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Promoción de la Apertura Política en Cuba
23-05-2022La posibilidad de otra ola de protestas masivas desvela al gobierno cubano
Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Popular no pueden ser más absurdas. No hay nada más alejado de una ley “moderna” que el nuevo código penal cubano, un catálogo arcaico de prohibiciones, castigos severos y limitaciones que le ponen un cepo casi definitivo a la posibilidad de manifestarse, a través de la prensa, el arte, cualquier expresión cultural o política, de forma contraria al punto de vista oficial.Por Carlos Lauría
A casi un año de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, la represión de las autoridades en contra de la disidencia se ha acentuado mientras que el andamiaje legal que tiene cercado a la oposición política llevaría, según advierten activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos y defensa de la libertad de prensa, a la obliteración casi absoluta del disenso.
Es evidente que las manifestaciones de ciudadanos cubanos en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida, frente una crisis económico-social agudizada por la pandemia del coronavirus, generaron estupor entre los jerarcas del Partido Comunista. El gobierno decidió entonces cerrar filas para extinguir el descontento de la sociedad utilizando una herramienta que conoce mejor que nadie: represión sistemática, persecución, cárcel y exilio forzado para todo tipo de voz disonante.
La reacción de la fiscalía general de la República de Cuba contra los díscolos no se hizo esperar: más de 700 individuos acusados de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Luego en marzo pasado más de 120 personas fueron sentenciadas a penas de prisión de entre 6 y 30 años.
La reciente aprobación de un nuevo código penal, fuertemente prohibitivo, se enmarca en este contexto cada día más proclive a obstruir y clausurar cualquier espacio de manifestación contraria a la visión oficial. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), describió a la norma como “una ley penal moderna, atemperada a las realidades socioeconómicas y actualizada con la Constitución y con otras disposiciones jurídicas”, según informó el diario oficial Granma.
Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Popular no pueden ser más absurdas. No hay nada más alejado de una ley “moderna” que el nuevo código penal cubano, un catálogo arcaico de prohibiciones, castigos severos y limitaciones que le ponen un cepo casi definitivo a la posibilidad de manifestarse, a través de la prensa, el arte, cualquier expresión cultural o política, de forma contraria al punto de vista oficial.
Por ejemplo, la modificación del artículo 143 del Código Penal prohíbe a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades aumentar la opresión con la que somete a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, que estipula penas de hasta 10 años de prisión. “Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”, afirmó en un comunicado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Los promotores de la medida se entusiasman al señalar que la norma es “garantista” y actual ya que el anterior, que había sido aprobado en 1987, no contemplaba delitos contra el medio ambiente, cibercriminalidad y la violencia de género.
Pero la realidad es distinta y los críticos y opositores sostienen que las nuevas regulaciones fomentarán más represión y censura. En el nuevo código penal se conservan los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición –que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a algunos de los manifestantes del 11 de julio–, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional.
El nuevo Código Penal cubano “mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de sedición y contra el orden constitucional y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter.
La posibilidad de otra ola de protestas masivas desvela al gobierno cubano. Y de allí la reacción desmesurada de las autoridades, que incluye más represión y aprobación de nuevas leyes restrictivas. Como definió con certeza la periodista Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, en un artículo reciente: “La prensa independiente, el activismo, las protestas populares al estilo de la ocurrida el pasado 11 de julio y la posibilidad de que los individuos se unan en iniciativas para revocar el sistema político económico están en el centro de los temblores que recorren la Plaza de la Revolución”.
Carlos LauríaPeriodista y experto internacional sobre libertad de prensa. Desde septiembre desde 2017 hasta noviembre de 2021, encabezó el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society, liderando actividades globales sobre seguridad y protección de periodistas. Previamente, durante 15 años, se desempeñó como director de programas regionales y responsable del programa de las Americas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles). En el CPJ lideró campañas para combatir la censura, luchar contra la impunidad y asistir a periodistas bajo amenaza. Es autor de numerosos informes y artículos sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo. Fue convocado para brindar testimonio como experto en audiencias ante el congreso estadounidense, en conferencias y seminarios internacionales. Comenzó a trabajar como periodista en Buenos Aires en 1986. En 1994 se radicó en Nueva York como corresponsal jefe de la Editorial Perfil. Integró hasta 2020 el jurado de los Premios Maria Moors Cabot, administrados por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Es graduado en periodismo de la Universidad Católica Argentina.
A casi un año de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, la represión de las autoridades en contra de la disidencia se ha acentuado mientras que el andamiaje legal que tiene cercado a la oposición política llevaría, según advierten activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos y defensa de la libertad de prensa, a la obliteración casi absoluta del disenso.
Es evidente que las manifestaciones de ciudadanos cubanos en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida, frente una crisis económico-social agudizada por la pandemia del coronavirus, generaron estupor entre los jerarcas del Partido Comunista. El gobierno decidió entonces cerrar filas para extinguir el descontento de la sociedad utilizando una herramienta que conoce mejor que nadie: represión sistemática, persecución, cárcel y exilio forzado para todo tipo de voz disonante.
La reacción de la fiscalía general de la República de Cuba contra los díscolos no se hizo esperar: más de 700 individuos acusados de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Luego en marzo pasado más de 120 personas fueron sentenciadas a penas de prisión de entre 6 y 30 años.
La reciente aprobación de un nuevo código penal, fuertemente prohibitivo, se enmarca en este contexto cada día más proclive a obstruir y clausurar cualquier espacio de manifestación contraria a la visión oficial. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), describió a la norma como “una ley penal moderna, atemperada a las realidades socioeconómicas y actualizada con la Constitución y con otras disposiciones jurídicas”, según informó el diario oficial Granma.
Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Popular no pueden ser más absurdas. No hay nada más alejado de una ley “moderna” que el nuevo código penal cubano, un catálogo arcaico de prohibiciones, castigos severos y limitaciones que le ponen un cepo casi definitivo a la posibilidad de manifestarse, a través de la prensa, el arte, cualquier expresión cultural o política, de forma contraria al punto de vista oficial.
Por ejemplo, la modificación del artículo 143 del Código Penal prohíbe a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades aumentar la opresión con la que somete a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, que estipula penas de hasta 10 años de prisión. “Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”, afirmó en un comunicado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Los promotores de la medida se entusiasman al señalar que la norma es “garantista” y actual ya que el anterior, que había sido aprobado en 1987, no contemplaba delitos contra el medio ambiente, cibercriminalidad y la violencia de género.
Pero la realidad es distinta y los críticos y opositores sostienen que las nuevas regulaciones fomentarán más represión y censura. En el nuevo código penal se conservan los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición –que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a algunos de los manifestantes del 11 de julio–, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional.
El nuevo Código Penal cubano “mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de sedición y contra el orden constitucional y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter.
La posibilidad de otra ola de protestas masivas desvela al gobierno cubano. Y de allí la reacción desmesurada de las autoridades, que incluye más represión y aprobación de nuevas leyes restrictivas. Como definió con certeza la periodista Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, en un artículo reciente: “La prensa independiente, el activismo, las protestas populares al estilo de la ocurrida el pasado 11 de julio y la posibilidad de que los individuos se unan en iniciativas para revocar el sistema político económico están en el centro de los temblores que recorren la Plaza de la Revolución”.
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