El hecho de que más de la mitad de las personas convocadas hasta ahora por Cuba Posible se pronuncien en contra del artículo 5 es un paso de avance considerable entre este sector reformista. Pero las omisiones, o los tratamientos gelatinosos del tema denotan temor, sentimiento de culpa o, en el mejor de los casos, desconocimiento.

Por Haroldo Dilla Alfonso

Cuba Posible ha convocado a una serie de intelectuales –en el sentido más amplio- a opinar sobre el cambio constitucional. Lo ha hecho bajo el sugerente título de “agendas mínimas para un debate amplio” y con la invitación a explicar brevemente y con amenidad los siete temas que considere más importantes en el debate de la nueva constitución. Los convocados han respondido con posicionamientos y estilos muy diversos. Unos han escrito con precisión catedrática y otros con la desprolijidad del mal paso. Unos han sido muy críticos y precisos, pero se retuercen en metáforas que igual invocan las subjetividades postmodernas que a los consejos obreros. Y no falta, por supuesto, el que precavidamente no dice nada o, como hace un viejo y locuaz ex funcionario, dice en cada punto una cosa y lo opuesto en la próxima oración. Teniendo en cuenta esto, que mínimo no significa menor, sino imprescindible –los convocantes lo aclaran- y que los participantes son de alguna diversidad social y profesional, creí conveniente leer los comentarios centrando mi atención en lo que creo son los dos puntos imprescindibles de la nueva constitución.

-El primero se refiere a la necesidad de un ordenamiento político pluralista para satisfacer los requerimientos de una sociedad que es –implícita y explícitamente- diversa. Ello implica muchas cosas, pero sin solucionar una, nada funciona: la consideración del partido comunista como único y centro político, lo que se mantiene en la nueva constitución en su artículo 5. Pavel Giroud, en su contribución, le llama “medular e innegociable”.

-La segunda se refiere a la condición transnacional de la sociedad cubana, que demográficamente solo crece allende los mares, y allí también atesora una calidad de recursos humanos y valores culturales de primer orden. Es, además, sostén de buena parte del consumo popular en la isla. Aquí no hay otro remedio que colocar a Cuba al nivel latinoamericano, devolviendo a los emigrados sus derechos ciudadanos que abarca el avecindamiento sin pedir permiso, el libre tránsito, la tenencia de propiedades y la participación política.

De los 22 convocados hasta el momento, 10 no mencionan el artículo 5. En ocasiones pueden argumentar sobre la necesidad de pluralismo, pero omiten absolutamente el tema del PCC (en realidad muy pocos lo hacen). También pueden conducir a posiciones lamentables, como la de un activista cultural que jura que la pertenencia al PCC/UJC “no concede privilegio alguno… ni significa discriminación alguna para quien no pertenece a ellas”, por lo que podemos suponer que nunca conoció los principios de la política de cuadros en Cuba, ni vivió dentro de alguna institución cubana.

Pero reconozcamos que el hecho de que más de la mitad de estas personas se pronuncien en contra del artículo 5 es un paso de avance considerable entre este sector reformista que anida en Cuba Posible. Pero las omisiones, o los tratamientos gelatinosos del tema denotan temor, sentimiento de culpa o, en el mejor de los casos, desconocimiento. Por ejemplo, discutir las modalidades electorales en Cuba sin cuestionar al partido único, es como hablar del amor sin mencionar nunca al sexo. Sencillamente porque la única manera de producir un cambio en el régimen de las comisiones de candidaturas o en la forma de elegir entre varias candidaturas es introduciendo un sistema de nominaciones y postulaciones pluralistas en el que el PCC podría participar como una ficha más. Los diseñadores del sistema electoral cubano llegaron al límite en cuanto a guardar apariencias. No hay más allá dentro del sistema

Más grave es la situación de los derechos nacionales de los emigrados. Solo seis entrevistados mencionan el tema con propiedad. El resto calla o sencillamente se refiere al asunto reafirmando las mezquinas disposiciones dictadas por el gobierno de Raúl Castro en 2013. Una falencia imperdonable, pues sin una solución a su problema transnacional, la sociedad cubana no podrá evolucionar hacia una democratización efectiva. E imperdonable por la implicación que tiene sostener estas omisiones al mismo tiempo que el propio desempeño profesional implica vínculos sostenidos con la comunidad emigrada y financiados desde los programas que esta comunidad mantiene.  

Obviamente, plantearse plenos derechos a los emigrados significaría la actuación en el escenario cubano de miles de personas con otras ideas del valor de la asociación, otras inclinaciones de votos, y una cultura de opinar como derecho que en la isla no existe. Hacer lo que hoy se hace –facilitar ingresos por más tiempo, establecer mecanismos de procesamiento de solicitudes de regreso de algunos miles de arrepentidos o jubilados, manipular los comités de emigrados progubernamentales y permitir a los emigrados a opinar online, previo pasaporte en regla, es el límite que el sistema puede permitirse sin comenzar a negarse.

Recomiendo la lectura de este interesante ejercicio que, supongo, irá reclutando nuevos expositores. Ayuda a conocer qué piensa la intelectualidad cubana que goza del consentimiento para ejercer una crítica mediatizada y en ocasiones oportunista, pero por lo general sofisticada. Y entender cómo se mueven en este sector las aprensiones en torno a la nueva constitución.  

Aunque yo no voto en Cuba, mi posición es muy clara e invito a compartirla: si la nueva constitución no abre espacio al pluralismo político y restablece los derechos ciudadanos plenos de los emigrados, el único voto saludable (y decente) es negativo.

Haroldo Dilla Alfonso

(La Habana,1952) es historiador y doctor en ciencias, mención sociología, del InstitutoPolitécnico Federal de Lausana. Fueinvestigador del Centro de Estudiossobre América, en La Habana. Actualmente es Director de la OficinaInstituto de Estudios Internacionalesen Santiago de Chile de la Universidad Arturo Prat.