El Mundial de Fútbol de 2022 está a punto de comenzar… sorprendentemente, en Qatar. El acontecimiento más importante del fútbol, una fiesta mundial del deporte que se celebra cada cuatro años, tendrá lugar por primera vez en un país de Medio Oriente. Qatar no solamente es el país más pequeño que ha albergado un Mundial, sino también el más caluroso, lo cual obligó a reprogramar el evento y a reestructurar el calendario futbolístico mundial para que cayera en el invierno del hemisferio norte, en lugar de en la habitual temporada de verano.

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), el organismo rector de este deporte, concedió los derechos de organización a Qatar en 2010. Los motivos de esta decisión siguen sin estar claros, pero ha habido acusaciones creíbles de que hubo de por medio importantes cantidades de dinero en efectivo.

Lo que no es en absoluto novedoso es la celebración de un gran acontecimiento deportivo en un Estado represivo, caracterizado por un espacio muy limitado para la sociedad civil y por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El anterior Mundial se celebró en Rusia. Los últimos Juegos Olímpicos de Invierno fueron organizados por China.

Un cementerio de trabajadores migrantes

La FIFA conocía la situación de derechos humanos de Qatar cuando le concedió los derechos de organización del Mundial. También sabía que Qatar carecía de la infraestructura necesaria para albergar un evento de tal magnitud, el cual requeriría de construcción en gran escala. La FIFA sabía que la economía de Qatar depende por completo de la mano de obra de trabajadores migrantes, importados por millones desde Bangladesh, Filipinas, India, Kenia, Nepal y Sri Lanka, entre otros países, y tratados como si fueran desechables. Sabía cómo se desarrollaría la construcción de la infraestructura y quién pagaría las consecuencias. Pero siguió adelante a pesar de todo.

Nada más ser anunciado como anfitrión, Qatar comenzó a construir obras de infraestructura destinadas al Mundial, que incluyeron no solamente ocho nuevos estadios de última generación sino también la ampliación de un aeropuerto, un nuevo sistema de tránsito, varios hoteles y kilómetros de nuevas carreteras. El coste de finalizarlas a tiempo y dentro del presupuesto se pagó con las vidas de decenas de miles de trabajadores migrantes.

Para muchos trabajadores migrantes, los abusos comienzan incluso antes de que pongan un pie en Qatar: pueden llegar a tener que pagar exorbitantes tasas ilegales de contratación, como resultado de las cuales llegan muy endeudados y permanecen en condición de virtual esclavitud, a merced de sus empleadores, hasta que logran pagarles.

Una vez en Qatar, padecen condiciones de vida y de trabajo infrahumanas y a menudo sufren el robo de sus salarios. A pesar de una serie de reformas recientes, siguen encontrando trabas cuando intentan cambiar de trabajo.

Lo peor de todo es que miles de personas han muerto en el proceso de construcción de infraestructura para el Mundial, más que en todos los mundiales y juegos olímpicos de los últimos 30 años juntos. Aunque por lo general estas muertes se han debido al agotamiento, a los efectos del trabajo a temperaturas increíblemente altas y a accidentes, rara vez han sido investigadas y, en cambio, casi siempre han sido atribuidas a “causas naturales”, permitiendo a los empleadores eludir su responsabilidad.

Incluso en ausencia de ulteriores problemas, estas muertes habrían alcanzado para viciar esta Copa del Mundo. Tanto la FIFA como el gobierno de Qatar tienen las manos manchadas de sangre.

El colectivo LGBTQI+ en las sombras

Los trabajadores migrantes son quienes han pagado el precio más alto, pero no son los únicos que sufren atroces violaciones de sus derechos. La discriminación es parte indisociable del sistema qatarí.

En Qatar continúa rigiendo un sistema de tutela masculina que priva a las mujeres del poder de tomar decisiones básicas sobre sus vidas: decisiones sobre el matrimonio, el acceso a la atención de su salud sexual y reproductiva, e incluso sobre desplazamientos y viajes.

La propia existencia de las personas LGBTQI+ está criminalizada. El Código Penal de Qatar castiga severamente las relaciones sexuales extramatrimoniales y las relaciones sexuales consentidas entre hombres. Se han documentado casos recientes de personas LGBTQI+ qataríes que han sido arrestadas arbitrariamente, detenidas, sometidas a palizas y acosadas sexualmente. Las personas LGBTQI+ son obligadas a participar en los llamados “programas de conversión” del gobierno. Ha habido denuncias de personas LGBTQI+ que han sido reclutadas como agentes para ayudar al gobierno a localizar a otras personas LGBTQI+ a cambio de evitar la tortura. Las personas LGBTQI+ de Qatar se ven obligadas a vivir en las sombras.

Esto también tiene implicaciones para los hinchas visitantes. Una semana antes de la ceremonia de apertura, una cantidad creciente de políticos británicos instó al gobierno del Reino Unido a cambiar sus recomendaciones de viaje para advertir a los hinchas LGBTQI+ sobre los riesgos de viajar a Qatar. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, no pareció darse por enterado cuando sugirió que los hinchas LGBTQI+ que viajen a Qatar deberían “hacer algunos ajustes” en su comportamiento para evitar problemas.

Durante meses, el gobierno qatarí ha intentado aplacar las preocupaciones internacionales sugiriendo que los visitantes no estarán sujetos a las mismas leyes restrictivas que los locales. La Asociación Inglesa de Fútbol dice haber recibido garantías de que las parejas del mismo sexo no serán perseguidas por el delito de tomarse de la mano.

Pero no ha hecho falta mucho para que la máscara cayera. En una conferencia de prensa celebrada en Berlín en mayo de 2022, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, advirtió que, aunque “todo el mundo” era bienvenido al evento mundial, las autoridades también esperaban que la gente “respete nuestra cultura”. Pocos días después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar insistiera en que todas las personas serían bienvenidas, el embajador de la Copa Mundial de Qatar, Khalid Salman, no pudo evitar decir lo que realmente pensaba y calificó a la homosexualidad de “dolencia mental” y “daño espiritual”.

En cualquier caso, la promesa de que los visitantes no serán maltratados no es suficiente. El activismo del colectivo LGBTQI+ rechaza los dobles raseros: exige que todas las personas en Qatar estén protegidas de la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, y no solamente los espectadores extranjeros del Mundial que pasarán poco tiempo pero gastarán mucho dinero en el país.

En respuesta se han lanzado diversas campañas para exigir cambios en las leyes restrictivas de Qatar. Entre ellas destaca el petitorio “Qatar: el amor no es delito”, iniciada por Nas Mohamed, el primer qatarí LGBTQI+ que salió del armario públicamente y que actualmente espera obtener asilo en los Estados Unidos.

Muchas acciones han sido en gran medida simbólicas: por ejemplo, la selección de fútbol de Estados Unidos rediseñó su logotipo para incorporar la bandera del Orgullo en su insignia, y un grupo de federaciones de fútbol europeas anunció que sus capitanes llevarían brazaletes con el diseño de un corazón con los colores del arco iris. Pero incluso estos pequeños gestos crearon fricciones con la FIFA, que tiene normas estrictas contra el planteo de lo que define como cuestiones políticas y sociales en el campo de juego.

Algunos de los desafíos que plantean estas campañas quedaron al descubierto en octubre, cuando el veterano activista Peter Tatchell organizó una protesta individual frente al Museo Nacional de Qatar en la capital, Doha, llevando una camiseta con el hashtag #QatarAntiGay y un cartel que decía “Qatar arresta y somete a conversión a las personas LGBT”. Hubo quienes consideraron que se trató de un acto valiente, mientras que otros cuestionaron que un extranjero pretendiera hablar en nombre de las personas LGBTQI+ locales. Ello arrojó luz sobre una cuestión difícil: ¿cuál es la mejor manera de apoyar a las personas LGBTQI+ de Qatar sin aumentar la probabilidad de que enfrenten violentas represalias una vez que las cámaras se apaguen?

Sin espacio para la sociedad civil

Los dilemas relativos al rol que ha de desempeñar la sociedad civil internacional son especialmente agudos porque el espacio cívico fuertemente restringido de Qatar impide el trabajo de la sociedad civil nacional. La denegación de la libertad de asociación se traduce en la ausencia de organizaciones de la sociedad civil nacionales independientes que se dediquen a denunciar violaciones de derechos humanos y a abogar por el cambio. Las personas defensoras de derechos humanos están bajo la amenaza constante de ser detenidas arbitrariamente y se les prohíbe viajar para impedirles vincularse con mecanismos internacionales de derechos humanos.

Los trabajadores no tienen permitido sindicalizarse. Las huelgas y manifestaciones están prohibidas y, cuando tienen lugar, son rápidamente disueltas y sus participantes detenidos. Si los trabajadores inmigrantes se atreven a protestar, pueden a ser inmediatamente deportados.

Los líderes de las protestas pueden ser encarcelados de por vida. En mayo de 2022, el Tribunal Penal condenó a tres personas a cadena perpetua y a una cuarta a 15 años de prisión como castigo por haber participado en protestas pacíficas en agosto de 2021.

Las protestas pacíficas de ciudadanos qataríes en el extranjero también son reprimidas. En julio de 2022, un grupo de personas defensoras de derechos humanos, entre quienes se encontraba el defensor qatarí Abdullah Al-Maliki, se manifestó en Múnich, Alemania, para exigir el respeto de los derechos humanos, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia y la abolición de las prohibiciones arbitrarias de viajar. Fueron atacadas por grupos de ciudadanos qataríes aparentemente enviados a Alemania por los servicios de seguridad del Estado qatarí para sabotear la manifestación.

En abril de 2022 se inició una parodia de juicio en ausencia contra Al-Maliki, en el que la acusación pidió la aplicación del artículo 130 del Código Penal, que incluye la pena de muerte.

La libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación están especialmente restringidas, ya que al gobierno qatarí no le gusta que los medios difundan verdades desagradables sobre el reino. En el período previo al Mundial ya habido casos de periodistas extranjeros que han sido amenazados y han visto interrumpidas sus emisiones o han sido obligados por la seguridad del estadio a borrar fotos tomadas con sus teléfonos celulares.

El gobierno ha tomado medidas para impedir que el periodismo internacional informe sobre cualquier cosa no estrictamente relacionada con los partidos: se han impuesto normas que limitan el trabajo periodístico a una lista específica de lugares.

La postura oficial se hizo eco de la adoptada por los dirigentes de la FIFA, que a principios de noviembre enviaron una carta a todos los países participantes para pedirles que dejaran de hablar del deficiente historial de derechos humanos de Qatar, que respetaran las diferencias y que “se enfoquen en el fútbol”.

¿Boicotear o no boicotear?

La expectativa de la FIFA es que, una vez echado a rodar el balón, su audiencia global de más de 3.500 millones de personas se deje llevar por la emoción de la competencia.

Puede que tenga razón. Los intentos de promover un boicot, que incluyeron llamamientos a las selecciones nacionales para que se retiraran de la competencia, quedaron en nada. Habiendo pasado por el largo y difícil proceso de clasificación, ningún país iba a rechazar su puesto en el torneo y ningún equipo iba a renunciar voluntariamente a esta oportunidad única de ponerse a prueba en la más rigurosa de las canchas. Era demasiado lo que estaba en juego, tanto emocional como económicamente. Aunque hasta bien entrado el año 2022 un elevado número de personas encuestadas en Francia y Alemania -39% y 48%, respectivamente- apoyaban la retirada de la competencia, nunca fueron mayoría.

Pero puede que la conversación en torno de un posible boicot tuviera algún impacto: alarmada, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) -el organismo rector del fútbol europeo, que engloba a 55 asociaciones nacionales- respondió a la presión mediante la formación de un grupo de trabajo para realizar visitas a los países, evaluar la situación, ofrecer recomendaciones y defender los derechos de los trabajadores en el período previo al Mundial. Los informes del Grupo de Trabajo de la UEFA confirmaron que se habían logrado algunos avances, pero que éstos distaban de ser suficientes.

Las esperanzas de un boicot diplomático también parecieron quedar en nada. Algunos líderes mundiales se mantuvieron al margen de los Juegos Olímpicos de Invierno de China, pero tienen previsto viajar a Qatar, que no por casualidad podría ser una fuente alternativa de gas para los Estados europeos que normalmente dependen de Rusia.

Una notable excepción parece haber sido el gobierno de Canadá, cuyo equipo ha clasificado por primera vez desde 1986. Siguiendo el precedente que sentó en los Juegos Olímpicos de Invierno, el gobierno anunció que no designaría a un representante federal para asistir. Pero no hubo otros países que siguieran el ejemplo.

A falta de liderazgo moral por parte de gobiernos y delegaciones oficiales, la tarea de mantener la presión recayó sobre la sociedad civil internacional.

#PayUpFIFA

La sociedad civil internacional lleva años trabajando para generar conciencia sobre lo que Amnistía Internacional ha denominado “el lado feo del juego bonito”.

Para impulsar el cambio, varios sindicatos mundiales, grupos de derechos laborales y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han liderado la campaña #PayUpFIFA (“Paga, FIFA”), que reclama a la FIFA y al Estado de Qatar que establezcan, en colaboración con trabajadores y sindicatos, un programa integral para ofrecer reparación a los trabajadores migrantes y sus familias, que incluya una compensación económica de fácil acceso. El activismo ha instado a la FIFA a reservar una cantidad al menos equivalente a los 440 millones de dólares de los premios entregados a las 32 selecciones clasificadas, para invertirlos en fondos que permitan indemnizar a los trabajadores o a sus familias y en iniciativas para mejorar la protección de los trabajadores.

El activismo de la sociedad civil también ha apelado a los diplomáticos que tienen previsto asistir al Mundial, pidiéndoles que utilicen la protección y la visibilidad de sus cargos para denunciar las violaciones de derechos humanos en Qatar.

También se han llevado a cabo diversas acciones simbólicas para llamar la atención sobre las violaciones de derechos. En septiembre, eludiendo las normas de la FIFA que prohíben las declaraciones políticas explícitas, Dinamarca reveló el diseño de su kit, deliberadamente discreto, que incluía una camiseta íntegramente negra en señal de luto por las vidas migrantes perdidas.

En Argentina, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, una organización de derechos humanos, movilizó una campaña para pedir a la asociación nacional de fútbol que solicitara a la FIFA autorización para añadir a la camiseta de su selección el símbolo de los derechos humanos en negro, en señal de luto, y exigirle que integre normas de derechos humanos en el proceso de selección de futuros anfitriones de la Copa del Mundo.

Las autoridades locales de varias ciudades de Francia -la actual campeona del mundo- han anunciado que se abstendrán de su práctica habitual de organizar zonas de encuentro para los hinchas y proyectar los partidos en espacios públicos. En otras ciudades europeas se están tomando medidas similares.

Tímidas reformas

Qatar ha intentado obtener los beneficios del prestigio internacional sin pagar los costos de la exposición. El jeque Tamim se quejó de que, desde que fue designado anfitrión, su país “ha sido objeto de una campaña sin precedentes, a la que nunca se ha enfrentado ningún otro país anfitrión”.

No ha entendido que ningún país que se ponga bajo los reflectores internacionales como lo ha hecho Qatar puede decidir dónde se centrará la mirada del público. La principal diferencia con otros países es que Qatar tiene más cosas para ocultar. Tampoco se trata de que Occidente esté criticando al Oriente, como a veces se ha dicho: se trata de una campaña mundial para exigir la vigencia de derechos humanos universales.

Lo importante es que, en respuesta a la presión, se han introducido algunas reformas laborales, limitadas pero esenciales. Desde 2018 los trabajadores tienen permitido irse de Qatar sin tramitar un permiso de salida y desde 2020 pueden cambiar de empleo en cualquier momento sin pedir permiso a sus empleadores. En 2021 se introdujo un salario mínimo. Además, se impuso una normativa para prohibir el trabajo al aire libre en las horas más calurosas del día durante el verano.

No cabe duda de que ninguno de estos cambios se habría producido sin la creciente toma de conciencia internacional sobre las muertes de trabajadores migrantes y otros abusos, y sin la presión que sobrevino en consecuencia. Pero las reformas fueron introducidas muy recientemente, mientras que las obras empezaron en 2010, por lo que este Mundial ha sido construido casi íntegramente gracias a la miseria y la opresión.

Muchas cuestiones fundamentales siguen sin ser abordadas y algunas reformas no se han implementado plenamente, mientras que otras han provocado la reacción del empresariado. Por ejemplo, se han documentado muchos casos de empresarios que han tomado represalias contra trabajadores que solicitan un cambio de empleo. En consecuencia, los trabajadores migrantes siguen estando en una posición vulnerable y los abusos persisten. Además, el salario mínimo, aunque es un paso positivo, es bajo para un país con una de las rentas per cápita más altas del mundo, y los problemas de salarios impagos y retrasos en los pagos siguen siendo frecuentes.

Los avances en materia de derechos son siempre limitados si son concesiones que vienen desde arriba. Los abusos no van a terminar a menos que los trabajadores tengan acceso a las principales herramientas disponibles para exigir derechos laborales: la sindicalización y la huelga, ambas actualmente ilegales en Qatar.

Sus estadios podrán ser los más futuristas del mundo, pero en materia de derechos laborales Qatar tiene un largo camino que recorrer para superar su atraso.

Goles en contra

El fútbol ha sido largamente utilizado por los poderosos para alcanzar sus propios fines políticos. El Mundial de 1978 en Argentina es un ejemplo particularmente infame de ello: tuvo lugar durante la dictadura más sangrienta de la historia del país y fue utilizado por la junta militar para distraer la atención de las torturas, los asesinatos y las desapariciones y apuntalar su poder.

Con consecuencias menos perjudiciales, los gobiernos democráticos también suelen tratar de sacar provecho político de los grandes acontecimientos deportivos, tanto por el prestigio que supone acogerlos como por las ventajas que se derivan del éxito en el campo de juego. Sin duda, muchos gobiernos están esperando una buena racha en este Mundial con la esperanza de que se genere una oleada de orgullo nacional que distraiga a la gente de sus dificultades económicas.

Pero con la misma facilidad con que se puede manipular políticamente, el fútbol puede convertirse en fuente de resistencia y estímulo para la acción colectiva. Cabe señalar en ese sentido el papel que desempeñaron los hinchas en la revolución egipcia de 2011: sobre la base de las rutinas de solidaridad y organización incorporadas, fueron ellos quienes hicieron posible la ocupación sostenida de la plaza Tahrir.

Los esfuerzos de blanqueo de reputación pueden volverse en contra de sus instigadores. Una vez colocado bajo los reflectores, Qatar no puede evitar que el activismo utilice esa misma luz para iluminar sus abusos de derechos humanos, obtener concesiones y presionar para que se produzcan más cambios. Esta lógica quedó en evidencia en la reacción de un periodista danés que recientemente fue “interrumpido por error” por funcionarios qataríes mientras informaba en directo desde las calles de Doha: “Habéis invitado a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos filmar?” El desafío consistirá en mantener esa presión una vez apagada la última cámara de televisión tras la final del 18 de diciembre.