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El pasado 7 de noviembre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas se reunió para el diálogo interactivo del Examen Periódico Universal (EPU) de los Estados Unidos de América (EE.UU.). Sin embargo, el día de su examen, la delegación estadounidense no se presentó en el CDH, lo que constituye la medida más reciente dentro de una serie de decisiones que buscan desvincular a EE.UU. de las Naciones Unidas y de sus órganos subsidiarios. Ante la ausencia, el CDH suspendió su reunión y la reemplazó una organizativa, en la cual decidió instar a EE.UU. a volver a la cooperación y posponer su EPU para principios de 2026.
El EPU es un proceso del CDH mediante el cual todos los Estados miembros de la ONU se someten, aproximadamente cada 4,5 años, a una revisión de sus avances y retrocesos nacionales en materia de derechos humanos. Este mecanismo fue un elemento clave en la creación del CDH en 2006, justamente por su carácter universal —es decir, el sometimiento de todos los Estados que integran la ONU a la revisión—, que buscaba responder a las acusaciones de politización que afectaban a la antigua Comisión de Derechos Humanos. Desde entonces, la cooperación con el EPU fue prácticamente universal y, con cada ciclo de revisión, el proceso se fue consolidando como una práctica aceptada.
Para ello se preparan tres informes: uno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que resume información y recomendaciones de los distintos mecanismos de la ONU; otro que compila las contribuciones de organizaciones de la sociedad civil del país examinado; y un tercer informe que debe ser elaborado por el Estado en revisión (en consulta con su sociedad civil). Luego, estos tres informes forman la base de la parte central del EPU: el diálogo interactivo en el cual todos los Estados miembros pueden, en una suerte de revisión de pares, formular recomendaciones al país en revisión para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional.
En esta ocasión, EE.UU. no presentó su informe nacional ni apareció para el diálogo interactivo. Una medida no sólo inédita, sino que también representa un ataque al principio de universalidad del escrutinio y la rendición de cuentas del sistema internacional de derechos humanos.
Esta decisión le sigue al retiro de EE.UU. del CDH, anunciado en una orden ejecutiva del presidente Trump en febrero de 2025, que disolvió la oficina del representante estadounidense ante el CDH y frenó las contribuciones financieras a este órgano. Meses después, en agosto, venció el plazo para presentar el informe nacional del EPU sin que EE.UU. lo entregara y los consiguientes esfuerzos del presidente del CDH por convencer al país de retomar su cooperación no dieron resultados.
No es la primera vez que EE.UU. se retira del CDH, ya que la primera administración Trump tomó una medida similar en 2018. Sin embargo, EE.UU. sí participó debidamente en su EPU de 2020. Ahora, como en otras áreas, el segundo mandato de Trump profundiza aún más la escalada, alineando su política internacional de derechos humanos con un contexto doméstico caracterizado por la erosión de mecanismos de rendición de cuentas y por violaciones de derechos humanos, especialmente en lo referido a los derechos de las personas migrantes, la comunidad LGBTQ y las mujeres.
Ningún Estado en la historia del CDH ha dejado de participar en su propio EPU. Estados Unidos, por lo tanto, sienta un precedente peligroso para la protección internacional de los derechos humanos y la legitimidad del sistema universal. Cuando un país con semejante poder redefine los derechos humanos en clave doméstica para ajustarlos a su agenda política y traslada esa definición al ámbito internacional, afecta la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe son solo un ejemplo de la indiferencia del gobierno de Trump frente al derecho internacional de los derechos humanos.
Además, esta ausencia perjudica la capacidad de la sociedad civil estadounidense de llamar la atención sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en el país y de legitimar sus reclamos ante la comunidad internacional. Si bien el informe con las contribuciones de la sociedad civil fue elaborado y numerosas organizaciones participaron en actividades paralelas al EPU, no hubo un intercambio productivo entre el gobierno y la sociedad civil en la preparación del examen, ni es probable que lo haya para la implementación de las recomendaciones si eventualmente surjan.
La pregunta que persiste es qué hacer ante este panorama. Por ahora, el EPU de EE.UU. queda postergado hasta el próximo período de sesiones del CDH. Sin embargo, el cuarto ciclo del EPU concluirá en febrero de 2027, antes del final de la actual administración, y el contexto no permite esperar una vuelta a la cooperación, aunque, en teoría, la ONU puede llevar adelante el EPU incluso sin la presencia del Estado examinado. Mientras tanto, es fundamental sostener la protesta internacional y de la sociedad civil frente a la redefinición de derechos humanos impulsada por EE.UU., visibilizar las vulneraciones dentro del país y mantener la presión internacional para exigir que EE.UU. rinda cuentas.
