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Instituto Václav Havel
09-09-2026Solidaridad democrática: límites, posibilidades y responsabilidades
La solidaridad democrática se ejerce por lo menos de cinco maneras. La primera es nombrar y avergonzar, es decir, señalar públicamente la práctica represiva y a la persona responsable. Los corresponsales extranjeros que durante la dictadura argentina preguntaban, en conferencias de prensa que el régimen no podía simplemente cancelar, dónde estaban los desaparecidos, se ponían del lado de las Madres de Plaza de Mayo y le negaban al régimen la posibilidad de evadir la pregunta con silencio. El Premio Graciela Fernández Meijide opera con esa misma lógica.
Por Inés Pousadela
Solidaridad democrática: límites, posibilidades y responsabilidadesEl 3 de enero de este año, un comando de fuerzas especiales estadounidenses secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de un búnker fortificado en Caracas. La operación no tuvo autorización del Congreso de los Estados Unidos ni mucho menos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trump no invocó los derechos humanos ni la democracia; sus justificaciones oscilaron entre la lucha antidrogas y la recuperación de la influencia hemisférica de los Estados Unidos. Los primeros impactos perceptibles de la intervención fueron la flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesaban sobre la industria petrolera venezolana y los cambios regulatorios que beneficiaron a empresas estadounidenses.
Algunos resultados fueron afortunadamente coincidentes con algunas demandas de derechos humanos que la sociedad civil llevaba años reclamando. En las semanas siguientes a la intervención estadounidense, el gobierno interino instalado por Estados Unidos, presionado por la gente en la calle, excarceló a más de 500 presos políticos, según datos de la organización de la sociedad civil Foro Penal. Pero esa coincidencia no cambia el hecho de que lo que ocurrió en Venezuela fue ante todo una demostración de poder al servicio de un interés ajeno.
La sociedad civil venezolana llevaba años documentando cada acto de represión y cada preso político, y ante las elecciones de julio de 2024 la oposición interna organizó un cuidadoso conteo paralelo que demostró sin lugar a dudas que había ganado. La agenda que Venezuela había construido para sí misma era la de la transición democrática por la vía electoral. La operación militar estadounidense, lejos de alinearse con esa agenda, instaló en el poder a una figura procedente del seno del régimen autoritario.
A quienes creemos en la solidaridad internacional con quienes luchan por la democracia y los derechos humanos, Venezuela nos plantea un desafío incómodo. Si el ejercicio del poder puro y duro, sin ninguna justificación de derechos y sin pagar ningún costo, puede producir en un fin de semana un resultado que no lograron años de diplomacia de derechos humanos, ¿para qué sirve la solidaridad democrática?
Alcance sin condiciones
Como cada año, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) desarrolló entre el 22 y el 24 de agosto su conferencia anual del Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, que se conmemora en la ciudad de Buenos Aires todos los 23 de agosto desde 2015.
En el marco de este evento, CADAL estrenó su documental Humanos, sobre la solidaridad democrática internacional durante los años de la última dictadura militar en Argentina. Esa solidaridad recibida en nuestra época más oscura es el fundamento de la labor que hoy desempeña la organización con quienes sobreviven bajo regímenes autoritarios.
En un acto de solidaridad democrática, CADAL entregó el Premio Graciela Fernández Meijide 2026 a varias personas defensoras detenidas arbitrariamente por su labor de derechos humanos: Anacleto Micha Ndong, preso político en Guinea Ecuatorial; Kim Jung-Wook, Kim Kook-kie y Choi Chun-gil, tres pastores surcoreanos a quienes Corea del Norte mantiene presos desde hace más de una década; y Yalkun Rozi, un intelectual uigur encarcelado en China.
La solidaridad democrática internacional es el apoyo de un actor externo —una persona, una organización, un Estado— a quienes resisten bajo regímenes represivos. Es, muchas veces, el lugar desde donde llega el único rayo de esperanza en contextos de espacio cívico cerrado. El autoritarismo nos encierra en laberintos sin salida y, como lo dijera Leopoldo Marechal, de los laberintos se sale por arriba.
La solidaridad democrática se caracteriza, en primer lugar, por su amplio alcance. Mientras que el poder solo se mueve donde tiene un interés propio que atender, dejando sin opciones a la inmensa mayoría de quienes sufren represión en el mundo, la solidaridad democrática no está atada a la conveniencia: se activa incluso donde no hay ningún interés geopolítico en juego. No discrimina entre víctimas, ni tampoco entre perpetradores: condena al autoritarismo cualquiera sea su color político, sin ceder a los dobles estándares. La selectividad, en cambio, les regala a los regímenes autoritarios un argumento que vale oro: el que sostiene que los derechos humanos no son un estándar universal sino —como China y sus aliados lo repiten sin cesar en las Naciones Unidas— un instrumento del poder occidental.
El contexto latinoamericano, todavía atravesado por los clivajes ideológicos de la Guerra Fría, obliga a aclarar que la solidaridad democrática es con los pueblos, no con sus gobiernos. Nada más lejos de esta solidaridad que los llamados Comités de Solidaridad, aplaudidores profesionales que escudan a la dictadura cubana del escrutinio internacional en los procesos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La solidaridad democrática, en abierto contraste con la intervención estadounidense en Venezuela, se ejerce cediendo poder de decisión, no ejerciéndolo en nombre de, y mucho menos sobre, sus destinatarios. En otras palabras: sigue la agenda que la propia sociedad receptora se da a sí misma.
Del boomerang a la espiral
Margaret Keck y Kathryn Sikkink describieron, a fines de los años 90, el mecanismo básico: el “efecto boomerang”. Mediante este proceso, los activistas locales que están atrapados en el laberinto autoritario y no encuentran la salida, esquivan el bloqueo estatal conectándose con redes transnacionales. Así, logran que la presión le llegue “desde afuera y por arriba” al régimen que los reprime, impulsada por otros actores poderosos como Estados y organismos internacionales. Claro que el hecho de que la presión llegue no garantiza nada: como lo mostraron luego Thomas Risse, Stephen Ropp y la propia Sikkink con su modelo de espiral, los regímenes autoritarios suelen atravesar una fase de negación para luego pasar a las concesiones instrumentales, cediendo lo mínimo indispensable para aliviar la presión externa. Pero el progreso real exige una contraparte interna: redes locales, oposición y movimientos sociales capaces de presionar desde abajo, vigilar los compromisos del régimen y capitalizar las concesiones para volverlas permanentes.
Cómo se enmarca el reclamo importa tanto como que llegue. Las estrategias “enraizadas” —las que conectan la demanda de derechos con narrativas ya legítimas dentro de la propia cultura política— tienen más impacto que las que llegan envueltas en el lenguaje de quien las financia desde afuera. Kenia nos ofrece un contraejemplo de manual: antes de una visita oficial en 2015, 700 pastores evangélicos kenianos le exigieron al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no hablara de “temas gay” en su país, donde las relaciones homosexuales están penadas por el Código Penal. Obama lo hizo de todos modos: en la conferencia de prensa conjunta con el presidente Uhuru Kenyatta, defendió públicamente —seguramente con las mejores intenciones— los derechos de las personas LGBTQI+. La intervención produjo el efecto opuesto al deseado: el discurso oficial se endureció y otros dirigentes redoblaron la retórica antiderechos. Las propias organizaciones LGBTQI+ kenianas, antes de la visita, habían pedido otra cosa: que Estados Unidos apoyara a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que ya tenía su propia resolución sobre el tema. Pero no fueron escuchadas.
Cinco formas concretas
La solidaridad democrática se ejerce por lo menos de cinco maneras. La primera es nombrar y avergonzar, es decir, señalar públicamente la práctica represiva y a la persona responsable. Los corresponsales extranjeros que durante la dictadura argentina preguntaban, en conferencias de prensa que el régimen no podía simplemente cancelar, dónde estaban los desaparecidos, se ponían del lado de las Madres de Plaza de Mayo y le negaban al régimen la posibilidad de evadir la pregunta con silencio. El Premio Fernández Meijide opera con esa misma lógica.
La segunda lleva esa lógica un paso más allá: consiste en darle a la víctima el acceso y las herramientas para denunciar con su propia voz, en vez de que alguien de afuera hable en su nombre. Esto toma la forma de capacitaciones en el uso de los mecanismos internacionales de derechos humanos, organización de giras de incidencia, presentaciones conjuntas ante el Examen Periódico Universal y facilitación de la participación en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En 2018, por ejemplo, a poco de la represión de las protestas nicaragüenses, CIVICUS organizó junto a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un taller en Managua para preparar a activistas nicaragüenses en el uso del Examen Periódico Universal.
La tercera vía se activa cuando ya no queda espacio para actuar desde adentro. Consiste en sostener el exilio con refugio seguro, visas de emergencia y la posibilidad de continuar el activismo desde afuera, para que el exilio no sea el final de ese trabajo. Chile y España, por ejemplo, ofrecieron ciudadanía a nicaragüenses a los que el régimen autoritario había declarado apátridas. A eso se suma la protección contra la represión transnacional que cada vez más gobiernos autoritarios ejercen contra sus opositores exiliados.
La cuarta es el uso de sanciones dirigidas a los responsables individuales de la represión. Cuando un gobierno democrático congela los activos o prohíbe la entrada a jueces, fiscales o mandos militares implicados en la represión, individualiza el costo político y le niega al régimen el argumento nacionalista de la agresión externa que viene inevitablemente asociado a las sanciones generales, que además terminan repercutiendo negativamente sobre toda la población.
Y la quinta, tal vez menos visible pero probablemente la más decisiva, es financiar de manera sostenida a las organizaciones y personas que hacen el trabajo de documentación, defensa legal y acompañamiento a las víctimas. Esta forma de solidaridad sostiene a las otras cuatro: sin financiamiento no hay quien reúna la evidencia para nombrar y avergonzar, ni quien defienda a las víctimas ni arme el expediente que eventualmente permita sancionar al responsable.
Las cinco formas de la solidaridad tienen algo en común: en ninguna de ellas el apoyo desde afuera reemplaza al trabajo de adentro. La solidaridad nombra, ayuda a nombrar, protege, sanciona o financia, pero no decide en nombre de nadie.
Inés PousadelaVicepresidentaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.
El 3 de enero de este año, un comando de fuerzas especiales estadounidenses secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de un búnker fortificado en Caracas. La operación no tuvo autorización del Congreso de los Estados Unidos ni mucho menos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trump no invocó los derechos humanos ni la democracia; sus justificaciones oscilaron entre la lucha antidrogas y la recuperación de la influencia hemisférica de los Estados Unidos. Los primeros impactos perceptibles de la intervención fueron la flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesaban sobre la industria petrolera venezolana y los cambios regulatorios que beneficiaron a empresas estadounidenses.
Algunos resultados fueron afortunadamente coincidentes con algunas demandas de derechos humanos que la sociedad civil llevaba años reclamando. En las semanas siguientes a la intervención estadounidense, el gobierno interino instalado por Estados Unidos, presionado por la gente en la calle, excarceló a más de 500 presos políticos, según datos de la organización de la sociedad civil Foro Penal. Pero esa coincidencia no cambia el hecho de que lo que ocurrió en Venezuela fue ante todo una demostración de poder al servicio de un interés ajeno.
La sociedad civil venezolana llevaba años documentando cada acto de represión y cada preso político, y ante las elecciones de julio de 2024 la oposición interna organizó un cuidadoso conteo paralelo que demostró sin lugar a dudas que había ganado. La agenda que Venezuela había construido para sí misma era la de la transición democrática por la vía electoral. La operación militar estadounidense, lejos de alinearse con esa agenda, instaló en el poder a una figura procedente del seno del régimen autoritario.
A quienes creemos en la solidaridad internacional con quienes luchan por la democracia y los derechos humanos, Venezuela nos plantea un desafío incómodo. Si el ejercicio del poder puro y duro, sin ninguna justificación de derechos y sin pagar ningún costo, puede producir en un fin de semana un resultado que no lograron años de diplomacia de derechos humanos, ¿para qué sirve la solidaridad democrática?
Alcance sin condiciones
Como cada año, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) desarrolló entre el 22 y el 24 de agosto su conferencia anual del Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, que se conmemora en la ciudad de Buenos Aires todos los 23 de agosto desde 2015.
En el marco de este evento, CADAL estrenó su documental Humanos, sobre la solidaridad democrática internacional durante los años de la última dictadura militar en Argentina. Esa solidaridad recibida en nuestra época más oscura es el fundamento de la labor que hoy desempeña la organización con quienes sobreviven bajo regímenes autoritarios.
En un acto de solidaridad democrática, CADAL entregó el Premio Graciela Fernández Meijide 2026 a varias personas defensoras detenidas arbitrariamente por su labor de derechos humanos: Anacleto Micha Ndong, preso político en Guinea Ecuatorial; Kim Jung-Wook, Kim Kook-kie y Choi Chun-gil, tres pastores surcoreanos a quienes Corea del Norte mantiene presos desde hace más de una década; y Yalkun Rozi, un intelectual uigur encarcelado en China.
La solidaridad democrática internacional es el apoyo de un actor externo —una persona, una organización, un Estado— a quienes resisten bajo regímenes represivos. Es, muchas veces, el lugar desde donde llega el único rayo de esperanza en contextos de espacio cívico cerrado. El autoritarismo nos encierra en laberintos sin salida y, como lo dijera Leopoldo Marechal, de los laberintos se sale por arriba.
La solidaridad democrática se caracteriza, en primer lugar, por su amplio alcance. Mientras que el poder solo se mueve donde tiene un interés propio que atender, dejando sin opciones a la inmensa mayoría de quienes sufren represión en el mundo, la solidaridad democrática no está atada a la conveniencia: se activa incluso donde no hay ningún interés geopolítico en juego. No discrimina entre víctimas, ni tampoco entre perpetradores: condena al autoritarismo cualquiera sea su color político, sin ceder a los dobles estándares. La selectividad, en cambio, les regala a los regímenes autoritarios un argumento que vale oro: el que sostiene que los derechos humanos no son un estándar universal sino —como China y sus aliados lo repiten sin cesar en las Naciones Unidas— un instrumento del poder occidental.
El contexto latinoamericano, todavía atravesado por los clivajes ideológicos de la Guerra Fría, obliga a aclarar que la solidaridad democrática es con los pueblos, no con sus gobiernos. Nada más lejos de esta solidaridad que los llamados Comités de Solidaridad, aplaudidores profesionales que escudan a la dictadura cubana del escrutinio internacional en los procesos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La solidaridad democrática, en abierto contraste con la intervención estadounidense en Venezuela, se ejerce cediendo poder de decisión, no ejerciéndolo en nombre de, y mucho menos sobre, sus destinatarios. En otras palabras: sigue la agenda que la propia sociedad receptora se da a sí misma.
Del boomerang a la espiral
Margaret Keck y Kathryn Sikkink describieron, a fines de los años 90, el mecanismo básico: el “efecto boomerang”. Mediante este proceso, los activistas locales que están atrapados en el laberinto autoritario y no encuentran la salida, esquivan el bloqueo estatal conectándose con redes transnacionales. Así, logran que la presión le llegue “desde afuera y por arriba” al régimen que los reprime, impulsada por otros actores poderosos como Estados y organismos internacionales. Claro que el hecho de que la presión llegue no garantiza nada: como lo mostraron luego Thomas Risse, Stephen Ropp y la propia Sikkink con su modelo de espiral, los regímenes autoritarios suelen atravesar una fase de negación para luego pasar a las concesiones instrumentales, cediendo lo mínimo indispensable para aliviar la presión externa. Pero el progreso real exige una contraparte interna: redes locales, oposición y movimientos sociales capaces de presionar desde abajo, vigilar los compromisos del régimen y capitalizar las concesiones para volverlas permanentes.
Cómo se enmarca el reclamo importa tanto como que llegue. Las estrategias “enraizadas” —las que conectan la demanda de derechos con narrativas ya legítimas dentro de la propia cultura política— tienen más impacto que las que llegan envueltas en el lenguaje de quien las financia desde afuera. Kenia nos ofrece un contraejemplo de manual: antes de una visita oficial en 2015, 700 pastores evangélicos kenianos le exigieron al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no hablara de “temas gay” en su país, donde las relaciones homosexuales están penadas por el Código Penal. Obama lo hizo de todos modos: en la conferencia de prensa conjunta con el presidente Uhuru Kenyatta, defendió públicamente —seguramente con las mejores intenciones— los derechos de las personas LGBTQI+. La intervención produjo el efecto opuesto al deseado: el discurso oficial se endureció y otros dirigentes redoblaron la retórica antiderechos. Las propias organizaciones LGBTQI+ kenianas, antes de la visita, habían pedido otra cosa: que Estados Unidos apoyara a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que ya tenía su propia resolución sobre el tema. Pero no fueron escuchadas.
Cinco formas concretas
La solidaridad democrática se ejerce por lo menos de cinco maneras. La primera es nombrar y avergonzar, es decir, señalar públicamente la práctica represiva y a la persona responsable. Los corresponsales extranjeros que durante la dictadura argentina preguntaban, en conferencias de prensa que el régimen no podía simplemente cancelar, dónde estaban los desaparecidos, se ponían del lado de las Madres de Plaza de Mayo y le negaban al régimen la posibilidad de evadir la pregunta con silencio. El Premio Fernández Meijide opera con esa misma lógica.
La segunda lleva esa lógica un paso más allá: consiste en darle a la víctima el acceso y las herramientas para denunciar con su propia voz, en vez de que alguien de afuera hable en su nombre. Esto toma la forma de capacitaciones en el uso de los mecanismos internacionales de derechos humanos, organización de giras de incidencia, presentaciones conjuntas ante el Examen Periódico Universal y facilitación de la participación en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En 2018, por ejemplo, a poco de la represión de las protestas nicaragüenses, CIVICUS organizó junto a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un taller en Managua para preparar a activistas nicaragüenses en el uso del Examen Periódico Universal.
La tercera vía se activa cuando ya no queda espacio para actuar desde adentro. Consiste en sostener el exilio con refugio seguro, visas de emergencia y la posibilidad de continuar el activismo desde afuera, para que el exilio no sea el final de ese trabajo. Chile y España, por ejemplo, ofrecieron ciudadanía a nicaragüenses a los que el régimen autoritario había declarado apátridas. A eso se suma la protección contra la represión transnacional que cada vez más gobiernos autoritarios ejercen contra sus opositores exiliados.
La cuarta es el uso de sanciones dirigidas a los responsables individuales de la represión. Cuando un gobierno democrático congela los activos o prohíbe la entrada a jueces, fiscales o mandos militares implicados en la represión, individualiza el costo político y le niega al régimen el argumento nacionalista de la agresión externa que viene inevitablemente asociado a las sanciones generales, que además terminan repercutiendo negativamente sobre toda la población.
Y la quinta, tal vez menos visible pero probablemente la más decisiva, es financiar de manera sostenida a las organizaciones y personas que hacen el trabajo de documentación, defensa legal y acompañamiento a las víctimas. Esta forma de solidaridad sostiene a las otras cuatro: sin financiamiento no hay quien reúna la evidencia para nombrar y avergonzar, ni quien defienda a las víctimas ni arme el expediente que eventualmente permita sancionar al responsable.
Las cinco formas de la solidaridad tienen algo en común: en ninguna de ellas el apoyo desde afuera reemplaza al trabajo de adentro. La solidaridad nombra, ayuda a nombrar, protege, sanciona o financia, pero no decide en nombre de nadie.
