votadas. Sin embargo, una dinámica electoral instalada prematuramente en el marco de un escenario político convulsionado, hace difícil la búsqueda de consensos y más aún el cierre de acuerdos. De todos modos, el Poder Ejecutivo afirma que no ha renunciado al proceso de reformas y que persistirá en la búsqueda de los mecanismos necesarios para llevarlo a la práctica. Las perspectivas no parecen ser las mejores.

 

Bibliografía.

TORRE, Juan Carlos (1998): El proceso político de las reformas económicas en América Latina; Editorial Paidós; Buenos Aires, Argentina.
WELDON, Jeffrey (2002): “Las fuentes políticas del presidencialismo en Mexico”; en SHUGART, M. S.; y MAINWARING, S. (Eds.); Presidencialismo y democracia en América Latina; Editorial Paidós; Buenos Aires, Argentina.

Matías Franchini

Consejero Académico

Es Profesor Principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Buenos Aires. Fue investigador visitante en la Woodrow Wilson School de la Universidad de Princeton. Es autor de varias publicaciones en inglés, portugués y español en las áreas de gobernanza global, estudios latinoamericanos y política internacional del cambio climático.